CSJ - AP1591-2023(63754)

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Magistrado ponente AP1591-2023 Radicación N° 63754 Acta 108. Bogotá, D.C, siete (7) de junio de dos mil veintitrés (2023). ASUNTO La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, contra el auto del 26 de abril de 2023, a través del cual el Magistrado con Funciones de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla resolvió el incidente de oposición a medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, iniciado por la sociedad SÁNCHEZ SIOSSI S.A.S, en liquidación, respecto del bien inmueble rural conocido como Río Dulce 2, con matrícula inmobiliaria 045-6733, ubicado en el municipio de Luruaco, Atlántico, dentro del Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ trámite de Justicia transicional que se sigue en contra del postulado JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ y otros, desmovilizados del Bloque Montes de María de las AUC. ANTECEDENTES La Fiscalía Delegada de Justicia Transicional, Unidad de Persecución de Bienes, solicitó la realización de una diligencia reservada de imposición de medidas cautelares, que fue adelantada el 3 de mayo de 2022, ante el Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz de Medellín.

Allí, la Fiscalía allegó declaraciones de los postulados, en las cuales estos afirmaron que el predio El Sábalo, del cual se desprenden otros 11 lotes, incluida la Finca Rio Dulce 2, en realidad pertenecía a Vicente Castaño, desaparecido jefe paramilitar, quien la recibió de manos de José Israel Guzmán, alias El Arquitecto, en pago de una deuda por la suma de cinco millones de dólares. Por estimar cumplidos los requisitos para el efecto, el Magistrado de Justicia y Paz dispuso imponer las medidas cautelares de embargo, suspensión del poder dispositivo y secuestro del bien. Previa solicitud escrita, allegada el 21 de septiembre de 2022, el 13 de diciembre de este mismo año se inició la diligencia de levantamiento de medidas cautelares, a 2 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ instancias de la sociedad SÁNCHEZ SIOSSI S.A.S. para cuyo efecto alegó que el inmueble fue adquirido de manera legal desde el año 1985, cuando el fenómeno paramilitar no había permeado esa zona, y que siempre ha ejercido actividades lícitas en el predio. El 26 de abril de 2023, el Magistrado de Control de garantías resolvió la cuestión plantada, aceptando la pretensión del incidentante, razón por la cual ordenó que se levantaran las medidas cautelares dispuestas sobre el bien. LA DECISIÓN IMPUGNADA Luego de hacer referencia a los hechos trascendentes, el trámite adelantado, el contenido de las pruebas, los alegatos

de las partes y el tópico de competencia, la decisión entiende necesario examinar el contexto del proceso de imposición de la medida, para lo cual, destaca lo revelado en el trámite de Justicia y Paz, por los desmovilizados JESÚS IGNACIO ROLDÁN, RAFAEL EDUARDO JULIO PEÑA, CARLOS ARTURO ROMERO CUARTAS y ROBERTO CARLOS ANGULO BARRAZA, en el que destacaron que el predio global conocido como El Sábalo pertenecía a Vicente Castaño, quien lo recibió de manos de El Arquitecto, en pago de una deuda. A renglón seguido, precisó que el asunto en discusión no lo es aquí, tal cual normalmente sucede, si el bien fue adquirido con buena fe exenta de culpa, sino, acorde con lo 3 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ alegado por el incidentista, si este posee mejor derecho que el que pueda asistir a las víctimas del conflicto armado. Ello, para significar que este caso no es posible acudir a las subreglas postuladas por la Corte Constitucional en la sentencia SU 424 de 2021. Definido el tópico, presenta la decisión, como tesis a desarrollar, que, en efecto, tiene mejor derecho la sociedad solicitante, respecto del que pueda caber a las víctimas. Para el efecto, plantea 5 Razones fundamentales en las cuales se apoya: 1.La sociedad adquirente es completamente legal y también lo fue la adquisición del lote Río Dulce 2

Acorde con lo registrado en Cámara de Comercio, destaca el A quo, que los adquirentes operan como comercializadores de ganado y se ocupan en la adquisición de activos (se relevan sus estados financieros, demostrados con contador público). Además, compró el lote desde el año 1985, sin que se verifiquen irregularidades en esa negociación.

