CSJ - AP1273-2025

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Magistrada ponente AP1273-2025 Radicado n.° 68286 CUI 66170600006620170100701 Aprobado acta n.º 047 Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

I. OBJETO DE LA DECISIÓN Correspondería a la Sala pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensa de JUAN A LEJANDRO M ARULANDA M UÑOZ contra la sentencia de 7 de noviembre de 2024, dictada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, mediante la cual confirmó la condena emitida por el Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Santa Rosa de Cabal por el delito de acoso sexual agravado.

Sin embargo, se advierte una irregularidad que afecta el debido proceso. En consecuencia, habrá de analizar si hay lugar a decretar la nulidad de la actuación.Auto declara nulidad Casación 68286 CUI 66170600006620170100701

JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ

II. HECHOS 1.- De acuerdo con los jueces de instancia, para diciembre de 2016 Yurley Ramírez Martínez se desempeñaba como auxiliar de tránsito en la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas. En una reunión realizada en una finca, JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ, quien ejercía el cargo de Director Operativo en la misma entidad,

Movilidad de Dosquebradas. En una reunión realizada en una finca, JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ, quien ejercía el cargo de Director Operativo en la misma entidad, aprovechó un momento en el que estaban solos para insinuarle «que se fueran para un motel», propuesta rechazada por la mujer, quien abandonó la reunión. En febrero de 2017, JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ la citó en su oficina, espacio en el que « se lanza a manosearle los senos y las caderas, además de intentar besarle la boca, ella lo empuja, y sale del lugar. // Posterior a ello, comenzó a amenazarla, y no le firmaba las cuentas de cobro para su posterior pago, la manipulaba para no firmarle los documentos y retrasarle los pagos».

III. ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES 2.- El 10 de noviembre de 2021 se adelantó la audiencia de formulación de imputación ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Dosquebradas1. En desarrollo de la diligencia, la Fiscalía imputó a JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ la comisión de los delitos de acoso sexual agravado en concurso homogéneo y heterogéneo con el delito de injuria por vías de hecho. 1 Expediente digitalizado 66170600006620170100701, archivo “002ActaImputacion661706000066201701007”.

2Auto declara nulidad Casación 68286

hecho. 1 Expediente digitalizado 66170600006620170100701, archivo “002ActaImputacion661706000066201701007”. 2Auto declara nulidad Casación 68286 CUI 66170600006620170100701 JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ 3.- La audiencia de formulación de acusación fue instalada el 7 de septiembre de 20222 ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Dosquebradas, en el marco de la cual la Fiscalía solicitó la preclusión por el delito de injuria por vías de hecho, lo cual fue decretado el 21 de octubre de 20223. En esa misma fecha, el funcionario judicial presentó manifestación de impedimento, el cual fue declarado fundado el 10 de noviembre de 2020 por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Dosquebradas 4. El 3 de marzo de 2023, la titular de este último despacho también declaró estar incursa en causal de impedimento5. 4.- La audiencia de formulación de acusación continuó el 30 de agosto de 2023 ante el Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Santa Rosa de Cabal6. 5.- La audiencia preparatoria tuvo lugar el 7 de

febrero7 y el 29 de abril de 20248. 2 Ibidem., archivo “013Acta07092022Acusación661706000066201701007”. 3 Ibidem., archivo “015ActaPreclusionInjuriasViasHecho661706000066201701007”. 4 Ibidem., archivo “018DeclaraFundadoImpedimento661706000066201701007”. 5 Ibidem., archivo “019AutoDeclaraImpedimentoRemiteConsejoSeccional661706000066201701007”. Ello, por cuanto el 15 de julio de 2021 había negado una solicitud de preclusión solicitada por la Fiscalía. Ibidem., archivo “020.0ActaNiegaPreclusion661706000066201701007”. Mediante Resolución n.° CSJRIR23-0166, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda resolvió “[t]rasladar temporalmente a la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal al Juzgado Primero Penal del Circuito de Dosquebradas – Risaralda, con el objeto de continuar las diligencias ”. Ibidem., archivo “023ResolucionSalaAdministrativaTrasladoSantaRosa661706000066201701007”. 6 Ibidem., archivo “046ActaAcusacion30Agosto2023661706000066201701007”. 7 Ibidem., archivo “048ActaPreparatoria07Febrero2024661706000066201701007”. 8 Ibidem., archivo

