CSJ - AP1837-2025

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Magistrada ponente AP1837-2025 Radicado n.° 63977 CUI 19622600877120170003901 Aprobado acta n.º 065 Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

I. OBJETO DE LA DECISIÓN Correspondería a la Sala pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensa de ALEXANDER ANACONA TORO contra la sentencia de 29 de marzo de 2023, dictada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, mediante la cual confirmó la condena emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Conocimiento de La Sierra por el delito de violencia intrafamiliar. Sin embargo, se advierte una irregularidad que afecta el debido proceso. En consecuencia, habrá de analizar si hay lugar a decretar la nulidad de la actuación.Casación Radicado n.° 63977

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ALEXANDER ANACONA TORO

II. HECHOS 1.- De acuerdo con los jueces de instancia, en febrero de 2017 ALEXANDER A NACONA T ORO agredió físicamente y verbalmente a su compañera permanente, Y.R.P.S., de 16 años de edad y quien se encontraba en estado de embarazo, hechos que tuvieron lugar en su residencia, ubicada en el barrio Prados del Norte (La Sierra, Cauca).

III. ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES 2.- El 21 de julio de 2021, la Fiscalía corrió traslado

hechos que tuvieron lugar en su residencia, ubicada en el barrio Prados del Norte (La Sierra, Cauca).

III. ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES 2.- El 21 de julio de 2021, la Fiscalía corrió traslado del escrito de acusación 1, con el que atribuyó a ALEXANDER ANACONA T ORO la comisión del delito de violencia intrafamiliar agravada. 3.- La audiencia concentrada fue realizada en sesiones de 5 y 14 de octubre de 2021 ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Conocimiento de La Sierra2. La audiencia de juicio oral se desarrolló en sesiones de 11 y 17 de noviembre de 20213. 4.- El 25 de noviembre de 2021, el referido Juzgado condenó a ALEXANDER A NACONA T ORO por el delito de violencia intrafamiliar (sin el agravante)4. En consecuencia, le impuso la pena principal de cuarenta y ocho (48) meses de prisión, y la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de 1 Expediente digitalizado 19622600877120170003901, archivo “ 001_Primera Instancia_Cuaderno Principal 1_Cuaderno_2023023557690.pdf”, pág. 2 a 9. 2 Ibidem., pág. 19 y 20, y 24 y 25. 3 Ibidem., pág. 42 y 43, y 46 y 47. 4 Ibidem., pág. 49 a 61.

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ALEXANDER ANACONA TORO derechos y funciones públicas por el mismo término. No le

4 Ibidem., pág. 49 a 61. 2Casación Radicado n.° 63977

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ALEXANDER ANACONA TORO derechos y funciones públicas por el mismo término. No le concedió ningún subrogado de la pena de prisión. La decisión fue apelada por la defensa5. 5.- El 29 de marzo de 2023, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán confirmó la sentencia de primera instancia6. Además, dispuso que su Secretaría notificaría la decisión «conforme lo manda el artículo 23 de la ley 1826 de 2017», lo cual efectuó el 30 de marzo siguiente a través del envío de mensajes de correo electrónico7. 6.- El 13 de abril de 2023, la defensora interpuso el recurso extraordinario de casación8, el cual sustentó el 29 de mayo de 20239.

IV. CONSIDERACIONES 4.1. Competencia 7.- De conformidad con los artículos 32.1 y 181 de la Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la presente actuación, pues la defensa interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia, emitida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal 5 Ibidem., pág. 73 a 83. 6 Expediente digitalizado 19622600877120170003901, archivo “ 001_Segunda

Instancia_Cuaderno Principal 1_Cuaderno_2023023618262.pdf”, pág. 2 a 22. 7 Ibidem., pág. 23 a 34. 8 Ibidem., pág. 36 a 38. 9 Ibidem., pág. 74 a 136. 3Casación Radicado n.° 63977

