CSJ - AP255-2020(56649)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR Magistrada ponente AP255-2020 Radicación n° 56649 (Aprobado Acta n° 17) Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020) ASUNTO Se ocupa la Sala de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensora de los postulados y por JOSÉ MAURICIO MONCADA CONTRERAS, contra lo resuelto por el magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el auto del 24 de octubre de 2019, en cuanto a la negativa a sustituir la medida de aseguramiento impuesta a éste y a SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, y la imposición de la vigilancia electrónica para los 36 postulados a los que se les sustituyó la detención intramural, en su condición de Segunda instancia 56649 Saivatore Mancuso Gómez-otros integrantes del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia. ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES En audiencia realizada el 21 de octubre de 2019 ante el magistrado con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, la fiscalía formuló imputación en contra de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, JOSÉ MAURICIO MONCADA CONTRERAS y 63 desmovilizados más de las AUC, por hechos atribuidas al Bloque Catatumbo de esa organización criminal.

En la misma fecha el delegado de la fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad para 52 de los postulados imputados, petición acogida por la judicatura. Seguidamente la defensora solicitó la sustitución de medida de aseguramiento para 39 de los postulados, entre ellos, SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, a la vez que la suspensión de la audiencia, con el fin de que este tuviera la oportunidad de intervenir. Poisu parte, JOSÉ MAURICIO MONCADA CONTRERAS en forma directa pidió se le sustituyera la medida de aseguramiento privativa de la libertad recién impuesta. El 22 de octubre siguiente, la abogada culminó su intervención relacionada con la sustitución de las medidas de Segunda instancia 56649 Salvatore Mancuso Gómez-otros aseguramiento, adicionando en su argumentación al postulado MONCADA CONTRERAS, respecto de quien señaló, también es merecedor de la sustitución. SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, por su parte, complementó la solicitud de la defensora, exponiendo las razones que considera sustentan el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 975 de 2005 para la procedencia de la sustitución de la medida de aseguramiento. Al día siguiente, el magistrado corrió traslado de la solicitud de la defensa a la fiscalía, quien solo se opuso a que se sustituyera la medida impuesta a SALVATORE MANCUSO GÓMEZ. Por su parte, el delegado del Ministerio Público expresó su oposición a la sustitución de la medida de aseguramiento

privativa de la libertad que cobija a SALVATORE MANCUSO GÓMEZ y a JOSÉ MAURICIO MONCADA CONTRERAS, mientras que los representantes de las víctimas se abstuvieron de realizar pronunciamiento alguno. Escuchadas las partes, el magistrado con función de control de garantías resolvió sustituir la medida de aseguramiento impuesta a 36 postulados que se encuentran en libertad, mientras que negó la sustitución para JUAN GABRIEL VILLAMIZAR CASTILLO, JUAN RAMÓN FERNÁNDEZ LATORRE y JOSÉ MAURICIO MONCADA CONTRERAS, quienes se hallan en privación de la libertad, al no encontrar acreditado el requisito del numeral 2° del artículo 3 Segunda instancia 56649 Saivatore Mancuso Gómez-otros 18 A de la Ley 975 de 2005, respecto de los dos primeros, y el del numeral 5° ibídem frente al último mencionado. Así mismo, negó la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta a SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, por incumplir las exigencias previstas en los numerales 2° y 5° de la norma citada LA DECISIÓN OBJETO DEL RECURSO La magistratura a quo sustituyó la medida de aseguramiento privativa de la libertad que impuso a los imputados: (1) ALBEIRO VALDERRAMA MACHADO (A. "PIEDRAS(cid:9) BLANCAS"); (2)(cid:9) CARLOS(cid:9) AUGUSTO HERNÁNDEZ (a. "Peligro"); (3). DAVID GARCÍA MANCIPE

(a. "Juancho"); (4). DURBAYS ENRIQUE URANGO GÓMEZ

(a. "Sancocho o Hugo"); (5). EDILFREDO ESQUIVEL RUIZ

(a. "El Osito"); (6). ERLIN ARROYO (A. "CHACAL"); (7).

EVER ANTONIO CARRASCAL DURÁN (a. "Fredy"); (8).

