CSJ - AP1447-2025

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ Magistrado ponente AP1447-2025 Radicación N° 64.728 CUI 76622600018520160084401 Aprobado acta N°047 Bogotá, D. C., cinco (05) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

I. OBJETO DE LA DECISIÓN La Corte debería calificar la demanda de casación interpuesta por la defensa de JOSÉ ENER ARIAS SANTOS contra la sentencia emitida el 7 de julio de 2023 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, que confirmó la condena dictada el 1.º de julio de 2022 por el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo, Valle del Cauca. Sin embargo, en la decisión se advierte una irregularidad sustancial que vulnera el debido proceso.

II. HECHOSCasación

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JOSÉ ENER ARIAS SANTOS

2 Diana Minelly Vacca Ocampo, mamá de I.F.V. formó un hogar con JOSÉ ENER ARIAS SANTOS, con quien tuvo a la menor M.J.A.V. Entre los años 2005 y 2010, cuando I.F. tenía entre 7 y 12 años, ARIAS SANTOS la tocó en sus partes íntimas en diferentes oportunidades y la obligó a practicarle sexo oral. Esas conductas cesaron cuando la niña tuvo su primer período menstrual.

III. ANTECEDENTES PROCESALES

1. El 17 de marzo de 2017, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Garantías de Roldanillo, Valle del Cauca, legalizó la

III. ANTECEDENTES PROCESALES

1. El 17 de marzo de 2017, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Garantías de Roldanillo, Valle del Cauca, legalizó la captura de JOSÉ ENER ARIAS SANTOS. La Fiscalía le imputó a este los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales con menor de catorce años, ambos agravados y en concurso homogéneo y sucesivo, según los artículos 208, 209 y 211 numeral 5º de la Ley 599 de 2000, en calidad de autor. El procesado no aceptó los cargos. El juzgado le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia.

2. El 29 de junio de 2018 el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo, Valle del Cauca, celebró audiencia de acusación por los mismos delitos y calificación jurídica de la formulación de imputación.

3. El 19 de octubre de 2020, en aquel juzgado se llevó a cabo la audiencia preparatoria. La defensa apeló el decreto probatorio, y el 19 de noviembre del mismo año, la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga ratificó la decisión.Casación

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3. El 2 de febrero de 2021 inició el juicio oral y culminó el 29 de marzo de 2022 con sentido del fallo condenatorio por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años en concurso homogéneo sucesivo con actos sexuales con menor de catorce

de marzo de 2022 con sentido del fallo condenatorio por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años en concurso homogéneo sucesivo con actos sexuales con menor de catorce años. El 1º de julio de ese año se emitió la sentencia de primera instancia. La defensa apeló1.

6. El 7 de julio de 2023 la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga confirmó el fallo de primera instancia2. La Corporación prescindió de la audiencia de lectura. El secretario comunicó la

decisión de la siguiente manera: a. El 11 de julio de 2023 remitió al procesado, a la defensa, a la víctima y a su representante, a la Fiscalía y la Procuraduría, por medio de correo electrónico, la sentencia de segunda instancia. b. El 18 de ese mes la defensa interpuso recurso de casación contra el fallo de segundo grado y la demanda fue radicada el 7 de septiembre de 20233.

8. De acuerdo con la constancia secretarial del 26 de julio de 2023, el término para sustentar la demanda de casación vencía el 7 de septiembre de 2023. El 8 de septiembre siguiente el Tribunal concedió el recurso extraordinario4.

8. El 18 de septiembre de 2023 la Secretaría de esta Sala 1 Fls. 77 a 80 y 126 a 139 del archivo digital «Primera Instancia_Cuaderno Principal 1_Cuaderno_2024091638501». 2 Fls.11 a 9 del archivo digital «Segunda Instancia_Cuaderno Principal 1».

3 Fls.75 y 99 a 247 ibidem. 4 Fls.93 y 251 ibidem.Casación Radicado 64.728 CUI 76622600018520160084401 JOSÉ ENER ARIAS SANTOS 4 asignó la actuación por reparto al Despacho 005.

IV. CONSIDERACIONES La Corte no examinará los requisitos de admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensa de JOSÉ ENER ARIAS SANTOS, debido a que la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga incurrió en una irregularidad sustancial que comprometió el debido proceso: la omisión injustificada de la audiencia de lectura de la sentencia de segunda instancia. Esto impone la nulidad parcial de la actuación, según el artículo 457 de la Ley

906 de 2004, como se explica a continuación:

A. La obligatoriedad de la audiencia de lectura de la sentencia de segunda instancia

1. Los artículos 456 y 457 de la Ley 906 de 2004 disponen que las nulidades procesales se configuran cuando concurre una situación que genera la incompetencia del juez o una vulneración sustancial de los derechos de defensa o del debido proceso . El fallador, ya sea singular o colegiado, debe verificar si la posible nulidad encuadra en esas causales y si su declaratoria resulta ineludible. Para ello, ejerce su facultad discrecional de acuerdo con los principios y normas que garantizan la racionalidad de los pronunciamientos judiciales.