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ALEXANDER ANACONA TORO Superior del Distrito Judicial de Popayán y, en tal virtud, el proceso fue recibido en la Corte para resolver. 4.2. Cuestión previa 8.- La Sala se abstendrá de analizar los requisitos de admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensa. Examinado el expediente, pudo constatar la configuración de una irregularidad manifiesta, con afectaciones sustanciales en el debido proceso, la cual constituye una causal de nulidad, en los términos del artículo 457 del Código de Procedimiento Penal. Esa irregularidad está vinculada a la pretermisión de la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia, conforme se explica a continuación. 4.3. La omisión de la audiencia de lectura de la sentencia de segunda instancia como infracción al debido proceso 9.- De acuerdo con los artículos 455 a 457 del Código de Procedimiento Penal, el proceso penal se ve afectado de nulidad en aquellos casos de: (i) pruebas obtenidas con menoscabo de garantías fundamentales, (ii) falta de competencia del juez, y (iii) violación del derecho de defensa o del debido proceso en sus aspectos sustanciales.

menoscabo de garantías fundamentales, (ii) falta de competencia del juez, y (iii) violación del derecho de defensa o del debido proceso en sus aspectos sustanciales. 10.- En relación con el debido proceso, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que la actuación penal, además de una estructura conceptual, posee una estructura formal definida. Su arquitectura se caracteriza 4Casación Radicado n.° 63977

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ALEXANDER ANACONA TORO por la sucesión escalonada y consecutiva de actos con carácter preclusivo, regidos por la ley procesal, los cuales lo integran como unidad dentro del marco de una secuencia lógico-jurídica10. En consecuencia, las autoridades y, particularmente el juez, deben asegurar que una actuación siga lógica y coherentemente a la otra y que la sentencia sea el resultado de la rigurosa observación de las formas propias del juicio11. 11.- Las referidas pautas no equivalen a meras formalidades. Se trata de procedimientos establecidos para que la jurisdicción pueda constatar los aspectos subjetivos y objetivos del delito, con estricto respeto de los derechos y potestades de las partes e intervinientes12. Por esta razón, la Corte ha reiterado que el debido proceso se vulnera con la pretermisión d e algún acto procesal expresamente señalado por la ley como requisito antecedente para adelantar el subsiguiente, o llevarlo a cabo sin el cumplimiento de los requisitos sustanciales inherentes a su validez o eficacia13.

por la ley como requisito antecedente para adelantar el subsiguiente, o llevarlo a cabo sin el cumplimiento de los requisitos sustanciales inherentes a su validez o eficacia13. 12.- En el contexto anterior se inscribe el régimen de notificaciones adoptado en la Ley 906 de 2004. El artículo 169 establece que , «por regla general las providencias se notificarán a las partes en estrados », salvo fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo evento la notificación se entiende realizada al momento de aceptarse la justificación. Según la misma norma, excepcionalmente la notificación procederá mediante comunicación emitida por telegrama, correo 10 CSJ SP4251-2019, rad. n.° 51167. 11 CSJ SP12846-2015, rad. n.°40694. 12 Idem. 13 CSJ AP6673-2024, rad. n.°65711. 5Casación Radicado n.° 63977

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ALEXANDER ANACONA TORO certificado, facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio idóneo que haya sido indicado por las partes. Si el imputado o acusado se encuentra privado de la libertad, prevé también la disposición, las providencias notificadas en audiencia le serán comunicadas en el establecimiento de reclusión. 13.- De acuerdo con lo indicado, la regla general consiste en que el juez deberá convocar a la audiencia y verificar que las partes e intervinientes hayan acudido a la misma. Allí, con la lectura o pronunciamiento oral de la providencia, se produce jurídicamente la notificación. Lo

