CSJ - AP1511-2021(58205)

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA Magistrado ponente AP1511-2021 Radicación # 58205 Acta 98 Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintiuno (2021).

VISTOS: Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensora de EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO en contra de la sentencia del 16 de diciembre de 2019 expedida por el Tribunal Superior de Bogotá, a través de la cual se confirmó la condena por los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, y homicidio agravado, dictada en su contra por el Juzgado 6° Penal del Circuito Especializado de esta misma ciudad.

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EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO HECHOS: EL Tribunal Superior de Bogotá declaró probado que durante los años 2002 a 2012 EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO, alias “Mincho”, actuó como cabecilla “financiero” de la organización criminal “los rastrojos” que operó en el norte del Valle del Cauca, en especial en el “Cañón de las garrapatas”, y se concertó para delinquir en actividades relacionadas con narcotráfico, siendo responsable del procesamiento y la comercialización de la cocaína con que se financiaba el grupo; de portar y

suministrar armas de uso privativo de la Fuerza Pública para el desarrollo de sus actividades, y del homicidio de Adelina Gallego.

ANTECEDENTES PROCESALES: El 29 de junio de 2012 la Fiscalía 42 Especializada de la Unidad Nacional contra Bandas Emergentes BACRIM formuló imputación en contra de EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO, ante el Juzgado 56 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá, como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado (Artículo 340, inciso 2º y 3º del Código Penal) en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas (Artículo 366 del C.P.) y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado

(Artículo 376 del C. P.) y, como coautor impropio del delito de homicidio agravado (Artículos 103 y 104 del C.P.). La Fiscalía solicitó la legalización de la captura de PELAÉZ JARAMILLO y 2

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EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO del allanamiento realizado. El imputado no aceptó los cargos. Se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.1 Ante el Juzgado 3° Penal del Circuito Especializado de Buga, el 7 de diciembre de 2012 la Fiscalía acusó a PELÁEZ JARAMILLO por los mismos delitos por los que fue imputado.2 La audiencia fue suspendida hasta el 22 de enero de 2013,

fecha en la que la defensa apeló la decisión de negar la nulidad que solicitó argumentando que los hechos imputados no fueron específicos ni circunstanciados. El Tribunal Superior de Buga confirmó la decisión el 2 de abril de 2013, razón por la cual se reanudó la audiencia de acusación el 17 de abril de

20133. La audiencia preparatoria se llevó a cabo los días 15 y 29 de agosto, 24 y 30 de octubre de 2013, y 8 de enero de

20144. En marzo 20 de 2014 la Fiscalía solicitó el cambio de radicación del proceso por amenazas en contra de los Fiscales 42 y 15, cambio que fue ordenado por la Corte mediante AP1817 del 8 de abril de 2014.5

El conocimiento del proceso fue reasignado al Juzgado 6º Penal del Circuito Especializado de Bogotá6. Despacho que reanudó la audiencia preparatoria el 10 de septiembre de 2014, y la continuó el 22 de septiembre y 10 de octubre de 2014 y 11 y 13 de marzo de 20157. El juicio oral se llevó a cabo 1 Cuaderno del Juzgado número 1, folio 36. 2 Cuaderno del Juzgado número 1, folios 59 y 60. 3 Cuaderno del Juzgado número 1, folios 106, 107, 137 y 138. 4 Cuaderno del Juzgado número 1, folio 157, 160, 164, 165 y 167. 5 Cuaderno de la Corte cambio de radicación, folios 25 a 37. 6 Cuaderno número 9 del Juzgado, folio 19. 7 Cuaderno número 9 del Juzgado, folios 69, 71,76,110 y 112.

