CSJ - AP1526-2016(46676)

C O R TE S U P R E MA DE J U S T I C IA S A LA DE C A S A C I ÓN P E N AL F E R N A N DO A L B E R TO C A S T RO C A B A L L E RO M a g i s t r a do P o n e n te A P 1 5 2 6 - 2 0 16 R a d i c a do No. 4 6 . 6 76 A p r o b a do A c ta No. 0 80 Bogotá, D. C, m a r zo dieciséis (16) de dos m il dieciséis (2016).

V I S T O S: La C o r te decide el r e c u r so de apelación i n t e r p u e s to por el defensor de la a c u s a da DALGY E S T H ER BLANCO BLANCO c o n t ra la decisión a d o p t a da p or la Sada de Decisión P e n al del T r i b u n al S u p e r i or de Sincelejo en desarrollo de la a u d i e n c ia p r e p a r a t o r i a, a d e l a n t a da el 10 de a g o s to de 2 0 1 5, p or m e d io de la c u al se le n i e g an c u a t ro t e s t i m o n i os de los p e d i d os p or esa p a r te procesad.

SEGUNDA INSTANCIA Rad. 4567i H E C H O S: F u e r on reseñados p or la Fiscalía en el escrito de acusación de la s i g u i e n te m a n e r a:

Como consecuencia de la iniciación de un incidente de desacato en pro del cumplimiento de la orden de tutela emanada de la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre, Sucre, de fecha Junio 16 de 2008, dentro del radicado No. 2008-00022-01, consistente en que la señora ELVIRA JULIA MERCADO ACEVEDO en su condición de Alcaldesa de esa localidad, en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de esa decisión, debía responder las peticiones que le formularon los accionantes en el mes de Diciembre de 2007 y Enero de 2008; las juezas imputadas DALGY ESTHER BLANCO BLANCO y GUIOMAR DEL CARMEN VIDAL ANAYA profirieron la primera auto del 20 de agosto de 2008 en donde impuso sanción de 30 días de arresto y cinco (5) días de salario mínimos legales mensuales vigentes en contra de la señora Ex Alcaldesa y la segunda a través del auto de fecha Enero 16 de 2009, mediante el cual se confirma la sanción impuesta modificándola a 15 días de arresto inconmutables; ambas decisiones bajo la motivación de que la autoridad accionada no había cumplido con la orden impuesta en la sentencia de tutela. De la evidencia documental recolectada, que tiene que ver fundamentalmente con el procedimiento de tutela y el trámite del incidente de desacato, sin problema alguno se observa que no resulta cierto que la autoridad accionada no haya cumplido, en su momento a cabalidad y en el término con la orden impuesta, que consistía en que la alcaldía Municipal de Sucre, Sucre, a

través de su Alcaldesa diera respuesta a las peticiones de los accionantes radicadas para los meses de diciembre de 2007 y enero de 2008, quienes en el ejercicio del derecho fundamental de petición habían elevado una reclamación administrativa de liquidación y cuantificación al reconocimiento de derechos laborales y prestacionales contenidos en resolución expedida por ese ente territorial entre los meses de noviembre de 2003 a febrero de 2004, y que se les reconociera, liquidara y se pagara la sanción moratoria de que habla la ley 244 de 1995, modificada por la 1070 de 2006; pues como evidentemente quedó demostrado y así lo admiten los incidentistas y aportan documentación, la administración había proferido los oficios respectivos de fecha junio 20 de 2008, incorporados en el procedimiento de tutela, en los cuales se les había manifestado que resulta imposible cuantificar unos derechos, que a la luz de las normas que lo regulan no estaban determinados que les asistiera a los accionantes o si se encontraban prescritas las 2 SEGUNDA INSTANCIA Rad. 46676 acciones, además de la carencia de bases documentales para cuantificarlos, por lo que ante tal negación la administración municipal, los invitó a que acudieran a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por tratarse de acreencias laborales de carácter litigioso; y además se expidió la resolución No. 821 de 14 de agosto de 2008, mediante la cual se niega el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a los accionantes y por ende la liquidación solicitada y el pago de la sanción moratoria.

