CSJ - AP2547-2025

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado Ponente AP2547-2025 Radicación n° 59314 Acta Nro. 083 Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil veinticinco (2025). ASUNTO La Sala se pronuncia sobre la admisibilidad de la demanda sustento del recurso de casación presentada por el apoderado de MAURICIO NICOLÁS ESPINOSA ESPINOSA y EDWIN DE JESÚS SALGADO GUERRERO contra la sentencia proferida el 31 de julio de 2020 1 por el Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual confirma la emitida el 19 de febrero del mismo año por el Juzgado 50 Penal del Circuito de esta ciudad, que los condenó por los delitos de peculado por apropiación agravado por la cuantía, prevaricato por acción, en concurso homogéneo y heterogéneo y, al primero citado, también por falsedad ideológica en documento público. 1 Fue leída el 3 de agosto de 2020.CUI: 11001600000020160017602

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HECHOS MAURICIO NICOLÁS ESPINOSA ESPINOSA y EDWIN DE JESÚS SALGADO GUERRERO, en su condición de secretarios en propiedad y provisionalidad del Juzgado Civil del Circuito de Lorica, intervinieron en el trámite de once (11) procesos ejecutivos laborales bajo radicaciones 00028, 00035, 00041, 00054, 00071, 00073, 00077, 00085, 00088, 00097, 00100, todas del año 2010,

laborales bajo radicaciones 00028, 00035, 00041, 00054, 00071, 00073, 00077, 00085, 00088, 00097, 00100, todas del año 2010, en los que los apoderados de 170 docentes buscaban reajustar la mesada pensional reconocida por la Fiduciaria La Previsora, encargada de manejar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Ministerio de Educación Nacional-. Las decisiones ilegales suscritas por la titular del despacho Loreley Montes Oyola, quien con la colaboración de los citados empleados, tuvieron como sustento resoluciones falsas expedidas por la Secretaría de Educación de Córdoba y Lorica; dispusieron el embargo de las cuentas bancarias del Fondo, pasando por alto la prohibición legal de inembargabilidad de las mismas; aprobaron sin fundamento la venta de porcentajes de derechos litigiosos entre abogados; aceptaron la conciliación extraprocesal promovida por el apoderado de la Fiduprevisora S.A y los demandantes, obviando que, conforme a los Códigos Contencioso Administrativo y Civil, en esos casos, debía existir un comité previamente constituido para llevar a cabo tales transacciones; aprobaron la liquidación de los créditos con pretermisión de los términos legales; condenaron en costas y agencias en derecho a las entidades ejecutadas, impidiéndoles hacerse parte en los procesos y ejercer susCUI: 11001600000020160017602

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Casación

impidiéndoles hacerse parte en los procesos y ejercer susCUI: 11001600000020160017602

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Casación Mauricio Nicolás Espinosa Espinosa y Otro 3 prerrogativas como tales; y, libraron los oficios comunicando la entrega de los títulos judiciales. Las mismas, causaron detrimento al erario en cuantía de $78.067.320.048, 93. Así mismo, MAURICIO NICOLÁS ESPINOSA ESPINOSA en el proceso con radicación 00054, certificó la presentación personal de 10 poderes de igual número de abogados a favor del profesional del derecho Álvaro Burgos, cuyas firmas resultaron apócrifas como se determinó en el proceso. ANTECEDENTES Entre el 3 y 22 de octubre de 2015, en audiencia preliminar el Juzgado 37º Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías, declaró la legalidad de la captura de MAURICIO

NICOLÁS ESPINOSA ESPINOSA y EDWIN DE JESÚS SALGADO

GUERRERO2.

