CSJ - AP1043-2024(61955)

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Magistrado Ponente AP1043-2024 Radicación n°. 61955 Aprobado acta No. 045 Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). VISTOS Decide la Sala si admite o no la demanda de revisión presentada por el defensor del condenado MIGUEL FRANCISCO BURGOS IGLESIAS, contra la sentencia del 17 de noviembre de 2021, por la cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó parcialmente1 el fallo del 10 1 Modificó el numeral primero del fallo impugnado, para en su lugar declarar que se condena al procesado como autor del delito de prevaricato por acción, reacomodando la pena en 48 meses de prisión, 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y 70 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

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Miguel Francisco Burgos Iglesias Acción de revisión de agosto de 2018, de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, por cuyo medio condenó al nombrado como autor del delito de prevaricato por acción (artículo 413 del Código Penal). HECHOS En la sentencia de segunda instancia fueron reseñados en los siguientes términos: “Con ocasión de la acción de tutela, promovida como mecanismo transitorio el 20 de agosto de 2009, contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas, los accionantes Norma Constanza Díaz

García, Carlos Mauricio Osario Ruiz, Heberto López Machado, Judith del Carmen Rentería Gamboa, Otilio Moreno Ibargüen, María de Jesús Cifuentes Yague, Armando Bellon Pico, Haidy Danith Vargas, Saabi Arena Moreno, Gerardo Alirio Ipia Narváez, José Luis Cuadros, Claribel Arias Gaviria, Fredy Arnul Días Claros, Eucardo Vinicio Hurtado Urbano, José Kennedy Córdoba Palacio, Fredy Habit Cocabelo Candía, Oney Aly Reyes Asprilla, Carlos Alonso Garcés, Sulmary Pabón Rodríguez, Carlos Emilio Vélez Parra, Augusto Arias Serna, Clímaco Antonio Hinestrosa Moreno, Fernando Aguirre López, Andrés Felipe Cruz Erazo y Álvaro Eugenio Posso Bedoya, solicitaron el pago de los salarios y demás prestaciones sociales a las que afirmaron tener derecho como ex trabajadores despedidos injustamente, desde el 20 de junio de 2003, de la extinta Telecom; trámite dentro del cual fue solicitado por la apoderada de los demandantes, como medida provisional, el embargo de las cuentas corrientes que tuviera la entidad accionada en el ámbito nacional, hasta por valor de $6.502.079.095. Negadas las pretensiones respecto de la medida provisional, así como la acción constitucional, la decisión de primera instancia, proferida el 1 de septiembre de 2009 por el Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Sahagún, fue impugnada por la parte actora. 2

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Miguel Francisco Burgos Iglesias

Acción de revisión Al conocer del recurso, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito del mismo lugar revocó parcialmente el proveído mediante decisión adiada el 24 de septiembre de 2009, para en su lugar conceder el amparo en relación con los derechos fundamentales al mínimo vital, trabajo, fuero sindical, igualdad y dignidad humana de Carlos Mauricio Osario Ruiz, Heberto López Machado, Armando Bellon Pico, Haidy Danith Vargas, Saabi Arena Moreno, Gerardo Alirio Ipia Narváez, José Luis Cuadros, Claribel Arias Gaviria, Fredy Arnul Días Claros, Eucardo Vinicio Hurtado Urbano, Fredy Habit Cocabelo Candía, Sulmary Pabón Rodríguez, María Jesús Cifuentes, Andrés Felipe Cruz Erazo y Álvaro Eugenio Posso Bedoya. En consecuencia, ordenó al representante legal del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas, en el perentorio término de 48 horas y por concepto de indemnización, pagar los salarios, prestaciones sociales y convencionales, con reconocimiento del incremento salarial desde el 1 de febrero de 2006, hasta la firmeza de la sentencia que ordenara el levantamiento del fuero sindical, así como los aportes a seguridad social dejados de percibir por causa del despido, reconocimiento de la indexación y reliquidación de los rubros pagados anteriormente por tales conceptos. Para tal fin, decretó el embargo de las cuentas corrientes, de ahorros y CDTs que la accionada tuviese en diferentes entidades bancarias, hasta por 4 mil millones de pesos,