Frente a la motivación de los autos con los que se resuelve el incidente de desacato y la información recolectada a través de entrevista a la burgomaestre de entonces y a su apoderado judicial, lo que se vislumbra es la intención y el deseo de las señoras Juezas procesadas tendientes a que la administración municipal entrara no solo a cuantificar las acreencias laborales sino que se hiciera el efectivo pago de ellas, pese a lo oneroso que resultaba para la administración el pago de esas pretensiones inciertas y litigiosas y a pesar de la orden impartida por vía de tutela, contraviniendo de manera flagrante la misma orden dada ellas (sic) en sede de sentencia de tutela de segunda instancia... El haber proferido autos de fecha 20 de agosto de 2008, por parte de la señora Jueza DALGY ESTHER BLANCO BLANCO, y el de 16 de enero de 2009, por parte de la señora Jueza GUIOMAR DEL CARMEN VIDAL ANAYA, en ostensible desconocimiento de la situación fáctica tratada y el acervo probatorio arrimado, quebrantaron de manera manifiesta el mandato consagrado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, que referido al instituto del desacato, solo se toma procedente su aplicación cuando la persona a quien se le ha impartido una orden judicial de desacato la incumple, en este caso como se tiene, la persona a quien se le dirigió la orden la cumplió a cabalidad y en los estrictos límites de la mismas; solo el capricho y la arbitrariedad, pueden soportar la sanción

impuesta, tal como lo reconociera el Tribunal Superior de este Distrito, cuando conociendo de la acción de tutela contra dicha orden, la dejara sin efecto, decisión que fue confirmada por al Honorable Corte Suprema de Justicia en decisión del 2 de junio de 2009, bajo el radicado No. 24519h

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE:

1. C o mo c o n s e c u e n c ia de la investigación de l os referidos h e c h o s, se cumplió el trámite de l as a u d i e n c i as p r e l i m i n a r e s, luego de lo c u al el delegado de la Fiscalía 1 Folios 55 a 59

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G e n e r al de la Nación presentó el 7 de o c t u b re de 2 0 13 a n te el T r i b u n al S u p e r i or de Sincelejo escrito de acusación c o n t ra G U I O M AR D EL C A R M EN V I D AL A N A YA y D A L GY E S T H ER B L A N CO B L A N CO p or l os delitos de privación ilegal de la l i b e r t ad y p r e v a r i c a to p or acción, m i s m os cargos q ue l es f u e r on a t r i b u i d os el 3 de a b r il de 2 0 1 4, d u r a n te la a u d i e n c ia de formulación de acusación.

2. T r as v a r i os a p l a z a m i e n t os o r i g i n a d os en la

c o n d u c ta p r o c e s al de las p a r t es procesales, se desarrolló la a u d i e n c ia p r e p a r a t o r ia del j u i c io orad, o p o r t u n i d ad en la que las p a r t es p r o c e s a l es r e a l i z a r on solicitudes p r o b a t o r i a s, tales c o mo l as q ue a continuación se t r a s c r i b e n, en razón a q ue c o n s t i t u y en el objeto de d i s e n so en el p r e s e n te caso. Expresó el a b o g a do defensor de la a c u s a da D A L GY E S T H ER B L A N CO B L A N CO al m o m e n to de d e m a n d ar la práctica de las s i g u i e n t es p r u e b as t e s t i m o n i a l e s: «r.-WILLIAM DEVIS SARMIENTO MARTÍNEZ, porque con éste pretendo demostrar que la decisión que adoptó la Juez Primero Promiscuo Municipal de Sucre, la doctora DALGY ESTHER BLANCO BLANCO, esto es, el auto del 20 de agosto de 2008, mediante el cual se decidió el incidente de desacato, no iba guiada por ningún tipo de sentimiento de animadversión, parcialidad, enemistad, amistad, coacción o preventa, dinero o cualquier otra utilidad; sino que, obedeció al deber funcional de acatar las decisiones judiciales, además, para que informe si indicaron a los accionantes, si el competente para conocer las