2. Ni la propiedad, ni sus propietarios, han tenido relaciones con el paramilitarismo

4 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ Para el efecto, señala el Tribunal, que el predio global El Sábalo estaba constituido por varios lotes, los que se entregaron a Vicente Castaño en el año 2003, desde cuando las AUC asumieron su control. Aquí, resalta que esos predios entregados en pago a Vicente Castaño, todos, fueron administrados por alias Pachito, Jesús María González -incluso, fue secuestrado para que permitiera el ingreso de las autodefensas-, quien declaró que estos terrenos estuvieron en poder de Vicente Castaño, hasta que se presentó su desaparición. Y, si bien, después trató de recuperarlos, ello fue imposible porque allí se asentó Manuel Afanador Pérez, desde 2007. Esta atestación es importante, razona el A quo, porque además de conocer todo lo relacionado con el pago de la deuda del alias Arquitecto, jamás menciona, como tampoco lo hacen los postulados, que en ello estuviese involucrada la Sociedad solicitante o sus propietarios. Junto con ello, se agrega, Rafael Eduardo Julio Peña,

segundo comandante de las AUC en la zona y quien directamente estuvo en el terreno, señaló que Rio Dulce 2 no hacía parte del predio El Sábalo, aunque lindaba con este, para después agregar que los propietarios del primer predio en mención no tenían relación con el paramilitarismo y pagaban la llamada “vacuna”. 5 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ Ello es ratificado por Roberto Carlos Angulo Barrera, patrullero de las AUC, en cuanto, niega haber afirmado que Río Dulce 2 pertenecía a El Sábalo, aunque los paramilitares pasaban por allí o pernoctaban en el lugar. Y, acota el A quo, aunque Salvatore Mancuso afirmó que Río Dulce 2 pertenecía a El Sábalo, su afirmación es “subjetiva”, porque los hechos solo los conoció desde su “escritorio”, ya que jamás estuvo en ese lugar. En contrario, los otros postulados, quienes sí estuvieron en el sitio, advierten que no conocían a la sociedad SIOSSI SAS, ni a sus socios. Junto con ello, resalta el Magistrado, tanto una de las socias, Remedios Sánchez, como el administrador del predio, coinciden en significar que este nunca fue abandonado. Por último, en lo que a este tema respecta, sostiene el A quo que el señalamiento de José Anastasio Cotes Brugés (uno de los socios) como narcotraficante, carece de prueba sólida, pues, se basa apenas en lo que al respecto se dice en un libro.

3. La finca Río Dulce 2 no hace parte del predio global El

Sábalo 6 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ Reitera el A quo, que Remedios Sánchez ha sostenido que el bien se compró desde 1985 y jamás ha sido abandonado o sometido a intentos de despojo, a más que tampoco han tenido dificultades con los paramilitares, como lo corrobora su trabajador y administrador actual del fundo, Rubén Aníbal Castro. En revisión del “contexto” que gobierna los 11 predios objeto de medidas cautelares, el A quo halla significativas diferencias entre Río Dulce 2 y los demás terrenos, entre otras, que 7 de ellos pertenecieron, todos, a la familia Cotes, pero fueron vendidos en los años 1993 y 1994, a una persona jurídica controlada por Carlos Emiro Ovier González, y más tarde a otra persona jurídica conformada por Jesús María González Cardona. Actualmente esos predios son “-al parecer-poseídos por Carlos Manuel Afanador Pérez”. En contrario, acota el A quo, Río Grande 2 no ha sido objeto de ninguna negociación desde su compra. Entiende la Magistratura de primer grado, que la conclusión de la Fiscalía atinente a que Río Dulce 2 pertenece a El Sábalo, obedece a que en el certificado de libertad y tradición se señala esta circunstancia. Sin embargo, asevera, ello pudo suceder hasta antes de 1981, cuando se presentó la división material del globo de terreno, como se informa en el folio de matrícula inmobiliaria,

