CSJ - AP1599-2014(43286)

Hopiblica de Colombia Bore Arrena de Jattcia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ

Magistrada Ponente AP1599-2014 Radicación 43286 (Aprobado Acta No. 093). Bogotá D.C., abril dos (2) de dos mil catorce (2014) VISTOS Sería del caso que la Corporación procediera a verificar el cumplimiento de los requisitos de lógica y adecuada fundamentación del libelo casacional presentado por el apoderado de Seguros Cóndor S.A., empresa llamada en garantía, contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Ibagué el 16 de octubre de 2013, por cuyo medio confirmó en lo sustancial el fallo dictado por el Juzgado Penal del Circuito de Lérida (Tolima) el 25 de octubre de 2011, a través del cual condenó a ROBERT OSWALDO VERA RODRÍGUEZ como autor penalmente responsable del by 2 CASACION 43286 ROBERT OSWALDO VERA RODRIGUEZ concurso de delitos de homicidio culposo en Angie Julieth Rodríguez Penagos y lesiones personales culposas en Ricardo torres, Anastacio Enciso, Luz Marina Diaz, Kelly Johana Rodríguez, Imer Cifuentes, Martha Lucía Ramírez, Luis Alfonso Basto, Luis Joaquín Rodríguez, José Antonio Díaz y Miriam Emilse Ariza, de no ser porque se observa “en este caso la presencia del fenómeno prescriptivo de la acción penal derivada de dichos punibles con posterioridad a la sentencia de segundo grado.

HECHOS Los sucesos que motivaron el adelantamiento de esta actuación fueron sintetizados adecuadamente por el ad quem en el fallo de segundo grado, de la siguiente manera: “El 17 de abril de 2005, siendo aproximadamente las 11 de la mañana en el kilómetro 78 sector antiguo de Armero, “se produjo el volcamiento de la buseta aerovan de servicio público de placas SYR 845 afiliada a la empresa Rápido Tolima S.A., conducida por ROBERTO OSWALDO VERA RODRÍGUEZ, compitiendo con otro vehículo con el fin de recoger más pasajeros, donde se transportaba ANGIE JULIETH RODRÍGUEZ PENAGOS fallecida y los señores RICARDO TORRES TORRES, ANASTACIO by - CASACIÓN 43286

ROBERT OSWALDO VERA RODRÍGUEZ

ENCISO LEAL, LUZ MARINA DÍAZ OCAMPO, KELLY

JOHANA RODRÍGUEZ PENAGOS, IMER CIFUENTES

VALERO, MARTHA LUCÍA RAMÍREZ RODRÍGUEZ,

LUIS ALFONSO BASTO GIRALDO, LUIS JOAQUÍN

RODRÍGUEZ RIVERA, JOSE ANTONIO DÍAZ SANCHEZ MIRIAM EMILSE ARIZA y GENER CIFUENTES VALERO, quienes resultaron lesionados y remitidos a diferentes centros asistenciales”. ACTUACIÓN PROCESAL La Fiscalía Seccional de Ibagué declaró abierta la instrucción, en cuyo marco vinculó mediante indagatoria

a ROBERT OSWALDO VERA RODRÍGUEZ.

Clausurado el ciclo instructivo, el mérito del sumario fue calificado el 28 de junio dé 2007 con resolución de acusación en contra del procesado como presunto autor del concurso de delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas en concurso homogéneo, decisión confirmada en segunda instancia el 20 de febrero de 2009 por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué. La fase del juicio correspondió adelantarla al Juzgado Penal del Circuito de Lérida, despacho que una vez surtido el rito legal profirió sentencia el 25 de octubre U—

