CSJ - AP1491-2024(65044)

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente AP1491-2024 Radicación N° 65044 Aprobado según acta No. 062 Santa Rosa de Viterbo, quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

I. ASUNTO

1. Se pronuncia la Sala sobre la admisión de la demanda de casación presentada por el defensor de MARCO ANÍBAL ROJAS LIZARAZO, contra la sentencia proferida el 23 de marzo de 2023, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la emitida el 10 de noviembre de 2021, por el Juzgado 16 Penal del Circuito de la misma sede, que condenó al implicado, entre otros, como determinador del delito de peculado por apropiación agravado (Ley 600/2000).

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Marco Aníbal Rojas Lizarazo y otros

II. HECHOS

2. La situación fáctica fue sintetizada por el Tribunal de Bogotá en los siguientes términos: «Según el pliego de cargos, el abogado David Enrique Orozco Camacho efectuó reclamación judicial en contra del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de ColombiaFONCOLPUERTOS-, con el fin de obtener a favor de los

mencionados (Marco Aníbal Rojas Lizarazo, Jaime Jimeno Ponce, Héctor Eladio Maury Argüello, Jorge Eliecer Fontalvo Sánchez, Napoleón José Orozco García, Eugenio Francisco Narváez Bula y Julio Víctor Escobar Gamboa) la reliquidación de factores prestacionales improcedentes -trienios-; demanda

que conoció el Juez Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla, quien, mediante fallo del 6 de marzo de 1998, ordenó el pago derivado de las acreencias solicitadas. En consecuencia, el 8 de junio de ese mismo año, las partes suscribieron acuerdo conciliatorio por la cuantía de $1.613.000.000.oo, valor aceptado por la referida entidad como deuda pública a través del acto administrativo No. 15026 , sufragado con títulos de tesorería Clase B.»

III. ANTECEDENTES PROCESALES

3. Con ocasión de una compulsa de copias ordenada en la sentencia de consulta proferida el 29 de noviembre de 2002, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de

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Marco Aníbal Rojas Lizarazo y otros Barranquilla1, el 9 de junio de 2003, la Dirección Seccional de Fiscalías Unidad Investigativa Especial de Foncolpuertos, dispuso la apertura de instrucción; y, vinculó, mediante indagatoria a MARCOS ANÍBAL ROJAS LIZARAZO, Jaime Jimeno Ponce, Jorge Eliécer Fontalvo Sánchez, Héctor Eladio Maury Argüello, Napoleón José Orozco García, Eugenio Francisco Narváez Bula y Julio Víctor Escobar Gamboa. El 11 de agosto de 2011, hizo lo propio respecto de David Enrique Orozco Camacho; diligencias que se materializaron el 25 de enero de 20122, excepto la del último ciudadano que fue declarado persona ausente el 8 de abril del mismo año3.

4. Cerrada la investigación por la Fiscalía 6ª Delegada

de la Unidad Nacional Anticorrupción4, el 21 de marzo de 2013, se profirió resolución de acusación contra todos los implicados como presuntos determinadores del delito de peculado por apropiación agravado por la cuantía, artículo 397-2 del Código Penal5; decisión que fue confirmada en segunda instancia mediante resolución del 17 de julio de 20146. 1 Providencia que revocó el fallo emitido el 6 de marzo de 1998, por el Juzgado 6º Laboral del Circuito de Barranquilla, que condenó al Fondo Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia Foncolpuertos, a reconocer y pagar las sumas de dinero que por reliquidación de factores prestacionales solicitaron MARCOS ANÍBAL ROJAS LIZARAZO, Jaime Jimeno Ponce, Jorge Eliécer Fontalvo Sánchez, Héctor Eladio Maury Argüello, Napoleón José Orozco García, Eugenio Francisco Narváez Bula, Julio Víctor Escobar Gamboa. Fl. 2-17, Cdo. Instrucción No. 1. 2 Archivo Digital, cuaderno principal instrucción Fiscalía 2, fs 180-220. 3 Fs. 254-266, ib. 4 16 octubre 2018, fl. 3, Archivo Digital, cuaderno principal instrucción Fiscalía 2 5 Fs. 60-105, ib. 6 Fs. 308 ib. 3 Casación N° 65044

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5. El Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogotá, en virtud del acuerdo PSAA13-9987 del 16 de septiembre de 2013mediante el cual se le asignó competencia exclusiva en los procesos que involucraran temas de FONCOLPUERTOS y CAJANAL-, el 3 de octubre de 20147, avocó conocimiento de la actuación; el 3 de septiembre de 2015, realizó la audiencia preparatoria8. La pública de juzgamiento la llevó a cabo los días 1º9, 210 de diciembre de 2015, 21 de abril de 201611, 2 de marzo12, 1413 y 1514 septiembre de 2017.