con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 2282 de 1989 y la Ley 794 de 2003. La decisión fue revocada, en sede de revisión, por la Corte Constitucional, el 12 de junio de 2014. Por considerar que no se encontraban dadas las condiciones para decretar la medida cautelar y conceder el amparo deprecado, el titular del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sahagún, MIGUEL FRANCISCO BURGOS IGLESIAS, fue denunciado y vinculado a la investigación por el punible de prevaricato por acción. ”. 3

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ANTECEDENTES PROCESALES

1. El 28 de abril de 2014, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Montería, se imputó a MIGUEL FRANCISCO BURGOS IGLESIAS la autoría del delito de prevaricato por acción, definido en el artículo 413 del Código Penal, diligencia que finalizó sin aceptación a cargos.

2. Repartido el escrito de acusación el 9 de junio de 2015, el Tribunal Superior de Montería realizó la respectiva audiencia el 4 de noviembre de 2015.

3. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 2 de febrero de 2016 y culminó el juicio oral el 11 de julio de 2018. Al final, se anunció sentido del fallo condenatorio.

4. Mediante sentencia del 10 de agosto de 2018, el juzgador declaró a MIGUEL FRANCISCO BURGOS IGLESIAS autor

penalmente responsable del delito de prevaricato por acción –conforme al artículo 413 del Código Penaly le impuso las penas principales de cincuenta y cinco (55) meses de prisión, setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la sanción aflictiva de la libertad. 4

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5. El fallo fue apelado por el defensor y confirmado parcialmente el 17 de noviembre de 2021 por la Sala de

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

6. El procesado, a través de su apoderado, interpuso acción de revisión contra la sentencia condenatoria de segunda instancia.

7. Por reparto, el 11 de julio de 2022, el expediente le correspondió a la Magistrada Myriam Ávila Roldán y, a través del informe secretarial de la Sala del 19 de agosto siguiente, la secretaría comunicó que el apoderado del procesado, por equivocación, allegó los documentos inexactos, en consecuencia, remitió la documentación ajustada con el fin de que sea tenida en cuenta y se omitieran los anteriores2.

8. Mediante auto del 14 de diciembre de 2023, se dispuso que el conocimiento de la presente actuación, en compensación, pasara al Despacho del suscrito Magistrado ponente.

LA DEMANDA DE REVISIÓN

1. Luego de describir la situación fáctica y procesal,

sostiene que, al amparo de la causal «prevista en el numeral primero (1°) del artículo 192 de la Ley 906 de 2004», interpone 2 A folio 1 del expediente allegó “1. escrito de sustentación, recurso extraordinario de revisión, archivo correcto. 2. Revelación de evidencias. 4. Anexos”. 5

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Miguel Francisco Burgos Iglesias Acción de revisión la acción de revisión y señala que la mencionada causal procede «7. cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad»3 1.1. Con el fin de dilucidar y precisar los requisitos de la causal invocada, cita jurisprudencia de la Sala, en concreto las decisiones «CSJ SP, 17 Oct 2012, Rad. 36793 y 4 Mar 2013, Rad. 40208 y CSJ SP, 15 agosto 2013, Rad. 40093».