La fiscalía le imputó a SALGADO GUERRERO los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo en grado de complicidad y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía a título de coautor, arts. 413 y 397 inc. 2º del Código Penal. A ESPINOSA ESPINOSA los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo en calidad de cómplice, peculado por

agravado por la cuantía a título de coautor, arts. 413 y 397 inc. 2º del Código Penal. A ESPINOSA ESPINOSA los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo en calidad de cómplice, peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía en condición de coautor, y falsedad ideológica en documento público, 2 Adicionalmente la de nueve (9) capturados más.CUI: 11001600000020160017602

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Casación Mauricio Nicolás Espinosa Espinosa y Otro 4 arts. 413, 397 inc. 2º y 286 del Código Penal. Los imputados no aceptaron los cargos. El Juez les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario. El 4 de febrero de 2016, la Fiscalía radicó el escrito de acusación únicamente contra los dos mencionados. El 5 de octubre de 2016, luego que la defensa impugnara la competencia de la Juez 50 Penal del Circuito de Bogotá por el factor territorial, la cual no prosperó, y después que fuera negada la solicitud de nulidad por violación del principio de congruencia, la fiscalía materializó la acusación. En dicha oportunidad aclaró que SALGADO GUERRERO no era cómplice de peculado por apropiación en las radicaciones 00097, 00088 y 00100. El 19 de febrero de 2020, la Juez los condenó así: a ESPINOSA ESPINOSA a trescientos veinticuatro (324) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000) smlmv e inhabilitación

ESPINOSA ESPINOSA a trescientos veinticuatro (324) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000) smlmv e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por veinte (20) años; y, a SALGADO GUERRERO a doscientos noventa y siete (297) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000) smlmv e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años. A ambos acusados, por prohibición legal, les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria, motivo por el cual dispuso librar las órdenesCUI: 11001600000020160017602

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Casación Mauricio Nicolás Espinosa Espinosa y Otro 5 de captura para el cumplimiento de la sanción privativa de la libertad en centro carcelario. El 31 de julio de 2020, el Tribunal Superior de Bogotá por vía de apelación de la defensa, confirmó sin modificaciones el fallo de primera instancia. Contra la sentencia del ad quem, la defensa de ESPINOSA ESPINOSA y SALGADO GUERRERO interpuso recurso de casación. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA El demandante propone cinco (5) cargos, uno principal y cuatro (4) subsidiarios; el primero de estos, contentivo de tres (3) reparos.

1. Con sustento en la causal 2ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, postula el desconocimiento del debido proceso por violación del principio de congruencia.

A su juicio, el tribunal emitió sentencia condenatoria por

reparos.

1. Con sustento en la causal 2ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, postula el desconocimiento del debido proceso por violación del principio de congruencia.

A su juicio, el tribunal emitió sentencia condenatoria por hechos no atribuidos en la formulación de la imputación, ya que en esta no se hizo referencia a la entrega de dinero por parte de los abogados a la juez o empleados del juzgado, o que estos los hubieran recibido para ejecutar o retardar un acto propio de su cargo.CUI: 11001600000020160017602

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Casación Mauricio Nicolás Espinosa Espinosa y Otro 6 El fiscal en el escrito y sustentación de la acusación agregó hechos jurídicamente relevantes, lo cual ameritaba la imputación adicional de los mismos o en otro proceso, lo cual no hizo.

2. Al amparo de la causal 3ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, propone de manera subsidiaria la violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho derivados de falsos juicios de identidad, dos (2), y de existencia uno (1).

El primer reparo por falso juicio de identidad por distorsión de la prueba documental que compone los 11 expedientes de las demandas ejecutivas laborales y que “fueron estipulados”. El demandante aduce que, como ejemplo, expondrá solo la demanda presentada el 17 de agosto de 2010 por el abogado Robert de Jesús Montes López, proceso con radicación 00073, para señalar que los acusados actuaron en cumplimiento de su deber jurídico, teniendo en cuenta las normas del procedimiento civil que rigen sus obligaciones en el trámite de dicha clase de procesos.