6. El 10 de noviembre de 2021, el juzgado de conocimiento, emitió sentencia por medio de la cual: i) decretó la prescripción de la acción penal en relación con el delito de peculado por apropiación, por el que fueron acusados Julio Víctor Escobar Gamboa y Eugenio Narváez Bula15; en consecuencia, ordenó la cesación de procedimiento a su favor; ii) e impuso las siguientes penas en 7 Cuaderno original número 1 del Juzgado, fl 4. 8 Fs. 84-91 ib. 9 Cuaderno original número 2 del Juzgado, fl 1-4. 10 Fs. 11-13 ib. 11 Fs. 382 ib. 12 Cuaderno original número 3 del Juzgado, fl 227-228. 13 Fs. 266-268 ib. 14 Fs. 271-273, 15 Al respecto consideró; « con ocasión de las resultas del proceso laboral, los señores JULIO ESCOBAR GAMBOA y EUGENIO NARVAEZ BULA percibieron, en su orden, 67,70 y 169,75 SMLMV, aspecto que sitúa su comportamiento en la adecuación típica

del reato de peculado por apropiación simple, esto es, en cuantía superior a los 50 e inferior a los 200 SMLMV; por lo que el señalamiento criminal que erradamente y de forma general formuló la Fiscalía en el pliego de cargos de peculado por apropiación agravado aplica únicamente en lo que a los demás convocados se refiere, quienes percibieron montos superiores a los mencionados 200 SMLMV… el interregno de quince (15) años contabilizados desde el 12 de junio de 1998, hasta el 17 de julio de 2014. fecha en que cobro ejecutoria la resolución de acusación; lapso en el que se agotaron 16 años, 1 mes v 5 días, de donde se colige que el anunciado fenómeno extintivo, en lo que remite a las conductas constitutivas del reato de peculado por apropiación simple, se vieron afectadas por el fenómeno prescriptivo en fase sumarial…». Fl. 28 y ss, sentencia 1ª Instancia. 4 Casación N° 65044

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Marco Aníbal Rojas Lizarazo y otros calidad de determinadores del delito de peculado por apropiación agravado por la cuantía (Art. 397-2 CP.), a: Procesado Pena Pena Inhabilitación privativa Multa ejercicio derechos y libertad SMLMV funciones públicas (meses) David Enrique Orozco 90 6.641,92 90 meses + pena Camacho accesoria inhabilitación ejercer abogacía x 5 meses y 13 días. Héctor Eladio Maury 83 4.355,67 83 meses

Argüello Jorge Eliécer Fontalvo 79 902.73 79 meses Sánchez MARCOS ANÍBAL 77 352.26 77 meses ROJAS LIZARAZO Napoleón José Orozco 73 352.26 73 meses García Jaime Jimeno Ponce 73 320.37 73 meses Le negó a los sentenciados la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sin embargo, excepto a David Enrique Orozco Camacho, a los demás les concedió la prisión domiciliaria. Finalmente, condenó a todos los implicados a pagar a favor de la Nación y a través de la Unidad de Gestión 5 Casación N° 65044

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Marco Aníbal Rojas Lizarazo y otros Pensional y Parafiscales -UGPP-, los perjuicios ocasionados con el delito y por el cual fueron condenados16.

