CSJ - AP1162-2022(61093)

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA Magistrado ponente AP1162-2022 Radicación 61093 Acta 66 Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022).

VISTOS: Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por el defensor de JULIÁN URIEL OSPINA VEGA en contra de la sentencia del 9 de noviembre de 2021 dictada por el Tribunal Superior de Buga, a través de la cual confirmó la condena que como autor del delito de acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir expidió el Juzgado 3º Penal del Circuito de Cartago.

HECHOS: EL Tribunal Superior de Buga declaró probado que en una de las habitaciones de la casa de la finca “Villa Gebsel” CUI 76147600017020130070001

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JULIÁN URIEL OSPINA VEGA ubicada en la vereda “El Dinde” del municipio de Alcalá-Valle del Cauca, sobre las 5.30 de la mañana del 30 de junio de 2012, JULIÁN URIEL OSPINA VEGA, de 27 años, accedió carnalmente a Claudia Lorena López Ocampo, de 31 años, aprovechando que ella se encontraba dormida luego de haber ingerido licor por varias horas.

ANTECEDENTES PROCESALES: El 1º de diciembre de 2017 ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías de Cartago, se legalizó la captura de JULIÁN URIEL OSPINA VEGA, a quien

la Fiscalía delegada le imputó los cargos de acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir (Artículo 210 del Código Penal). El imputado no aceptó los cargos. No se le impuso medida de aseguramiento.1 La Fiscalía presentó el escrito de acusación el 21 de marzo de 2018 por el mismo cargo que se hizo la imputación2. Luego de varios aplazamientos, se realizó la audiencia de acusación el 21 de agosto de 2018 ante el Juzgado 3º Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Cartago.3 La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 14 de noviembre de

20184. El juicio oral inició el 14 de febrero de 2019 y continuó durante los días 27 de febrero, 31 de julio, 1º y 8 de octubre de 2019 y 12 de febrero, 18 de agosto y 29 de septiembre de 1 Archivo magnético Primera Instancia, cuadernoprincipal1, folio 4. 2 Archivo magnético Primera Instancia, cuadernoprincipal1, folios 1 al 9. 3 Archivo magnético Primera Instancia, cuadernoprincipal1, folios 15 y 16. 4 Archivo magnético Primera Instancia, cuadernoprincipal1, folios 20 y 21.

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20205. En esta última fecha se anunció el sentido del fallo como condenatorio. Al acusado se le impuso la pena principal 12 años de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de deberes y funciones públicas por el mismo lapso,

como autor del delito de acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir. No se le concedieron subrogados penales y se ordenó su captura.6 Al ser apelado el fallo por la defensa, el 9 de noviembre de 2021 el Tribunal Superior de Buga confirmó la sentencia condenatoria.7 En contra de este pronunciamiento el defensor de JULIÁN URIEL OSPINA VEGA interpuso el recurso extraordinario de Casación.8

LA DEMANDA: El demandante formuló tres cargos, uno principal y dos subsidiarios. No identificó los sujetos procesales, ni realizó una síntesis de los hechos materia del juzgamiento ni de la actuación procesal. Al inicio de la demanda, se limitó a identificar los fines del recurso extraordinario de casación y realizar tres anotaciones previas, relativas a: (i) dos declaraciones extra juicio que anexó a la demanda, (ii) opinar sobre el esfuerzo que debe llevar a cabo la Fiscalía en la investigación de los delitos contra la libertad sexual y los jueces en la valoración probatoria y (iii) solicitar a la Sala 5 Archivo magnético Primera Instancia, cuadernoprincipal1, folios 22 al 77. 6 Archivo magnético Primera Instancia, cuadernoprincipal1, folios 80 a 98. 7 Archivo magnético Primera Segunda Instancia, cuadernoprincipal1, folios 3 al 42. 8 Archivo magnético Primera Instancia, cuadernoprincipal1, folios 45 al 115.