RABIO SOTO TORRADO (a. "El Flaco"); (9). FRANCISCO ANTONIO MOSQUERA CÓRDOBA (a. "Niche"); (10).

GUSTAVO DUQUE GONZÁLEZ (a. "Andrés"); (11).

GUSTAVO ESTÉVEZ RODRÍGUEZ (a. "Zapato Fino o Dedo de Burra"); (12). HÉCTOR JULIO CARVAJALINO (a. "Miguel Ángel"), (13). HELMER DARÍO ATENCIA GONZÁLEZ (a. "Pocholo"); (14). HENRY OMAR FORERO AYALA (a. "Cristian"); (15). HUGO RAFAEL ORTEGA VARGAS (a. "El Guajiro o Robert"); (16). ISAÍAS MONTES HERNÁNDEZ (a. "Mauricio o Junior"); (17). JHON JAIRO OROZCO VARGAS (a. "J.J. o Mauricio"); (18). JHON MARIO SALAZAR 4 Segunda instancia 56649 Salvatore Mancuso Gómez-otros SÁNCHEZ (a. "El Paisa, Pecas, Pecoso o El Gordo"); (19).

JONATHAN SEPÚLVEDA (a. "Jonathan"); (20). JORGE

IVÁN LAVERDE ZAPATA (a. "La Iguana, El Iguano, Raúl Sebastián, Pedro Fronteras y Pedro Catatumbo"); (21). JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ (a. Mauro o el viejo Mauro); (22) JOSÉ DEL CARMEN JAIME SOLANO (a. "Locha"); (23). JUAN CARLOS CASTAÑO CASTAÑO (a. "El

Enano"); (24). JUAN GALÁN TRESPALACIOS (a.

"Moncholo"); (25). JUAN RAMÓN DE LAS AGUAS OSPINO

(a. "Chaca o Rumichaca"); (26). JULIO CÉSAR ARCE GRACIANO (a. "ZC o Alacrán"); (27). LENIN JOSÉ VÁSQUEZ CUCUNUBA (a. "Socavón"); (28). LUIS GEOVANNI FERRER (a. "Cantinflas, Burro con sueño, Javier"); (29). MARCO AURELIO ALSINA COBARIA (a. "El Petri"); (30). NÉSTOR JAVIER ÁLVAREZ DÍAZ (a. "Yeison"); (31). NIMER PICO LÓPEZ (a. "Andrés o Gordo"); (32).

RODRIGO PARADAS GELVES (a. "El Soldado"); (33).

WILLIAM RODRÍGUEZ GRIMALDO (a. "Pantera"); (34).

WILSON DE LAS SALAS HENRÍQUEZ (a. "Sargento o

Gustavo"); (35). WILMER ALBERTO LEAL MENDOZA (a. "El

Enano"), y (36). YOVANIS ENRIQUE ERAZO BUELVAS (a.

"Jerry o el Zarco"), luego de encontrar cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 18 A de la Ley 975 de 2005. A todos los beneficiados impuso la firma de acta comprometiéndose a cumplir las condiciones previstas en el artículo 2.2.5.1.2.4.3. del Decreto 1069 de 2015, entre ellas, el sometimiento a un sistema de vigilancia electrónica, exigencia que adujo proporcional teniendo en 5 Segunda instancia 56649 Salvatore Mancuso Gómez-otros cuenta los delitos cometidos y aceptados por los postulados. Sostuvo que se trata de restricciones necesarias para que las víctimas no perciban la libertad de los postulados como sinónimo de impunidad, y aunque estos han evidenciado buen comportamiento durante el tiempo transcurrido en libertad, ello configura uno de los elementos a estudiar por la judicatura con miras a conceder la sustitución, pero no elimina la necesidad de la vigilancia electrónica. Respecto de la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento impuesta a JOSÉ MAURICIO MONCADA CONTRERAS, encontró incumplido el requisito establecido en el numeral 5° del artículo 18 A de la Ley 975 de 2005, toda vez que en contra de este postulado la fiscalía formuló imputación en la justicia ordinaria por hechos acaecidos en el ario 2014, es decir, con posterioridad a la desmovilización. Las conductas punibles cuya comisión le atribuye la fiscalía a MONCADA CONTRERAS son las de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y homicidio agravado,