7. Interpuestos recursos de apelación por la defensa de

MARCO ANÍBAL ROJAS LIZARAZO, Jaime Jimeno Ponce, Héctor Eladio Maury Argüello, Jorge Eliecer Fontalvo Sánchez y Napoleón José Orozco García, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en fallo del 23 de marzo de 2023, impartió su confirmación17. 8.- Contra esta última decisión, los representantes judiciales de los precitados promovieron recurso extraordinario de casación; sin embargo, mediante auto del 15 de septiembre de 2023, el Tribunal de Bogotá declaró desierto el recurso presentado por la defensa de Jaime Jimeno Ponce, Héctor Eladio Maury Argüello, Jorge Eliecer Fontalvo Sánchez

y Napoleón José Orozco García18; decisión confirmada el siguiente 17 de octubre, al resolver el recurso de reposición19.

IV. LA DEMANDA

16 Beneficiario Valor Pagado En SMLMV 1998 16 Marcos Aníbal Rojas $96.500.000.oo 473.44 Lizarazo Jaime Jimeno Ponce $65.300.000.oo 320.37 Jorge Eliecer Fontalvo Sánchez $184.000.000.oo 902.73 Héctor Eladio Maury Argüello $887.000.000.oo 4.355.67 Napoleón José Orozco García $71.800.000.oo 352.26 Eugenio Francisco Narváez Bula. $34.600.000.oo 169.75 Julio Víctor Escobar Gamboa $13.800.000.oo 67.70 17 Fs. 2-22, Cdo. Segunda instancia 18 Fs. 234-237, ib. 19 Fs. 272-276, ib. 6 Casación N° 65044

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9. Previa identificación de los hechos, sujetos procesales y de la actuación procesal, el demandante postula tres cargos por la senda de la causal tercera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, que sustenta de la siguiente forma: 9.1. En el primer cargo alega que se vulneró el debido proceso, porque para cuando se profirió la resolución de acusación la acción penal se encontraba prescrita.

Plantea que el delito de peculado por apropiación exige un sujeto activo cualificado, esto es, el de servidor público y, para la época de los hechos, el implicado no ostentaba esa

calidad, era un particular; por tanto, le es aplicable el grado de «simple interviniente», al tenor del artículo 30 de la Ley 599 de 2000. En ese contexto, considera que el término prescriptivo para la conducta punible prevista en el inciso 2º del artículo 397 del Código Penal, no puede ser superior a «una cuarta parte» de la pena máxima -20 años-; por tanto, el lapso a contabilizar para efectos de la prescripción es de 5 años. -. Así las cosas, como el delito se concretó con el pago de las sumas ordenadas en la sentencia laboral, pactadas en el acta de conciliación del 8 de junio de 1998, esto es, el 12 del mismo mes y año, operó la prescripción debido a que, para cuando se dictó la resolución de acusación de segunda 7 Casación N° 65044

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Marco Aníbal Rojas Lizarazo y otros instancia -17 de julio de 2014-, habían transcurrido más de 16 años. Por lo anterior, solicitó declarar la prescripción de la acción penal. 9.2. En el segundo cargo alegó que la sentencia de condena se dictó en un juicio viciado de nulidad, por cuanto el juez A quo carecía de competencia para conocer de la actuación y proferir la sentencia; y, en ese orden, se violentó el debido proceso y el principio de juez natural. Sí los hechos ocurrieron en la ciudad de Barranquilla, el juez natural para investigar y juzgar a MARCO ANÍBAL ROJAS LIZARAZO, era el juez penal del circuito de dicha

ciudad; especialmente, cuando los procesados residen en este lugar y las pruebas «más valiosas» también se encuentran allí. El diligenciamiento no se tramitó en Bogotá «porque se haya pensado que el inspector del trabajo donde se realizó la conciliación haya sido el de Cundinamarca, o porque se haya determinado a los funcionarios de una entidad del orden nacional cuyo domicilio es la capital de la república (sic)», sino, por la creación de jueces de descongestión dedicados a atender los casos de Foncolpuertos, lo que no constituye violación del principio de juez natural, dadas las facultades conferidas al Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 85.5 de la Ley 270 de 1996. 8 Casación N° 65044

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Marco Aníbal Rojas Lizarazo y otros En todo caso, ningún factor de competencia establece que los procesados relacionados con la defraudación de Foncolpuertos debiera tramitarse en Bogotá, máxime que a través del Acuerdo PSAA09-6062 del 1 de julio de 2009 se dispuso que, desde el 30 de septiembre del mismo año, la competencia frente a esos asuntos continuaría regulándose bajo los parámetros y normas establecidos en el Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, solicitó la nulidad de la actuación desde el momento en que el Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogotá, asumió el conocimiento de la actuación. 9.3. En el tercer cargo el defensor argumentó que el Tribunal incurrió en una motivación aparente o sofística,