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superar las falencias de la demanda para garantizar los derechos fundamentales del procesado. Cargo Principal. Con fundamento en la causal segunda de que trata el numeral 2º del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, solicitó decretar la nulidad de todo lo actuado, a partir del momento en que concluyó la práctica probatoria, por afectación sustancial del debido proceso y al derecho de defensa técnica del acusado. Luego de señalar que el derecho de defensa es una garantía constitucional que se ejerce en sus aspectos material y técnico, e indicar que la defensa técnica no se garantiza con la simple presencia nominal de un apoderado, afirmó que la inactividad del abogado que atendió al acusado durante el proceso le “generó un estado total de indefensión”. Sin embargo, centró dicha falencia en que durante el juicio no testificaron la esposa del acusado Lina Marcela Cerquera Ordóñez ni su progenitora Arladiz Vega Osorio, por lo que, en su opinión, se privó al acusado de su derecho a presentar las pruebas que lograban controvertir “el nucleó duro” de la teoría del caso de la Fiscalía, pues ellas atestiguarían que éste no estuvo en la habitación en donde dormían Claudia Lorena López Ocampo y sus dos hijas menores. Agregó que, ni en las grabaciones de las audiencias ni en las actas consta que el defensor desistió de estas declaraciones, “por lo que se puede inferir que el hecho de que no fueran practicadas se 4 CUI 76147600017020130070001

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debe de manera exclusiva al capricho o la desidia del entonces defensor de mi poderdante”.9 De haberse practicado los mencionados testimonios y el Tribunal haber tenido en cuenta la animadversión que tenía Jhonier Antonio López Ocampo hacía JULIÁN URIEL OSPINA VEGA, por haber sido éste novio de su esposa Diana Carolina Cardona, según lo relataría Arladiz Vega Osorio, en su opinión, no tendrían credibilidad los testimonios de Claudia Lorena López Ocampo y sus hijas menores de edad C.A.O.L. y N.A.O.L., en las que se fundó la sentencia condenatoria. Para el defensor, la nulidad solicitada está expresamente contemplada en el artículo 457 de la Ley 906 de 2004, se encuentra debidamente acreditada, no fue generada ni convalidada por el acusado y tiene una trascendencia fundamental, pues los testimonios no practicados de Arladiz Vega Osorio y Lina Marcela Cerquera, como lo afirmaron en las declaraciones extra juicio rendidas ante la Notaría Séptima de Pereira anexadas a la demanda, claramente desmienten que éste estuvo en dicha habitación y manifiestan que siempre permaneció en compañía de su esposa e hija. Indicó, además, que no existe otra forma de subsanar la grave violación al derecho de defensa de su representado distinta a declarar la nulidad solicitada. Primer cargo Subsidiario 9 Archivo magnético Segunda Instancia, cuaderno principal1, folio 61. 5 CUI 76147600017020130070001

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JULIÁN URIEL OSPINA VEGA Con fundamento en la causal tercera, acusó la

sentencia por violación indirecta de la Ley, en especial de los artículos 381 de la Ley 906 de 2004 y 210 y 211 del Código Penal, por falso raciocinio al haber incurrido el juez colegiado en la falacia de accidente respecto del no haber hallado espermatozoides en la vagina ni en la ropa interior de la víctima. Agregó que al confundir lo general con lo accidental, el Tribunal violó las reglas de la lógica, al concluir que el caso seguido en contra del acusado se encontraba entre el 80 y 90% de aquellos en los que, a pesar de haber ocurrido una penetración del pene en alguna cavidad del cuerpo, no se encuentran espermatozoides en las muestras tomadas a la presunta víctima. El Tribunal, aseveró el defensor, estimó que el acusado se encontraba en dicho grupo mayoritario, identificado por la bióloga Mónica Lucía Restrepo Ortiz, sin tener en cuenta que no existen pruebas que indiquen que era estéril, o que utilizó un condón o que la víctima se hubiera aseado durante el tiempo comprendido entre la supuesta agresión y la toma de la muestra por parte del médico forense. Por el contrario, según dijo, la víctima claramente señaló que éste no usó condón, y que ella no se bañó en el interregno de tiempo comprendido entre el hecho y la toma de la muestra. Señaló el defensor, que la regla de la lógica correcta es que, si el acusado no es estéril, no utilizó condón y no se encontraron espermatozoides ni en la vagina ni en la ropa de

la víctima, se ubica en el 10 o 20% de los casos en que el hecho no sucedió. En su opinión, el Tribunal le restó el valor 6 CUI 76147600017020130070001