“051ActaContinuaPreparatoria29042024661706000066201701007”. 3Auto declara nulidad Casación 68286 CUI 66170600006620170100701 JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ 6.- La audiencia de juicio oral se desarrolló en sesiones de 109, 1210, 1711 y 1912 de septiembre, y 913 y 1514 de octubre de 2024, última en la cual se anunció el sentido condenatorio del fallo. 7.- El Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Santa Rosa de Cabal condenó a JUAN ALEJANDRO M ARULANDA M UÑOZ a la pena principal de dieciséis (16) meses de prisión por la comisión del delito de acoso sexual agravado, y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 15. La decisión fue apelada por la defensa16. 8.- El 7 de noviembre de 2024, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira confirmó la sentencia de primera instancia17. Además, dispuso que no se realizaría audiencia de lectura de sentencia, sino que la notificación se efectuaría vía correo electrónico, en atención a lo establecido «por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 4º del Acuerdo 9 Ibidem., archivo

electrónico, en atención a lo establecido «por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 4º del Acuerdo 9 Ibidem., archivo “070ActaTerminaPreparatoriaIniciaJuicio10Septiembre2024JuanAlejandroMarulanda Muñoz”. 10 Ibidem., archivo “072ActaJuicio12Septiembre2024JuanAlejandroMarulandaMuñoz”. 11 Ibidem., archivo “075ActaJuicio17Septiembre2024JuicioJuanAlejandroMarulandaMuñoz”. 12 Ibidem., archivo “077ActaContinuaJuicio19Septiembre2024JuanAlejandroMuñozMarulanda”. 13 Ibidem., archivo “086ActaJuiciooral09octubre2024JuanAlejandroMarulandaMuñoz”. 14 Ibidem., archivo “089ActaLecturaSentenciaJuanAlejandroMarulandaMuñoz”. 15 Ibidem., archivo “091SentenciaCondenatoriaJuanAlejandroMarulandaMuñoz”. 16 Ibidem., archivo “093SustentacionApelacionDefensa”. 17 Ibidem., archivo “03SentenciaDeSegundaInstancia”. 4Auto declara nulidad Casación 68286 CUI 66170600006620170100701 JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020, en la Circular CSJRIC20-75 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y la Ley 2213 de 2022 […]». Ese mismo día, la Secretaría notificó la sentencia a través del envío de mensajes de correo electrónico18. 9.- El 12 de noviembre de 2024, el defensor interpuso el recurso extraordinario de casación19, el cual sustentó el 22 de enero de 202520.

IV. CONSIDERACIONES

envío de mensajes de correo electrónico18. 9.- El 12 de noviembre de 2024, el defensor interpuso el recurso extraordinario de casación19, el cual sustentó el 22 de enero de 202520.

IV. CONSIDERACIONES 4.1. Competencia 10.- De conformidad con los artículos 32.1 y 181 de la Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la presente actuación, pues la defensa interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia, emitida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y, en tal virtud, el proceso fue recibido en la Corte para resolver. 4.2. Cuestión previa 11.- La Sala se abstendrá de analizar los requisitos de admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensa. Examinado el expediente, pudo constatar la 18 Ibidem., archivo “05NotificacionOficio1889”. 19 Ibidem., archivo “06InterposicionRecursoCasacion”. 20 Ibidem., archivo “13DemandaDeCasación”.