verificar que las partes e intervinientes hayan acudido a la misma. Allí, con la lectura o pronunciamiento oral de la providencia, se produce jurídicamente la notificación. Lo anterior, salvo que el interesado no haya podido concurrir por fuerza mayor o caso fortuito. La regulación también contempla la posibilidad de la notificación mediante el envío de comunicación física o electrónica. Sin embargo, estos mecanismos solo operan de forma excepcional, es decir, siempre que la notificación no haya podido llevarse a cabo en la audiencia de lectura de la decisión. 14.- En el caso del procesado privado de la libertad, dado que las autoridades judiciales tienen el deber de facilitar su traslado al despacho judicial en el cual tendrá lugar la lectura del fallo, la notificación se efectúa igualmente en estrados. Cuestión distinta es que, como dispone la norma, la decisión debe serle comunicada en el centro de reclusión. Según la jurisprudencia, « esa comunicación no suple la notificación, se realiza simplemente para dejar la constancia, pero la misma norma da por sentado que la providencia se notificó en la audiencia»14. 14 CSJ AP6673-2024, rad. n.° 65711. En esta misma providencia, se indicó: “respecto de los privados de la libertad pueden presentarse dos situaciones: La primera, que 6Casación Radicado n.° 63977

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ALEXANDER ANACONA TORO 15.- De este modo, es claro que el Legislador optó

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ALEXANDER ANACONA TORO 15.- De este modo, es claro que el Legislador optó inequívocamente por un modelo preponderante de notificaciones en audiencia pública. Este modelo, como no podía ser de otro modo, se encuentra articulado con las reglas sobre expedición de las sentencias. Así, conforme a los artículos 445 y 446 de la Ley 906 de 2004, una vez terminado el debate probatorio del juicio oral, el juez deberá dar a conocer de manera oral y pública el sentido del fallo. A continuación, conforme al artículo 447, señalará fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia. 16.- A su vez, el artículo 179 de la misma Ley, sobre el trámite de apelación contra sentencias, prevé que el juez o tribunal superior de distrito judicial correspondiente, una vez resuelto el recurso, convocará a las partes e intervinientes para lectura de fallo dentro de los diez días siguientes. De la misma manera, conforme al artículo 185, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia apruebe la sentencia que resuelva el recurso extraordinario de casación, citará a audiencia para lectura de la decisión. 17.- El modelo de notificaciones acogido por el Legislador, como se observa, profundiza los principios de oralidad y publicidad. El artículo 9 de la Ley 906 de 2004 asista a la audiencia físicamente o que lo haga virtualmente; en el primer evento queda

Legislador, como se observa, profundiza los principios de oralidad y publicidad. El artículo 9 de la Ley 906 de 2004 asista a la audiencia físicamente o que lo haga virtualmente; en el primer evento queda notificado de manera inmediata en estrados donde debe entregársele copia de la decisión (a él directamente o, si así lo desea, a su defensor); en el segundo evento, también queda notificado en estrados pues asistió y se enteró de la decisión, pero en este caso debe enviársele copia de la decisión al establecimiento de reclusión (puede ser virtualmente, lo importante es que el centro de reclusión se la entregue), como quiera que es un derecho tener copia de la providencia y un deber de los funcionarios judiciales garantizarlo”. 7Casación Radicado n.° 63977

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ALEXANDER ANACONA TORO establece que la actuación procesal será oral. A su vez, el artículo 18 prescribe que el trámite será público y al mismo tendrán acceso, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. La oralidad y, en especial, la publicidad, poseen una especial relevancia en el sistema del mencionado Código de Procedimiento Penal. 18.- La exposición pública y oral de los actos procesales implica un método de comunicación con las partes e intervinientes. Sin embargo, no solo en ello radica su valor para el proceso. En los términos de las normas citadas, también comporta la garantía de un proceso penal abierto hacia la opinión pública y la comunidad en general, como garantes de un juicio y un proceso penal justo. El racional y proporcionado ejercicio del poder punitivo del Estado no solo

también comporta la garantía de un proceso penal abierto hacia la opinión pública y la comunidad en general, como garantes de un juicio y un proceso penal justo. El racional y proporcionado ejercicio del poder punitivo del Estado no solo interesa a sus participantes directos sino que tiene un alcance más general. Es un asunto de eminente interés público, que concierne a toda la sociedad en su conjunto y que, por ende, toda ella debe estar en posibilidad de vigilarlo. 19.- Sobre la base de los anteriores fundamentos, la Sala considera que el modelo de notificación de providencias judiciales comporta un componente esencial del debido proceso. Por lo tanto, la pretermisión de la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia y el cambio injustificado de mecanismo de notificación (por ejemplo, a envío de mensajes de correo electrónico o notificación por edicto) acarrea un vicio sustancial en la estructura del proceso, en la medida en que «resultan quebrantadas las 8Casación Radicado n.° 63977

