CSJ - AP2289-2019(50326)

1 PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR Magistrada ponente AP2289-2019 Radicación 50326 (Aprobado Acta n.º 144) Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil diecinueve (2019) ASUNTO Se pronuncia la Sala sobre la solicitud presentada por RAFAEL GUILLERMO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, consistente en que se remita a la Jurisdicción Especial para la Paz la actuación seguida en su contra. ANTECEDENTES El expediente seguido contra RAFAEL GUILLERMO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ y otros dos procesados, fue recibido en esta Corporación en virtud del recurso de casaciónCasación 50326 Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 2 interpuesto por los defensores contra el fallo del Tribunal Superior de Montería (Córdoba), que dispuso, en lo que respecta a ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, confirmar la sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito Especializado, que lo declaró responsable del delito de concierto para delinquir agravado. El 14 de junio de 2017 la Corte admitió las demandas y ordenó correr traslado de ellas al procurador delegado para la casación penal, quien presentó el concepto correspondiente, luego de lo cual la actuación ingresó al despacho de la magistrada ponente para el proferimiento del fallo. Estando en el despacho de la magistrada, RAFAEL GUILLERMO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, mediante memorial

despacho de la magistrada ponente para el proferimiento del fallo. Estando en el despacho de la magistrada, RAFAEL GUILLERMO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, mediante memorial presentado personalmente en la oficina de administración judicial de Montería (Córdoba) el 4 de junio de 2019 y recibido en el despacho de la magistrada el 6 del mismo mes y año, solicitó la remisión de la actuación que se sigue en su contra, a la Jurisdicción Especial para la Paz, por ser su «voluntad, libre, espontánea, sin que medie presión alguna..» acogerse a dicha jurisdicción. Allegó, además, copia de la solicitud que radicó el 5 de junio de 2019 en la JEP, mediante la cual eleva solicitud en el mismo sentido, por ser su deseo acogerse a esa Jurisdicción.Casación 50326 Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 3 CONSIDERACIONES El sustento jurídico para la petición elevada por el procesado RAFAEL GUILLERMO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, es la Ley 1922 expedida el 18 de julio de 2018, a través de la cual el Congreso de la República adoptó unas normas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya creación se acordó como resultado de los diálogos en la Habana (Cuba) entre el grupo guerrillero FARC-EP y delegados del gobierno colombiano, con el fin de alcanzar un

creación se acordó como resultado de los diálogos en la Habana (Cuba) entre el grupo guerrillero FARC-EP y delegados del gobierno colombiano, con el fin de alcanzar un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Los objetivos del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), se encaminan a satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante este que supongan graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos. Dicho acuerdo se incorporó a la legislación nacional a través del Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, por medio del cual se creó un título de disposiciones transitorias en la Constitución, que contiene las normas que regulan elCasación 50326 Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 4 Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, establecidas para la terminación del conflicto armado. Así, el artículo 5º transitorio fijó la Jurisdicción Especial

4 Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, establecidas para la terminación del conflicto armado. Así, el artículo 5º transitorio fijó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, para las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016, siempre que ellas hubieren sido «cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo» , en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al DIH o graves violaciones a los derechos humanos. Este marco constitucional ha venido siendo objeto de desarrollo legislativo, inicialmente, con la Ley 1820 de 2016, por medio de la cual se dictaron disposiciones sobre amnistía, indulto, tratamientos penales especiales y otras disposiciones, luego con el Decreto 277 de 2017 que estableció el procedimiento para la efectiva implementación de la primera, los Decretos 706 y 1269 de 2017 a través de los cuales se aplica el tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública, hasta la expedida Ley 1922 del 18 de julio del año en curso que fijó los principios rectores de la JEP y adoptó las reglas de procedimiento para esta jurisdicción.1

1 A la fecha el presidente de la República no ha sancionado el proyecto de Ley Estatutaria de la

del año en curso que fijó los principios rectores de la JEP y adoptó las reglas de procedimiento para esta jurisdicción.1

1 A la fecha el presidente de la República no ha sancionado el proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyo control de constitucionalidad fue realizado en la Sentencia C-080/18, según lo informado por esa Corporación en el comunicado 32 del 15 de agosto del mismo año.Casación 50326 Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 5 Concretamente, sobre el procedimiento para los terceros y agentes del estado no integrantes de la Fuerza Pública que manifiesten su voluntad de acogerse a la JEP, el artículo 47 de la Ley 1922 de 2018, señala: Procedimiento para los terceros y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública que manifiesten su voluntad de someterse a la JEP. De conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, en los casos en que ya exista una vinculación formal a un proceso por parte de la jurisdicción penal ordinaria, se podrá realizar la manifestación voluntaria de sometimiento a la JEP en un término de tres (3) meses desde la entrada en vigencia de dicha ley, siempre y cuando el tercero o agente del Estado no integrantes de la fuerza pública haya sido notificado de la vinculación formal. Se entenderá por vinculación formal, la formulación de la imputación le cargos o de la realización de la diligencia de indagatoria, según el caso.