5Auto declara nulidad Casación 68286 CUI 66170600006620170100701 JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ configuración de una irregularidad manifiesta, con afectaciones sustanciales en el debido proceso, la cual constituye una causal de nulidad, en los términos del artículo 457 del Código de Procedimiento Penal. Esa irregularidad está vinculada a la pretermisión de la audiencia

constituye una causal de nulidad, en los términos del artículo 457 del Código de Procedimiento Penal. Esa irregularidad está vinculada a la pretermisión de la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia, conforme se explica a continuación. 4.3. La omisión de la audiencia de lectura de la sentencia de segunda instancia como infracción al debido proceso 12.- De acuerdo con los artículos 455 a 457 del Código de Procedimiento Penal, el proceso penal se ve afectado de nulidad en aquellos casos de: (i) pruebas obtenidas con menoscabo de garantías fundamentales, (ii) falta de competencia del juez, y (iii) violación del derecho de defensa o del debido proceso en sus aspectos sustanciales. 13.- En relación con el debido proceso, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que la actuación penal, además de una estructura conceptual, posee una estructura formal definida. Su arquitectura se caracteriza por la sucesión escalonada y consecutiva de actos con carácter preclusivo, regidos por la ley procesal, los cuales lo integran como unidad dentro del marco de una secuencia lógico-jurídica21. En consecuencia, las autoridades y, particularmente el juez, deben asegurar que una actuación siga lógica y coherentemente a la otra y que la sentencia sea

21 CSJ SP4251-2019, rad. n.° 51167. 6Auto declara nulidad Casación 68286 CUI 66170600006620170100701 JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ el resultado de la rigurosa observación de las formas propias del juicio22. 14.- Las referidas pautas no equivalen a meras formalidades. Se trata de procedimientos establecidos para que la jurisdicción pueda constatar los aspectos subjetivos y objetivos del delito, con estricto respeto de los derechos y potestades de las partes e intervinientes23. Por esta razón, la Corte ha reiterado que el debido proceso se vulnera con la pretermisión d e algún acto procesal expresamente señalado por la ley como requisito antecedente para adelantar el subsiguiente, o llevarlo a cabo sin el cumplimiento de los requisitos sustanciales inherentes a su validez o eficacia24. 15.- En el contexto anterior se inscribe el régimen de notificaciones adoptado en la Ley 906 de 2004. El artículo 169 establece que , «por regla general las providencias se notificarán a las partes en estrados », salvo fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo evento la notificación se entiende realizada al momento de aceptarse la justificación. Según la misma norma, excepcionalmente la notificación procederá mediante comunicación emitida por telegrama, correo certificado, facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio idóneo que haya sido indicado por las partes. Si el imputado o acusado se encuentra privado de la libertad, prevé también la disposición, las providencias notificadas en audiencia le

certificado, facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio idóneo que haya sido indicado por las partes. Si el imputado o acusado se encuentra privado de la libertad, prevé también la disposición, las providencias notificadas en audiencia le serán comunicadas en el establecimiento de reclusión. 22 CSJ SP12846-2015, rad. n.°40694. 23 Idem. 24 CSJ AP6673-2024, rad. n.°65711. 7Auto declara nulidad Casación 68286 CUI 66170600006620170100701 JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ 16.- De acuerdo con lo indicado, la regla general consiste en que el juez deberá convocar a la audiencia y verificar que las partes e intervinientes hayan acudido a la misma. Allí, con la lectura o pronunciamiento oral de la providencia, se produce jurídicamente la notificación. Lo anterior, salvo que el interesado no haya podido concurrir por fuerza mayor o caso fortuito. La regulación también contempla la posibilidad de la notificación mediante el envío de comunicación física o electrónica. Sin embargo, estos mecanismos solo operan de forma excepcional, es decir, siempre que la notificación no haya podido llevarse a cabo en la audiencia de lectura de la decisión. 17.- En el caso del procesado privado de la libertad, dado que las autoridades judiciales tienen el deber de facilitar su traslado al despacho judicial en el cual tendrá lugar la lectura del fallo, la notificación se efectúa igualmente en estrados. Cuestión distinta es que, como dispone la