7 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ de lo que se sigue que, para el año 1985, cuando Río Dulce 2 fue comprado por los incidentistas, ya era un predio completamente independiente. Es por esto, anota, que en los 7 predios restantes, en poder de Carlos Emiro Olier y Jesús María González, cuando se trató de hacer el alistamiento para aplicar las medidas cautelares, el perito debió pedirle permiso a Carlos Manuel Afanador, al tanto que respecto de Río Dulce 2, el contacto operó directamente con sus propietarios. Junto con lo anotado, se añade, esos 7 predios adeudan impuestos desde el año 2010, mientras que Río Dulce 2 ha incurrido en mora desde el año 2016.

5. Que en el predio Río Dulce 2, se encuentre una cantera, no prueba que el lote hubiese pertenecido a Vicente Castaño Demostrado, advierte el A quo, que efectivamente, con material de la cantera se hicieron algunos arreglos en la presa existente al interior de El Sábalo, por orden de Vicente Castaño, de allí no necesariamente se sigue que el terreno fuese de propiedad de este, como quiera que, sostiene el Magistrado de primera instancia, la actividad pudo derivar consecuencia del control y dominio ejercido en la zona por el comandante paramilitar.

8 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ

Es por esto, que dos de los postulados anotaron que los paramilitares usaban Río Dulce 2 como corredor de desplazamiento o que incluso pernoctaban allí. Además, tanto Remedios Sánchez, socia, como el administrador de Río Dulce 2, aseguraron que en la zona existen dos canteras, la otra, ubicada en terrenos de El Sábalo. Y, si la perito dice que sólo existe una cantera, su afirmación obedece a la “marcada convicción de la profesional”, que ha sido influenciada por lo que consigna el certificado de libertad y propiedad. En suma, estima el Magistrado de control de garantías, que tiene mejor derecho la sociedad incidentante, razón por la cual ordena levantar las medidas cautelares impuestas al predio. RAZONES DEL DISENSO Previo a examinar los argumentos de la impugnante, la Corte debe precisar que, si bien, el recurso fue interpuesto también por la representación de las víctimas y el representante del Fondo de Reparación de Víctimas, su propuesta fue declarada desierta por el Magistrado de Control de Garantías, en cuanto, estimó que no hubo adecuada y suficiente sustentación. 9 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ La decisión del magistrado no fue controvertida por esas partes y, en consideración a ello, el funcionario advirtió que lo consignado por los abogados debe entenderse una forma de coadyuvancia de lo plantado por la Fiscalía, cuyo recurso,

cabe destacar, sí fue concedido. La Fiscal, entonces, advierte que en este caso no se discute si el terreno fue bien adquirido o no, pues, lo importante no es quién aparece como propietario, sino que, asevera, fueron los paramilitares los encargados de poseerlo y usarlo. Destaca, sobre el particular, lo dicho por Jesús Ignacio Guzmán, respecto de la forma en que los paramilitares los obligaron a abandonar la finca y se apoderaron del ganado. Recuerda, además, acorde con lo dicho en versión libre por los postulados, que los terrenos de El Sábalo fueron entregados por alias El Arquitecto, a Vicente Castaño, en pago de una deuda. El adquirente se benefició de los terrenos y de la cantera que allí se asentaba, aunque después el bien fue recuperado por Carlos Afanador, abogado al servicio de El Arquitecto. 10 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ El postulado Jesús Ignacio Roldán, añade el impugnante, relató que Carlos Afanador estuvo explotando la cantera ubicada en El Sábalo, pero fue obligado a cerrarla. No entiende la recurrente, cómo, si se trata de la representante legal de la sociedad, Remedios Sánchez no conoce la forma en que se explota la cantera, los réditos que se obtienen por ello, o de qué manera se cubren las obligaciones tributarias del predio. Respecto a lo afirmado por el A quo en torno de la independencia entre Río Dulce 2 y El Sábalo, la Fiscal