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ALEXANDER ANACONA TORO bases propias del sistema de las notificaciones »15. La lectura de la sentencia de segundo grado es de carácter obligatorio, «de modo que no es optativo por parte del funcionario judicial el adelantarla o no, pues véase que se consagra en la ley como un deber y no como una potestad»16. 20.- En efecto, el aludido interés público de la regulación sobre el modelo de notificaciones de las sentencias, que constituye una de las manifestaciones de los

un deber y no como una potestad»16. 20.- En efecto, el aludido interés público de la regulación sobre el modelo de notificaciones de las sentencias, que constituye una de las manifestaciones de los principios de oralidad y publicidad, hace que tales reglas no sean disponibles ni para el juez ni para las partes e intervinientes. Antes bien, es particularmente deber del juez, como director del proceso, velar por su estricto cumplimiento. Dar aplicación al esquema de notificaciones es un poder-deber de la autoridad judicial, antes que de una mera facultad17. 21.- De ahí que omitir, modificar o alterar las normas diseñadas para las notificaciones judiciales conlleva una afectación sensible al debido proceso. Más específicamente, pretermitir la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia impacta la estructura formal del trámite diseñado por el Legislador. 15 CSJ AP488 -2025, rad. n.° 64349. 16 Idem. 17 De acuerdo con la teoría general del proceso, los poderes-deberes son “obligatorios o vinculados, no discrecionales. De esta manera se vinculan al sujeto juez todos los actos procesales cuya realización le incumbe en el proceso”. Por su parte, la facultad es una “situación jurídica neutra que consiste en un poder hacer, en un ser libre de hacer”. Ver Quintero, Beatriz y Prieto, Eugenio, Teoría general del proceso , Editorial Temis, Bogotá D.C., 2000, p. 459. 3. Más en general, la Corte ha señalado: “las disposiciones

Quintero, Beatriz y Prieto, Eugenio, Teoría general del proceso , Editorial Temis, Bogotá D.C., 2000, p. 459. 3. Más en general, la Corte ha señalado: “las disposiciones jurídicas procesales aplicadas en este evento (Leyes 906 de 2004 y 1564 de 2012) son de orden público, lo cual significa que no pueden ser modificadas, derogadas o sustituidas por acuerdo de voluntades entre funcionarios o particulares (CSJ STP77802016)”. 9Casación Radicado n.° 63977

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ALEXANDER ANACONA TORO 22.- Naturalmente, la propia Ley 906 de 2004 contempla salvedades al principio de publicidad bajo determinadas situaciones ( artículo 18). También la pandemia, de alcance global, generada por el Covid-19 y la consecuente emergencia sanitaria desatada, supuso un conjunto de circunstancias excepcionales. Frente a ella tuvo que procederse mediante la legislación derivada del estado de emergencia económica, social y ecológica decretado por el Gobierno nacional, así como con la regulación administrativa expedida al amparo y justificación de tales circunstancias. 23.- En el ámbito judicial, lo anterior supuso la introducción de excepciones a los principios de oralidad y publicidad y, en particular, al modelo de notificaciones previsto en la Ley 906 de 2004. Las reglas particulares dictadas para tales escenarios estuvieron, obviamente,

publicidad y, en particular, al modelo de notificaciones previsto en la Ley 906 de 2004. Las reglas particulares dictadas para tales escenarios estuvieron, obviamente, justificadas en razones precisas y suficientes. En cambio, bajo circunstancias de normalidad, es evidente que parte esencial del debido proceso es la aplicación de la publicidad y la oralidad en las actuaciones que son manifestación suya, como las relativas a la notificación de las sentencias judiciales.