2. La Corte ha reiterado que la actuación penal tiene una estructura conceptual y formal. La primera define su objeto: determinar, más allá de toda duda razonable, la comisión de una conducta penalmente relevante y la responsabilidad delCasación

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estructura conceptual y formal. La primera define su objeto: determinar, más allá de toda duda razonable, la comisión de una conducta penalmente relevante y la responsabilidad delCasación Radicado 64.728 CUI 76622600018520160084401 JOSÉ ENER ARIAS SANTOS 5 procesado. La segunda responde a la sucesión ordenada y preclusiva de actos regidos por la ley procesal, que configuran una unidad dentro de una secuencia lógico-jurídica5. De ahí que el debido proceso exija a los jueces la estricta observancia de las reglas procesales6. Omitir un acto exigido por la ley como requisito indispensable para el siguiente o ejecutarlo sin los presupuestos sustanciales que garantizan su validez altera la regularidad del trámite y afecta la seguridad jurídica.

3. En materia de notificaciones, el legislador fijó pautas precisas. El artículo 169 de la Ley 906 de 2004 dispone que, por regla general, las providencias se notifican en estrados. Solo en casos de fuerza mayor o caso fortuito, la notificación se entenderá realizada al aceptarse la justificación. De manera excepcional, puede efectuarse mediante telegrama, correo certificado, facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio idóneo señalado por las partes o intervinientes.

Para los procesados privados de la libertad, la notificación en estrados opera en dos escenarios: asistencia presencial o virtual y ausencia por razones imputables a ellos. En cambio, si la inasistencia obedece a causas atribuibles al Estado, la notificación se efectúa por medio de la comunicación y el envío de

ausencia por razones imputables a ellos. En cambio, si la inasistencia obedece a causas atribuibles al Estado, la notificación se efectúa por medio de la comunicación y el envío de la providencia al centro carcelario, pues la omisión estatal no puede generar una carga al procesado. 5 Cfr.CSJ AP6673-2024, 06 nov. 2024, rad. 65711; CSJ. SP, 10 mar. 2010, rad. 32422; CSJ SP10400-2014, 5 ago. 2014, rad. 42495; y CSJ SP4251-2019, 20 oct. 2019, rad. 51167. 6 Constitución Política, artículo 29; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XXVI; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14; Carta Internacional de Derechos Humanos, artículo 10; Ley 906 de 2004, artículo 6°.Casación Radicado 64.728 CUI 76622600018520160084401

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6 Bajo esa línea argumentativa, no hay duda de que el legislador estableció la notificación en estrados como el modelo preponderante, en consonancia con los principios de publicidad y oralidad que rigen el sistema penal adversarial. En ese contexto, la audiencia de lectura de la decisión no es una simple formalidad, sino un componente del debido proceso. En ella, el juez expone oralmente los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que sustentan su determinación. Esto permite a los

formalidad, sino un componente del debido proceso. En ella, el juez expone oralmente los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que sustentan su determinación. Esto permite a los sujetos procesales comprender el razonamiento detrás del pronunciamiento judicial, evaluar su contenido y ejercer oportunamente los mecanismos de impugnación. Pero hay más. Esta diligencia constituye un control sobre el poder punitivo del Estado. Su realización en estrados, con acceso a la comunidad en general y los medios de comunicación –salvo excepciones expresamente previstas en el artículo 18 de la Ley 906 de 2004 7–, facilita la vigilancia de la actividad judicial. La publicidad de la decisión no solo protege los derechos de los sujetos involucrados, sino que también refuerza la integridad del sistema penal acusatorio al someterlo a un escrutinio abierto y permanente.

4. La notificación en estrados de la sentencia de segunda instancia, cuya obligatoriedad se analiza en esta oportunidad, refleja la esencia de esa arquitectura procesal8. En particular, el 7 «Artículo 18. Publicidad. (…) Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación». 8 La Corte IDH ha reiterado la importancia de la publicidad de los fallos judiciales. En Barreto Leiva

intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación». 8 La Corte IDH ha reiterado la importancia de la publicidad de los fallos judiciales. En Barreto Leiva vs. Venezuela (2009), estableció que la segunda instancia debe garantizar una revisión efectiva y pública del fallo. En Ruano Torres vs. El Salvador (2015), enfatizó que la exposición oral del fallo es esencial para evitar la arbitrariedad en la administración de justicia. Disponibles en: https://www.corteidh.-or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_esp1.pdf y https://www.corte-Casación Radicado 64.728 CUI 76622600018520160084401 JOSÉ ENER ARIAS SANTOS 7 artículo 179 de la Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1395 de 2010, impone al juez plural la obligación de convocar la audiencia dentro de los diez días siguientes a la adopción del fallo. El legislador, en el trámite del proyecto de Ley 197 de 2008 (Senado) y 255 de 2009 (Cámara), que reformó ese precepto, no cuestionó su necesidad, sino el plazo para su realización, lo que ratifica su trascendencia en el proceso9. Esta norma debe interpretarse en armonía con el artículo 183, que regula los términos para interponer el recurso de casación: cinco días desde la última notificación y treinta para la presentación de la demanda. La Corte ha precisado que la «última notificación» corresponde a la audiencia de lectura del fallo, salvo el citado caso del procesado privado de la libertad10.