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EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO a partir del 23 de octubre de 2015 y se continuó el 25 y 26 de enero, 2 y 30 de marzo, 14 y 15 de julio, 5 de septiembre, 19 de octubre8 y 2 de noviembre de 2016; 13 de junio, 13 de julio9, 16 de agosto de 2017; 5 y 8 de febrero, 18 de abril, 16 de mayo y 11 de diciembre de 2018, y 7 de marzo de 2019.10 El 25 de junio de 2019 se dictó sentencia condenatoria en contra de EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO como autor del delito de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo y en calidad de coautor impropio de los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, en concurso homogéneo y sucesivo con homicidio agravado. Se le impuso la pena principal de 472 meses de prisión y multa de 6718 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la accesoria de interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años. No se le concedieron subrogados penales.11 Al ser apelado el fallo por la defensora del acusado, el 16 de diciembre de 2019 el Tribunal Superior de Bogotá modificó el numeral primero en el sentido de condenar a EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO como autor mediato de los

delitos por los cuales fue acusado, en los demás aspectos, la sentencia quedó incólume.12 En contra de este 8 Cuaderno del Juzgado número 9, folios 176,187, 189,192, 211, 222, 225, 229 y 236. 9 Cuaderno del Juzgado número 10, folios 5, 193 y 206. 10 Cuaderno del Juzgado número 11, folio 24, 33, 69, 72, 115 y 162. 11 Cuaderno del Juzgado número 11, folios 182 a 209. 12 Cuaderno del Tribunal, folios 6 al 44. 4

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EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO pronunciamiento la defensa técnica interpuso el recurso extraordinario de Casación.13

LA DEMANDA: La libelista formuló dos cargos.

Primer cargo. Con fundamento en la causal segunda del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, acusó la sentencia por haberse dictado en una actuación judicial viciada de nulidad por desconocimiento del debido proceso que afectó gravemente el derecho de defensa del procesado, en razón a que el aspecto fáctico de la acusación no fue claro, preciso ni circunstanciado, lo que impidió que el acusado conociera en concreto los actos que se le imputaron y, por ende, que pudiera ejercer su derecho de defensa. Luego de indicar, con fundamento en una sentencia de la Corte, que la acusación es un elemento estructural del proceso que delimita los aspectos fácticos, y trascendente en materia de garantías, la apoderada transcribió los 14 folios

que constituyen el aparte de los hechos del escrito de acusación presentado por la Fiscalía. A continuación, afirmó que el ente investigador confundió los hechos jurídicos relevantes, con actos de investigación y hechos indicadores. Para su argumentación, consignó varios apartes de la 13 Cuaderno del Tribunal, folios 53 a 110. 5

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EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO sentencia SP5660-2018 dictada por la Sala en el radicado 52311, en los que se precisan dichos conceptos. Posteriormente, señaló que en la acusación realizada por la Fiscalía a su defendido no existen hechos jurídicamente relevantes sino una relación de actos de investigación de la policía judicial y un operativo en el que se incautaron un sinnúmero de elementos, por lo cual manifestó que “se acusó a Edilson Antonio Peláez Jaramillo en abstracto, limitándose sustancialmente su derecho de defensa, entre otras razones, porque la situación fáctica expuesta en el escrito y posteriormente en la acusación, resultó vaga, imprecisa, general y abstracta”.14 Afirmó que la defensa alegó dicha nulidad en la audiencia de acusación, pero fue negada, decisión que confirmó el Tribunal. Posteriormente, reiteró la solicitud y el juez colegiado de manera contradictoria indicó que, si bien la acusación era extensa, a la vez, era puntual, clara y precisa en sus aspectos fácticos y jurídicos, y no declaró la nulidad. Con esta decisión, según dijo la apoderada, se desconoció que, al no contar la acusación con los hechos jurídicos

relevantes, no se atribuyeron conductas concretas al acusado, razón por la cual no era posible realizar la subsunción en alguno de los tipos penales y, fundamentalmente, se impidió al acusado generar su estrategia defensiva. 14 Cuaderno del Tribunal, folio 79. 6