Se entenderá por vinculación formal, la formulación de la imputación le cargos o de la realización de la diligencia de indagatoria, según el caso. En los demás casos en los que aún no exista sentencia, podrán realizar su manifestación de sometimiento dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. (..) La manifestación de voluntariedad deberá realizarse por escrito ante los órganos competentes de la jurisdicción ordinaria, quienes deberán remitir de inmediato las actuaciones correspondientes a la JEP. La actuación en la jurisdicción ordinaria, incluyendo la prescripción de la acción penal, se suspenderá a partir del momento que se formule la solicitud de sometimiento a la JEP y hasta tanto esta asuma la competencia. La JEP tendrá un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para resolver la solicitud, contados a partir de la fecha de recepción de la misma. Durante este período seguirán vigentes lasCasación 50326 Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 6 medidas de aseguramiento y/o las penas impuestas por la jurisdicción ordinaria en contra del procesado, y se suspenderán los términos del proceso penal. Vencido el plazo anterior, la Sala proferirá resolución en la que determinará si el caso expuesto en la solicitud es de su competencia o no, para lo cual se aplicara de manera exclusiva lo establecido en el Acto Legislativo No. 01 de 2017 y la Ley Estatutaria de la Administración de la JEP.

competencia o no, para lo cual se aplicara de manera exclusiva lo establecido en el Acto Legislativo No. 01 de 2017 y la Ley Estatutaria de la Administración de la JEP. Si concluye que no es competente para conocer del asunto, devolverá el expediente y todo el material probatorio a la jurisdicción ordinaria dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la resolución que así lo hubiere decidido. Al cabo de este plazo, volverán a reanudarse los términos del proceso penal ordinario.

En caso contrario, es decir, si la Sala concluye que el asunto es de su competencia, así lo declarará expresamente y adelantará el procedimiento previsto en esta ley. En este supuesto, las actuaciones de la jurisdicción ordinaria tendrán plena validez. Esta norma, al igual que todas las expedidas en desarrollo, aplicación y cumplimiento del Acuerdo Final para la Paz, tiene dos presupuestos que determinan el ámbito de aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz: (i) que la persona hubiere participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, y (ii) que haya sido condenada, procesada o señalada de cometer conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el mismo.Casación 50326 Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 7 Significa lo anterior, que la simple manifestación del investigado, procesado o condenado por la comisión de una conducta punible, no determina la competencia de la JEP,

Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 7 Significa lo anterior, que la simple manifestación del investigado, procesado o condenado por la comisión de una conducta punible, no determina la competencia de la JEP, toda vez que el origen y la naturaleza de la jurisdicción especial exige la calificación de la conducta como un hecho cometido por quien participó directa o indirectamente en el conflicto armado, además, que el hecho haya sido cometido con causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto. Ahora bien, en cuanto al funcionario competente para examinar tales circunstancias, la Sala interpretó el citado artículo 47, concluyendo que corresponde al de la jurisdicción ordinaria ante quien se eleva la petición de acogimiento a la JEP, efectuar un análisis a partir del cual se viabilice la remisión de la actuación a esa jurisdicción: «…[Q]ue el propio legislador haya previsto como mecanismos para resolver las solicitudes de sometimiento a la JEP que la petición se presente ante la autoridad ordinaria, lo que implica naturalmente que esta debe hacer un pronunciamiento de si el asunto sometido a su conocimiento debe o no remitirse a la JEP. Pero también quien pretende comparecer a esta última jurisdicción puede formular sus pretensiones para que la Sala de Definición de Situación Jurídica resuelva si es de su competencia...» (CSJ AP, 5 sept. 2018, rad. 32785). Un entendimiento diferente conllevaría a la anarquía