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JULIÁN URIEL OSPINA VEGA científico arrojado por la prueba y fundó la sentencia en los confusos testimonios de Claudia Lorena López Ocampo, sus dos hijas menores y el hermano de esta, los que, en su opinión, no permiten establecer con certeza la ocurrencia del hecho punible. Luego de citar algunos apartes de los testimonios en que se fundó la sentencia, el defensor afirmó, en primer lugar, que, según la presunta víctima, el día de los hechos le indicó al acusado que con los resultados de medicina legal comprobaría que él la había penetrado “así no se encontraran espermatozoides”, manifestación que, según dijo, desde ese mismo momento, anticipó y dejó en duda el resultado de la prueba científica. Indicó, además, que la disminución de las facultades psicológicas de Claudia Lorena López Ocampo, aceptada por el Tribunal, no sólo le afectaría su capacidad de consentir y a oponerse a una relación sexual, sino a percibir lo ocurrido y, por ende, a servir como testigo del hecho. En su opinión, esta circunstancia fue corroborada por Claudia Lorena López Ocampo cuando señaló que al momento de los hechos no “tenía muy claro en mi mente qué era”. En segundo lugar, aseveró que la menor C.A.O.L., durante el testimonio rendido durante el juicio, especuló

sobre lo sucedido al afirmar que “no sé si hubo penetración o algo así, pero pues hubo lo del acto del manoseo y ella no estaba como en sus sentidos y esto causó que se aprovechara de ella”.10 Y, en tercer lugar, indicó que el testimonio de 10 Archivo magnético actuación ante el Tribunal, CuadernoPrincipa1., folios 89 y 90. 7 CUI 76147600017020130070001

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JULIÁN URIEL OSPINA VEGA Jhonier Antonio López Ocampo, hermano de la presunta víctima, no permie establecer lo sucedido pues no fue testigo de los hechos, pero sí confirmó la confusión que se presentó en esos momentos. En su opinión, con estos testimonios no se acreditó, más allá de toda duda razonable, la existencia del hecho punible, y si el Tribunal no hubiera incurrido en el error al apreciar la prueba científica, habría tenido que reconocer que en el presente caso no se alcanzó el estándar de conocimiento exigido en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004 para emitir sentencia condenatoria en contra de su defendido, y se presenta “una duda seria objetiva y razonable en relación con la penetración denunciada y narrada por la presunta víctima”, que debe ser resuelta a favor de su defendido. Segundo cargo Subsidiario. De igual manera, acusó la sentencia por violación indirecta de la ley derivada de falso raciocinio, consistente en que en que el Tribunal utilizó una regla de la experiencia incorrecta para establecer la incapacidad de la supuesta víctima, como es: “que toda persona que ingiere licor queda

en incapacidad de resistir”. Afirmó, además, que no se acreditó la cantidad de licor ingerida por Claudia Lorena López Ocampo, quien sólo manifestó que tomó moderadamente aguardiente sin azúcar y aunque indicó que la habían drogado, la prueba científica descartó la presencia de cualquier sustancia que hubiera 8 CUI 76147600017020130070001

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JULIÁN URIEL OSPINA VEGA podido ser utilizada para tal fin. El Tribunal, según dijo, optó por corroborar la versión de la víctima con los testimonios de su hermano y sus hijas menores, sin tener en cuenta las contradicciones que se presentaron en sus testimonios, las que le restan confiabilidad y verosimilitud a estos y, además, desconociendo la animadversión que tenía el hermano de la víctima hacía el acusado. En su opinión, la regla de la experiencia correcta que debió aplicar el Tribunal es: “que la ingesta de cantidades moderadas de alcohol suele propiciar lícitamente relaciones sociales e incluso afectivas y sexuales, sin que por ello llegue a anularse la capacidad de decisión de ninguno de los involucrados, al punto de volverlos incapaces para resistir”. Luego de citar la sentencia de la Corte dictada en el radicado 51860, el defensor reiteró, que en el presente caso no se probó la cantidad de alcohol que consumió la presunta víctima, ni se valoró la perplejidad que mostró Jhonier Antonio López Ocampo, cuando indicó que sobre las 3 de la mañana se retiró a dormir y no observó que su hermana estaba ebria, pero sí comprobó que estaba en sus cabales.