2. En ese orden, manifiesta que, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación, es preciso «que a través de un análisis comparativo se pueda demostrar que, fundamentado en el nuevo razonamiento jurídico, el proveído atacado habría sido más beneficioso para el demandante». 2.1. En efecto, para cumplir con el mencionado requisito, adoleciendo de interpretación destina varias páginas, a modo de cuadro comparativo, de la «ratio decidendi» de las sentencias SP5104-2021 del 17 de

noviembre de 2021, Rad. 53814, por la cual fue condenado BURGOS IGLESIAS y la SP978-2022 del 23 de marzo de 2022, Rad. 583934, providencia de la que advierte que la Corte 3 Folio 33 del expediente 4 Providencia por la cual la Corte resuelve los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía y el Patrimonio autónomo de remanentes de TELECOM -postulado como víctimacontra la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería, mediante la cual IRMA EUFEMIA PADILLA 6

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Miguel Francisco Burgos Iglesias Acción de revisión «modifica el referente jurisprudencial que hubiera sido más beneficioso para mi representado», ambas proferidas por esta Corporación. 2.2. Posteriormente, sostiene que del análisis comparativo de las providencias SP5104-2021 del 17 de noviembre de 2021, Rad. 53814 se advierten las siguientes similitudes: (i) los procesos penales se originaron como consecuencia de la interposición de acciones de tutela y posterior denuncia por el delito de prevaricato por acción; y; (ii) considera que se presenta tanto una «identidad de parte activa, pasiva y de objeto», toda vez que los mecanismos de amparo «fueron presentados por un número plural de ex trabajadores de TELECOM», contra el «PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR» y, en cuanto a la identidad del objeto, afirma que el mecanismo de protección constitucional impetrado tuvo como finalidad «evitar un

perjuicio irremediable, con la pretensión del pago de salarios y demás prestaciones sociales a las que presuntamente tenían derecho por haber laborado en TELECOM, y haber sido despedidos injustamente» 2.3. Con relación al «cuadro del análisis comparativo» de las providencias antes relacionadas5, asegura que se percibe «un cambio en el referente jurisprudencial en cuanto a HERRERA y EDUARDO RAFAEL OJEDA MONTIEL -jueces de la Repúblicafueron absueltos de los cargos de prevaricato por acción formulados en su contra. 55 SP5104-2021 del 17 de noviembre de 2021, Rad. 53814 y la SP978-2022 del 23 de marzo de 2022, Rad. 58393 7

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Miguel Francisco Burgos Iglesias Acción de revisión la inexistencia de la afectación de los derechos fundamentales». 2.3.1. En efecto, valiéndose del argumento consistente en que la decisión de la Sala, por medio de la cual condenó a BURGOS IGLESIAS – SP5104-2021 Rad. 53814-, estableció que «no se probó el perjuicio irremediable como excepción al requisito procedencia (sic) de la acción de tutela de la subsidiariedad» dado que los accionantes contaban con los mecanismos ordinarios para acceder a la jurisdicción laboral, en la providencia «posterior» - SP978-2022 Rad. 58393- «se observa la existencia de la afectación de derechos fundamentales de los accionantes».

En orden a fundamentar su pretensión, el demandante reprodujo el siguiente acápite de la decisión que estima como la Corte ha cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria: Para resolver el motivo de apelación, cabe recordar lo indicado por la Sala en AP6015 del 9 de diciembre de 2021, Rad. 57806 en el sentido de que la adopción de decisiones en derecho exige al fallador, además de adelantar el procedimiento establecido en el ordenamiento, (i) edificar la premisa jurídica sustancial, (ii) determinar la premisa fáctica y (iii) aplicar o no la consecuencia jurídica, dependiendo si la proposición fáctica satisface o no el supuesto de hecho de la proposición jurídica. En la providencia citada se precisó que para el funcionario determinar el derecho sustancial atinente le corresponde adelantar las siguientes operaciones: “(i) seleccionar los textos jurídicos válidos aplicables; (ii) interpretarlos, esto es, asignarles un significado armónico con el sistema jurídico, tras zanjar ambigüedades, vaguedades o indeterminaciones; (iii) en algunos casos resolver o disolver antinomias -contradiccionesy aclarar obscuridades -enunciados incomprensibles o ininteligibles-; y, en no pocas ocasiones (iv) adecuar o acoger un nuevo significado jurídico que se ajuste de manera sistemática al Ordenamiento y 8