sostiene que, en contrario, las escrituras públicas y el certificado de libertad y tradición, verifican que el primero sí hace parte del segundo, sin que se ofrezca trascendente, como lo dice la decisión atacada, que el bien objeto de discusión no hubiese sido objeto de negociación alguna desde 1985, tal cual sí sucedió con los otros predios segregados. Tampoco estima importante que se pagara la llamada “vacuna”, dado que el postulado Carlos Eduardo Julio refirió que la relación de las AUC con los lugareños fue pacífica, sin violencia. Además, sobre este punto, no existe algún documento que certifique que los socios de Río Dulce 2 denunciaron violencia, despojo o desplazamiento forzado. Por el contrario, acorde con lo referido por los postulados, 11 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ siempre hubo acuerdo o consenso para la permanencia de las AUC en el lugar. El argumento central que justifica las medidas cautelares, en sentir de la Fiscal, estriba en que, una vez entregado el terreno a Vicente Castaño, por deuda que pagaba El Arquitecto, el bien fue usado y explotado por ese grupo. Ello, asevera, se demuestra con el informe presentado por el perito asignado, quien acudió a al lugar y pudo verificar que Río Dulce 2 hace parte de El Sábalo y, además, posee una cantera -única en el sector-. En similar sentido, Jesús María González, alias Pachito, confirma que Río Dulce 2 hace parte de El Sábalo; y, en sus

versiones, alias Mono Leche y Eduardo Peña aseguraron que hay una cantera en la zona, al interior de Río Dulce 2. Allí, además, ocurrieron hechos victimizantes, como lo sostuvo Eduardo Julio Peña, en el Tribunal de Medellín. Estima, a su vez, que la familia Cotes no puede reputarse poseedora de buena fe exenta de culpa, si es claro que jamás denunciaron despojo, ni han pedido algún tipo de restitución frente a un eventual desplazamiento. No son titulares reales, sino aparentes, así aparezcan como propietarios en las cadenas de tradición. 12 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ Dice la recurrente, además, que los socios sí sabían de la existencia de alias El arquitecto y del pago que este hizo, con todo el terreno -incluido Río Dulce 2-, a Vicente Castaño. Por ello, se entiende que la familia Cotes negoció o acordó con los paramilitares. Por último, la Fiscal examina lo dicho por Roberto Carlos Angulo, para advertir mendaz su retractación, ocurrida en este trámite, pues, en su versión libre admitió que Río Dulce 2 sí hacía parte de El Sábalo.

NO RECURRENTES

1. INCIDENTISTA Parte por solicitar que se confirme lo decidió por el A quo, en tanto, se demostró que la sociedad SÁNCHEZ SIOSSI, cuenta con un mejor derecho sobre el predio, el cual, resalta, fue adquirido desde el año 1985, mucho antes de que las autodefensas se asentaran en la región.

En esos treinta y dos años, añade, no ha existido ninguna relación de la sociedad o sus socios, con los paramilitares, como lo afirman, incluso, los mismos desmovilizados. 13 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ Además, acota, alias Chiqui, paramilitar encargado de “confiscar” los predios a favor de Carlos Castaño, dice que Río Dulce 2 no hizo parte de ello. De igual manera, el postulado Roberto Carlos Angulo Barraza sostuvo que el predio en cuestión no tuvo relación con los paramilitares, ni estuvo en su poder. Asevera el incidentante, que solo 7 predios, de los adscritos originalmente a El Sábalo, fueron entregados a Vicente Castaño y administrados por Carlos Manuel Afanador, persona diferente a la que atendió a la Fiscalía, cuando esta intentó ingresar a Río Dulce 2. Sobre este punto, advierte que lo referido por alias Monoleche acerca de una cantera administrada por Carlos Manuel Afanador, descarta que se trata de Río Dulce 2, pues, está claro que este bien era administrado por persona diferente. Reitera el no recurrente, que la Fiscalía no probó su afirmación referida a que Río Dulce 2 hace parte de El Sábalo -sus testigos, postulados, la desmienten-. Manifestación, por lo demás, errada, pues, resultaría absurdo que los paramilitares se cobraran la llamada “vacuna” a sí mismos. En particular, destaca el representante de los