Tampoco, según dijo, se tomó en cuenta que el médico Adolfo Mario Heredia Acosta, cuando atendió a la presunta víctima sobre las 9.40 del 30 de junio de 2013, señaló que, aunque ella tenía aliento alcohólico discreto, se mostraba “tranquila, orientada en tiempo, lugar y espacio” y, además, usaba un lenguaje coherente. 9 CUI 76147600017020130070001

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JULIÁN URIEL OSPINA VEGA En su opinión, lo que la prueba demuestra, es que Claudia Lorena López Ocampo no ingirió la cantidad de licor requerida para haber quedado en estado de inconciencia, situación que se corrobora al tener en cuenta que esa noche sólo contaban con dos botellas de aguardiente y dos “paquitas” de cerveza para el consumo de todos los adultos presentes. Y, si bien se tenía igualmente una botella de ron, esta fue ingerida por el acusado después de lo sucedido. También, según dijo, la calificación que hizo Jhonier Antonio López Ocampo del acusado como “loco o desadaptado”, y la manifestación relativa a que éste ha tenido malas relaciones con las mujeres y abandonó a sus hijos, prueba la animadversión que le tenía. El apoderado, finalmente, aseveró que los testimonios de Claudia Lorena y Jhonier López Ocampo, presentan incoherencias, entre las que destacó que: (i) mientras la primera indicó que su hermano se fue a dormir a las 12 de la noche, éste afirmó que lo hizo sobre las 2.30 o 3.00 de la

mañana; (ii) mientras Jhonier indicó que ayudó a acostar a la señora Arladys Vega Osorio, madre del acusado, pues ella se encontraba muy borracha, Claudia Lorena señaló que después de que su hermano se fue a dormir, la señora Arladys se paró, y fue cuando ella y la señora Lina Marcela Cerquera Ordóñez se pusieron a cantar, y (iii) mientras Claudia Lorena afirmó que la señora Martha Lucía Vega se quedó en la finca después de los hechos y le contó que el acusado se había dedicado a tomarse la botella de ron que no habían consumido esa noche, Jhonier manifestó que observó al acusado cuando se tomó la botella de ron y rompió 10 CUI 76147600017020130070001

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JULIÁN URIEL OSPINA VEGA el envase, pese a que indicó que fue a acompañar a su hermana a formular la denuncia. También señaló que los testimonios de las hijas menores de la presunta víctima no permiten corroborar la existencia del delito, pues C.A.O.L relató que salió de la alcoba hacia el baño y al regresar la puerta estaba cerrada, y N.A.O.L., sólo indicó que percibió algunas sombras e intentó levantarse, pero un señor le ordenó que se regresara a la cama a dormir. Las menores, además, según el apoderado, incurren en contradicciones sobre la presencia de la progenitora del acusado en la misma habitación, pues C.A.O.L. indicó que ella se encontraba en el camarote ubicado al lado de la cama sencilla en donde se encontraba

Claudia Lorena y N.A.O.L. sólo afirmó que en la habitación se encontraban ella, Claudia Lorena y “ese señor”. Para el defensor, existe otra explicación plausive sobre lo sucedido. Se trató de dos personas casadas para el momento de los hechos que decidieron sostener relaciones sexuales y al ser sorprendidas por las hijas de Claudia Lorena, ésta optó por mentir para ocultar su infidelidad, máxime al tener en cuenta la animadversión que sentía su hermano hacia el acusado. Reitera que de no haber incurrido el Tribunal en el error por falso raciocinio y de haber valorado adecuadamente los testimonios, la sentencia debió ser absolutoria, pues no existe prueba sobre la incapacidad de resistir de la supuesta 11 CUI 76147600017020130070001

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JULIÁN URIEL OSPINA VEGA víctima, y las pruebas científicas, biológica y toxicológica, no respaldan los hechos por los que se hizo la acusación. Solicitó, por lo tanto, casar la sentencia y, en su lugar, absolver a su defendido.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