24.- Adicionalmente, es importante precisar que, si bien la Ley 1826 de 2017 adicionó 31 artículos a la Ley 906 de 2004 (artículos 534 a 564) para incorporar el procedimiento especial abreviado18, esa norma no modificó la manera en la que debe notificarse la sentencia de segunda instancia19. 18 CSJ AP7482-2024, rad. n.° 62046. 19 CSJ AP1301-2025, rad. n.° 65181. 10Casación Radicado n.° 63977

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ALEXANDER ANACONA TORO 25.- En concreto, porque (i) los artículos 544 y 545 únicamente cambiaron la forma en la que debe comunicarse la sentencia de primera instancia (mediante el traslado de la sentencia)20; y (ii) el artículo 546 estableció que las demás notificaciones « del procedimiento abreviado se surtirán de conformidad con lo previsto en el Capítulo VI del Título VI de este Código” (artículos 168 a 174)». 26.- En síntesis, la Sala concluye que, en contextos de

notificaciones « del procedimiento abreviado se surtirán de conformidad con lo previsto en el Capítulo VI del Título VI de este Código” (artículos 168 a 174)». 26.- En síntesis, la Sala concluye que, en contextos de normalidad, omitir o cambiar el procedimiento para la notificación del fallo de segunda instancia supone un vicio que afecta el debido proceso en sus aspectos sustanciales. Ello, por cuanto el modelo integral del sistema de notificaciones en la Ley 906 de 2004 está vinculado a la oralidad y la publicidad, como principios y garantías de la actuación procesal. Tal irregularidad constituye una causal de nulidad, en los términos del artículo 457 de la misma Ley. 4.4. El caso concreto 27.- Conforme se indicó en los antecedentes, en primera instancia, el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Conocimiento de La Sierra condenó a ALEXANDER ANACONA T ORO por el delito de violencia intrafamiliar. 20 En particular, el artículo 545 (“traslado de la sentencia e interposición de recursos”) dispone que (i) anunciado el sentido del fallo, el juez dará traslado para cumplir el trámite del art. 447 (individualización de la pena y sentencia); (ii) el juez contará con 10 días “para proferir la sentencia y correr traslado escrito de la misma a las partes ”; (iii) “[l]a sentencia se entenderá notificada con el traslado, para lo cual el juez citará a las partes a su despacho y hará entrega de la providencia (…)”; y (iv) surtidas las

(iii) “[l]a sentencia se entenderá notificada con el traslado, para lo cual el juez citará a las partes a su despacho y hará entrega de la providencia (…)”; y (iv) surtidas las notificaciones “ las partes contarán con cinco (5) días para la presentación de los recursos que procedan contra la decisión de primera instancia (…)” (énfasis añadido). 11Casación Radicado n.° 63977

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ALEXANDER ANACONA TORO Apelada la decisión por la defensa, mediante sentencia de 29 de marzo de 2023, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán la confirmó integralmente. Esta última decisión fue notificada vía correo electrónico. 28.- En las anteriores condiciones, la Sala encuentra que la omisión de la audiencia de lectura del fallo introdujo un vicio trascendente en la estructura formal del proceso. Tal como se mencionó en los fundamentos de la presente decisión, el modelo de notificaciones en audiencia pública constituye un componente esencial del debido proceso, debido a su intrínseca relación con la oralidad y la publicidad, como principios del trámite. Por lo tanto, la pretermisión de la audiencia para la comunicación del fallo impacta el debido proceso en sus aspectos esenciales. 29.- Es cierto que el artículo 169 de la Ley 906 de 2004 establece la posibilidad de realizar la notificación de las decisiones judiciales « de manera excepcional» por medio de «comunicación escrita dirigida por telegrama, correo