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Miguel Francisco Burgos Iglesias Acción de revisión particularmente al derecho constitucional”. (Subrayado fuera de

texto). Para la edificación de la proposición fáctica en un sistema de libertad probatoria y sana crítica el juez debe “(i) observar todos los medios de conocimiento (ii), examinar su legalidad o validez; (iii) extraer los contenidos fácticos que considera revelados; (iv) valorarlos o asignarles un peso específico, (v) evidenciar otros componentes fácticos (indicios) -si hay lugar a elloa partir de hechos indicadores que considere probados; y (vi) seleccionar las proposiciones descriptivas –de hechosrelevantes, que satisfacen el grado de conocimiento exigido en la ley. Para seguidamente verificar si estas satisfacen o no el supuesto de hecho de la proposición jurídica aplicable y resolver de conformidad”. 2.3.2. Así mismo, agrega que al examinar la sentencia «posterior» - SP978-2022 Rad. 58393la Sala «admite que en la adopción de decisiones judiciales y en la elaboración de las premisas sustanciales y fácticas el fallador puede incurrir en ERROR», reproduciendo el siguiente apartado de la providencia: Por lo anterior, la Corte precisó que en la adopción de decisiones judiciales, pese a estar guiadas por la pretensión de corrección6, se mantiene latente la posibilidad del error, pues de otro modo no existirían las garantías atrás mencionadas; cuya realidad impone “(i) reconocer que, en los procedimientos donde tiene cabida los diferentes pasos atrás mencionados, aunque el fallador esté determinado a emitir una decisión correcta, puede fácilmente incurrir en desatino o equivocación; (ii) esa irregularidad, una vez

puesta en evidencia, se denomina ‘error’ o ‘ilegalidad’ y (iii) para que el mismo juez o el superior funcional, según el caso -revisor de la legalidad de la providencia recurridapueda proceder a su corrección, está en el deber de demostrar objetivamente la existencia de algún defecto trascendente ya sea en la premisa fáctica o en la jurídica; pues lógicamente la subjetividad del juez ni la de las partes valen como sustento”. Así se demuestra suficientemente que “el ‘error’ es un riesgo connatural a la función del juez de fácil ocurrencia y, por respeto a la autonomía del órgano, lógicamente no debe ser penalizado, sino corregido mediante el oportuno uso de los instrumentos 6 Toda decisión jurídica se postula así misma como correcta. 9

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Miguel Francisco Burgos Iglesias Acción de revisión procesales -los recursos y demás mecanismosdispuestos para ello”. Por consiguiente, valora que, en este asunto la acción de tutela interpuesta por los extrabajadores de TELECOM contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes -PAR-, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, aunado a la pretensión del pago de salarios y demás prestaciones sociales a las que supuestamente tenían derecho por haber sido injustamente despedidos, «los falladores señores Padilla y Orjuela incurrieron en error al momento de proferir las decisiones judiciales pero ese hecho no las convierte en prevaricadores, dado que no se estructura

el elemento normativo». Por esta razón, en cuanto a la estructuración del elemento normativo del tipo penal de prevaricato por acción, la Sala en la providencia señalada estableció que: (i) No basta que la providencia sea ilegal -por razón sustancial (directa o indirecta) o de procedimiento-, sino se requiere que la disparidad del acto respecto de la comprensión de los textos o enunciados contentivos del derecho positivo llamado a imperar no admita justificación razonable alguna. (CSJ AP 29 Jul. 2015, Rad. 44131; AP 9 Sep. 2015, Rad. 44686; SP 16 Dic. 2015, Rad. 44178; AP 20 Ene. 2016, Rad. 46806; AP 23 Jul. 2016, Rad. 47806, entre otros) y; (ii) En todos los casos en los cuales la conducta del servidor público, en razón de su función, se encuentra subordinada a interpretaciones y valoraciones, mientras no se presente “palmariamente desbordada de posibles comprensiones razonables del derecho o de los hechos”, no hay manera que el acto objeto de cuestionamiento pueda considerarse manifiestamente ilegal, es decir, no podrá estructurar prevaricato por acción, pues este tipo penal no cobija diferencias de criterio jurídico ni fáctico. (CSJ. SP de 6 de septiembre de 2019, radicación Nº 53976 y SP de 14 de octubre de 2020, radicación Nº 54938). 10