para señalar que los acusados actuaron en cumplimiento de su deber jurídico, teniendo en cuenta las normas del procedimiento civil que rigen sus obligaciones en el trámite de dicha clase de procesos. En el segundo reparo por falso juicio de identidad, acusa al tribunal de haber distorsionado el testimonio de Álvaro Burgos Toro, dado que considera que el pago de coimas a la juez y al acusado ESPINOSA ESPINOSA para el trámite de los procesos, a la cual se refiere el citado testigo, evidencian la colaboración de los acusados en los delitos de prevaricato y peculado, mientras para el casacionista es un hecho jurídicamente relevante configurativo del punible de cohecho que dista del que estructura los punibles atribuidos a los acusados.CUI: 11001600000020160017602

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Casación Mauricio Nicolás Espinosa Espinosa y Otro 7 En el tercero por falso juicio de existencia por omisión, aduce que el ad quem desconoció pruebas o hechos estipulados procesalmente válidos y dejó de apreciarlos. Alude a las estipulaciones probatorias 176 y 177, las cuales versan sobre la inexistencia en los años 2010 y 2012 del manual de funciones de empleados del juzgado y de las del secretario en particular. En ausencia del mismo y debiendo regirse por lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, el casacionista advierte que de acuerdo con este cuerpo normativo los acusados no cometieron los delitos imputados, pues el secretario no tenía la

en el Código de Procedimiento Civil, el casacionista advierte que de acuerdo con este cuerpo normativo los acusados no cometieron los delitos imputados, pues el secretario no tenía la facultad para ejercer el control material o jurídico de las demandas ejecutivas laborales o de las decisiones del juez.

3. Invoca la causal 3ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, para denunciar la existencia de un error de hecho por falso juicio de identidad por distorsión de los oficios suscritos por la juez y los secretarios que ordenaban la entrega de los títulos judiciales, que llevó al tribunal a confirmar la condena de los acusados por el delito de peculado por apropiación agravado, dado que de ellos se infiere que los acusados no tenían el dominio del hecho, no reunían la calidad de sujetos activos calificados y su participación fue accesoria, debido a lo cual son cómplices y no coautores de tal punible.

4. Al amparo de la causal 1ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 acusa al tribunal de infringir de manera directa la ley sustancial, pues al considerar a los acusados coautores del delito de peculado por apropiación a favor de terceros, aplicóCUI: 11001600000020160017602

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Casación Mauricio Nicolás Espinosa Espinosa y Otro 8 indebidamente el inciso 2º del artículo 29 del Código Penal y dejó de aplicar el inciso 3º del artículo 30 del mismo estatuto punitivo.

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Casación Mauricio Nicolás Espinosa Espinosa y Otro 8 indebidamente el inciso 2º del artículo 29 del Código Penal y dejó de aplicar el inciso 3º del artículo 30 del mismo estatuto punitivo.

5. Bajo la causal 3ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el casacionista señala la existencia de errores de hecho en la apreciación de la prueba, al acusar al tribunal de hacer agregados a los medios de conocimiento y adicionar los dictámenes grafológicos en los que se sustenta la condena de MAURICIO NICOLÁS ESPINOSA ESPINOSA por el delito de falsedad ideológica en documento público.

CONSIDERACIONES

1. La demanda incumple los presupuestos de técnica que permita disponer su trámite, toda vez que el censor desarrolla las censuras sin sujeción a las exigencias mínimas requeridas en sede casacional, y con omisión de los requisitos formales y materiales previstos en los artículos 183 y 184 de la Ley 906 de

2004.

2. La Sala de tiempo atrás permite cierta flexibilidad en la proposición de la causal segunda cuando se denuncia la existencia o configuración de nulidades, la cual no exime al demandante de la obligación de desarrollar el reparo precisando si la irregularidad afecta la estructura del proceso o vulnera las garantías de los intervinientes y observar los principios que las rigen, debido a que no todo vicio es configurativo de ellas ni suficiente para dejar sin efecto la actuación sino solo aquel que,

si la irregularidad afecta la estructura del proceso o vulnera las garantías de los intervinientes y observar los principios que las rigen, debido a que no todo vicio es configurativo de ellas ni suficiente para dejar sin efecto la actuación sino solo aquel que, debido a su entidad y grado de afectación, impone remediarla.CUI: 11001600000020160017602

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3. Es pertinente recordar que l a Sala tiene dicho que la violación del principio de congruencia es motivo casacional alegable al amparo del numeral 2 del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, pero su desconocimiento no conduce a la anulación de la actuación sino a ajustar la sentencia a los términos de la acusación. Aunque el casacionista acierta en la selección de la causal, toda vez que propone la supuesta violación del principio de consonancia al amparo de la causal definida por la jurisprudencia, no acredita la irregularidad alegada.