acciones que estaban presentando era el Departamento de Sucre, según la Ley 715 de 2001, siendo esa la razón por la que la respuesta emitida a los accionantes no fue eficaz. 2°.- ELVIRA JULIA MERCADO ACEVEDO, porque con su testimonio pretendo demostrar que la decisión que adoptó mi 4 SEGUNDA INSTANCIA Rad. 46676 defendida, esto es, el auto del 20 de agosto de 2008, mediante el cual se decidió el incidente de desacato, no iba guiada por ningún tipo de sentimiento de animadversión, parcialidad, enemistad, amistad, coacción o preventa, dinero o cualquier otra utilidad, sino que obedeció al deber funcional de acatar las decisiones judiciales, es decir, que no hay móviles torticeros en la decisión dictada por la funcionarla judicial. 3°.- RAFAEL PÉREZ SOTO y REINALDO MARTÍNEZ CÁRDENAS, ex funcionarios del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sucre (Sucre), sus testimonios son pertinentes y útiles en cuanto mediante éstos se acreditará el tiempo que duró la doctora DALGY ESTHER BLANCO BLANCO al frente del juzgado referenciado, además, para que declaren sobre el trámite que la funcionaría le dio a la acción constitucional radicada bajo el No. 2008 -00022-000 y otros que se refieren a este mismo asunto, es decir a la exigencia de los docentes que se les liquidara y cuantificaran los derechos laborales reconocidos a través de una sentencia de tutela de segunda instancia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de SucreSucre, dentro del

radicado 2003-00192-00, y que fueron resueltas con anterioridad al trámite que se cuestiona, por otro lado, para que expresen si entre la funcionaría judicial y los accionantes, conoció de la existencia de alguna relación personal o familiar que fuera determinante para adoptar la decisión cuestionada; el segundo testigo además, dará a conocer información personal que ayudará a sustentar la teoría del caso, manejo que el daba a su trabajo, la carga laboral y criterio orientador de la funcionaría en sus decisiones.»

3. M e d i a n te a u to e m i t i do el 10 de a g o s to de 2 0 1 5, el T r i b u n al decreta l as p r u e b as solicitadas p or l as partes procesales, c on excepción, e n t re o t r o s, de l os c u a t ro t e s t i m o n i os solicitados p or la defensa de la exjuez P r i m e ro P r o m i s c uo M u n i c i p al de S u c r eS u c r e, decisión q ue f ue objeto de la apelación q ue procede la C o r te a resolver a h o r a.

LA P R O V I D E N C IA R E C U R R I D A:

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En la sesión de la a u d i e n c ia p r e p a r a t o r ia a d e l a n t a da el 10 de a g o s to de 2 0 1 5, d e n t rp del p r o c e so q ue se sigue a G U I O M AR D EL C A R M EN V I D AL A N A YA y D A L GY E S T H ER B L A N CO

B L A N C O, a c u s a d as de l os delitos de privación ilegal de la l i b e r t ad y p r e v a r i c a to p or acción, se r e s u e l ve sobre l as p r u e b as q ue solicitadas p or las p a r t es v an a practicase en el j u i c i o, de l as cuales el T r i b u n al le n i e ga a la defensa l os t e s t i m o n i os de WlLLIAM DEVIS SARMIENTO MARTÍNEZ, ELVIRA J U L IA M E R C A DO A C E V E D O, R A F A EL P É R EZ S O TO y R E I N A L DO M A R T Í N EZ C Á R D E N A S, p or c o n s i d e r a r l os i m p e r t i n e n t e s, inútiles e i n c o n d u c e n t e s. R e s p e c to a las p r u e b as t e s t i m o n i a l es de WlLLIAM DEVIS SARMIENTO MARTÍNEZ y ELVIRA JULIA M E R C A DO A C E V E D O, el a q uo expresó q ue r e s u l t a b an inútiles p a ra establecer si l as decisiones t o m a d as p or l as a c u s a d as s on o s t e n s i b l e m e n te c o n t r a r i as al o r d e n a m i e n to jurídico, t o da v ez q ue p a ra la configuración d el delito de p r e v a r i c a to «no se exige la