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ROBERT OSWALDO VERA RODRIGUEZ de 2011, por cuyo medio condenó a VERA RODRÍGUEZ a la pena principal de treinta y seis (36) meses de prisión, multa por valor equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales y a la privación del derecho a conducir vehículos por tres (3) años y al pago de la correspondiente indemnización de perjuicios para cada uno de los perjudicados, en forma solidaria con los llamados en garantía (Aseguradora Colseguros y Seguros Cóndor) y el tercero civilmente responsable (Rápido Tolima), como autor penalmente responsable del concurso de punibles por el cual fue acusado. En la misma oportunidad le fue otorgado el subrogado de la condena de ejecución condicional. Impugnado el fallo por la parte civil y el apoderado de la Aseguradora Colseguros, el Tribunal: Superior de Ibagué lo adicionó mediante: sentencia del 16 de octubre

de 2013, en el sentido de condenar también como terceros civilmente responsables a Raúl Vera y Ana Lucia Rodríguez de Vera, y revocar la condena al pago de perjuicios dispuesta contra la Aseguradora Colseguros. El apoderado de Seguros Cóndor en Liquidación interpuso recurso extraordinario de casación y allegó el libelo correspondiente. bY —

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ROBERT OSWALDO VERA RODRIGUEZ El 13 de febrero de 2014 el Tribunal negó la solicitud de cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal promovida por el apoderado de Seguros Cóndor. A través de oficio del 19 de enero de 2014 el proceso fue remitido a la Secretaría de esta Sala para que se surtiera el trámite casacional, siendo recibido el día 21. El diligenciamiento se sometió a reparto el 24 de febrero, recibiéndolo en el Despacho de la Magistrada Ponente al día siguiente. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Como ya se anunció en el exordio de esta decisión, procedería la Sala a pronunciarse en punto del cumplimiento o no de los requisitos de lógica y adecuada fundamentación del libelo de casación presentado por el apoderado de Seguros Cóndor en Liquidación, de no ser porque se advierte que a esta fecha se encuentra extinguida la facultad punitiva del Estado en cuanto ha transcurrido el término previsto por el legislador para que prescriba la acción penal derivada de los delitos por los cuales fue acusado.

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ROBERT OSWALDO VERA RODRIGUEZ

En efecto, de conformidad con la preceptiva del articulo 83 de la Ley 599 de 2000 (que corresponde al artículo 80 del anterior estatuto penal), durante la etapa “instructiva la acción penal prescribe en-un término igual al máximo de la pena establecida en la ley, pero en ningún + Caso en un lapso inferior a cinco (5) años. Durante la fase de juzgamiento tal término comienza a contarse de nuevo a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación por un tiempo igual a la mitad del establecido para la etapa de instrucción, sin que pueda tampoco ser inferior a cinco (5) años. Como quiera que en este asunto de trata de los | - delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, procede la Sala a analizar el fenómeno prescriptivo de la referida acción penal. Las conductas investigadas fueron cometidas en vigencia de la Ley 599 de 2000, que prevé en su artículo 109 para el delito de homicidio culposo una pena de dos (2) a seis (6) años de prisión y multa de veinte (20) a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y en sus artículos 112 (incapacidad. para trabajar o enfermedad), 113 (deformidad), 114 (perturbación funcional), 116 (pérdida anátómica o funcional de un órgano o miembro) y 120 (lesiones culposas) establece unas penas que no superan los diez (10) años de prisión. 4 7 - CASACIÓN 43286 ROBERT OSWALDO VERA RODRÍGUEZ Si como ya se dijo, de acuerdo con lo establecido en

el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, durante la fase del juicio el término de prescripción de la acción tiene su inicio desde la ejecutoria de la resolución de acusación por un tiempo igual a la mitad del establecido para la fase de instrucción, sin que pueda ser inferior a cinco (5) años, no hay duda que conforme a los preceptos citados, la acción penal derivada de los delitos contra la vida e integridad personal por los que se. procede: prescribe durante la etapa de juzgamiento en cinco (5) años, contados a partir de la firmeza de la acusación. Así las cosas, si la Fiscalía calificó el sumario el 28 de junio de 2007 con resolución de acusación en contra del prócesado' como presunto autor del concurso de delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas en concurso homogéneo, decisión confirmada en segunda instancia el 20 de febrero de 2009 por la Unidad de Fiscalia Delegada ‘ante el Tribunal Superior de Ibagué, a partir de esta fecha se impone contar el término prescriptivo de cinco (5) años, el cual se cumplió el pasado 20 de febrero de 2014, esto es, tiempo después de proferirse el fallo de segundo grado (16 de octubre de 2013), pero antes de que el asunto arribara al Despacho de la Magistrada Ponente (25 de febrero de 2014) para conocer del recurso extraordinario interpuesto contra la decisión adoptada por el Tribunal.