siendo evidente que ninguna de ellas guarda relación con hechos denunciados en las versiones libres de justicia y paz. En el mismo sentido, negó la sustitución de la detención intramural a Juan Gabriel Villamizar Castillo y Segunda instancia 56649 Salvatore Mancuso Gómez-otros Juan Ramón Fernández Latorre, respecto de quienes adujo la magistratura, no se acreditó el cumplimiento del requisito previsto en el numeral 2° de la citada norma, referido al buen comportamiento durante su permanencia en el establecimiento carcelario y la participación en actividades de resocialización. Sobre la sustitución de medidas de aseguramiento solicitadas por la defensora en favor de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, consideró la primera instancia incumplidos los requisitos contenidos en los numerales 2° y 5° del artículo 18A de la Ley 975 de 200. Frente a la buena conducta de este postulado durante el tiempo que ha estado recluido en establecimientos carcelarios de los Estados Unidos de Norteamérica, así como las eventuales actividades de resocialización, destacó su falta de acreditación, pues los documentos allegados por la defensa fueron expedidos por autoridades de ese país y los mismos no contienen los requisitos establecidos en el artículo 251 del Código General del Proceso. En punto del numeral 5° referido a la obligación de no cometer delitos dolosos con posterioridad a la desmovilización, encontró el a quo que tampoco se verifica, puesto que en contra de MANCUSO GÓMEZ cursa una investigación en la justicia ordinaria por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, en razón a. la

imputación formulada el 16 de junio de 2014, por hechos posteriores a la desmovilización. Segunda instancia 56649 Salvatore Mancuso GOmez-otros Contra la anterior decisión interpusieron y sustentaron recurso de apelación la abogada de los postulados y el

postulado JOSÉ MAURICIO MONCADA CONTRERAS.

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

1. La defensora de los postulados manifestó su inconformidad con dos de las decisiones adoptadas por el magistrado con función de control de garantías en el auto del 24 de octubre de 2019: (i) el sometimiento de los postulados beneficiados con la sustitución de la medida de aseguramiento, a un mecanismo de vigilancia electrónica, y

(ii) la negativa a sustituir la medida de aseguramiento a SALVATORE MANCUSO GÓMEZ. 1.1. Frente al primer ítem considera que se trata de una medida desproporcionada teniendo en cuenta que los 36 postulados a los que se les está sometiendo a un mecanismo de vigilancia electrónica ya se encuentran gozando de libertad sin esa restricción, por razón del beneficio sustitutivo que en esa misma jurisdicción de Justicia y Paz les fue concedido en otros procesos, hace varios años. Llama la atención sobre el buen comportamiento que todos los postulados han observado durante su permanencia en libertad, y el cumplimiento que vienen haciendo a los llamados para rendir versiones o asistir a las audiencias, razones que indican que tal medida restrictiva de la libertad es innecesaria, menos, si como en este caso, a algunos ya se 8 Segunda instancia 5664 9

Salvatore Mancuso Gómez-otros les concedió la libertad vigilada de la pena alternativa que se les impuso en sentencias proferidas en esa justicia transicional. Entiende que la sustitución de la medida debe proceder sin el mecanismo de vigilancia electrónica, pues quienes se hallan en libertad es porque ya pagaron anticipadamente la pena alternativa máxima de 8 años, luego, agrega, no pueden continuar privados de ese derecho porque ello constituiría doble aflicción punitiva. Acorde con lo anterior, solicita a la Corte revocar la orden de imponer un mecanismo de vigilancia electrónica a los 36 postulados beneficiados con la sustitución de la medida de aseguramiento. 1.2. De otra parte, la defensora cuestiona que el tribunal negara a SALVATORE MANCUSO GÓMEZ la sustitución de cuatro medidas de aseguramiento impuestas en Justicia y Pa?, pues encuentra desacertado que no se otorgara a los documentos por ella aportados, el verdadero alcance que tienen, ya que se trata de la respuesta que el cónsul de Colombia en Atlanta dio a un derecho de petición, razón por la cual es un documento público por estar suscrito por un funcionario público en ejercicio de sus funciones que, en consecuencia, se presume auténtico. Es así, continúa, como el magistrado desconoce los artículos del Código General del Proceso que contienen la Segunda instancia 56649 Salvatore Mancuso Gámez-otros noción de documento público y privado, así como los efectos de cada uno. Entiende suficientemente acreditado, con este documento, que SALVATORE MANCUSO GÓMEZ ha cumplido con las exigencias del numeral 2° del artículo 18 A,