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Miguel Francisco Burgos Iglesias Acción de revisión Examinado el fallo de tutela proferido por la juez PADILLA

HERRERA, se observa que ésta resolvió amparar derechos fundamentales y ordenar el pago de salarios y prestaciones sociales desde la fecha de desvinculación de los trabajadores, madres y padres cabezas de familia, hasta que “efectivamente desaparezca” el Patrimonio Autónomo de Remanentes de

TELECOM.

El fallo se sustenta en la sentencia SU-388 de 2005, la cual, señaló en la parte considerativa, lo siguiente: (i) “[E]n la sentencia C-991 del 12 de octubre de 2004 (…) la Corte declaró inexequible (…) el literal D del articulo 8 de la Ley 812 de 2003, en lo relativo al límite temporal previsto para los beneficiarios” de la estabilidad laboral reforzada. (ii) El Estado está en el deber de llevar a cabo acciones afirmativas a favor de las madres y padres cabeza de familia como la establecida por el Legislador (en artículo 44 de la Ley 909 de 2004) en el sentido de incorporar al “trabajador” en otras instituciones del Estado cuando desaparece su cargo, si fuere posible. (iii) “No es equivocado predicar una estabilidad laboral reforzada para los sujetos de especial protección”. (iv) El Estado tiene la obligación de adoptar medidas destinadas a proteger de manera especial a los trabajadores que por sus condiciones de debilidad manifiesta o discriminación histórica así́ lo demandan, entre los cuales sobresalen las madres cabeza de familia, velando en cuanto sea posible por su permanencia en la entidad de manera tal que la indemnización constituya la última alternativa”. De los anteriores presupuestos y lo resuelto por la juez PADILLA

HERRERA, se advierte que la misma entendió que la protección debía extenderse lo máximo posible, esto es, hasta la extinción del PAR TELECOM. 2.3.3. Por último, insiste que del «cuadro de análisis comparativo» de los proveídos, «se observa un cambio en el referente jurisprudencial en cuanto al Principio de Inmediatez». Para apoyar su tesis, aduce que, con respecto al principio de inmediatez, en la sentencia por medio de la cual la Corte condenó a su representado, se determinó que el 11

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Miguel Francisco Burgos Iglesias Acción de revisión interregno de tiempo entre la «desvinculación de los accionantes a TELECOM en el año 2006 y la presentación del escrito de tutela en el año 2009 discurrieron más de 3 años» para que se presentara el mecanismo de amparo constitucional, por lo que la interposición de la acción superó el plazo razonable, en consecuencia, «la solución dada por el acusado no fue la más adecuada». De ahí que, el accionante para fundamentar su reclamación consistente en que, en la decisión «dictada de forma posterior», la Corte modificó su postura, procedió a transliterar el siguiente texto de la providencia: Ciertamente, pasa por alto el fiscal que el órgano (la Corte Constitucional) en el cual se apoya para sostener la existencia de una “clara” línea jurisprudencial sobre el principio de la inmediatez, reconoció precisamente lo contrario en el fallo por el