incidentistas, que Jesús María González Cardona nunca sostuvo que Río Dulce 2 haya sido denunciado por él como 14 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ propio de El Sábalo; y, además, Roberto Carlos Angulo Barraza señaló que lo consignado en el acta de versión libre no fue manifestado por él. Por último, critica que el representante del Fondo para la Reparación de Víctimas, ataque en su alegación el contenido del dictamen pericial contable, pese a que no acudió a ninguno de los mecanismos dispuestos por la ley para controvertirlo cuando fue presentado.

2. PROCURADORA La representante del Ministerio Público coincide con el incidentante, en que la Fiscalía no aportó ningún elemento de juicio que demuestre que de alguna forma la sociedad o sus socios tuvieron tratos con los paramilitares, o que estos, en efecto, ocuparon y dispusieron del lote denominado Río

Dulce 2. Destaca, al efecto, que carece de demostración la afirmación atinente a que los incidentistas apenas eran propietarios aparentes del lote. En este sentido, releva que los postulados solo efectuaron una manifestación abstracta respecto de la vinculación entre el bien en cuestión y el globo conocido como El Sábalo, pero, ya cuestionados directamente sobre el 15 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ tema, terminaron por aceptar que no existe coincidencia

entre los terrenos. En el mismo sentido, advierte, aunque la Fiscalía sostuvo que el beneficiario del lote no es el mismo que se registra como propietario, nada hizo para verificar el punto. Está demostrado, en contrario, que el predio es administrado por persona diferente a aquella que regenta los otros lotes, entregados por alias El Arquitecto a Vicente Castaño, y soporta deudas tributarias diferentes, a más que la falta de concreción de la representante legal de la sociedad, acerca de su forma de administración, no verifica que el bien no haya sido poseído y aprovechado por SIOSSI SAS. Igual de intrascendente estima lo correspondiente a la existencia o no de dos canteras en el sector, pues, en su sentir, no es un aspecto determinante para asumir que Río Dulce 2 hace parte de El Sábalo, a más que, tampoco desnaturaliza la buena fe exenta de culpa que se pregona de la sociedad SIOSSI SAS. Resalta, de otro lado, que la decisión atacada realiza un examen amplio y suficiente de la prueba, hasta corroborar que, de un lado, Río Dulce 2, no hace parte de Él Sábalo; y, del otro, que no existía ningún tipo de relación entre la sociedad y sus miembros, y el grupo paramilitar. Por ello, no 16 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ entiende cómo la Fiscalía afirma, sin pruebas, que los primeros sostenían un vínculo pacífico y consensuado con las AUC. Resalta, así mismo, que la Fiscalía debió demostrar que

Vicente Castaño tomó posesión efectiva del predio en examen. En este sentido, significa que la medida cautelar, dada su gravedad, no puede soportarse apenas en la denuncia del bien como propio de algún grupo paramilitar. Controvierte, de otro lado, lo sostenido por el representante de víctimas, quien señaló que el Magistrado no hizo un examen de conjunto del acervo probatorio, para sostener que, en contrario, sí se efectuó un estudio detallado y amplio del plexo suasorio Pide, entonces, que se confirme la decisión impugnada. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La Sala de Casación Penal de la Corte tiene plena competencia para pronunciarse de fondo en el asunto sometido a examen, en tanto, se trata de una decisión de primera instancia obra de un Tribunal Superior (Ley 600 de 2000, artículo 75-3 y Ley 906 de 2004, artículo 32-3). Junto con ello, respecto de las decisiones de los magistrados de 17 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ Justicia y Paz, esa legitimidad deviene directamente de lo estipulado en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el 27 de la Ley 1592 de 2012. Ahora bien, en torno del objeto específico de debate en sede de segunda instancia, la Sala concuerda con el A quo, en que en este asunto la controversia se aparta sustancialmente de los temas comunes al incidente de levantamiento de medidas cautelares sobre bienes, en tanto,