4. En vez de hacerlo, expresa que en la imputación no se hizo referencia a entrega de dineros por parte de los abogados a la juez o a los empleados del juzgado civil del circuito de Lorica, o que alguno de estos los hubiera recibido para ejecutar actos propios de su cargo o retardar uno propio, mientras a los acusados no se les atribuyó “conductas relacionadas con indebidos pagos que configurasen punibles como cohecho propio o cohecho impropio”.

5. Además de la impropiedad de la censura, toda vez que su alegación la encamina a la adición en el escrito de acusación de

pagos que configurasen punibles como cohecho propio o cohecho impropio”.

5. Además de la impropiedad de la censura, toda vez que su alegación la encamina a la adición en el escrito de acusación de supuestos hechos jurídicamente relevantes, el casacionista carecería de interés para postular el cargo toda vez que su afirmación, según la cual, ha debido hacerse una imputación adicional o compulsarse copias para formular una nueva, implicaría agravar la situación de los acusados con la atribución de un nuevo delito.

6. En efecto, la fiscalía imputó a los procesados los hechos punibles de prevaricato por acción en grado de complicidad en concurso homogéneo y en concurso heterogéneo con peculadoCUI: 11001600000020160017602

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Casación Mauricio Nicolás Espinosa Espinosa y Otro 10 por apropiación a favor de terceros agravados por la cuantía a título de coautores también en concurso homogéneo; además, a ESPINOSA ESPINOSA falsedad ideológica en documento público. Por tales delitos, fueron acusados y finalmente condenados.

7. Ahora bien, si los hechos jurídicamente relevantes son los supuestos fácticos que se adecúan o subsumen en una descripción típica, el casacionista se equivoca al señalar que la fiscalía en la acusación y los juzgadores en la sentencia atacada en sede de casación desconocieron el principio de congruencia, debido a que los inculpados no fueron juzgados o condenados por recibir dineros de terceros para ejecutar o retardar actos propios

en sede de casación desconocieron el principio de congruencia, debido a que los inculpados no fueron juzgados o condenados por recibir dineros de terceros para ejecutar o retardar actos propios de su cargo o funciones.

8. El recurrente confunde en este caso, los móviles con los hechos jurídicamente relevantes. Las aseveraciones de la fiscalía y del tribunal, en el sentido de señalar que ESPINOSA ESPINOSA suscribía los oficios y tramitaba los procesos motivado por el dinero que le entregaba la jueza y uno de los abogados, no constituyen adición del factum de la imputación sino explicación de los motivos que lo llevaron a participar en los hechos por los cuales fue hallado culpable.

9. Tal móvil, además no es infundado. El testigo Álvaro Enrique Burgos del Toro, quien presentó cinco (5) demandas ejecutivas laborales en el juzgado civil del circuito de Lorica, en su declaración de juicio oral, reveló que entregó dineros a dicho acusado: “Esos recursos eran para agilizar pues los procesos”.CUI: 11001600000020160017602

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10. Desde esta perspectiva, surge inequívoca la falta de demostración de la censura propuesta al amparo de la causal 2ª de casación, dado que los acusados no fueron juzgados ni condenados por el delito de cohecho y el recurrente es incapaz de mostrar que dichos estímulos hagan parte de la configuración de los delitos por los cuales son condenados los acusados. Ahora, si lo discutido es la credibilidad que el tribunal otorgó al testimonio

mostrar que dichos estímulos hagan parte de la configuración de los delitos por los cuales son condenados los acusados. Ahora, si lo discutido es la credibilidad que el tribunal otorgó al testimonio del citado testigo, obviamente esta no es la causal de casación propicia para hacerlo.