«pues con base en una serie de errores de hecho se ha construido una realidad diferente al factum llegándose por esta vía a conclusiones abiertamente equívocas». Lo anterior, por cuanto el acusado no «tuvo dominio del injusto», debido a que es una persona iletrada, con escasa o nula formación académica, solamente es bachiller; de modo que no pudo haber determinado a los altos directivos de

FONCOLPUERTOS.

El fallo de primera instancia utilizó un lenguaje «parasitario», porque en la primera página sostuvo que la investigación se adelantó contra el implicado para lograr «el 9 Casación N° 65044

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Marco Aníbal Rojas Lizarazo y otros reconocimiento y pago de acreencias laborales carentes de sustento fáctico y jurídico», siendo que ello no se encuentra respaldado por ninguna prueba; pues, ROJAS LIZARAZO no fue quien hizo el reclamo sino sus abogados, los cuales «fueron los verdaderos determinadores de los actos delictivos en los que resultó víctima el Estado». El grado de participación que los jueces encontraron acreditada, resulta imposible estructurarse en el caso de estudio, puesto que el implicado ni siquiera conoce la ciudad de Bogotá, es más, se demostró que no tuvo relación con los jueces -no indica cuáles-, para de allí concluir que fue la persona que provocó, generó o infundió en los funcionarios de Foncolpuertos y judiciales, ese interés para defraudar el patrimonio estatal. Todo lo contrario, las reglas de la

experiencia indican que «este humilde señor iletrado, jamás hubiera podido determinar a esos ejecutivos». Reitera, que la calidad de determinador solo es atribuible a los abogados y a personas de «cierta importancia» que pudieran tener contacto con los directivos y fraguar el «convenio, orden, consejo o en fin, esa comunicación entre determinador y determinado exigida por la doctrina». En el caso concreto no se conocen los funcionarios determinados por el acusado, ni cuándo, cómo y dónde se produjo el acuerdo entre determinador y determinado. A lo sumo, de acuerdo a lo acreditado, el investigado simplemente «prestó su concurso para inducir en error a los funcionarios 10 Casación N° 65044

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Marco Aníbal Rojas Lizarazo y otros encargados de los pagos en Foncolpuertos», lo que se adecúa al delito de fraude procesal. De otra parte, dice que se incurrió en «nulidad por violación del Debido Proceso, en materia de responsabilidad (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad)», pues los fallos «no explicaron ni desarrollaron el tema del “Determinador”», «ni comprobaron el “dolo”». Sobre el último, el Ad quem únicamente lo dedujo de las maniobras orientadas a ajustar su mesada en una mayor cuantía, de la apropiación de los bienes del Estado y del hecho de haber laborado en Puertos de Colombia, pero no identificó la prueba de la plena conciencia de la ilicitud y del conocimiento de los elementos del tipo de peculado por apropiación

Ante la falta de motivación al respecto, procede la nulidad de la sentencia de segunda instancia, para que el Tribunal se pronuncie conforme a derecho, «con el fin de facilitar, mañana, la posibilidad de interposición de recursos.»

V. CONSIDERACIONES

10. En cualquier régimen el recurso de casación atiende a unos fines superiores cuales son la reparación de los agravios inferidos a las partes con la sentencia censurada, la incolumidad del derecho material y de las garantías

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Marco Aníbal Rojas Lizarazo y otros fundamentales de los intervinientes en la actuación, y la unificación de la jurisprudencia.

11. Sin embargo, ello no significa que este sea un mecanismo de libre configuración, desprovisto de todo rigor, y que tenga como objetivo abrir un espacio procesal semejante al de las instancias para prolongar el debate respecto de los puntos que han sido materia de controversia; pues, al proponer el recurso el censor debe sujetarse a las causales taxativamente señaladas en el ordenamiento procesal, y con observancia de los presupuestos de lógica y argumentación inherentes a cada motivo extraordinario, persuadir a la Corte de que a raíz de la decisión cuestionada urge hacer efectiva alguna de aquellas finalidades.