lo buscado no es, en estricto sentido, demostrar que el terreno fue adquirido con buena fe exenta de culpa. Respecto del tema, la Corte debe partir por significar cómo la diligencia de imposición de las medidas cautelares sobre bienes, deriva de la actuación unilateral y autónoma de la Fiscalía, sin que la diligencia adelantada ante el correspondiente magistrado de control de garantías, permita la intervención de propietarios inscritos o terceros que se consideren con derecho, dado su carácter reservado. A su vez, de conformidad con lo contemplado en el artículo 17 A de la Ley 975 de 2005, la definición de cuáles bienes pueden ser objeto de las medidas cautelares, se despoja de formalidades o requisitos estrictos, pues, sólo basta con que los mismos sean entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados dentro del trámite de Justicia y Paz, o incluso, que sean “identificados” por la Fiscalía General de la Nación. 18 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ Por lo común, tal cual se verifica de las distintas acciones registradas ante la Corte, la sola mención o “denuncia” que hace el postulado, refiriendo un bien como pasible de utilizarse para indemnizar a las víctimas, genera la decisión de la Fiscalía de alistarlo y solicitar la medida cautelar. En este sentido, el artículo 17 B reclama de la fiscalía adelantar labores investigativas para identificar el bien y determinar las condiciones que generaron su posesión, adquisición o titularidad.

Ya luego, advierte la norma, si de la información obtenida o de los elementos materiales probatorios recaudados, se infiere “la titularidad real o aparente del postulado o del grupo armado organizado al margen de la ley, respecto de los bienes objeto de persecución”, el fiscal solicita la realización de la diligencia de imposición de medidas cautelares. El trámite descrito permite verificar que el propietario inscrito o la persona con derechos sobre el bien, no puede intervenir en el mismo, ni se escucha su postura, a más, desde luego, que tampoco cuenta con la posibilidad de ingresar medios de prueba que soporten su tesis adversa. 19 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ Y si bien, cabe destacar, la norma obliga que el Fiscal recopile elementos suasorios para llegar a la “inferencia” de titularidad real o aparente por parte del postulado o el grupo al que perteneció, es lo cierto que esa inferencia representa un factor de conocimiento mínimo que, incluso, emerge de indicios o de la simple afirmación del postulado y, se reitera, no ha sido controvertida por el propietario inscrito o quien alega un mejor derecho. Bajo esta óptica, se entiende que el incidente de levantamiento de la medida cautelar es el escenario adecuado para oponerse, controvertir o alegar en contra de los fundamentos con los cuales la Fiscalía solicitó y obtuvo satisfacción a su pretensión, generándose así un verdadero debate dialéctico en lo argumental y probatorio.

No es apenas, entonces, que en el incidente los interesados busquen demostrar “mejor derecho” que el atribuido a las víctimas, como lo sostiene el A quo, pues, ello significaría dar por demostrado que, en efecto, el bien tuvo la propiedad real o aparente del postulado o de su grupo criminal, factor fundamental en la imposición del recaudo. Sobre el particular, si el solicitante del incidente demuestra que el bien nunca estuvo bajo la égida real o aparente del postulado o de un grupo criminal, ello se debe erigir en facto suficiente para levantar la medida cautelar, entre otras razones, porque desdibuja las razones que 20 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ gobiernan su vinculación con el objeto del trámite, referido a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Ahora bien, en la generalidad de los casos, como se señaló al inicio, la definición de que existe relación entre el bien y la agrupación armada, porque esta tras bambalinas o de forma directa lo poseyó, adquirió o utilizó antes de su adquisición por quien se dice tercero de buena fe exenta de culpa, se verifica elemental, pues, tal cual se ha acuñado en sucesivas e idénticas decisiones de la justicia especial, ese tercero debe demostrar una diligencia extrema, al punto de asumir que no existía posibilidad de conocer su real origen o destinación. Aquí, sin embargo, ese camino se encuentra completamente allanado para quienes promueven el