Sala de Definición de Situación Jurídica resuelva si es de su competencia...» (CSJ AP, 5 sept. 2018, rad. 32785). Un entendimiento diferente conllevaría a la anarquía judicial, en tanto bastaría que cualquier procesadoCasación 50326 Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 8 manifestara su intención de acogerse a la JEP, para paralizar su proceso en la justicia ordinaria, hermenéutica que en modo alguno consulta los objetivos constitucionales y la competencia de esta jurisdicción creada con el fin de investigar y juzgar hechos cometidos por quienes participaron en el conflicto armado interno, siempre que ellos hubieren sido por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con dicho conflicto. Resultaría incoherente con los fines y principios del sistema judicial colombiano, concebir que sin ningún examen sobre los presupuestos que determinan la competencia de la JEP, la justicia ordinaria debe remitir la petición a esa jurisdicción, junto con la totalidad del proceso, y suspender el término de prescripción y de las actuaciones procesales, generando un caos ante la avalancha de peticiones que sin ningún sustento tendrían que avocar los magistrados de la JEP. Entonces, cuando un tercero o un agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública pretenden acceder a los beneficios y penas establecidas en el Acuerdo Final para la Paz, el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley 1820 de 2016 y los

integrante de la Fuerza Pública pretenden acceder a los beneficios y penas establecidas en el Acuerdo Final para la Paz, el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley 1820 de 2016 y los decretos reglamentarios, es necesario el análisis por parte de la autoridad de la jurisdicción ordinaria que conoce el proceso, con miras a determinar si las conductas punibles cometidas por quien hace la petición, fueron ejecutadas con ocasión y en relación directa o indirecta con el conflicto.Casación 50326 Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 9 Y no podría interpretarse de manera diferente, dado que desde la expedición del Acto Legislativo 01 de 2017 (4 de abril), el legislador constitucional instituyó unos presupuestos concebidos con miras a que a la Jurisdicción Especial para la Paz se remitan exclusivamente las actuaciones que cursen por conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno (art. 5º Transitorio), de cara a que los esfuerzos de la recién creada jurisdicción se optimicen en el estudio de estas y no se desgaste examinando situaciones que desde el inicio se sabe son extrañas a su competencia. De manera que el inciso 4º del artículo 47 de la Ley 1922

de 2018, que establece el procedimiento a seguir en los casos en los que un tercero o un agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública manifiesten su intención de acogerse a la JEP, debe interpretarse acudiendo a la teleología de las normas que lo inspiraron, puesto que no se concibe un trámite apartado de los fines del instituto jurídico que lo rige. Así lo entendió la Sala en el precedente citado: Las […] normativas puestas de presente en esta, no pueden ser aplicadas única y exclusivamente con base en su tenor literal, pues como se ha dicho, de procederse así, se arribaría a soluciones arbitrarias y que atentan contra la recta, eficaz, pronta y cumplida administración de justicia. Por ello, el artículo 47 de la Ley 1922 de 2018 se aplicará bajo el entendido que el estudio de la solicitud formulada por el compareciente o procesado debe enmarcarse en el contexto de los delitos y las conductas para los cuales es competente la JEP.»Casación 50326 Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 10 Ahora bien, nada obsta para que el procesado acuda ante la JEP presentando su solicitud de acogimiento a esa jurisdicción, caso en el cual, por ser la autoridad ante quien se eleva la pretensión, allí se efectúe el estudio de correspondencia de los hechos, con las exigencias constitucionales y legales que le atribuyen el conocimiento. Solo si se arriba a la conclusión de que esa jurisdicción es competente para juzgar los hechos examinados, solicitará a la justicia ordinaria la remisión del expediente. En todo caso, también en este evento es determinante el pronunciamiento

Solo si se arriba a la conclusión de que esa jurisdicción es competente para juzgar los hechos examinados, solicitará a la justicia ordinaria la remisión del expediente. En todo caso, también en este evento es determinante el pronunciamiento de la autoridad de la jurisdicción ordinaria que adelanta la actuación, pues, de presentarse discrepancia de criterios entre una y otra, el legislador instituyó el conflicto de competencia.