12. La Sala observa que en el presente asunto el impugnante no atendió las exigencias previstas en la ley y la jurisprudencia para la acreditación objetiva de vicios susceptibles de denunciar ante esta sede.

13. Tratándose de la pretensión de invalidación de la actuación en los términos de la causal tercera prevista en el

artículo 207 del Código de Procedimiento Penal de 2000, la Sala tiene dicho que los motivos de ineficacia de los actos procesales no son de libre proposición; por el contrario, se hallan sometidos al cumplimiento de precisos postulados que los dotan de sentido y los hacen operantes. 12 Casación N° 65044

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14. De este modo, la fundamentación del ataque debe hacerse a la luz de los principios de taxatividad20, acreditación21, convalidación22, instrumentalidad de las formas23, protección24, trascendencia25 y residualidad26, pues, si se avizora que el defecto denunciado no logra afectar en su esencialidad el desarrollo de la actuación, ni alterar lo decidido en el fallo impugnado, no hay lugar a la admisión de la censura. 15.- Y aun cuando la Corte ha admitido flexibilidad en su postulación y desarrollo en casación, también ha precisado que tal libertad no permite dar tránsito a cualquier escrito que exponga la existencia de un motivo de ineficacia de lo actuado.

16. Por eso, no resulta viable invocar, a manera de razón invalidante, todo aquello que no se hizo o no se obtuvo en las instancias, o que, habiendo sido objeto de 20 Solo es posible plantear nulidades por los motivos expresamente previstos en la ley. 21 Quien alega la configuración de un vicio enervante, debe especificar la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya.

22 Aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales. 23 No es dable declarar la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad prevista por el legislador. Como las formas no son un fin en sí mismo, a pesar de que el acto procesal no se ajuste estrictamente a las formalidades preestablecidas en la ley para su producción, lo importante es que haya alcanzado el propósito para el cual está destinado. 24 No puede invocarlas el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del motivo invalidatorio, salvo que se trate de ausencia de defensa técnica. 25 Quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la investigación y/o el juzgamiento y que la magnitud del defecto tenga incidencia en el sentido de justicia incorporado a la sentencia. 26 La declaratoria de nulidad debe ser el único remedio procesal para subsanar el yerro detectado. 13 Casación N° 65044

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Marco Aníbal Rojas Lizarazo y otros pronunciamiento por la autoridad judicial, no fue del agrado de la parte afectada.

17. Para hacer viable la admisión de un cargo por nulidad, resulta imperativo para el censor identificar el tipo de irregularidad sustancial que alega –si de garantía o de estructura–, acreditar su configuración, indicar la norma o normas violadas, especificar su cobertura invalidatoria y, tal

vez lo más importante, demostrar la trascendencia del yerro, vale decir, por qué tiene la aptitud de afectar la validez del fallo cuestionado.

18. Teniendo en cuenta estos derroteros, procederá la Sala a examinar si se colman esos postulados en cada uno de los cargos propuestos en la demanda presentada por el

defensor de MARCO ANÍBAL ROJAS LIZARAZO.

Del primer cargo

19. Cuando de afirmar la consolidación del fenómeno prescriptivo se trata, el reproche debe ser postulado al amparo de la causal tercera de casación, esto es la de nulidad, pero su fundamentación ha de realizarse conforme al rito de la violación directa de la ley sustancial; pues, esta especie de censura se refiere únicamente a la constatación objetiva del paso del tiempo por el que se configura legalmente la pérdida de la potestad punitiva del Estado, acompasado con la pena máxima prevista en la ley para la especie de delito atribuido al acusado; en consecuencia, el

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Marco Aníbal Rojas Lizarazo y otros impugnante no puede cuestionar los hechos ni la adecuación típica por los cuales se ha dictado la condena27.

20. En el presente caso, aun cuando el demandante seleccionó adecuadamente la ruta de ataque, la sustentación del reproche vulneró los principios de crítica vinculante y autonomía, en tanto exploró reparos que no se avienen a la pretensión extintiva de la acción penal, al paso que se caracterizó por marcadas inconsistencias que desatienden lo declarado en las sentencias y conducen a la violación del

postulado de corrección material.