casación: cinco días desde la última notificación y treinta para la presentación de la demanda. La Corte ha precisado que la «última notificación» corresponde a la audiencia de lectura del fallo, salvo el citado caso del procesado privado de la libertad10. Puestas así las cosas, l a pretermisión de la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia sin una razón válida –como, por ejemplo, la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19– vulnera el debido proceso. Esta etapa es esencial, pues garantiza la secuencia lógica y jurídica de la actuación, preserva el sistema de notificaciones y define el cómputo de términos para interponer y sustentar el recurso de casación. No es un aspecto menor. El artículo 158 de la Ley 906 de 2004 exige autorización legal o judicial para prorrogar o restituir términos, lo que ratifica la obligatoriedad de la notificación en estrados y, en principio, impide sustituirla sin afectar la validez de la actuación11. idh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_303_esp.pdf, respectivamente. 9 Los ponentes propusieron reducirlo a cinco días, pero el Congreso optó por mantener el término original de diez previsto en la Ley 906 de 2004. Disponible en: https://app.vlex.com/search/jurisdiction:CO/proyecto+de+ley+

197+de+2008/p2/vid/451381102. 10 CSJ AP6673-2024, 6 nov. 2024, rad. 65711 y CSJ AP7109-2024, 20 nov. 2024, rad. 67612. 11 CSJ AP6673-2024, 6 nov. 2024, rad. 65711, y CSJ AP7109-2024, 20 nov. 2024, rad. 67612.Casación Radicado 64.728 CUI 76622600018520160084401

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B. Caso concreto 1 La Corte advierte que el Tribunal Superior de Buga incurrió en un vicio sustancial que afectó la estructura del proceso. Sin justificación válida, remitió la sentencia de segunda instancia del 7 de julio de 2023 por correo electrónico a la defensa, la Fiscalía a la víctima y a su representante y la Procuraduría.

Este proceder desconoció las reglas de notificación del fallo de segundo grado y alteró el cómputo del término para interponer el recurso de casación. Según la constancia secretarial, el plazo para manifestar interés en el recurso se fijó a partir del 18 de julio de 2024, cinco días después de la última comunicación electrónica. Sin embargo, dicho término solo podía contarse desde la notificación en estrados, acto que no se cumplió.

2. Frente a esa actuación, el juez plural no se pronunció.

3. Esta irregularidad solo es subsanable con la declaratoria de nulidad que implica rehacer la actuación viciada. La omisión del Tribunal Superior de Buga afecta directamente la procedencia

2. Frente a esa actuación, el juez plural no se pronunció.

3. Esta irregularidad solo es subsanable con la declaratoria de nulidad que implica rehacer la actuación viciada. La omisión del Tribunal Superior de Buga afecta directamente la procedencia del recurso de casación, debido a que su interposición oportuna depende de la audiencia regulada en el inciso final del artículo 179 del estatuto procesal penal. Tampoco hay lugar a predicar que la conducta de las partes e intervinientes convalidó el yerro detectado porque este fue cometido por el juez plural.

4. La audiencia de lectura del fallo puede realizarse de manera presencial o mediante el uso de medios tecnológicos,Casación

Radicado 64.728 CUI 76622600018520160084401 JOSÉ ENER ARIAS SANTOS 9 acorde con la Ley 2213 de 2022. Lo esencial es que se lleve a cabo y garantice la publicidad de la decisión, requisito indispensable para habilitar el recurso de casación.

5. Ante tal panorama, la Corte declarará la nulidad de lo actuado a partir de la notificación electrónica de la sentencia de segunda instancia dictada el 7 de julio de 2023 por el Tribunal Superior de Buga. En consecuencia, ordenará a esa autoridad convocar a las partes e intervinientes, verificar su asistencia y asegurar la adecuada comunicación del fallo. Para ello, la Sala concederá un plazo de quince días contados desde la fecha en que la secretaría comunique este pronunciamiento.

V. DECISIÓN Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte

Suprema de Justicia, RESUELVE: Primero. Declarar la nulidad de la actuación procesal a

la secretaría comunique este pronunciamiento.

V. DECISIÓN Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte

Suprema de Justicia, RESUELVE: Primero. Declarar la nulidad de la actuación procesal a partir de los trámites de notificación electrónica de la sentencia de segunda instancia emitida el 7 de julio de 2023 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga. Segundo. Devolver las diligencias a esa autoridad judicial, con el fin de que convoque a las partes e intervinientes, verifique su asistencia y asegure la adecuada comunicación del fallo. Para ello, la Corte concederá un plazo perentorio de quince días contados desde la fecha en la que la Secretaría comunique esteCasación Radicado 64.728 CUI 76622600018520160084401

JOSÉ ENER ARIAS SANTOS 10 auto.

Contra esta determinación no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,