aun desde su reclusión en diferentes cárceles de los Estados Unidos y pese a que debe atender las audiencias cuyas fechas le fijan desde Colombia para continuar ayudando al esclarecimiento de la verdad. Además, la cartilla biográfica expedida por la Cárcel de Itagüí donde MANCUSO GÓMEZ permaneció recluido mientras estuvo en Colombia, evidencia que en ese establecimiento observó conductas ejemplares y participó en las actividades ofrecidas por el INPEC. Cita, en apoyo de su postura, un auto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ AP rad. 45556) en el que se estudió el cumplimiento del requisito del numeral 2° del artículo 18 A, concluyendo que la norma no exige que el postulado haya estudiado, trabajado y presentado buena conducta durante la totalidad del tiempo de reclusión, sino que se hace necesario examinar las circunstancias anejas a la privación de la libertad, las condiciones del establecimiento carcelario y los compromisos judiciales que ha debido atender. Pasando al cumplimiento del numeral 5° del artículo 18A de la citada Ley 975 de 2005, la recurrente sostiene que la fiscalía no acreditó que la imputación formulada en contra de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ correspondiera a hechos 10 Segunda instancia 56649 Salvatore Mancuso Gómez-otros ocurridos con posterioridad a la desmovilización, pues del escrito de acusación allegado no se alcanza a deducir tal circunstancia temporal. Por el contrario, parece entenderse que son actividades realizadas por el postulado cuando pertenecía a la

Autodefensas Unidas de Colombia, pues se le atribuye hacer parte de una organización criminal dedicada al lavado de activos y actualizar los verbos rectores administrar, invertir, ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad a capital ilegal, de lo cual se extracta que se trata de las actividades de narcotráfico que cumplió el jefe paramilitar hasta diciembre de 2004. Simultáneamente expone una serie de irregularidades que —afirmase presentan en esa actuación penal que cursa en la justicia ordinaria en contra de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, refiriéndose a un montaje en contra del postulado, por parte de los hermanos Rojas, de quienes proviene la denuncia, con el fin de lucrarse económicamente y de hacer que excluyan a MANCUSO del trámite transicional. Luego de referirse al cargo 77 de la sentencia del año 2014 en la que la primera instancia legalizó el delito de tráfico de estupefacientes y la Corte lo revocó por falta de concreción y delimitación fáctica, termina la sustentación solicitando a la Corte revocar estos aspectos de la decisión.

2. JOSÉ MAURICIO MONCADA CONTRERAS solicita a la segunda instancia revocar la negativa a sustituirle la

11 Segunda instancia 56649 Saluatore Mancuso Gómez-otros medida de aseguramiento, por cuanto ya la Corte Suprema de Justicia en el auto proferido en el año 2015 dentro del radicado 46042 le sustituyó la medida de aseguramiento vigente para esa época. La fiscalía no probó que la imputación formulada en su

contra, corresponda a hechos cometidos con posterioridad al 12 de junio de 2015, fecha en la cual firmó ante la Corte Suprema de Justicia el acta de compromiso producto de la sustitución otorgada en segunda instancia. Expresa que el proceso que se adelanta en la justicia ordinaria por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, es producto de un montaje en su contra orquestado por el comandante de la Policía de Cúcuta contra quien formuló denuncia penal. LOS ARGUMENTOS DE LOS NO RECURRENTES El fiscal y el delegado de la Procuraduría General de la Nación solicitaron confirmar los puntos objeto de apelación, por considerar que el magistrado de primera instancia acertó resolviendo de esa manera. CONSIDERACIONES De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 ibídem y con el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 906 12 Segunda instancia 56649 Salvatore Mancuso Gómez-otros de 2004, esta Colegiatura es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto cotilla algunas de las decisiones contenidas en la providencia proferida por el magistrado con función de control de garantías de Justicia y Pa? del Tribunal Superior de Barranquilla. Prima aclarar que la inconformidad de los recurrentes se centra en dos aspectos del auto del 24 de octubre de 2019, el relacionado con la orden de imponer a los beneficiados con

la sustitución de la medida de aseguramiento, un mecanismo de vigilancia electrónica, y la negativa a sustituir las medidas de aseguramiento que soportan en Justicia y Paz