1. La Sala advierte, desde ya, que inadmitirá la demanda de casación pues si bien el demandante ostenta legitimación para impugnar la sentencia condenatoria, el libelo no reúne los requisitos exigidos en los artículos 183 y 184 de la Ley 906 de 2004 para el recurso extraordinario e incumple con los criterios desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para su

estructuración. La Sala tampoco observa que deba superar los defectos de la demanda para atender alguna de las finalidades del recurso. La demanda de casación es el instrumento dispuesto para que el recurrente demuestre la validez de sus pretensiones y, conforme lo establece el inciso 2° del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, no será admitida cuando el actor carece de interés, no señala la causal ni sustenta los cargos o cuando de su contexto se advierte que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso. Por lo tanto, el juicio de admisibilidad, como lo ha sostenido la Sala, comprende los aspectos de idoneidad formal y material, el primero relacionado con el cumplimiento de las exigencias de claridad, concreción y debida fundamentación y, el 12 CUI 76147600017020130070001

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JULIÁN URIEL OSPINA VEGA segundo, con la aptitud del escrito para la realización de los fines del recurso. La idoneidad formal determina que la demanda no puede ser un escrito de libre elaboración y debe cumplir con unas mínimas condiciones de admisibilidad, tales como: (i) acreditar el agravio a los derechos o garantías ocasionado por la sentencia, (ii) señalar la causal de casación sujetándose a los parámetros lógicos, argumentales y de postulación propios de la causal invocada, y (iii) determinar la necesidad del fallo de casación para alcanzar alguna de las finalidades señaladas para el recurso en el artículo 180 de la Ley 906 de 200411. También la demanda debe enmarcarse en los principios

que gobiernan el recurso extraordinario de casación, entre los que destacan, para el presente caso, los de claridad y precisión, trascendencia y corrección material. El primero impone que el libelista señale de forma inteligible y concreta el problema jurídico. El segundo, por su parte, determina que la verificación del error denunciado tenga idoneidad suficiente para variar el sentido del fallo. Y, finalmente, el de corrección material exige que los argumentos esgrimidos se sujeten a la realidad procesal.12 11 AP del 13 de junio de 2007, radicado 27537; AP del 25 de julio de 2007, radicado 27810; AP3637 del 27de agosto de 2019, radicado 53402 y AP4322 del 2 de octubre de 2019, entre otros. 12 AP 3439 del 25 de junio de 2014, radicado 41752 y AP4322 del 2 de octubre de 2019, entre otros. 13 CUI 76147600017020130070001

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JULIÁN URIEL OSPINA VEGA Lo anterior, sin embargo, no es obstáculo para que, como lo determina el inciso 3° del artículo 184 del Estatuto Procedimental y atendiendo los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, la Corte supere “los defectos de la demanda para decidir de fondo” con el cometido de obtener la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios que le fueran inferidos o la

unificación de la jurisprudencia.

2. Al examinar la demanda, la Sala advierte que el apoderado no consignó los aspectos formales básicos, pues sólo afirmó interponer el recurso en contra de la decisión tomada por el Tribunal Superior de Buga el 9 de noviembre de 2021, sin identificar los sujetos procesales, ni realizar la síntesis de los hechos materia de juzgamiento, con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, como tampoco la actuación procesal pertinente conforme a los cargos que pretende formular.

Con dichas omisiones, el demandante incumple con los requisitos mínimos de técnica y desconoce la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, el cual no fue diseñado para permitir la continuación del debate fáctico o jurídico, sino que su naturaleza se centra en controvertir una sentencia de segunda instancia que goza de la doble presunción de acierto y legalidad.13 13 AP3399 del 17 de junio de 2015, radicado 45691 y AP637 del 26 de febrero de 2020, radicado 54040, entre otros. 14 CUI 76147600017020130070001