cual revisó el proceso de tutela adelantado por los jueces acusados, en punto de las acciones dirigidas contra el PAR TELECOM. Expresamente indicó esa colegiatura: Diversas Salas de Revisión de la Corte Constitucional han resuelto tutelas contra el PAR, tanto por solicitudes asociadas al PPA, como a las garantías del retén social o del fuero sindical. En algunas de esas oportunidades, la Corte ha concluido que existían problemas de inmediatez. (…). En otros casos, en cambio, aunque eran también de tutelas dirigidas contra el PAR de TELECOM, la Corte no sostuvo que hubiera problemas de inmediatez, a pesar de que había trascurrido un término amplio antes de intentarlas. Sobre el retén social, en la sentencia T-645 de 2009, la Corte estudió de fondo y, en consecuencia, no declaró improcedente por falta de inmediatez una tutela presentada por una mujer contra el PAR tres años después de su desvinculación, y considerando que en esta se le habían violado sus derechos. En lo referente al PPA, en la sentencia T-274 de 2010 se declararon improcedentes tutelas instauradas cerca de seis (6) años después del ofrecimiento del citado Plan, pero no por falta de inmediatez, sobre lo cual no hubo pronunciamiento, sino porque la tardanza indicaba ausencia de perjuicio irremediable. En cuanto al fuero sindical, en la sentencia T-538 de 2009, la Corte no consideró que 12

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Miguel Francisco Burgos Iglesias Acción de revisión hubiese falta de inmediatez en tutelas instauradas en octubre de 2008,

por su desvinculación en enero del 2006. No hay, como se ve, un término fijo y definitivo, a partir del cual se pueda considerar una solicitud de amparo improcedente por falta de inmediatez. Eso se debe a que las acciones de tutela, como se ha dicho en numerosas ocasiones en la jurisprudencia de esta Corte, no están sujetas a un término de caducidad, según lo sostuvo la Sala Plena de la Corte en sentencia C-543 de 1992. (SU377 de 2014). Pide a la Corte, por consiguiente, «sea reconocida mi personería jurídica para actuar dentro de la acción de revisión». Con el libelo, empleando el título de «revelación de evidencias», allegó poder, copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y con la respectiva constancia de vigencia, copia de la sentencia expedida el 10 de agosto de 2018, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería, copia del fallo dictado el 17 de noviembre de 2021, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, copia de la providencia del 14 de septiembre de 2020, emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería, copia del proveído del 23 de marzo de 2022, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, copia de las constancias de ejecutoria.

CONSIDERACIONES

1. La acción de revisión, tiene dicho la Corte, es un procedimiento excepcional mediante el cual es posible remover los efectos de la cosa juzgada, de modo que, para acceder al mismo, resulta imperativo, además del cumplimiento estricto

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Miguel Francisco Burgos Iglesias Acción de revisión de los requisitos formales para la presentación de la demanda, acudir a las causales taxativamente previstas en la ley, con indicación de los elementos probatorios que se allegan y los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la petición. Ahora, de acuerdo con el artículo 194 de la Ley 906 de 2004, la debida presentación de la demanda exige: i) La determinación de la actuación procesal frente a la cual se demanda la revisión; ii) El delito o los delitos que motivaron la actuación procesal y la decisión; iii) La causal invocada, así como los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la solicitud; iv) La relación de las pruebas que se aportan como sustento de las circunstancias fácticas que fundamentan la petición; y v) La copia o fotocopia de las decisiones de primera y segunda instancias, con su respectiva constancia de ejecutoria, según el caso, proferidas en la actuación respecto de la cual se demanda la revisión, teniendo en cuenta el inciso final de la disposición, donde se establece que la acción de revisión «procede contra sentencias ejecutoriadas». 14

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Miguel Francisco Burgos Iglesias Acción de revisión De manera que, en el evento de no cumplirse las exigencias establecidas, la demanda debe inadmitirse. Lo anterior por cuanto la acción de revisión no es un recurso ni puede asimilarse a una instancia adicional para

intentar reabrir el debate probatorio, en tanto su ejercicio es independiente del proceso, posterior a su culminación con sentencia ejecutoriada, cuya demostración es factible dentro del marco que delimitan las causales taxativamente previstas por el legislador.

2. Aclarado lo anterior, procede la Sala a verificar si la demanda presentada por el apoderado de MIGUEL FRANCISCO BURGOS IGLESIAS cumple los requisitos para su admisión.