SALVATORE MANCUSO GÓMEZ y JOSÉ MAURICIO

MONCADA CONTRERAS.

La sustitución de la medida de aseguramiento en el proceso de Justicia y Paz A partir de la entrada en vigencia del artículo 19 de la Ley 1592 de 2012 (3 de diciembre del mismo año), que introdujo a la Ley 975 de 2005 el articulo 18 A, en el proceso de justicia transicional de Justicia y P27, los postulados pueden acceder a la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario, por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, siempre que cumplan las condiciones impuestas en esta norma. Este privilegio reglado no conlleva la libertad incondicional del postulado beneficiado con la sustitución de la medida, pues no se trata del desligamiento del proceso, Segunda instancia 56649 Salvatore Mancuso Gómez-otros sino de la posibilidad de continuar compareciendo a cumplir con los compromisos adquiridos desde la desmovilización, bajo condiciones menos aflictivas de la libertad que las de la detención carcelaria. Entonces, quien pretende obtener este beneficio conoce de antemano, no solo que debe cumplir con los requisitos impuestos por las normas que regulan el trámite transicional, sino que a cambio de la detención en la cárcel se le impondrán otras medidas que también limitan sus derechos, aunque en menor medida. Ahora bien, ya la Sala destacó en el auto CSJ AP12272019, 3 abr. Rad. 53747, que si bien la legislación de Justicia y Paz no hace referencia expresa a las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad que sustituyen la detención intramural, dicho vacío puede solucionarse acudiendo, por complementariedad, a la Ley 906 de 2004, como lo disponen el artículo 62 de la Ley 975 de 2005 y el art. 2.2.5.12.1.5 del Decreto 1069 de 2015. Así, la detención preventiva en establecimiento carcelario puede sustituirse, también en Justicia y Paz, por una o varias de las medidas no privativas de la libertad contenidas en el literal B) del artículo 307 de la Ley 906 de 2004, a saber:

1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica.

14 Segunda instancia 56649 Salvatore Mancuso Gómez-otros

2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada.

3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe.

4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho.

5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.

6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.

7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa.

8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio

imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas.

9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m..

El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria. Tales medidas son, en términos generales, compatibles y asimilables con las obligaciones señaladas en el artículo 2.2.5.1.2.4.3 del decreto 1069 de 2005 que reglamenta las obligaciones a itnponer al momento de sustituir en justicia y paz la medida privativa de la libertad: Artículo 2.2.5.1.2.4.3. Condiciones que podrá imponer la autoridad judicial para la sustitución de la medida de aseguramiento. De conformidad con el artículo 62 de la Ley 975 de 2005 y el principio de complementariedad allí establecido. el 15 Segunda instancia 56649 Saluatore Mancuso Gómez-otros magistrado con funciones de control de garantías que conceda la sustitución de la medida de aseguramiento podrá imponer al postulado, además de las obligaciones establecidas en el artículo 18A de la Ley 975 de 2005, las siguientes condiciones, entre otras:

1. Presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y cuando sea solicitado por este

o por la Fiscalía General de la Nación.

2. Vincularse y cumplir con el proceso de reintegración liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Arenas o la entidad que cumpla sus funciones.

3. Informar de cualquier cambio de residencia.

4. No salir del país sin previa autorización de la autoridad judicial

5. Observar buena conducta.

6. No realizar conducta o acto que atente contra los derechos de las víctimas. 7 Prohibir la tenencia y porte de armas de fuego de defensa personal o de uso privativo de las fuerzas militares.