demostración de móviles torticeros como para que surja la necesidad de escuchar declaraciones referentes a estos temas»; a u n a d o, a q ue «los términos de la respuesta al derecho de petición deben conocerse no de boca estos declarantes sino del documento mediante el cual se le dio cumplimiento al fallo de tutela». S i m i l ar f ue la r e s p u e s ta jurídica del a q uo respecto a los t e s t i m o n i os de R A F A EL PÉREZ SOTO y REINALDO MARTÍNEZ CÁRDENAS, e x f u n c i o n a r i os d el J u z g a do P r i m e ro P r o m i s c uo M u n i c i p al de S u c re (Sucre), t o da v ez q ue l os consideró 6 SEGUNDA INSTANCIA Rad. 46676 inútiles e impertinentes, al p r e t e n d e r se a c r e d i t ar a través de éstos, de u na p a r t e, h e c h os e s t i p u l a d os y, de otra, ajenos al objeto de la acusación. Al respecto, precisó la Corporación de i n s t a n c i a: En relación con la prueba testimonial enunciada en el numeral 3, la Sala comparte el pensamiento crítico del fiscal, porque en verdad, sus testimonios se piden para referirse de un lado, a hechos estipulados, es decir, tiempo que duró la Dra. DALGY BLANCO al frente del juzgado promiscuo municipal, de otro lado, al trámite de actuaciones que nada tienen que ver con el objeto de la acusación y que en gesto de seriedad y lealtad procesal, el

mismo defensor reconoce son anteriores al incidente de desacato, que por lo mismo ningún cuestionamiento tienen frente a los cargos que les formula la fiscalía; y en cuanto al recargo laboral que soportaba la funcionaría judicial, aspecto sobre el que se pretende que también declaren estos testigos, si bien esta sirve para justificar un mora, no es asunto que se trate en contra de las acusadas por parte del acusador; y finalmente, en relación con el trámite dado a la acción constitucional radicada con el número 2008-00022-00, se repite, no es el objeto de la acusación, pues esta se refiere exclusivamente al trámite del incidente de desacato y no al de la tutela, razón por la cual la prueba debe negarse, porque además lo legal o ilegal del pronunciamiento judicial que efectuaron las acusadas sobre el trámite cuestionado, se verificará sobre la actuación llevada a cabo por éstas durante el trámite del desacato, por consiguiente, SE NIEGA la práctica de la prueba pedida en el numeral 3.^ LA IMPUGNACIÓN: El d e f e n s or de la a c u s a da D A L GY E S T H ER BLANCO BLANCO defendió el c u m p l i m i e n to de su r ol en relación c on la argumentación ofrecida acerca de la p e r t i n e n c ia de c a da p r u e ba t e s t i m o n i al solicitada. 2 Folio 315. 7

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F r e n te a los t e s t i m o n i os de W l L L I AM D E I V IS SARMIENTO

M A R T Í N EZ y E L V I RA J U L IA M E R C A DO A C E V E D O, precisó q ue a p a r t ir de s us d i c h os p r e t e n de acreditar q ue no h u bo «ningún tipo de sentimiento como el odio, el rencor, la rabia, que pudiera [haber m o t i v a do el p r o f e r i m i e n to d e] la decisión t a c h a da de p r e v a r i c a d o r a, pues] la teoría de la defensa es la ausencia de dolo». Y en relación c on l os t e s t i m o n i os de R A F A EL P É R EZ S O TO y R E I N A L DO M A R T Í N EZ C Á R D E N A S, s o s t u vo SU p l a n t e a m i e n to inicial en t o r no de la p e r t i n e n c ia de l os m i s m o s, esto es, q ue su i m p o r t a n c ia r a d i ca en que: «declararían sobre el trámite que la funcionarla le dio a la acción constitucional radicada bajo el número 2008-00022000, [por ser esta] la tutela de primera instancia de donde se deduce el incidente de desacato que motivó la presente investigación, [y porque relatarían l os aspectos concernientes] a los... autos que resolvieron los incidentes de desacato que fueron anexados al expediente de tutela 2007-00075, 2007-00076, tutelas en las cuales se presentaron las mismas pretensiones... accionantes y...