facilitar su traslado al despacho judicial en el cual tendrá lugar la lectura del fallo, la notificación se efectúa igualmente en estrados. Cuestión distinta es que, como dispone la norma, la decisión debe serle comunicada en el centro de reclusión. Según la jurisprudencia, « esa comunicación no suple la notificación, se realiza simplemente para dejar la constancia, pero la misma norma da por sentado que la providencia se notificó en la audiencia»25. 25 CSJ AP6673-2024, rad. n.° 65711. En esta misma providencia, se indicó: “respecto de los privados de la libertad pueden presentarse dos situaciones: La primera, que asista a la audiencia físicamente o que lo haga virtualmente; en el primer evento queda notificado de manera inmediata en estrados donde debe entregársele copia de la decisión (a él directamente o, si así lo desea, a su defensor); en el segundo evento, también queda notificado en estrados pues asistió y se enteró de la decisión, pero en este caso debe enviársele copia de la decisión al establecimiento de reclusión (puede ser virtualmente, lo importante es que el centro de reclusión se la entregue), como quiera que es un derecho tener copia de la providencia y un deber de los funcionarios judiciales garantizarlo”. 8Auto declara nulidad Casación 68286 CUI 66170600006620170100701 JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ 18.- De este modo, es claro que el Legislador optó inequívocamente por un modelo preponderante de notificaciones en audiencia pública. Este modelo, como no podía ser de otro modo, se encuentra articulado con las

18.- De este modo, es claro que el Legislador optó inequívocamente por un modelo preponderante de notificaciones en audiencia pública. Este modelo, como no podía ser de otro modo, se encuentra articulado con las reglas sobre expedición de las sentencias. Así, conforme a los artículos 445 y 446 de la Ley 906 de 2004, una vez terminado el debate probatorio del juicio oral, el juez deberá dar a conocer de manera oral y pública el sentido del fallo. A continuación, conforme al artículo 447, señalará fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia. 19.- A su vez, el artículo 179 de la misma Ley, sobre el trámite de apelación contra sentencias, prevé que el juez o tribunal superior de distrito judicial correspondiente, una vez resuelto el recurso, convocará a las partes e intervinientes para lectura de fallo dentro de los diez días siguientes. De la misma manera, conforme al artículo 185, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia apruebe la sentencia que resuelva el recurso extraordinario de casación, citará a audiencia para lectura de la decisión. 20.- El modelo de notificaciones acogido por el Legislador, como se observa, profundiza los principios de oralidad y publicidad. El artículo 9 de la Ley 906 de 2004 establece que la actuación procesal será oral. A su vez, el artículo 18 prescribe que el trámite será público y al mismo tendrán acceso, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. La oralidad y, en

establece que la actuación procesal será oral. A su vez, el artículo 18 prescribe que el trámite será público y al mismo tendrán acceso, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. La oralidad y, en especial, la publicidad, poseen una especial relevancia en el sistema del mencionado Código de Procedimiento Penal. 9Auto declara nulidad Casación 68286 CUI 66170600006620170100701 JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ 21.- La exposición pública y oral de los actos procesales implica un método de comunicación con las partes e intervinientes. Sin embargo, no solo en ello radica su valor para el proceso. En los términos de las normas citadas, también comporta la garantía de un proceso penal abierto hacia la opinión pública y la comunidad en general, como garantes de un juicio y un proceso penal justo. El racional y proporcionado ejercicio del poder punitivo del Estado no solo interesa a sus participantes directos sino que tiene un alcance más general. Es un asunto de eminente interés público, que concierne a toda la sociedad en su conjunto y que, por ende, toda ella debe estar en posibilidad de vigilarlo. 22.- Sobre la base de los anteriores fundamentos, la Sala considera que el modelo de notificación de providencias judiciales comporta un componente esencial del debido proceso. Por lo tanto, la pretermisión de la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia y el cambio injustificado de mecanismo de notificación (por ejemplo, a envío de mensajes de correo electrónico o notificación por