21. En efecto, contrariando los fundamento de los fallos de instancia, el recurrente desconoció que MARCO ANÍBAL ROJAS LIZARAZO no fue acusado y condenado como interviniente del punible de peculado por apropiación agravado, sino a título de determinador, lo que lo obliga a contabilizar el término de prescripción conforme a este grado de participación.

22. Si el censor pretendía otra cosa, estaba impelido a acreditar por la vía directa o indirecta, en un primer cargo, de naturaleza principal, que los falladores erraron al dejar de deducir la calidad de interviniente en favor del implicado, para ahí sí, reclamar, como consecuencia de lo anterior, un cómputo diferente del término prescriptivo, que involucre 27 CSJ AP5644-2017, 30 Ag. Rad. 49418.

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Marco Aníbal Rojas Lizarazo y otros una reducción de una cuarta parte, en los términos del artículo 30 de la Ley 599 de 2000.

23. Como no lo hizo, el cómputo de la prescripción de la acción penal, debe hacerse de acuerdo a la imputación predicada en la sentencia impugnada y en la que se indicó que el implicado determinó a los servidores públicos para que al suscribir las actas de conciliación se comprometieran indebidamente los caudales públicos.

24. Estando de acuerdo, entonces, en que esos son los hitos a atender en el cómputo de la prescripción de la acción penal, es manifiesto que, distinto a lo sostenido por el

recurrente, no operó el fenómeno extintivo de la acción respecto del delito enrostrado; pues, como bien lo precisó el juez A quo, si el delito de peculado por apropiación agravado tiene una pena que oscila entre los 6 años y 22 años y 6 meses de prisión (Art. 397-2 Ley 599/2000), el término de prescripción máximo a verificar sería de 20 años conforme lo enseña el canon 83 del estatuto sustancial penal, antes de la ejecutoria de la acusación y de 10 años luego de ésta, conforme el 86 de la misma normativa.

25. En ese sentido, conforme lo sostenido por las instancias -tema que no fue criticado por el recurrente-, la prescripción debe analizarse a partir de las fechas donde se

16 Casación N° 65044

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Marco Aníbal Rojas Lizarazo y otros concretaron los actos de apropiación, esto es, 12 de junio de 199828.

26. Ahora, con la ejecutoria de la resolución de acusación que se materializó con la decisión confirmatoria del llamado a juicio del 17 de julio de 2014, se interrumpió el plazo de 20 años que se extendía hasta el 2018, y una vez comenzó a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado –artículo 86 del Código Penaltampoco se ha alcanzado el máximo del cual dispone la judicatura para definir el asunto, pues, los 10 años que ello significa, ocurrirían el 14 de julio de 2024.

27. En ese orden, es claro que el Estado no perdió la

facultad para continuar ejerciendo la acción penal, por tanto, no es posible la admisión del cargo. Del segundo cargo

28. La Sala de Casación Penal ha sido persistente en indicar que el motivo de nulidad por falta de competencia, debe proponerse al tenor de la causal tercera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, pero en su desarrollo corresponde al impugnante satisfacer las exigencias argumentativas previstas para la violación de la ley sustancial, precisar si el quebrantamiento es directo o indirecto y especificar la 28 «cuando acatando lo dispuesto en las resoluciones 2226 de FONCOLPUERTOS y la resolución 1502 de la misma data proferida por el Ministerio de Hacienda y Crédito

Público, se alcanzó el pago de los dineros con bonos TES D.C.V. 138-00-2-001019-4 de SERFINCO, por el monto total de $1.613'000.000, dentro del que se encuentra el pago de $1.358'800.000 materia de esta causa penal.» 17 Casación N° 65044

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Marco Aníbal Rojas Lizarazo y otros modalidad de error por el que se materializa, so pena de que su formulación se torne incomprensible o insuficiente de cara a desvirtuar las presunciones de acierto y legalidad que amparan la sentencia29.

29. En el presente caso, el defensor se apoyó en la causal tercera de casación (Art. 207 Ley 600/2000), pero omitió especificar el motivo de nulidad (Art. 306 ibidem), ni indicó si se trataba de un yerro de estructura o de garantía,

tampoco dijo si el presunto error ocurrió por aplicación indebida, exclusión evidente o interpretación errónea de una norma de carácter sustancial y mucho menos identificó las normas presuntamente transgredidas.