accionados; pero también se dijo que esos exfuncionarios poseen información a través de su conocimiento directo y personal que permiten soportar la teoría del caso de la defensa dado que para la época de los hechos fueron empleados de ese Juzgado Promiscuo Municipal, por lo tanto, son conocedores del manejo que la acusada le daba al despacho a su cargo, la forma como distribuía las cargas laborales y como se orientaba su defendida al momento de tomar las decisiones judiciales». 8 SEGUNDA INSTANCIA Rad. 46676 « S e g u i d a m e n t e, en o r d en a darle solidez a su petición de a d m i t ir las referidas evidencias, el r e c u r r e n te cita a p a r t es de l as decisiones proferidas p or ésta Corporación el 5 de j u n io de 2 0 13 y 25 de febrero de 2 0 1 5, bajo l os radicados 4 1 1 27 y 4 5 0 1 1, c o r r e s p o n d i e n t e m e n t e, a f i r m a n do q ue r e s u l t an aplicables los criterios establecidos en ese proveído al c a so s ub j u d i c e, referente al t r a t a m i e n to q ue habrá de otorgársele a la p r u e ba q ue se e n c u e n t ra i n e s c i n d i b l e m e n te r e l a c i o n a da c on la teoría del caso de la defensa. De e sa f o r m a, sostiene el i m p u g n a n t e, la decisión objeto

de c e n s u ra debe ser r e v o c a da y, en su l u g a r, decretarse la práctica de las referidas p r u e b as t e s t i m o n i a l e s. C O N S I D E R A C I O N ES DE LA C O R T E: La S a la es c o m p e t e n te p a ra resolver el p r e s e n te r e c u r so de apelación, de c o n f o r m i d ad c on lo d i s p u e s to en el n u m e r al 3° del artículo 32 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4. En o r d en a d ar r e s p u e s ta a la problemática p l a n t e a d a, esto e s, si s on a d m i s i b l es o no los t e s t i m o n i os de W l L L I AM D E V IS S A R M I E N TO MARTÍNEZ, ELVIRA JULIA M E R C A DO A C E V E D O, R A F A EL PÉREZ SOTO y REINALDO MARTÍNEZ CÁRDENAS, solicitados p or el a b o g a do defensor de la a c u s a da DALGY E S T H ER BLANCO BLANCO, es i m p o r t a n te precisar que la Ley 9 06 de 2 0 04 se e n c u a d ra d e n t ro de u na perspectiva a c u s a t o r i a, regida, e n t re otrps, p or el p r i n c i p io a d v e r s a r i a l.

9 SEGUNDA INSTANCIA Rad. 4667' en la c u al se r e c l a ma respeto i n t e g r al p or las posibilidades de contradicción y c o n t r o v e r s i a, en el d e n o m i n a do «proceso de partes». B a jo e s ta perspectiva, el legislador d i s p u so en l os artículos 3 5 6, 3 5 7, 3 5 8, 3 5 9, 3 60 y 3 62 d el referido c o m p e n d io n o r m a t i v o, un p r o c e d i m i e n to de depuración p r o b a t o r ia q ue debe llevarse a c a bo en la a u d i e n c ia p r e p a r a t o r i a, en el c u al las p a r t es (Fiscalía y defensa) e i n t e r v i n i e n t es procesales ( M i n i s t e r io Público y víctima) a más de dirigir s us solicitudes a la admisión de las evidencias q ue p r e t e n d en s e an s o m e t i d as a contradicción en la a u d i e n c ia de j u i c io oral, p e t i c i o n an la exclusión, r e c h a zo e i n a d m i s i b i l i d ad de las p o s t u l a d as p or su c o n t r a d i c t o r, en este último evento, ya sea p or c o n s i d e r a r l as i m p e r t i n e n t e s, inútiles, repetitivas