Lo anterior, como lo dispone el mencionado artículo 47, cuando se trate de destinatarios de la JEP, específicamente los terceros o los agentes del Estado diferentes a los miembros de la Fuerza Pública que hubieren cometido conductas punibles relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado interno, puesto que su acogimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz es producto de la manifestación voluntaria de comprometerse a decir la verdad. De otra parte, el sometimiento a la JEP de los terceros o Agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública, debe manifestarse dentro del límite temporal previsto en el artículo 47 de la Ley 1922 de 2018, es decir, dentro de losCasación 50326 Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 11 tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria de esa jurisdicción, término que se vence el 6 de

septiembre de 2019, teniendo en cuenta que entró a regir el 6 de junio del mismo año. (Ley 1957 de 2019). En conclusión, (i) la manifestación de acogimiento a la JEP, presentada por un tercero o un agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública, en la jurisdicción ordinaria, sólo será remitida a esa jurisdicción si el funcionario judicial a cargo del proceso verifica que se reúnen los presupuestos de competencia material y personal. (ii) Si la petición es presentada directamente en la JEP, y una vez analizada la solicitud se concluye que es un asunto de su competencia, solicitará a la jurisdicción ordinaria la remisión del expediente. (iii) En el evento de presentarse criterios encontrados entre las dos jurisdicciones, se resolverán a través del conflicto de competencia. El caso concreto. Atendiendo los anteriores lineamientos, la Sala abordará el estudio de la petición de RAFAEL GUILLERMO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, quien en su condición de tercero ha manifestado su intención de acogerse a la JEP. Con tal fin, se hace necesario verificar si las conductas punibles juzgadas en esta actuación fueron realizadas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto

armado, siendo necesario reseñar los hechos que se tuvieron como probados por el tribunal, los cuales han sido conocidosCasación 50326 Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 12 con el nombre de ‘PACTO DE MARIZCO –URABÁ CORDOBÉS’, como mecanismo utilizado desde el año 1997 por Vicente Castaño, máximo comandante de las AUC, con el fin de impulsar, extender y fortalecer desde las regiones, las actividades de las Autodefensas Armadas de Colombia, hasta alcanzar participación de sus candidatos en el Congreso de la República. La gesta de dichos pactos entre los paramilitares y los políticos estuvo a cargo de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quien dividió en tres regiones el Urabá colombiano promoviendo el mismo número de proyectos: (1) ‘Urabá Grande Unido y en Paz’, en la zona del Urabá Antioqueño’’; (2) ‘Proyecto Político Regional Darién Chocoano’, y (3) ‘PROYECTO POLÍTICO MARIZCO URABÁ CORDOBÉS’, este último, a cargo del Bloque Elmer Cárdenas, con injerencia en los municipios ubicados en la margen izquierda del río Sinú, entre ellos, Canalete, Los Córdobas, Moñitos, Puerto Escondido y San Bernardo del Viento. En desarrollo de la investigación se individualizó, entre otros, a RAFAEL GUILLERMO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, político del municipio de Canalete (Córdoba), a quien se le

Escondido y San Bernardo del Viento. En desarrollo de la investigación se individualizó, entre otros, a RAFAEL GUILLERMO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, político del municipio de Canalete (Córdoba), a quien se le atribuye haber colaborado, promocionado y auspiciado el proyecto ‘MARIZCO’ a cambio de obtener el respaldo de la organización criminal para conseguir ser elegido como alcalde del municipio, situación que efectivamente se concretó para el periodo comprendido entre el 2004-2007con su elección como primer mandatario de esa localidad.Casación 50326 Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 13 Frente al compromiso de ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ con el pacto político ‘MARIZCO’, señaló el tribunal que El postulado FREDY RENDÓN HERRERA, en declaración rendida el 19 de agosto de 2010, dentro del proceso radicado bajo el número 330, que se originó del radicado 305, para investigar el pacto de Marizco , manifestó que ellos habían apoyado al procesado en su aspiración a la alcaldía del municipio de Canalete, para el periodo 2004 a 2007. Indicó, que dicho apoyo se dio por parte de OTONIEL SEGUNDO HOYOS. Lo afirmado por RENDÓN HERRERA lo corrobora CATALINO SEGURA MORENO, miembro activo del grupo ilegal ÉLMER CÁRDENAS, en su declaración de fecha 2 de junio de 2010. Además de lo anterior, la Sala debe resaltar que a eta actuación

miembro activo del grupo ilegal ÉLMER CÁRDENAS, en su declaración de fecha 2 de junio de 2010. Además de lo anterior, la Sala debe resaltar que a eta actuación se trajo por parte de la Fiscalía unas actas programáticas, en donde sus suscriptores se hacían compromisos para apoyar al grupo Elmer Cárdenas. Entre los que suscribieron esas actas se encuentra el procesado ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, quien acepta haberla firmado, pero sin leer su contenido y manifestando además que las suscribió en contra de su voluntad…2 Por estos hechos la Fiscalía abrió investigación el 12 de octubre de 2011 y ordenó vincular, entre otros, a RAFAEL GUILLERMO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, exalcalde del municipio de Canalete (Córdoba), acusándolo por el delito de concierto para delinquir agravado conforme al inciso 2° del artículo 340 del Código Penal, conducta punible por la cual fue condenado en las instancias.