11. En relación con los errores de hecho formulados en el cargo 2º subsidiario, la Sala observa que el demandante apartado de los requisitos mínimos exigidos en su desarrollo, pretende que en esta sede prevalezca su criterio valorativo sobre el del tribunal con desatención de la presunción de acierto y legalidad del fallo de segunda instancia, pues debe recordarse que en casación se discuten errores de juicio y no controversias probatorias agotadas en las instancias.

12. La especie de error alegada por el recurrente recae en la apeciación material de la prueba. Incurre en él, el juzgador que la adiciona, altera o mutila, dándole un alcance o significado distinto al sentido exacto y propio de las palabras o de lo que su contenido expresa. En su demostración, al libelista le compete confrontar la literalidad del fallo con la de la prueba que se dice falseada o tergiversada, y mostrar la incidencia del error en el fallo, es decir que de no incurrir en el falso juicio de identidad su sentido sería contrario al definido en él.CUI: 11001600000020160017602

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13. El impugnante desconociendo la naturaleza del falso juicio de identidad como error que recae en la apreciación

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13. El impugnante desconociendo la naturaleza del falso juicio de identidad como error que recae en la apreciación material, en relación al primer reparo probatorio propuesto en la demanda, expresa que en la demostración del cargo se detendrá en examinar una (1) de las once (11) demandas ejecutivas laborales, para mostrar el vicio en que incurrió el tribunal. En este caso, no identifica de manera clara y precisa la prueba que en su opinión fue tergiversada.

14. Además el casacionista inapropiadamente advierte que en el desarrollo del cargo resumirá lo “que dice la prueba documental que fue estipulada” . Esta manera de presentar el cargo desatiende las exigencias de la jurisprudencia frente al error propuesto, toda vez que omite reproducir literalmente la parte o contenido de la prueba para contrastarla con lo que el tribunal expresa de ella en la sentencia.

15. El recurrente en el reparo trae a colación el proceso ejecutivo laboral radicado bajo el número 2010-00073 y hace la relación de los documentos incorporados a él, para concluir que los acusados actuaron acordes con las normas del procedimiento civil y cumplieron las órdenes de la titular del despacho. Así mismo, señala la intervención de cada uno de los secretarios en los once (11) procesos, para advertir que tales hechos no prueban la contribución de los procesados al delito de prevaricato ni muestran ayuda posterior a la comisión del peculado por apropiación.

16. Tal manera de argumentar muestra el alcance que el

la contribución de los procesados al delito de prevaricato ni muestran ayuda posterior a la comisión del peculado por apropiación.

16. Tal manera de argumentar muestra el alcance que el casacionista fija al trámite y documentos de cada uno de losCUI: 11001600000020160017602

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Casación Mauricio Nicolás Espinosa Espinosa y Otro 13 procesos, pero no enseña en qué consiste el error de hecho. Además, falta al principio de corrección material toda vez que a partir de la inescindibilidad de la sentencia por identidad de sentido de los fallos de primera y segunda instancia, en ella se indica de manera clara y precisa la participación de cada uno de los procesados en las decisiones calificadas de ilegales y señala el grado de intervención delictiva.

17. Por esa razón, no identifica la manera en que el tribunal distorsiona la prueba documental. En lugar de precisar el sentido del falseamiento de la prueba, cita las normas del código de procedimiento civil que ritúan el trámite de las demandas, para indicar que como los acusados cumplieron con ese deber jurídico, el tribunal tergiversa la prueba al darle un alcance que no tiene.

18. El demandante además de omitir en el reparo reproducir en su literalidad la parte o partes de la prueba documental y precisar que su tergiversación fue producto de adición, alteración o mutilación, concluye que el tribunal la distorsiona al afirmar que recibir la demanda e ingresarla al despacho constituye un acto de prevaricato. Con ello, el recurrente no desarrolla el error propuesto sino que presenta sus

distorsiona al afirmar que recibir la demanda e ingresarla al despacho constituye un acto de prevaricato. Con ello, el recurrente no desarrolla el error propuesto sino que presenta sus discrepancias sobre el mérito suasorio que el tribunal le da a la prueba estipulada.