incidente de levantamiento de las medidas cautelares, en tanto, la determinación objetiva e incontrovertible que el inmueble fue adquirido por dicha sociedad con mucha antelación a la presencia de las Autodefensas en la región, aspecto que no ha sido objeto de ninguna controversia, impide señalar que no se trata de terceros adquirentes de buena fe exenta de culpa. Modificado, así, el factor que ha venido gobernando la imposición de las medidas cautelares, corría de cargo de la Fiscalía, con mayor rigor y visto, se repite, que los solicitantes del incidente se reputan de entrada adquirentes 21 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ de buena fe exenta de culpa, demostrar un específico factor que conduzca a determinar la vinculación del bien con el conflicto armado y, a la par, la connivencia, aceptación o renuncia de los titulares del mismo, que hayan favorecido o permitido ese vínculo. En el incidente, al respecto, la fiscal del caso quiso destacar que la imposición de la medida vino soportada en que el lote pertenecía a uno de mayor extensión, o mejor, se engloba en el conocido como El Sábalo, que fue denunciado por varios postulados como radicado en cabeza del jefe paramilitar Vicente Castaño, y utilizado por este en sus actividades criminales, las cuales, agregó, de alguna manera fueron permitidas o cohonestadas por la sociedad promotora del incidente, entre otras razones, porque no se reporta que esta haya denunciado algún despojo o desplazamiento.

Al efecto, el ente investigador se basó en lo dicho por los postulados respecto de que el predio englobado en cuestión fue entregado por alias El Arquitecto a Vicente Castaño, en pago de una deuda. La Fiscalía estima que esa entrega operó sobre todos los lotes que constituyen o constituían El Sábalo, acorde con lo que registra el certificado de libertad y tradición del inmueble, en consonancia con lo expuesto por los desmovilizados. 22 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ Sin embargo, la conclusión a la que llega la Fiscalía se ofrece gratuita y carente de soporte real, pues, de un lado, el registro inmobiliario apenas refleja una verdad histórica que, como lo sostuvo el A quo, fue modificada de manera legal y con plena validez, una vez la Sociedad adquirió en compra uno de los lotes que, en virtud de ello, se debe entender desenglobado o, en otros términos, separado jurídicamente de El Sábalo, motivo por el cual, para el año en que llegaron las autodefensas al lugar, ya no era posible significar que uno y otro eran el mismo, en resultado de género a especie, que estaban integrados o que, de entregarse uno se entregaban todos, a manera de unidad inescindible. Y, del otro lado, porque lo referido por los postulados, aun si se dijera que existe entre ellos coincidencia testifical, bien poco aporta en el cometido de determinar si efectivamente el inmueble cuya titularidad, posesión y tenencia reclama la Sociedad, hizo o no parte del paquete,

por llamarlo de alguna forma, que entregó El Arquitecto a Vicente Castaño, como pago de una deuda, en presunción de que esos bienes englobados pertenecieron de alguna forma al primero. Es cierto que de manera general los desmovilizados señalan entregado el lote conocido como El Sábalo, e incluso, que se dijo a Río Dulce 2, parte integrante de este. 23 Segunda instancia Justicia y Paz N° 63754

CUI: 08001221900020220007601

JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ No obstante, ninguno de los postulados está en capacidad concreta de determinar cómo o por qué el predio en reseña se incluyó en la dación, en tanto, desconocen las condiciones concretas que gobernaron la entrega y dicen no tener noticia de la sociedad incidentista o de sus miembros, la familia Cotes, de cuya vinculación con la agrupación criminal no existe ninguna prueba. Para superar esta profunda dificultad probatoria, la Fisca