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EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO Agregó que a las falencias de la acusación se le suman los siguientes factores de nulidad: (i) que el fallo se sustentó en razonamientos incorrectos que vulneran el principio de la lógica de razón suficiente al incurrir en la falacia de petición de principio; (ii) la motivación del fallo fue deficiente, incompleta o escasa pues el a quo se limitó a transcribir los testimonios sin realizar el análisis correspondiente, y (iii) que la confusión de la Fiscalía en la acusación entre la coautoría impropia con la autoría mediata por responsabilidad en cadena de mando, generó incertidumbre en los falladores de instancia pues, mientras el A quo condenó al acusado como autor del concierto para delinquir y coautor impropio de las demás conductas, el Ad quem lo hizo como coautor mediato de todas las conductas imputadas. Después de manifestar en qué consisten cada uno de los grados de participación y destacar la importancia de su precisión para ejercer adecuadamente el derecho de defensa, agregó que la incertidumbre en el grado de participación en las conductas por las que fue acusado PELÁEZ JARAMILLO vulneró gravemente su derecho de defensa. Además, aseveró que esta

falla no se puede subsanar con la simple afirmación del Ad quem relativa a que la variación en la participación no resulta más gravosa para el acusado. Indicó que la nulidad solicitada es taxativa, emana del artículo 29 de la Constitución Política y está contemplada en el artículo 457 de la Ley 906 de 2004. Con fundamento en jurisprudencia de la Corte, afirmó que la garantía del derecho a la defensa depende de una determinación exacta, circunstanciada y concreta de la conducta que se atribuye al 7

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EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO acusado pues de no hacerlo, se impide la delimitación probatoria y se obstaculiza el debate correspondiente en el juicio. También señaló que la nulidad es procedente en virtud del principio de instrumentalidad pues el acto de acusación no cumplió con la finalidad para el cual está destinado. Sobre la trascendencia, manifestó que, al vulnerarse la garantía fundamental al debido proceso y debido proceso probatorio, se afectó de manera irreparable la estructura del proceso y el derecho de defensa. Finalmente, indicó que, al no existir otro remedio procesal para subsanar el error, la nulidad es procedente. Solicitó, en consecuencia, que se declare la nulidad a partir de la acusación y se ordene rehacer toda la actuación. Segundo Cargo. Luego de señalar que para este cargo no se aceptan los hechos ni la valoración probatoria, con fundamento en la causal 3ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 acusó la

sentencia por el manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia derivado de falso raciocinio “en la irracional apreciación que se hizo sobre los testimonios de José Gerardo Bueno Bueno y Jhonier Perea Hincapié, quienes manifestaron ser miembros de la organización criminal de “los rastrojos”, y declararon en virtud de la “negociación” 8

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EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO adelantada con la Fiscalía, para resolver su situación jurídica.”15 Afirmó que el Tribunal incurrió en la falacia de petición de principio al dar por probada, a partir de testigos que “trabajan” para la Fiscalía, la existencia de una empresa criminal dedicada al narcotráfico que operaba en el “Cañón de las garrapatas”, ubicado en el norte del Valle del Cauca, y señalar que PELÁEZ JARAMILLO era uno de los cabecillas que se encargaban de comprar la base de coca a los campesinos y “cristalizarla” para producir cocaína, y luego de comercializarla, financiar al grupo ilegal. Además, que portaba y suministraba al grupo armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y ordenó el homicidio de Adelina Gallego. Cuestionó que en la acreditación del testigo José Gerardo Bueno Bueno, la Fiscalía sólo lo interrogó por su documento de identificación, el grado de instrucción y la edad, sin indagar sobre su situación jurídica o las actividades a las que se dedicó a partir del 6 de septiembre de 2009, fecha en la que manifestó que se entregó a las autoridades en el

operativo realizado en el “Cañón de las garrapatas” por el DAS y el Ejército Nacional. Y, además, pese a que éste afirmó pertenecer durante varios años a la organización ilegal, la Fiscalía no precisó que hubiera sido judicializado. Dijo también que, según su indagación personal, aunque el testigo no fue favorecido por un principio de oportunidad, 15 Cuaderno del Tribunal, folio 91. 9