19. Entonces la inconformidad del casacionista radica en el reproche que hace el tribunal a los acusados porque ante la evidente ineptitud de los títulos ejecutivos que acompañaban a las demandas, por su experiencia en los cargos “no debieron pasar el tamiz del informe secretarial” , de manera que el error no es deCUI: 11001600000020160017602

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Casación Mauricio Nicolás Espinosa Espinosa y Otro 14 alteración material de la prueba sino de valoración que ha debido el recurrente encauzar bajo otra modalidad y desarrollarlo con sujeción a los requerimientos inherentes del mismo.

20. La misma falencia presenta el segundo reparo del cargo 2º subsidiario de la demanda, que el casacionista igualmente postula bajo la misma modalidad de error de hecho propuesto en la anterior censura, al acusar al tribunal, en este caso, de distorsionar el testimonio de Álvaro Enrique Burgos del Toro.

21. Aun cuando en esta oportunidad el libelista identifica la prueba sobre la que predica el error, la reproduce literalmente en su totalidad y traslitera la parte de la sentencia en la que el tribunal se refiere al citado testigo, expresa que su tergiversación obedece a que el juzgador toma “ el supuesto acuerdo al que llega [el testigo] con la juez para el pago de coimas” como colaboración en el

tribunal se refiere al citado testigo, expresa que su tergiversación obedece a que el juzgador toma “ el supuesto acuerdo al que llega [el testigo] con la juez para el pago de coimas” como colaboración en el delito de prevaricato por acción y participación en el de peculado por apropiación a favor de terceros, sin tener en cuenta que son hechos jurídicamente relevantes distintos.

22. Bajo tales premisas, el impugnante en la demanda no acredita que la prueba testimonial citada haya sido adicionada, alterada o mutilada. Genéricamente habla de su tergiversación o distorsión. Aún más, su discrepancia con el fallador no radica en el falseamiento del contenido de la prueba, sino en tenerla como fundamento para establecer la colaboración y participación de los acusados en los delitos por los cuales fueron condenados.

23. Sin embargo, el recurrente en ninguna parte de la censura desarrolla un discurso lógico jurídico tendiente aCUI: 11001600000020160017602

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Casación Mauricio Nicolás Espinosa Espinosa y Otro 15 mostrar o enseñar las razones por las cuales el tribunal no podía tener en cuenta las manifestaciones del testigo Burgos del Toro, según las cuales entregó dinero a la juez y a uno de los secretarios para la agilización de los procesos, y por qué al hacerlo incurrió en el vicio alegado en el cargo.

24. En tales condiciones, las acusaciones del libelista de que el tribunal, acomoda, tergiversa o distorsiona la declaración de Burgos Toro, no pasan de ser afirmaciones genéricas que corresponden a su inconformidad con la valoración de la prueba

24. En tales condiciones, las acusaciones del libelista de que el tribunal, acomoda, tergiversa o distorsiona la declaración de Burgos Toro, no pasan de ser afirmaciones genéricas que corresponden a su inconformidad con la valoración de la prueba hecha por los juzgadores y que no se corresponden con la especie de error alegado, sin que tampoco pueda establecerse a partir de ellas la modalidad mediante el cual el tribunal traicionó la literalidad del testimonio citado.

25. En realidad se trata del desacuerdo del demandante con el móvil con que ESPINOSA ESPINOSA actúo y que el tribunal infiere a partir de lo manifestado por el testigo Burgos del Toro, en cuyo caso, además de no desarrollar el cargo, ha debido acudir a postular el reproche bajo otra clase de error de hecho, con mayor razón al admitir el recurrente que no se trata de un supuesto de distorsión o tergiversación literal del testimonio.