proceso. Por lo tanto, la pretermisión de la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia y el cambio injustificado de mecanismo de notificación (por ejemplo, a envío de mensajes de correo electrónico o notificación por edicto) acarrea un vicio sustancial en la estructura del proceso, en la medida en que «resultan quebrantadas las bases propias del sistema de las notificaciones »26. La lectura de la sentencia de segundo grado es de carácter obligatorio, «de modo que no es optativo por parte del funcionario judicial el adelantarla o no, pues véase que se consagra en la ley como un deber y no como una potestad»27. 26 CSJ AP488 -2025, rad. n.° 64349. 27 Idem. 10Auto declara nulidad Casación 68286 CUI 66170600006620170100701 JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ 23.- En efecto, el aludido interés público de la regulación sobre el modelo de notificaciones de las sentencias, que constituye una de las manifestaciones de los principios de oralidad y publicidad, hace que tales reglas no sean disponibles ni para el juez ni para las partes e intervinientes. Antes bien, es particularmente deber del juez, como director del proceso, velar por su estricto cumplimiento. Dar aplicación al esquema de notificaciones es un poder-deber de la autoridad judicial, antes que de una mera facultad28. 24.- De ahí que omitir, modificar o alterar las normas diseñadas para las notificaciones judiciales conlleva una

es un poder-deber de la autoridad judicial, antes que de una mera facultad28. 24.- De ahí que omitir, modificar o alterar las normas diseñadas para las notificaciones judiciales conlleva una afectación sensible al debido proceso. Más específicamente, pretermitir la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia impacta la estructura formal del trámite diseñado por el Legislador. 25.- Naturalmente, la propia Ley 906 de 2004 contempla salvedades al principio de publicidad bajo determinadas situaciones ( artículo 18). También la pandemia, de alcance global, generada por el Covid-19 y la consecuente emergencia sanitaria desatada, supuso un conjunto de circunstancias excepcionales. Frente a ella tuvo que procederse mediante la legislación derivada del estado de 28 De acuerdo con la teoría general del proceso, los poderes-deberes son “obligatorios o vinculados, no discrecionales. De esta manera se vinculan al sujeto juez todos los actos procesales cuya realización le incumbe en el proceso”. Por su parte, la facultad es una “situación jurídica neutra que consiste en un poder hacer, en un ser libre de hacer”. Ver Quintero, Beatriz y Prieto, Eugenio, Teoría general del proceso , Editorial Temis, Bogotá D.C., 2000, p. 459. 3. Más en general, la Corte ha señalado: “las disposiciones jurídicas procesales aplicadas en este evento (Leyes 906 de 2004 y 1564 de 2012) son

Bogotá D.C., 2000, p. 459. 3. Más en general, la Corte ha señalado: “las disposiciones jurídicas procesales aplicadas en este evento (Leyes 906 de 2004 y 1564 de 2012) son de orden público, lo cual significa que no pueden ser modificadas, derogadas o sustituidas por acuerdo de voluntades entre funcionarios o particulares (CSJ STP77802016)”. 11Auto declara nulidad Casación 68286 CUI 66170600006620170100701 JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ emergencia económica, social y ecológica decretado por el Gobierno nacional, así como con la regulación administrativa expedida al amparo y justificación de tales circunstancias. 26.- En el ámbito judicial, lo anterior supuso la introducción de excepciones a los principios de oralidad y publicidad y, en particular, al modelo de notificaciones previsto en la Ley 906 de 2004. Las reglas particulares dictadas para tales escenarios estuvieron, obviamente, justificadas en razones precisas y suficientes. En cambio, bajo circunstancias de normalidad, es evidente que parte esencial del debido proceso es la aplicación de la publicidad y la oralidad en las actuaciones que son manifestación suya, como las relativas a la notificación de las sentencias judiciales. 27.- En síntesis, la Sala concluye que, en contextos de normalidad, omitir o cambiar el procedimiento para la notificación del fallo de segunda instancia supone un vicio que afecta el debido proceso en sus aspectos sustanciales.