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EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO rindió testimonio en 16 oportunidades, en las que se produjeron sentencias condenatorias con esta única prueba. En su opinión, es un testigo que “trabaja” para la Fiscalía, es sospechoso e interesado, y fue incorporado en el programa de protección de testigos para recibir dádivas, entre las que destacó su manutención y la de su familia, vestuario, vivienda, dinero y protección. Expresó la libelista que las afirmaciones realizadas por José Gerardo Bueno Bueno son genéricas e imprecisas y demuestran que fue preparado por el ente investigador. Así se demuestra, según dijo: (i) cuando indicó que decidió entregarse al Ejército en razón a que venía colaborando con algunos integrantes de esa institución, sin mencionar los nombres ni en qué consistió la colaboración; (ii) al señalar que entregó caletas, armamento, material bélico y documentos, sin establecer en dónde lo hizo, sus cantidades y sus características (iv) al manifestar que durante 8 años y a pesar de haber desempeñado varios cargos, entre los que destacó que fue escolta del cabecilla conocido con el alias de

“Piolín”, sólo vio en 3 oportunidades a alias “Mincho”, apodo con el que dijo haber conocido a PELÁEZ JARAMILLO, sin precisar las fechas en que esto ocurrió ni los sitios en donde están ubicadas las fincas que mencionó; (v) al indicar que en la tercera oportunidad que lo vio, se presentó un encuentro entre “Mincho”, “Chorizo”, “Talibán”, “Patarrancia” y “Guerrero” para recibir un armamento, sin informar de qué tipo de armamento se trataba, ni quién lo llevó. 10

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EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO Afirmó, además, que el testimonio de José Gerardo Bueno Bueno no es confiable y es contradictorio. Durante el juicio, según dijo, éste señaló que se entregó a la Fuerza Pública por problemas internos con la organización ilegal, y anteriormente, en la versión rendida ante la Fiscalía que fue utilizada por la defensa para confrontar su dicho, había indicado que se entregó por estar enfermo, “licenciado” o incapacitado y sin plata. Pese a esto, el Tribunal consideró su testimonio como creíble, fluido, espontáneo, con clara precisión de fechas y lugares, cuando la única fecha que mencionó fue la de su entrega. El Tribunal, en su opinión, le otorgó credibilidad al considerar irrelevantes las contradicciones e indicar que su versión sobre la existencia del grupo ilegal está corroborada, de un lado, por el investigador de la policía César Gustavo Pedraza Tangarife, quien sólo manifestó que en su labor investigativa conoció de la existencia del grupo ilegal “los

rastrojos” que operaba en el “Cañón de las garrapatas”, creado por los integrantes del “Cartel del Norte del Valle”, para contrarrestar las acciones del grupo “los machos”, creado por alias “Don Diego”. De otro, por el testimonio de Jhoiner Perea Hincapié, quien aseveró que perteneció a “los rastrojos” como comandante militar bajo el alias de “Cobra o Marco”, desde el año 2002 hasta diciembre de 2008, y allí conoció a José Gerardo Bueno Bueno, alias “Peligro”. El argumento anterior, según la apoderada, es una falacia de petición de principio pues el Tribunal declara probada la existencia del grupo ilegal referido por el 11

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EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO investigador de la policía, con fundamento en el testimonio contradictorio y no confiable de José Gerardo Bueno Bueno y lo corrobora mediante el testimonio de Perea Hincapié, el que, según su opinión, ofrece las mismas características. Similar ejercicio, según dijo, lo realizó el Tribunal para señalar que PELÁEZ JARAMILLO es cabecilla de la organización, y es responsable por cadena de mando de un gran número de delitos señalados en el pliego de cargos, con fundamento en actos de investigación que no constituyen hechos jurídicamente relevantes. Insistió la apoderada en que el Tribunal incurrió en falso raciocinio vulnerando el principio lógico de razón suficiente al incurrir en petición de principio, otorgándole credibilidad a las manifestaciones de Gerardo Bueno Bueno y Jhoiner Perea Hincapié, “que traían el encargo específico de

decir, cualquier suerte de afirmaciones, mendaces, situaciones imprecisas como por ejemplo Gerardo Bueno Bueno, afirmó haber visto en 8 años, 3 veces al señor Peláez Jaramillo, y el Estado nunca averiguó porque?”.16 Solicitó casar la sentencia y, en su reemplazo, dictar absolución a favor de su defendido.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

1. La Sala advierte, desde ya, que inadmitirá la demanda de casación pues si bien la demandante ostenta 16 Cuaderno del Tribunal, folio 105.