2 Ver folio 25 del fallo del tribunal.Casación 50326 Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 14 La lectura desprevenida de los hechos cuya intervención es atribuida a RAFAEL GUILLERMO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, determina la procedencia de remitir la actuación a la JEP, por cuanto se le juzga por sus relaciones con el paramilitarismo, concretamente como particular que alcanzó la alcaldía de Canalete (Córdoba) valiéndose del apoyo logístico y electoral del Bloque Élmer Cárdenas de las

con el paramilitarismo, concretamente como particular que alcanzó la alcaldía de Canalete (Córdoba) valiéndose del apoyo logístico y electoral del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, trato que se materializó con la suscripción del ‘Pacto Marizco’. El compromiso adquirido por RAFAEL GUILLERMO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, según lo reseña el fallo, hacía parte de una estrategia de las AUC para impulsar su proyecto político desde las regiones hasta alcanzar representación en las corporaciones públicas de orden nacional, quitándole espacio territorial a las guerrillas de ideología de extrema izquierda. Bajo este contexto, la Sala encuentra cumplido el requisito indispensable para que la JEP asuma el conocimiento de la conducta juzgada en la jurisdicción ordinaria, por cuanto está claro el nexo con el conflicto armado interno. Adicionalmente, RAFAEL GUILLERMO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ manifiesta su voluntad de comparecer como agente del estado no integrante de la fuerza pública, ante la JEP, con el fin de contar la verdad sobre los hechos delictivos, compromiso que igualmente hizo saber a esaCasación 50326 Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 15 jurisdicción en escrito que radicó el día de ayer 3, es decir, dentro del término de tres meses que otorga el artículo 47 de la Ley 1922 de 2018. En consecuencia, como quiera que este proceso cursa en

15 jurisdicción en escrito que radicó el día de ayer 3, es decir, dentro del término de tres meses que otorga el artículo 47 de la Ley 1922 de 2018. En consecuencia, como quiera que este proceso cursa en contra de dos procesados más, se dispone la ruptura de la unidad procesal para que en esta jurisdicción continúe el trámite respecto de ARMANDO LAMBERTINEZ BOLAÑOS y

EVA LEONOR CARMONA GARCÉS.

En lo que atañe a RAFAEL GUILLERMO ALVAREZ DOMÍNGUEZ, se remitirá copia del expediente (cuadernos y cd’s) a la Jurisdicción Especial (art. 47 de la Ley 1922 de 2018), para lo cual se procederá a su fotocopiado. De conformidad con los dispuesto por el artículo 47 de la Ley 1922 de 2018, la actuación en su contra queda suspendida, incluyendo el término de prescripción de la acción penal, a partir del momento en el que presentó la solicitud de sometimiento (6 de junio de 2019), hasta tanto la JEP asuma la competencia. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE PRIMERO: ROMPER LA UNIDAD PROCESAL, para que en la jurisdicción ordinaria continúe la actuación

3 Ver la copia que allega el peticionario, en la que se observa el sticker con código de recibido 20191510228882.Casación 50326 Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 16 únicamente respecto de ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ

20191510228882.Casación 50326 Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 16 únicamente respecto de ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ

BOLAÑOS y EVA LEONOR CARMONA GARCÉS.

SEGUNDO: SUSPENDER la actuación que se sigue en esta jurisdicción en contra de RAFAEL GUILLERMO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ , incluyendo el término de prescripción de la acción penal, a partir del momento en que fue formulada la solicitud de sometimiento a la JEP y hasta tanto esta asuma competencia.

TERCERO: REMITIR, por las razones expuestas, la actuación que se adelanta en contra de RAFAEL

GUILLERMO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Contra lo aquí decidido no procede recurso alguno. Comuníquese y cúmplase.

EYDER PATIÑO CABRERA

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYACasación 50326

Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 17

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

SecretariaCasación 50326 Rafael Guillermo Álvarez Domínguez 18