27.- En síntesis, la Sala concluye que, en contextos de normalidad, omitir o cambiar el procedimiento para la notificación del fallo de segunda instancia supone un vicio que afecta el debido proceso en sus aspectos sustanciales. Ello, por cuanto el modelo integral del sistema de notificaciones en la Ley 906 de 2004 está vinculado a la oralidad y la publicidad, como principios y garantías de la actuación procesal. Tal irregularidad constituye una causal de nulidad, en los términos del artículo 457 de la misma Ley. 4.4. El caso concreto 28.- Conforme se indicó en los antecedentes, en primera instancia, el Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Santa Rosa de Cabal condenó a JUAN 12Auto declara nulidad Casación 68286 CUI 66170600006620170100701 JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ por el delito de acoso sexual agravado. Apelada la decisión por la defensa, mediante sentencia de 7 de noviembre de 2024, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira la confirmó integralmente. En esta sentencia, el Tribunal no dispuso convocar a audiencia de lectura del fallo, sino que determinó que la notificación se efectuaría vía correo electrónico, lo cual fue acatado por su Secretaría. 29.- En las anteriores condiciones, la Sala encuentra que la omisión de la audiencia de lectura del fallo introdujo un vicio trascendente en la estructura formal del proceso. Tal

electrónico, lo cual fue acatado por su Secretaría. 29.- En las anteriores condiciones, la Sala encuentra que la omisión de la audiencia de lectura del fallo introdujo un vicio trascendente en la estructura formal del proceso. Tal como se mencionó en los fundamentos de la presente decisión, el modelo de notificaciones en audiencia pública constituye un componente esencial del debido proceso, debido a su intrínseca relación con la oralidad y la publicidad, como principios del trámite. Por lo tanto, la pretermisión de la audiencia para la comunicación del fallo impacta el debido proceso en sus aspectos esenciales. 30.- Es cierto que el artículo 169 de la Ley 906 de 2004 establece la posibilidad de realizar la notificación de las decisiones judiciales « de manera excepcional» por medio de «comunicación escrita dirigida por telegrama, correo certificado, facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio idóneo que haya sido indicado por las partes ». Sin embargo, en el presente asunto no está acreditada la concurrencia de alguna circunstancia excepcional que impidiera la realización de la audiencia y la notificación del fallo en estrados. 13Auto declara nulidad Casación 68286 CUI 66170600006620170100701 JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ 31.- Aunado a ello, la Sala ya ha aclarado que la Ley 2213 de 2022 «no supuso una derogatoria tácita o expresa de las reglas especiales que rigen dicho procedimiento en el Código de Procedimiento Penal»29.

2213 de 2022 «no supuso una derogatoria tácita o expresa de las reglas especiales que rigen dicho procedimiento en el Código de Procedimiento Penal»29. 32.- Por lo tanto, la omisión de la audiencia de lectura de fallo y la notificación por un mecanismo distinto comporta una lesión al debido proceso. 33.- La Sala también advierte que la irregularidad detectada, a la luz de los principios que orientan la declaratoria de las nulidades, solo puede ser superada mediante la decisión, justamente, de disponer la anulación parcial del trámite. En efecto, la jurisprudencia ha considerado que, constatada una anomalía en el decurso del proceso, debe acudirse a los principios de convalidación 30, protección31, instrumentalidad de las formas 32, trascendencia33 y residualidad 34, para determinar, en cada caso concreto, si hay, o no, lugar a declarar la nulidad del proceso35. Pues bien, la aplicación de los anteriores principios conduce a la determinación anunciada. 29 CSJ AP7109-2024, rad. n.° 67612. 30 Las irregularidades pueden convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado. 31 El sujeto procesal que con su conducta no haya dado lugar a la configuración del vicio, es el único que lo puede alegar, salvo que se trate de ausencia de defensa técnica. 32 Como las formas no son un fin en sí mismo, siempre que se cumpla con el propósito que la regla de procedimiento pretendía proteger, no habrá lugar a la declaración de la