Una vez examinado el libelo presentado se observa que cumple con las exigencias legales, pues se hizo un señalamiento de la actuación procesal, con indicación de las autoridades judiciales que profirieron los fallos cuestionados, el delito que motivó la condena y la causal invocada, se anexaron copias de las sentencias de primera y segunda instancia, además de la constancia de ejecutoria de la decisión objeto de revisión, tal como exige el inciso final del citado artículo 194.

3. Sin embargo, en lo atinente al cumplimiento de las exigencias de carácter sustancial para la procedencia de la pretensión rescisoria, se observa que el libelista no desarrolló la causal invocada, sino que de manera escueta referenció el

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Miguel Francisco Burgos Iglesias Acción de revisión numeral 7º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004 en aras de que la Corte invalide la actuación que finalizó con la sentencia condenatoria objeto de censura, mediante la exposición de argumentos que dejan entrever su particular visión sobre el desarrollo del trámite, los cuales resultan ajenos al presente mecanismo.

Esta Corporación tiene establecido que, en aquellos eventos en los que se invoca la causal contenida en el numeral 7º del artículo 192 de la citada normatividad procesal, esto es, «cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad», corresponde al actor acreditar los siguientes presupuestos: i) La identificación de una variación o del entendimiento diverso de un criterio jurídico en las interpretaciones efectuadas por la Corte en sus pronunciamientos judiciales (CSJ AP, 5 de dic 2002, rad. 18572). ii) La identidad entre los supuestos contenidos en el fallo cuestionado y los que dieron origen al cambio jurisprudencial (CSJ SP, 11 de feb 2015, rad. 43309). iii) La falta de aplicación del criterio jurídico por virtud del desconocimiento de su existencia o la emisión de la sentencia atacada con anterioridad a su formulación (CSJ SP, 20 de ago. 2014, rad. 43624). 16

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Miguel Francisco Burgos Iglesias Acción de revisión iv) Y finalmente, la irrogación de efectos favorables al accionante frente a su responsabilidad o su punibilidad. En consecuencia, si en el respectivo examen se advierte la ausencia de cualquiera de esos presupuestos, cuya concurrencia es exigida, al margen de la admisión de la demanda, debe declararse infundada la causal de revisión”7.

4. En efecto, el demandante pretende que la Corte

rescinda el fallo condenatorio dictado el 17 de noviembre de 2021, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ante el aducido cambio jurisprudencial favorable generado con la providencia SP978-2022 del 23 de marzo de 2022, Rad. 58393. En concreto, adujo que la Sala cambió el criterio atinente «al principio de inmediatez», por cuanto no hay un periodo determinado para considerar una solicitud de amparo constitucional improcedente por falta de la mencionada regla. Además, sostuvo que en la decisión modificatoria de la jurisprudencia los juzgadores incurrieron en un error al proferir las providencias, sin embargo, ese comportamiento no los convirtió en prevaricadores, toda vez que no se configuró el elemento normativo exigido por el tipo penal de prevaricato por acción, sin embargo, su representado fue condenado por dicho 7 CSJ, SCP, SP431-2019, rad. 52868, 20 de febrero de 2019. 17

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Miguel Francisco Burgos Iglesias Acción de revisión delito, en idéntica situación, es decir, como consecuencia de resolver amparar los derechos fundamentales y ordenar en el apremiante término de 48 horas, y por concepto de indemnización, pagar los salarios y prestaciones sociales y convencionales, «con reconocimiento desde el 1 de febrero de 2006, hasta la firmeza de la sentencia que ordenara el levantamiento del fuero sindical, así como los aportes a seguridad social dejados de percibir por causa del despido, reconocimiento de la indexación y reliquidación de los rubros pagados

anteriormente por tales conceptos» a favor de los accionantes ex trabajadores de TELECOM. (…) Para tal fin, decretó el embargo de las cuentas corrientes, de ahorros y CDTs que la accionada tuviese en diferentes entidades bancarias, hasta por 4 mil millones de pesos» (…) A partir de allí, procuró demostrar que, en el proceso constitucional los jueces procesados al haber acreditado la existencia de la afectación de los derechos fundamentales de los accionantes y, por ta