29.- Es cierto que el artículo 169 de la Ley 906 de 2004 establece la posibilidad de realizar la notificación de las decisiones judiciales « de manera excepcional» por medio de «comunicación escrita dirigida por telegrama, correo certificado, facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio idóneo que haya sido indicado por las partes ». Sin embargo, en el presente asunto no está acreditada la concurrencia de alguna circunstancia excepcional que impidiera la realización de la audiencia y la notificación del fallo en estrados. 30.- Aunado a ello, la Sala ya ha aclarado que la Ley 2213 de 2022 «no supuso una derogatoria tácita o expresa de 12Casación Radicado n.° 63977

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ALEXANDER ANACONA TORO las reglas especiales que rigen dicho procedimiento en el Código de Procedimiento Penal»21. 31.- Por lo tanto, la omisión de la audiencia de lectura de fallo y la notificación por un mecanismo distinto comporta una lesión al debido proceso. 32.- La Sala también advierte que la irregularidad detectada, a la luz de los principios que orientan la declaratoria de las nulidades, solo puede ser superada mediante la decisión, justamente, de disponer la anulación parcial del trámite. En efecto, la jurisprudencia ha considerado que, constatada una anomalía en el decurso del proceso, debe acudirse a los principios de convalidación 22,

parcial del trámite. En efecto, la jurisprudencia ha considerado que, constatada una anomalía en el decurso del proceso, debe acudirse a los principios de convalidación 22, protección23, instrumentalidad de las formas 24, trascendencia25 y residualidad 26, para determinar, en cada caso concreto, si hay, o no, lugar a declarar la nulidad del proceso27. Pues bien, la aplicación de los anteriores principios conduce a la determinación anunciada. 33.- Cuando el juzgador de segunda instancia omite el mecanismo de notificación de la sentencia establecido en la Ley o actúa con base en otro no fijado en ella se afecta la 21 CSJ AP7109-2024, rad. n.° 67612. 22 Las irregularidades pueden convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado. 23 El sujeto procesal que con su conducta no haya dado lugar a la configuración del vicio, es el único que lo puede alegar, salvo que se trate de ausencia de defensa técnica. 24 Como las formas no son un fin en sí mismo, siempre que se cumpla con el propósito que la regla de procedimiento pretendía proteger, no habrá lugar a la declaración de la nulidad. 25 La magnitud del defecto debe tener incidencia en el sentido final de la decisión o la actuación judicial. 26 La declaratoria de nulidad debe ser el único remedio procesal para superar el yerro detectado. 27 AP142-2025, rad. n.° 66050. 13Casación Radicado n.° 63977

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detectado. 27 AP142-2025, rad. n.° 66050. 13Casación Radicado n.° 63977

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ALEXANDER ANACONA TORO actuación procesal de forma trascendente. Como se indicó, el modelo de notificación de los fallos en audiencia tiene un alcance complejo. La publicidad y oralidad del acto de comunicación se encuentran instituidas en interés de las partes e intervinientes, pero también supone una salvaguarda más general, que incluye a la opinión pública y a la comunidad. 34.- Sin que lo anterior signifique un interés jurídico procesal, en estricto sentido, la sociedad y la opinión pública actúan como vigilantes de un proceso y un juicio justo, como veedores de un empleo racional y proporcionado del poder punitivo del Estado. Este mecanismo, por lo tanto, también redunda en una protección reforzada a favor del sujeto pasivo de la acción penal. En tal sentido, la omisión de la audiencia de lectura de la sentencia de segunda instancia priva significativamente de sus alcances el principio de publicidad que subyace al modelo de notificación en estrados. 35.- La irregularidad que conlleva la pretermisión de la mencionada diligencia no puede ser objeto de convalidación. Esta situación, que permite entender superado un vicio acaecido, solo ocurre cuando la causal de nulidad comporta afectaciones exclusivas para una parte y solo a ella se le confía su reclamación como una carga procesal. De no asumir la carga, la parte debe aceptar las consecuencias que

afectaciones exclusivas para una parte y solo a ella se le confía su reclamación como una carga procesal. De no asumir la carga, la parte debe aceptar las consecuencias que de ello se derivan. En cambio, las reglas sobre el modelo de notificaciones en audiencia pública son de interés público, tienen un alcance más general y, como forma imperativa, la garantía de su cumplimiento recae en el juez, en tanto deberpoder. 14Casación Radicado n.° 63977