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3. De otra parte, al tener en cuenta que en el primer cargo el recurrente invoca nulidad de la actuación, es necesario recordar que aunque no existe una formalidad para su formulación, no es suficiente que se invoque la existencia de un motivo de invalidación de lo actuado, sino que, como ha sido señalado por la Sala14, se debe precisar el tipo de irregularidad que se alega, demostrar su existencia,

acreditar cómo su configuración comporta un vicio de garantía o de estructura y la trascendencia del error para afectar la validez del fallo cuestionado. Cuando se alega nulidad por violación al derecho de defensa técnica derivado de la no práctica de pruebas, como lo ha dicho la Sala15, es necesario que el recurrente no deje la censura en la simple enunciación abstracta y genérica. Es su deber identificar los medios de convicción omitidos, que a su juicio y con base en la conducta objeto de juzgamiento eran conducentes, pertinentes y relacionados con el tema de prueba, es decir, aquellos que tengan la potencialidad de haber sacado avante la teoría defensiva del caso. En su argumentación, igualmente, debe aproximarse a los contenidos materiales de prueba que podrían haberse derivado de los medios de convicción no practicados, explicando las razones por las cuales, de haber llegado al juicio, hubiesen tenido efectos sustanciales favorables al acusado, tales como la atipicidad de la conducta, la exclusión 14 AP791 del 28 de febrero de 2018, radicado 51668, AP1684 del 8 de mayo de 2019, radicado 54658 y AP2063 del 29 de mayo de 2019, radicado 49775, entre otros. 15 SP154 del 18 de enero de 2017, radicado 48128 y AP3308 del 4 de agosto de 2021, radicado 54550, entre otros. 15 CUI 76147600017020130070001

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de su participación, la antijuridicidad y la ausencia de responsabilidad, o la construcción objetiva de una hipótesis de duda, con el propósito de demostrar que un distinto ejercicio de la defensa técnica, habría logrado la declaración de inocencia. Para solicitar la nulidad por este motivo se requiere, en síntesis, demostrar que el menoscabo del derecho defensa se deriva de ausencias que denoten el abandono total de los deberes de asesoría técnica en el trámite procesal, de inercias de las que se advierta que no fueron parte de la táctica o estrategia diseñadas por el defensor con su defendido. Esto, por cuanto, como la ha sostenido la Corte16, la disparidad de criterios en la forma como el anterior defensor ha cumplido el compromiso de asistencia profesional en un caso, frente a lo que considera un nuevo apoderado había podido hacer si hubiera tenido la representación del procesado, no es un argumento válido para solicitar la nulidad de la actuación por ausencia de defensa técnica. En el presente caso, el apoderado adujo la “indefensión total” en que el anterior abogado dejó a su defendido en razón a que no testificaron la esposa ni la progenitora de OSPINA VEGA, testimonios que había solicitado en la audiencia preparatoria con el fin de rebatir las afirmaciones realizadas por de Claudia Lorena López Ocampo y sus hijas menores de edad, en las que se fundó la sentencia condenatoria. En 16 AP del 24 de septiembre de 2014, radicado 44.469; AP549 del 24 de febrero de 2021, radicado 564440 y AP3250 del 4 de agosto de 2021, radicado 59719, entre

otros. 16 CUI 76147600017020130070001

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JULIÁN URIEL OSPINA VEGA desarrollo de su argumentación, sin embargo, la Sala advierte, de una parte, que el demandante incurrió en vulneración al principio de corrección material al hacer afirmaciones contrarias a la realidad procesal y, en segundo lugar, que los testimonios no realizados de la esposa y la progenitora del acusado no tienen la transcendencia necesaria para variar la decisión tomada por el Tribunal. En efecto, el apoderado afirmó que fue por “desidia y capricho” del anterior abogado que no declararon Lina Marcela Cerquera Ordóñez y Arladiz Vega Osorio, esposa y progenitora del acusado, respectivamente, cuando lo cierto es que no lo hicieron en razón a la estrategia de defensa por él desarrollada, la que no sólo manifestó a la progenitora del acusado, sino que corroboró al dar por culminada la práctica de pruebas por parte de la defensa, luego de haberse recibido los testimonios de la bacterióloga Mónica Lucía Restrepo Ortiz y el químico Eleazar Vargas Mena, funcionarios del Instituto de Medicina Legal que analizaron las muestras tomadas a la víctima. En efecto, el abogado de confianza de OSPINA VEGA le manifestó a su progenitora Arladiz Vega Osorio que “no era necesaria mi declaración ya que los más importante eran los resultados de laboratorio”17, según ella lo manifestó, en la declaración extra juicio rendida ante la Notaría Séptima de Pereira que fue anexada a la demanda. Igualmente, la Sala

advierte que en el acta número142 de la sesión del juicio oral 17 Archivo magnético actuación ante el Tribunal, CuadernoPrincipa1., folio 115. 17 CUI 76147600017020130070001