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EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO legitimación para impugnar la sentencia condenatoria, el escrito no reúne los requisitos exigidos en los artículos 183 y 184 de la Ley 906 de 2004 para el recurso extraordinario e incumple con los criterios desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para su estructuración. La Sala tampoco observa que deba superar los defectos de la demanda para atender alguna de las finalidades del recurso. La demanda de casación es el instrumento dispuesto para que el recurrente demuestre la validez de sus pretensiones y, conforme lo establece el inciso 2° del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, no será admitida cuando el actor carece de interés, no señala la causal ni sustenta los cargos o cuando de su contexto se advierte que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso. Por lo tanto, el juicio de admisibilidad, como lo ha sostenido la Sala, comprende los aspectos de idoneidad formal y material, el primero relacionado con el cumplimiento de las exigencias

de claridad, concreción y debida fundamentación y, el segundo, con la aptitud del escrito para la realización de los fines del recurso. La idoneidad formal determina que el libelo impugnatorio no puede ser un escrito de libre elaboración y debe cumplir con unas mínimas condiciones de admisibilidad, tales como: (i) acreditar el agravio a los derechos o garantías ocasionado por la sentencia, (ii) señalar la causal de casación sujetándose a los parámetros lógicos, argumentales y de postulación propios de la causal invocada, 13

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EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO y (iii) determinar la necesidad del fallo de casación para alcanzar alguna de las finalidades señaladas para el recurso en el artículo 180 de la Ley 906 de 200417. También la demanda debe enmarcarse en los principios que gobiernan el recurso extraordinario de casación, entre los que destacan para el presente caso, los de claridad y precisión, sustentación suficiente y corrección material. El primero impone que el libelista señale de forma inteligible y concreta el problema jurídico. El segundo, por su parte, que la demanda debe bastarse por sí misma para provocar la anulación del fallo, el cual goza de la doble presunción de legalidad y acierto. Y, finalmente, el tercero exige que los argumentos esgrimidos se sujeten a la realidad procesal.18 Lo anterior, sin embargo, no es obstáculo para que, como lo determina el inciso 3° del artículo 184 del Estatuto Procedimental y atendiendo los fines de la casación,

fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, la Corte supere “los defectos de la demanda para decidir de fondo” con el cometido de obtener la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios que le fueran inferidos o la unificación de la jurisprudencia. 17 AP del 13 de junio de 2007, radicado 27537; AP del 25 de julio de 2007, radicado 27810; AP3637 del 27de agosto de 2019, radicado 53402 y AP4322 del 2 de octubre de 2019, entre otros. 18 AP 3439 del 25 de junio de 2014, radicado 41752 y AP4322 del 2 de octubre de 2019, entre otros. 14

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2. Al tener en cuenta que en el primer cargo la recurrente invoca nulidad de la actuación, es necesario recordar que aunque no existe una formalidad para su formulación, no es suficiente que se invoque la existencia de un motivo de invalidación de lo actuado, sino que, como ha sido señalado por la Sala19, se debe precisar el tipo de irregularidad que se alega, demostrar su existencia, acreditar cómo su configuración comporta un vicio de garantía o de estructura y la trascendencia del error para afectar la validez del fallo cuestionado.