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ROBERT OSWALDO VERA RODRIGUEZ La referida circunstancia impone declarar prescrita la

i acción penal derivada de los citados delitos contra la vida y la integridad personal, por los cuales se acusó al procesado y, ordenar en consecuencia, la cesación del procedimiento adelantado contra ROBERT OSWALDO VERA RODRÍGUEZ por tales conductas. Es pertinente destacar que no procede la casación del fallo impugnado, pues cuando se profirió la decisión de segundo grado aún no había transcurrido el lapso prescriptivo de la acción penal de aquellos punibles y por ello, aún podía el Estado ejercer legítimamente el ius puniendi. Resta señalar que será del resorte del juez de primera instancia proceder a la cancelación de los compromisos adquiridos por el procesado en razón de este diligenciamiento, Finalmente, como los perjudicados con los comportamientos objeto de juzgamiento fueron reconocidos como parte civil dentro de esta actuación, ejerciendo en tal virtud la correspondiente acción indemnizatoria, se impone igualmente declarar su prescripción, como quiera que conforme al artículo 98 del estatuto penal, dicha acción . prescribe “en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal’.

(ur - © CASACIÓN 43286

ROBERT OSWALDO VERA RODRIGUEZ Es de anotar que la declaratoria de prescripción no cobija al tercero civilmente responsable ni al llamado en garantía porque, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 del Código Penal, la acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. Con arreglo a

la misma normativa, en los demás casos se aplican las normas pertinentes de la legislación civil (Cfr. CSJ. AP. 12 ago. 2008. Rad. 29906). En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

RESUELVE

1. ABSTENERSE de emitir pronunciamiento alguno sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por el apoderado de Seguros Cóndor S.A., empresa llamada en garantía, de conformidad con las razones consignadas en la anterior motivación.

2. DECLARAR prescritas las acciones penal y civil derivadas de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas por los cuales se acusó al procesado ROBERT OSWALDO VEGA RODRÍGUEZ, y ordenar en

\ = 10 CASACION 43286

ROBERT OSWALDO VERA RODRIGUEZ consecuencia la cesación de procedimiento contra el mencionado ciudadano por los citados punibles.

3. PRECISAR que la declaratoria de prescripción no cobija al tercero civilmente responsable ni al llamado en garantía, de acuerdo con lo expresado en esta providencia.

4. SEÑALAR que corresponde al juez de primera instancia proceder a la cancelación de los compromisos adquiridos por el incriminado en razón de este diligenciamiento.

Contra esta decisión procede recurso de reposición. Notifíquese y cúmplase. BARC 4

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‘OBERT OSWALDO VERA RODRIGUEZ

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EUGENIO F' NDZARUER

———

PATRICIA S.

03 A 200 12 CASACION 43286

ROBERT OSWALDO VERA RODRIGUEZ

LUIS Gf SALAZAR OTERO

—

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A YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria Casación No. 49286 Robert Oswaldo Vera Rol juez SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO Con el debido respeto que la decisión de mayoría merece, procedo a consignar las razones por las cuales me separo en forma parcial de la decisión que declara la prescripción de las acciones penal y civil surgidas con ocasión de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, atribuidos al procesado Roberto Oswaldo Vega Rodríguez. En ese propósito reitero mi criterio expuesto en precedentes salvamentos frente a las providencias con las cuales la Corte adoptó similares determinaciones a las asumidas en esta especie, el cual sintetizo señalando que, . mi discrepancia es frente a la oportunidad en que se hace la declaración de prescripción civil y por quien la hace, y no en cuanto se relaciona con la cesación de procedimiento penal por el delito de (...) pues, en verdad, a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación hasta la fecha de este pronunciamiento, ha transcurrido de manera ininterrumpida un término superior a cinco años, suficiente para que el Estado perdiera toda oficiosidad para continuar ejerciendo la acción penal, ya que tal determinación no amerita reparo alguno de mi parte. Tal y como lo expuse en el curso de los debates orales en el seno de la Sala, no puedo prohijar la providencia en comento sin referirme a la decisión de declarar prescrita la acción civil, pues si bien ella