30. Incluso, se separó del norte que le imponía la acreditación del yerro denunciado, para adentrarse en una crítica indiscriminada de la «valoración de los hechos» y el grado de participación atribuido al acusado, al punto que, vulnerando los principios de crítica vinculante y autonomía, sin ninguna fórmula de juicio, aseveró que se infringió una presunta «regla de la experiencia» que indicaría que «los funcionarios determinados fueron los jueces laborales de Barranquilla», propuesta que tendría que haber intentado por la vía del error de hecho por falso raciocinio, eso sí sin vocación de éxito, por cuanto tal postulado no responde a parámetros de universalidad y vocación de permanencia en el tiempo en un contexto socio histórico determinado.

29 Cfr. CSJ SP511-2018, 28 Feb. Rad. 47489. 18 Casación N° 65044

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31. Más allá del solo parecer del letrado, en el sentido que el proceso debió adelantarse en la ciudad de Barranquilla, porque allí se ejecutaron las conductas punibles juzgadas, el enjuiciado reside en la misma y las pruebas «más valiosas» también se encuentran en ese lugar, no hizo ningún esfuerzo por justificar qué trascendencia tuvo para los fines del debido proceso o de la defensa que el juicio

se hubiera realizado en la ciudad capital.

32. Es claro además que la actuación fue tramitada por un juez, en función de descongestión, en cumplimiento de las directrices de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la cual está facultada por los artículos 63 y 85.5 de la Ley 270 de 1996 para descongestionar los despachos judiciales, mediante la redistribución de asuntos, o creando cargos de jueces y magistrados, con carácter transitorio, atribución de competencia respecto de la cual el censor admite que no contrae violación del principio de juez natural.

33. De tiempo atrás, la Sala de Casación Penal se ha pronunciado sobre el tema, «(…) para indicar que la competencia para conocer en primera instancia de los delitos relacionados específicamente con el proceso de liquidación de Puertos de Colombia corresponde a los Juzgados Penales del Circuito de Descongestión para Foncolpuertos de Bogotá, y la segunda instancia, a la Sala Penal de Descongestión FONCOLPUERTOS del Tribunal Superior de Bogotá.30» 30 CSJ SP, 22 ago. 2008, rad. 26.483.

19 Casación N° 65044

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Marco Aníbal Rojas Lizarazo y otros

34. Ahora, si bien el censor se apoyó en el Acuerdo PSAA09-6062 del 1 de julio de 2009, del Consejo Superior de la Judicatura para afirmar que, desde el 30 de septiembre del mismo año, la competencia frente a los procesos de esta estirpe continuaría regulándose conforme al Código de Procedimiento Penal y, la Corte constata que, en su artículo

3º, se estableció que «el Juzgado Penal de Circuito Especializado de Descongestión para Foncolpuertos y Cajanal, redistribuirá todos los procesos pendientes a los Juzgados Penales Especializado del país competentes para continuar con su trámite, de conformidad con las reglas establecidas en las normas procesales», el casacionista omitió considerar que, el a quo asumió el conocimiento del asunto, al tenor del Acuerdo PSSA-13-9987 de 16 de septiembre de 2013, a través del cual «asignó al Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogotá, el conocimiento de manera exclusiva de todos los procesos que se tramitan contra Foncolpuertos y Cajanal», disposición que aún hoy sigue vigente.

35. Siendo lo anterior así, no hay lugar a admitir el reproche.

Tercer cargo.

36. No cabe duda que los defectos de motivación, bien sea por ausencia absoluta, deficiencia sustancial o ambigüedad, conllevan a la trasgresión de los derechos al debido proceso y a la defensa y pueden ser atacados por la

20 Casación N° 65044

CUI Nº 11001310401620140008501

Marco Aníbal Rojas Lizarazo y otros vía de la nulidad; sin embargo, la postulación específica de uno u otro tipo de error no es homogénea, pues la argumentación que los soporta es diversa en cada caso, en tanto el primero apunta a la categórica falta de fundamentación fáctico jurídica del fallo, la segunda, a la ausencia parcial de elementos de juicio suficientes de orden probator