técnica. 32 Como las formas no son un fin en sí mismo, siempre que se cumpla con el propósito que la regla de procedimiento pretendía proteger, no habrá lugar a la declaración de la nulidad. 33 La magnitud del defecto debe tener incidencia en el sentido final de la decisión o la actuación judicial. 34 La declaratoria de nulidad debe ser el único remedio procesal para superar el yerro detectado. 35 AP142-2025, rad. n.° 66050. 14Auto declara nulidad Casación 68286 CUI 66170600006620170100701 JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ 34.- Cuando el juzgador de segunda instancia omite el mecanismo de notificación de la sentencia establecido en la Ley o actúa con base en otro no fijado en ella se afecta la actuación procesal de forma trascendente. Como se indicó, el modelo de notificación de los fallos en audiencia tiene un alcance complejo. La publicidad y oralidad del acto de comunicación se encuentran instituidas en interés de las partes e intervinientes, pero también supone una salvaguarda más general, que incluye a la opinión pública y a la comunidad. 35.- Sin que lo anterior signifique un interés jurídico procesal, en estricto sentido, la sociedad y la opinión pública actúan como vigilantes de un proceso y un juicio justo, como veedores de un empleo racional y proporcionado del poder punitivo del Estado. Este mecanismo, por lo tanto, también redunda en una protección reforzada a favor del sujeto pasivo de la acción penal. En tal sentido, la omisión de la audiencia de lectura de la sentencia de segunda instancia priva

redunda en una protección reforzada a favor del sujeto pasivo de la acción penal. En tal sentido, la omisión de la audiencia de lectura de la sentencia de segunda instancia priva significativamente de sus alcances el principio de publicidad que subyace al modelo de notificación en estrados. 36.- La irregularidad que conlleva la pretermisión de la mencionada diligencia no puede ser objeto de convalidación. Esta situación, que permite entender superado un vicio acaecido, solo ocurre cuando la causal de nulidad comporta afectaciones exclusivas para una parte y solo a ella se le confía su reclamación como una carga procesal. De no asumir la carga, la parte debe aceptar las consecuencias que de ello se derivan. En cambio, las reglas sobre el modelo de notificaciones en audiencia pública son de interés público, 15Auto declara nulidad Casación 68286 CUI 66170600006620170100701 JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ tienen un alcance más general y, como forma imperativa, la garantía de su cumplimiento recae en el juez, en tanto deberpoder. 37.- De otro lado, debido a que fue la autoridad judicial quien propició la notificación a partir de un procedimiento distinto al previsto preferencialmente en la Ley (no las partes ni los intervinientes), no puede aducirse el principio de protección para evitar la anulación del proceso. A su vez, dado que se obvió la audiencia de lectura de la sentencia de segunda instancia, conforme fue explicado, no se cumplió tampoco el propósito que solo ella puede lograr en términos de oralidad y publicidad de la decisión judicial (en un sentido

que se obvió la audiencia de lectura de la sentencia de segunda instancia, conforme fue explicado, no se cumplió tampoco el propósito que solo ella puede lograr en términos de oralidad y publicidad de la decisión judicial (en un sentido complejo). El principio de instrumentalidad de las formas permite advertir que las finalidades del procedimiento de notificación legal quedaron parcialmente frustradas. 38.- Por último, en aplicación del principio de residualidad, se concluye que solo mediante la convocatoria y realización de la diligencia en la cual se dé lectura al fallo de segundo grado podrán garantizarse los objetivos del modelo de notificación al cual se ha hecho referencia en la presente decisión. Así, partes e intervinientes y público en general podrán asistir y escuchar los fundamentos de la decisión que se adopta. Lo anterior, elementalmente,