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JULIÁN URIEL OSPINA VEGA llevada a cabo el 18 de agosto de 2020, al contrario de lo afirmado por el demandante, después de señalar que se recibió el testimonio de Eleazar Vargas Mena, se consignó que “el defensor de confianza del implicado indicó que culminaba la práctica de sus pruebas”.18Decisión, que también aparece consignada en la sentencia de segunda instancia luego de la reseña de los medios de prueba que finalizó con el testimonio de Vargas Mena, en donde se advierte que “La defensa manifestó que culminaba con la práctica de pruebas a su cargo.”19 Es claro, entonces, que el hecho de que Lina Marcela Cerquera Ordóñez y Arladiz Vega Osorio no hubieran declarado en el juicio no se debió al “desidia o capricho” del anterior apoderado sino a una estrategia defensiva, en la que privilegió los resultados de laboratorio de las muestras tomadas a la víctima y los testimonios de los profesionales forenses que las llevaron a cabo. En estos términos, la argumentación del demandante lo que demuestra es la divergencia de criterios con la estrategia defensiva del anterior apoderado, no que éste haya sido negligente, inactivo o que haya dejado en “total indefensión” al acusado, situación que no constituye argumento válido para solicitar la nulidad por violación al derecho de defensa.

De otra parte, la Sala advierte que la afirmación de Lina Marcela Cerquera Ordóñez y Arladiz Vega Osorio, relativa a que el acusado no ingresó a la habitación en donde se 18 Archivo magnético, Primera Instancia, CuadernoPrincipal1, folio 64. 19 Archivo magnético Segunda Instancia, CuadernoPrincipal1, folio 26. 18 CUI 76147600017020130070001

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JULIÁN URIEL OSPINA VEGA encontraba la víctima y que siempre permaneció en compañía de su esposa e hija, no tiene la trascendencia necesaria para derruir el análisis probatorio realizado por el Tribunal ni la decisión de condenar a OSPINA VEGA por el delito por el que fue acusado. En efecto, como resultado de la valoración probatoria el Tribunal declaró que: “Tres aspectos fácticos deben reconocerse sin equívocos: (i) la realización de una reunión familiar en una casa-finca ubicada en la vereda El Dinde en la vía que conduce de Cartago hacia Alcalá, en la cual concurrieron varias personas, entre ellas la víctima, sus hijas menores de edad y su hermano; así como el acusado, su esposa e hija, su progenitora, entre otras; (ii) la presencia del acusado en la habitación donde se hallaba la denunciante, al día siguiente de haber llegado al sitio; y (iii) el consumo de licor por parte de Claudia Lorena López Ocampo y otras personas que departieron en la noche anterior y en la madrugada del día de los hechos.”20

El Tribunal, como también lo hizo el juez de instancia, dio plena credibilidad al testimonio de la víctima Claudia Lorena López Ocampo, al no observar animadversión en contra del acusado pues nunca había interactuado con éste, y ser persistente en su incriminación, la que, a juicio del Tribunal, se hizo de manera directa, sin ambigüedades, ni contradicciones. Sobre la inexistencia de animadversión de la víctima hacia el acusado, en la sentencia aparece: 20 Archivo magnético Segunda Instancia, CuadernoPrincipal1, folio 33. 19 CUI 76147600017020130070001

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JULIÁN URIEL OSPINA VEGA “…tenemos que Claudia Lorena López Ocampo no había tenido ningún tipo de interacción con Julián Uriel Ospina Vega hasta el día en que coincidieron en la reunión familiar en la finca donde ocurrieron los hechos. Incluso, según comentó la víctima y lo confirmó su hermano, aquél estuvo siempre al lado de su esposa mientras comp