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ALEXANDER ANACONA TORO 36.- De otro lado, debido a que fue la autoridad judicial quien propició la notificación a partir de un procedimiento distinto al previsto preferencialmente en la Ley (no las partes ni los intervinientes), no puede aducirse el principio de protección para evitar la anulación del proceso. A su vez, dado que se obvió la audiencia de lectura de la sentencia de segunda instancia, conforme fue explicado, no se cumplió tampoco el propósito que solo ella puede lograr en términos de oralidad y publicidad de la decisión judicial (en un sentido complejo). El principio de instrumentalidad de las formas permite advertir que las finalidades del procedimiento de notificación legal quedaron parcialmente frustradas. 37.- Por último, en aplicación del principio de residualidad, se concluye que solo mediante la convocatoria y realización de la diligencia en la cual se dé lectura al fallo de segundo grado podrán garantizarse los objetivos del modelo de notificación al cual se ha hecho referencia en la presente decisión. Así, partes e intervinientes y público en general podrán asistir y escuchar los fundamentos de la decisión que

segundo grado podrán garantizarse los objetivos del modelo de notificación al cual se ha hecho referencia en la presente decisión. Así, partes e intervinientes y público en general podrán asistir y escuchar los fundamentos de la decisión que se adopta. Lo anterior, elementalmente, implica cumplir las reglas previstas al respecto en la Ley. 38.- La Sala aclara que, conforme lo establece la Ley 2213 de 2022, es posible que la audiencia omitida sea llevada a cabo a través de medios tecnológicos, dado que lo relevante es su realización y que se cumpla el objeto de publicidad de la decisión. Se advierte, en todo caso, que la aplicación de la Ley 2213 de 2022 permite la implementación de los medios tecnológicos en el procedimiento penal, más no instituye un 15Casación Radicado n.° 63977

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ALEXANDER ANACONA TORO mecanismo de notificación de las providencias, pues ello solo está previsto en la Ley procesal28. 39.- De la misma manera, en la audiencia de lectura de fallo, el respectivo tribunal puede realizar una síntesis de la providencia. Ello, con la aclaración de que no sustituye la decisión, no la complementa ni se integra a ella, sino que apenas constituye una herramienta metodológica para racionalizar las labores de la Sala correspondiente. Así mismo, con la indicación de que al final de la diligencia los intervinientes e interesados pueden acceder al texto completo del pronunciamiento. 40.- Así las cosas, se declarará la nulidad de la actuación a partir de los trámites de notificación de la

intervinientes e interesados pueden acceder al texto completo del pronunciamiento. 40.- Así las cosas, se declarará la nulidad de la actuación a partir de los trámites de notificación de la sentencia emitida el 29 de marzo de 2023 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, para que proceda de manera urgente a convocar a partes e intervinientes a la audiencia de lectura de fallo, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 179 de la Ley 906 de 2004. Para este efecto se otorgará un plazo perentorio de quince (15) días, contados a partir de que se les comunique la presente decisión. 4.5. Síntesis de la decisión 41.- La Sala concluye que, al haberse omitido la lectura del fallo de segunda instancia y, por lo tanto, la notificación en estrados de la decisión, se incurrió en un vicio que 28 CSJ AP488-2025, rad. n.° 64349. 16Casación Radicado n.° 63977

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ALEXANDER ANACONA TORO impacta sustancialmente el debido proceso . Conforme a lo indicado en las consideraciones del preste auto, el modelo de notificaciones en audiencia pública constituye un componente esencial del debido proceso, dada su intrínseca relación con la oralidad y la publicidad, como principios del proceso penal. En consecuencia, se declarará la nulidad de la actuación a partir de los trámites de notificación de la sentencia de segundo grado, para que p