o p or e s t ar e n c a m i n a d as a p r o b ar h e c h os no to rio s^. De e sa f o r m a, el r i t u al de la a u d i e n c ia se desarrollará e n t re la s o l i c i t ud de p r u e b as q ue h a g an las pairtes en o r d en a d e m o s t r ar s us p r e t e n s i o n e s; las c u a l es d e b en r e u n ir tres exigencias p a ra considerárseles a d m i s i b l e s: (i) q ue se r e f i e r an directai o i n d i r e c t a m e n te a l os h e c h os de la acusación - p e r t i n e n c i a -; (ii) q ue se r e q u i e r an p a ra el j u i c io o r al - u t i l i d a d- , y (iii) r e s u l t en l e g a l m e n te o b t e n i d as o recolectadas. 3 En ese mismo sentido: CSJ, AP del 22 de junio de 2011, radicado 36611; AP del 26 de febrero de 2014, rad. 43176; AP del 13 de junio de 2012, rad. 36562; AP del 8 de mayo de 2014, rad. 43481. 10 SEGUNDA INSTANCIA Rad. 4667/ E sa c a r ga a r g u m e n t a t i va q ue se le i m p o ne c u m p l ir a las p a r t es procesales, c on el fin de q ue s e an acogidas s us

peticiones p r o b a t o r i as p or el f u n c i o n a r io j u d i c i a l, c u m p le u na d o b le función en e s ta fase de la actuación, p u es a más de p o n er en evidencia la estrategia defensiva de la c o n t r a p a r te (teoría del caso), en p r o c u ra de q ue ejerza su d e r e c ho a c o n t r o v e r t i r, p o s i b i l i ta q ue el f u n c i o n a r io j u d i c i a l, a n te e sa b r e ve exposición fáctica q ue c o n t i e n en l as alegaciones, d e t e r m i ne o establezca los h e c h os a p r o b ar y el m a t e r i al p r o b a t o r io a practicar, l os c u a l es c o n s t i t u y en l os i n s u m os necesarios p a ra proferir la decisión q ue delimitará el objeto d el j u i c io oral, esto e s, el a u to de decreto de p r u e b a s. Así, e n t o n c es el j u ez deberá decretar la práctica de a q u e l l as solicitudes p r o b a t o r i as q ue se r e f i e r an a los h e c h os de la acusación d e m a n d a n t es de acreditación, según l as reglas de p e r t i n e n c ia y a d m i s i b i l i d ad establecidas en la

legislación p r o c e s al p e n a l. En e se o r d en de ideas, la S a la o b s e r va q ue la i n c o n f o r m i d ad q ue p r e s e n ta la d e f e n sa de u na de l as a c u s a d as c o n t ra la decisión del T r i b u n al de i n a d m i t ir l os t e s t i m o n i os de R A F A EL PÉREZ SOTO y REINALDO MARTÍNEZ CÁRDENAS, e x f u n c i o n a r i os del J u z g a do P r i m e ro P r o m i s c uo M u n i c i p al de S u c re (Sucre), está l l a m a da a p r o s p e r a r, h a b i da c u e n ta q ue revisados l os registros de la a u d i e n c ia p r e p a r a t o r i a, se colige fácilmente q ue c on l os citados se p r e t e n de a c r e d i t ar la «metodología y el seguimiento 11 SEGUNDA INSTANCIA Rad. 46676 desarrollado por la Juez DALGY ESTHER BLANCO BLANCO» al m o m e n to de resolver p r o b l e m as jurídicos s i m i l a r es al p l a n t e a do p or l os exservidores públicos q ue p r o m o v i e r on la acción de t u t e la c o n t ra la Alcaldía M u n i c i p al de S u c re (Sucre)