Si bien, como motivo para invalidar la actuación procesal la apoderada adujo irregularidades sustanciales en la acusación que vulneraron el debido proceso, el debido

proceso probatorio y el derecho de defensa e indicó que, no obstante haber solicitado la declaratoria de nulidad correspondiente desde el momento mismo en que se realizó la acusación, los falladores de instancia la negaron, la Sala advierte que su argumentación se limitó a catalogar los hechos jurídicamente relevantes contenidos en la acusación como actos de investigación y hechos indicadores, y a señalar que en ningún momento se estableció qué acciones desarrolló el acusado, las fechas en qué las realizó ni los lugares en que se llevaron a cabo. En su opinión, esto imposibilitaba la subsunción en los tipos penales por los que se hizo la acusación. 19 AP791 del 28 de febrero de 2018, radicado 51668, AP1684 del 8 de mayo de 2019, radicado 54658 y AP2063 del 29 de mayo de 2019, radicado 49775, entre otros. 15

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EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO Sin embargo, al revisar los 14 folios transcritos en la demanda sobre los hechos jurídicamente relevantes, la Sala advierte que allí se indicó claramente que en desarrollo de los operativos adelantados por el DAS, con apoyo de las Fuerzas Armadas, en septiembre de 2009 en el “Cañón de las garrapatas”, ubicado en el norte del Valle del Cauca: (i)se ocuparon y destruyeron 14 laboratorios e insumos para el procesamiento de cocaína; (ii) se incautó gran cantidad de material bélico y de intendencia de uso privativo de la Fuerza Pública y (iv) se produjo la entrega de varios integrantes del

grupo ilegal que operaba en la zona, entre los que se encontraba José Gerardo Bueno Bueno, alias “Peligro”, quien indicó pertenecer al grupo “los rastrojos” y, para esos momentos, realizaba la función de pagador general, razón por la cual suministró 3 memorias USB que contenían hojas de vida, inventarios de armamento, “nóminas” y la relación de integrantes de la organización. También se consignó que, de acuerdo con el informe de los investigadores de Policía Judicial Johnny Zambrano Argote y Nelson Tovar Jiménez, con posterioridad a la entrega, José Gerardo Bueno Bueno, Alexander Muñoz Montoya, Jhonier Perea Hincapié y Andrés Israel Ruíz Buitrago, fueron entrevistados, realizaron diligencias de reconocimiento de personas en álbumes fotográficos y declararon en varios procesos, en los que no sólo dieron cuenta de la organización “los rastrojos” y sus actividades sino que, además, identificaron a sus cabecillas, entre los que señalaron a los alias de “Comba”, “Talibán”, “Piolín”, “Guerrero”, “Chorizo”, “Pizarro”, “Tata”, “Harold Pato” y 16

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EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO “Mincho”, a quienes identificaron en fotografías. Sobre este último afirmaron conocerlo desde el 2002 y lo señalaron como uno de los “financieros” del grupo, quien se encargaba de las actividades de narcotráfico. Al verificar la identidad de esta persona, se estableció que responde al nombre de EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO, identificado con la

cédula de ciudadanía número 6.462930 expedida en Sevilla, Valle del Cauca. Se afirmó, igualmente, que José Gerardo Bueno Bueno y Jhonier Perea Hincapié señalaron que el homicidio de Adelina Gallego había sido ordenado por alias “Piolín” por cuanto ella les había suministrado información a las autoridades sobre la organización ilegal. También el exintegrante del grupo Helio Faber Agredo Martínez, mencionó en sus declaraciones que “los rastrojos” realizaron múltiples homicidios selectivos, entre los que mencionó los llevados a cabo en contra de Rigoberto Díaz Quintero, José Walter Carmona Buriticá, Rafael Antonio Raigoza Ruiz, Luis Alfredo Ceballos Valencia, Paulo Antonio Vallejo Ríos y Luis Fernando Morales Idárraga. Con este fundamento fáctico, la Fiscalía consignó en el escrito de acusación que EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO, alías “Mincho”, desde el 2002 hasta el 28 de junio de 2012, se había concertado para delinquir con los otros cabecillas del grupo “los rastrojos”, desarrollando las actividades de almacenamiento y conservación de sustancias estupefacientes, con el fin de comercializarlas y financiar al 17

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EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO grupo armado ilegal, grupo que también había realizado múltiples homicidios.