corresponde a una interpretación literal de la norma que la establece (Art. 98 del C. Penal), su aplicación inmotivada no se compadece con Casación No. Robert Oswaldo Vera Rodriguez el deber de establecer primero la razón de ser de la disposición, su conformidad con la Carta Política, o al menos con el principio rector de aplicación prevalente relativo al restablecimiento del derecho, según el cual los funcionarios judiciales deberán adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior, y se indemnicen los perjuicios, pues es claro que el delito -como fuente de obligaciones-, ni, por supuesto, sus efectos materiales, económicos y sociales, desaparecen por haber operado el fenómeno de la prescripción de la acción penal. No se tuvo en cuenta, que la disposición aplicada al caso sin consideración al sistema a que pertenece, se ofrece excesivamente gravosa para los intereses particulares de los perjudicados con el delito, que ven frustradas sus expectativas y resultan sancionados a consecuencia de la inactividad del Estado. Esto, si se considera que en el evento presente la parte civil ejerció la acción en oportunidad y acudió a uno de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico para lograr el restablecimiento de su derecho. Con la decisión mayoritariamente adoptada, no sólo se exonera, sin más, de toda responsabilidad civil a la persona que ha sido acusada, sino que deja a la afectada sin instrumentos para perseguirla, tan sólo por haber optado por pretender la indemnización dentro del proceso penal, y no por la vía civil donde la prescripción de la acción opera en

términos mucho más amplios, se interrumpe con la notificación del 2 Casacion No. 43286 Robert Oswaldo Vera E ( auto admisorio de la demanda y no hay lugar a declararla como consecuencia de la simple y llana inactividad del órgano judicial. Y si bien no desconozco que el Tribunal Constitucional mediante Sentencia C-570 de 2003 declaró exequible el Artículo 98 de la Ley 599 de 2000, bajo el supuesto de que “la medida de ligar el término de prescripción de la acción civil al de la acción penal, cuando la primera se ejerce en el marco de la segunda, es proporcional y ajustada a la exigencias propias del proceso penal y a las características que identifican al papel de la parte civil en las últimas diligencias”, tampoco puedo pasar por alto que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pese a haberlo anunciado, desconoció que “en cuanto hace a la acción civil, el objetivo de la prescripción es extinguir el derecho de reclamar judicialmente el crédito como consecuencia de la inactividad del acreedor en demandar el cumplimiento de la obligación”. De ahí que, con todo y el pronunciamiento de la Corte Constitucional en torno a la exequibilidad del precepto, considero que cuando el legislador precisa en el artículo 98 del Código Penal que “la acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal”, debe ser entendida en el sentido de que el juez penal no puede proferir el fallo civil correspondiente a la demanda de constitución de parte civil, y el afectado queda en libertad de reclamar los perjuicios ante la

jurisdicción civil mientras que la acción se encuentre vigente, pues, en palabras de la propia Corte Constitucional en la sentencia en comento, “no sería razonable que el juez penal dictara la condena en perjuicios si la acción penal ya ha sido prescrita”. 3 Casacion No. 43286 Robert Oswaldo Vera Rodriguez Lo contrario implicaria victimizar nuevamente al sujeto pasivo de la infraccion penal por haber incurrido en el desacierto de acudir a la jurisdicción penal con la esperanza de que alli se produjera en un tiempo menor la reparación por el agravio recibido, frente a la opción de ir ante la jurisdicción civil, ya que a pesar de haber ejercido en tiempo el derecho de reclamar el pago por los perjuicios recibidos, la lentitud del aparato judicial en el trámite de su pretensión, le implicó perder el derecho frente al penalmente responsable, para obligarlo acudir al inicio de un proceso contencioso administrativo en contra del órgano judicial que frustró sus expectativas, nada de lo cual hubiera ocurrido de haber presentado la demanda ante la jurisdicción civil.” Son estos razonamientos los queme llevan a discrepar respetuosamente de la decisión mayolitaria. Fecha ut supra.