en el año 2 0 0 8, esto e s, q ue se l es o t o r g a ra u na r e s p u e s ta o p o r t u na y c o n g r u e n te a la petición p or ellos f o r m u l a d as a ese e n te territorial, referida ésta a la liquidación y cuantificación de l os d e r e c h os laborales y prestacionales c o n t e n i d os en actos a d m i n i s t r a t i v os e x p e d i d os e n t re l os m e s es de n o v i e m b re de 2 0 03 a febrero de 2 0 0 4, Es decir, d e n t ro de la teoría d el caso q ue exhibirá la d e f e n sa en el j u i c io oral, público y c o n c e n t r a d o, procurará d e m o s t r ar q ue la actuación de la a c u s a da D A L GY E S T H ER B L A N CO B L A N CO se ciñó al o r d en jurídico, en t a n to l as d os decisiones a l u d i d a s, esto es, l as e m i t i d as en l os trámites de d e s a c a to a d e l a n t a d os bajo l os r a d i c a d os 2 0 0 7 - 0 0 7 5 - 00 y 2 0 0 7 - 0 0 7 6 - 0 0, f u e r on proferidas c on a n t e r i o r i d ad a la

calificada en el c a so s u b e x a m i ne c o mo ilegal, c on lo c u al se p r e t e n de m o s t r ar u na u n i f o r m i d ad c o n c e p t u al y, de e sa f o r m a, e n e r v ar la e x i s t e n c ia d el tipo s u b j e t i vo d el delito de p r e v a r i c a to p or acción. En e s as precisas condiciones, la Corporación se a p a r ta de l as c o n s i d e r a c i o n es e x p u e s t as p or el a q u o, según l as cuales, l os t e s t i m o n i os de l os e x f u n c i o n a r i os d el J u z g a do P r i m e ro P r o m i s c uo M u n i c i p al de S u c re (Sucre) no f o r m an p a r te del t e ma p r o b a t o r io q ue se discutirá d e n t ro del proceso, en la m e d i da en q u e, c o mo quedó v i s to en precedencia, el 12 SEGUNDA INSTANCIA Rad. 46676 c o n c e p to de p e r t i n e n c ia no solo a p u n ta a q ue el e l e m e n to de c o n o c i m i e n to t e n ga relación c on el objeto de investigación y debate, s i no q ue también r e s u l te a p to y a p r o p i a do p a ra d e m o s t r ar un t e ma de interés p a ra el proceso, c o mo sería el

a s p e c to s u b j e t i vo del tipo a t r i b u i do a la procesada. S i m i l a r es s on los m o t i v os de i n c o n f o r m i d ad p l a n t e a d os p or el i m p u g n a n te respecto a la inadmisión de l os t e s t i m o n i os de W l L L I AM D E V IS SARMIENTO MARTÍNEZ y ELVIRA J U L IA M E R C A DO A C E V E D O, t o da vez q ue d u r a n te el c u r so de la a u d i e n c ia p r e p a r a t o r ia manifestó q ue c on ellos pretende acreditar l as circunstancias q ue r o d e a r on la c o n d u c ta de la J u ez DALGY E S T H ER BLANCO BLANCO al m o m e n to de proferir la decisión que se t a c ha de prevaricadora, lo c u al se traduce en d e m o s t r ar la a u s e n c ia del dolo en su c o m p o r t a m i e n to y este, a su vez, constituye un aporte concreto en p u n to d el objeto de investigación, p u es conocidas s on l as dificultades q ue c o m p o r ta escudriñar en la psique, p or m a n e ra q ue en el m a y or número de casos, c o mo el s ub j u d i c e, es a través de indicios o, m e j or aún, de la demostración de h e c h os indicadores, q ue la defensa logra p r o b ar la i n e x i s t e n c ia del