En estos términos se estableció: “Como puede observarse en precedencia, el acusado EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO, alias MINCHO, a partir del año 2002 y hasta el momento en que se realiza su captura, el 28 de

junio de 2012, es decir, estaba concertado para delinquir y ostentaba el cargo dentro de la estructura Los Rastrojos de Cabecilla, como se ha podido establecer a través de los elementos materiales de prueba a los que se ha hecho mención… (…) Debe dejarse en claro entonces que el acusado EDILSON ANTONIO PELÁZ JARAMILLO, surge como autor de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y narcotráfico, en su rol de cabecilla, atendiendo a que precisamente se desempeñaba como cabecilla; asimismo es autor de cara a los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado al igual que los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos. Por otro lado, cabe precisar que en relación con el delito de homicidio agravado conforme lo señalado en los Art. 103, 104 numeral 7º, dado que las víctimas se encontraban en estado de indefensión e inferioridad, el acusado PELÁEZ JARAMILLO, presenta la condición de coautor impropio por cadena de mando…”.20 Según lo señaló la apoderada, la nulidad fue solicitada desde la audiencia de acusación y no fue declarada por los falladores de instancia, en clara vulneración del derecho de defensa, pero no indicó el fundamento real que motivó su negativa vulnerando con esto el principio de corrección material. Se limitó a cuestionar que el Tribunal haya señalado que, aunque la acusación es extensa, a la vez es 20 Cuaderno del Tribunal, folios 73 y 74.

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EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO clara y puntual, lo que, en su opinión, es contradictorio. Sin embargo, como lo advierte la Sala, para los falladores de instancia no sólo la acusación contiene los elementos fácticos y jurídicos, sino que en dicho escrito la Fiscalía estableció las acciones imputadas al acusado, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que las llevó a cabo. Además, que al no observar ninguna circunstancia vulneradora del debido proceso y el derecho de defensa, negaron la nulidad. En efecto, El Juzgado 3º Penal del Circuito especializado de Buga, al negar la solicitud de nulidad realizada en la audiencia de acusación argumentó que “no se avizora ninguna irregularidad ni generalizaciones en la acusación que pudiera afectar el debido proceso, el derecho de defensa, legalidad y contradicción probatoria.”21. El Tribunal Superior de Buga, al resolver el recurso de apelación presentado por la defensa, confirmó esta decisión.22 El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, al que le fue reasignado el proceso por cambio de radicación, señaló que la oportunidad procesal para alegar la nulidad era la audiencia de acusación como lo establece la Ley 906 de 2004, y ésta ya precluyó, razón por la cual no resultaba válido tratar de “revivir una oportunidad vencida”. No obstante, analizó nuevamente el tema y ratificó que la acusación contenía los elementos fácticos y jurídicos requeridos en el artículo 337 del Estatuto Procedimental,

21 Cuaderno número 1 del Juzgado, folio 88. 22 Cuaderno número 1 del Juzgado, folio 107. 19

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EDILSON ANTONIO PELÁEZ JARAMILLO como también que no observaba vulneración al derecho de defensa. Así quedó escrito en la sentencia de primera instancia: “En gracia de discusión, al observar la imputación fáctica y jurídica realizada al acusado en la audiencia de formulación de imputación y consignada en el escrito de acusación, se pueden extraer las circunstancias fácticas que encajan en los tipos penales por los cuales fue llamado a juicio Edilson Peláez Jaramillo. Tales circunstancias se concretan en el marco temporal de la imputación: año 2002 a 2012, la existencia de la organización delictual de “los rastrojos” en el espacio geográfico del Norte del Valle, dedicada al narcotráfico, que para sus fines hacía uso de armas y material bélico de uso privativo de las Fuerzas Militares y se cometían homicidios selectivos, que el procesado fue plenamente identificado como uno d