26. Es preciso reiterar, que no basta ni es suficiente con que el casacionista exprese que la prueba ha sido tergiversada o distorsionada; imperativamente se le impone mostrar que al falseamiento material se llegó a través de alguna de las especies señaladas, adición, alteración o mutilación, la cual se acredita confrontando la literalidad de la prueba con la de la sentencia, lo que evidentemente el libelista no cumplió en la postulación yCUI: 11001600000020160017602

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Casación Mauricio Nicolás Espinosa Espinosa y Otro 16 desarrollo de las censuras propuestas en la demanda por falsos juicios de identidad.

27. Frente al tercer reparo de la segunda censura, en el que

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Casación Mauricio Nicolás Espinosa Espinosa y Otro 16 desarrollo de las censuras propuestas en la demanda por falsos juicios de identidad.

27. Frente al tercer reparo de la segunda censura, en el que acusa al tribunal de incurrir en falso juicio de existencia por omisión de las estipulaciones 176 y 177, mediante las cuales se dio por probado que para la fecha de los hechos el juzgado civil de Lorica no contaba con un manual de funciones de empleados ni cuáles eran las del secretario.

28. Esta clase de error, es un vicio en la apreciación material del medio probatorio. Se configura cuando el juzgador lo omite o supone. El demandante, en la primera modalidad, está obligado a individualizar la prueba practicada en juicio oral, que el juez omite totalmente en la sentencia. En la segunda, indicar que el medio de convicción es supuesto, debido a que en el juicio oral no fue allegado o incorporado a la actuación.

29. Olvida el casacionista que no basta con mostrar que la prueba fue omitida, sino que es imperativo que la misma tenga trascendencia. Así las cosas, es obligatorio mostrar que de haber sido tenida en cuenta, el sentido de la sentencia sería distinto al definido en ella.

30. El libelista en la proposición y desarrollo de la censura se aparta de la realidad procesal. Los acusados no lo son por haber omitido o usurpado funciones que no le correspondían, sino porque en ejercicio de su cargo, en la condición de abogados y con amplia experiencia judicial, permitieron el trámite de lasCUI: 11001600000020160017602

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sino porque en ejercicio de su cargo, en la condición de abogados y con amplia experiencia judicial, permitieron el trámite de lasCUI: 11001600000020160017602

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Casación Mauricio Nicolás Espinosa Espinosa y Otro 17 demandas con omisión de los requisitos previstos en los artículos 7 de la Ley 91 de 1989 y 56 de la Ley 962 de 2005.

31. Conforme con tales disposiciones, se les reprochó haber dado curso a las demandas en las que se exigían obligaciones dinerarias a favor de docentes, cuyas resoluciones expedidas por la Secretaría de Educación Seccional debían contar con el aval de la Fiduciaria La Previsora S.A para que pudieran considerarse títulos ejecutivos idóneos y ordenarse su pago.

32. Así mismo, se advierte en la sentencia que aun cuando la juez era la encargada por ley de revisar si reunían los requisitos del título ejecutivo, los acusados en su condición de secretarios no dejaban las constancias ni advirtieron de tales inconsistencias que impedían dar trámite a las demandas; por el contrario, de acuerdo al plan criminal, las admitieron, tramitaron y libraron en su oportunidad los oficios mediante los cuales eran materializadas las órdenes ilegales expedidas por la juez, entre ellas, las que conducían a embargar las cuentas del Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

33. Además a los acusados se les reprocha pasar por alto la prohibición del artículo 63 de la Carta Política y 684 del Código de Procedimiento Civil sobre inembargabilidad de los recursos de dicho fondo, pues no solo expidieron los oficios correspondientes

33. Además a los acusados se les reprocha pasar por alto la prohibición del artículo 63 de la Carta Política y 684 del Código de Procedimiento Civil sobre inembargabilidad de los recursos de dicho fondo, pues no solo expidieron los oficios correspondientes sino que los reiteraron a pesar de que las entidades bancarias Davivienda y BBVA se opusieron con fundamento en los cuerpos