e l e m e n to volitivo. H u e l ga r e c o r d ar lo dicho p or e s ta S a la respecto a e se tópico: La prueba relativa al ingrediente cognitivo del dolo puede deducirse de los mismos actos de naturaleza objetiva que constituyen la acción objeto de estudio, pero también de circunstancias ocurridas antes o después de ésta (en todo caso, analizadas mediante criterios 13 SEGUNDA INSTANCIA Rad. 46676 normativos y no tendientes a descubrir datos psicológicos en el agente), siempre y cuando guarden directa relación con la situación típica y, por lo tanto, no constituyan derecho penal de autor. Así lo ha señalado la Sala, en relación con la demostración del dolo: (...) es viable deducir tanto el elemento cognitivo como el volitivo del dolo de las concretas circunstancias que hayan rodeado la conducta y no del hecho, de difícil comprobación, de establecer qué pasó en realidad por la mente del inculpado. (...) Así mismo, en la medida en que es imposible conocer los elementos del dolo por medio de la observación directa, éstos también pueden derivarse de los indicios que se construyan alrededor de la situación fáctica imputada, pero no a datos extraños a tal conducta y que constituyan derecho penal de autor. De acuerdo con la doctrina:(...) los hechos extemos de los que parte la inferencia deben extraerse siempre de modo directo de la situación enjuiciada, sin que pueda admitirse la introducción de consideraciones relacionadas con otros datos ajenos a aquélla, tales como el modo de vida o la personalidad del autor. Y ello porque el objeto de la prueba -sea el

conocimiento o la voluntadse refiere exclusivamente al hecho cometido, de donde se sigue la total ineptitud de cualquier otro dato personal para aportar alguna información relevante^. Así, la C o r te advierte q ue l as p r u e b as t e s t i m o n i a l es d e p r e c a d as p or la defensa s on p e r t i n e n t es p a ra el objeto d el debate, p u es a p u n t an a s u s t e n t ar su teoría del caso; es decir, la i n e x i s t e n c ia d el e l e m e n to subjetivo en l as c o n d u c t as típicas i m p u t a d as a DALGY ESTHER BLANCO BLANCO. En consecuencia, la p r o v i d e n c ia i m p u g n a da se revocará en los p u n t os objeto de c e n s u r a, h a b i da c u e n ta que los e l e m e n t os de c o n o c i m i e n to d e p r e c a d os p or la defensa técnica s on a d m i s i b l es p or l as c i r c u n s t a n c i as a n o t a d as en precedencia. 4 CSJ, SP del 24 de febrero de 2010, radicación 32872. En similar sentido, autos del 23 de septiembre de 2003 y 3 de agpsto de 2005, radicación 18576 y 22112, correspondientemente. 14

SEGUNDA INSTANCIA Rad. 46676

En mérito de lo e x p u e s t o, la C O R TE S U P R E MA DE

J U S T I C I A, S A LA DE CASACIÓN P E N A L, R E S U E L V E: R E V O C AR la p r o v i d e n c ia del 10 de a g o s to de 2 0 15 p r o f e r i da p or la S a la de Decisión P e n al del T r i b u n al S u p e r i or de Sincelejo, de a c u e r do c on lo e x p u e s to en precedencia, y en su l u g ar o r d e n ar la práctica de los t e s t i m o n i os de RAFAEL PÉREZ SOTO, REINALDO MARTÍNEZ CÁRDENAS, W l L L I AM D E V IS S A R M I E N TO M A R T Í N EZ y E L V I RA J U L IA M E R C A DO A C E V E D O. C o n t ra e s ta p r o v i d e n c ia no p r o c e de r e c u r so a l g u n o. Cópiese, cúmplase y devuélvase al T r i b u n al de origen.

JOSÉ LEO:

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SEGUNDA INSTANCIA Rad. 46676

NuBiA YOLANDA NOVA GARCÍA

SECRETARIA