8. Privar del derecho a residir o de acudir a determinados lugares.

9. Prohibir aproximarse a las víctimas y/ o a los integrantes de sus grupos familiares.

10. Imponer un sistema de vigilancia electrónica.

Parágrafo 1°. La autoridad judicial informará a las entidades competentes las condiciones fijadas para el otorgamiento de la 16 Segunda instancia 56649 Salvatore Mancuso Gómez-otros sustitución de la medida de aseguramiento y estas dispondrán lo necesario para su cumplimiento. -• ) Esa es la ra7ón por la cual, al accederse a la sustitución de la medida de aseguramiento intramural los' magistrados de control de garantía en justicia y paz, acuden a las obligaciones señaladas en la notan citada, entre ellas, la vigilancia electrónica, que conforme al citado literal b) del artículo 307 de la Ley 906 de 2004, es una medida de aseguramiento no privativa de la libertad que, por tanto, sustituye la intramural. Ahora, aunque estas medidas no privan de la libertad

al postulado, implican la restricción de algunos derechos, pues precisamente esa es la naturaleza de las medidas cautelares de orden personal que buscan asegurar la comparecencia del vinculado, la protección a la sociedad y a las víctimas, tal como ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional: (...)Al lado de la naturaleza excepcional de la detención preventiva y de su vinculación a fines (necesidad), se ha desarrollado el principio de gradualidad de las medidas de aseguramiento, introducido por el propio legislador al establecer un plexo de posibilidades para el aseguramiento de los fines del proceso, que va desde la privación de la libertad en establecimiento carcelario, o en la residencia del imputado, pasando por otra serie de medidas no privativas de la libertad que pueden resultar más idóneas y menos gravosas, para los fines cautelares de aseguramiento de la comparecencia del imputado, 17 4 Segunda instancia 56649 Salvatore Mancuso Gómez-otros de la prueba, o de la protección de la comunidad y de la víctima. (Sentencia C-318/08). Por lo tanto, al escoger la medida de aseguramiento no privativa de la libertad que ha de sustituir la privativa de libertad, es necesario que el magistrado de control de garantías valore con criterios de razonabilidad y proporcionalidad su imposición, puesto que comporta una restricción de la libertad personal. De otro lado, por la especial dinámica en la que se han desarrollado los procesos de Justicia y Paz, donde se investigan fenómenos de macrocriminalidad asociados al accionar de grupos que operaron bajo un contexto de

conflicto armado no internacional, puede ocurrir, como en efecto pasa, que contra un mismo postulado se hagan imputaciones parciales y cursen varios procesos en etapas disímiles, algunos incluso con sentencia condenatoria donde se ha sustituido la pena ordinaria por la alternativa, que, como lo señala el artículo 29 de la Ley 975 de 2005, no puede superar los ocho arios de prisión. En la misma linea, es frecuente que un postulado haya sido condenado bajolas reglas de esta justicia transicional, se encuentre gozando de la libertad, bien sea por cumplimiento de la pena alternativa -libertad a prueba (art. 29 ib.), o de la sustitución de la medida de aseguramiento (art. 18A ib.), y en razón de la formulación de nuevas imputaciones por hechos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado del cual se desmovilizó, se le imponga una nueva medida privativa de la libertad, por 18 Segunda instancia 56649 Salvatore Mancuso Gómez-otros ser la única procedente en este trámite, caso en el cual, la práctica judicial ha encontrado como solución examinar de manera inmediata la sustitución de la misma —siempre que medie solicitud-, con miras a no afectar el derecho a la libertad de quienes vienen disfrutando de ella. De manera que el magistrado estudiará si para ese momento y respecto de los nuevos hechos imputados, el postulado continúa cumpliendo los requisitos señalados en el artículo 18 A de la Ley 975 de 2005, para beneficiarse de la sustitución, por supuesto, sin desconocer los

pronunciamientos que sus homólogos efectuaron con anterioridad sobre las circunstancias materiales comunes que se entienden agotadas con la detención intramural, tales como el cumplimiento del numeral 1° (8 años de reclusión en establecimiento carcelario); el 2° (haber participado en actividades de resocialización y observar buena conducta durante el tiempo de reclusión), y 4° (haber entregado los bienes para contribuir con la reparación a las víctimas). Por el contrario, otras exigencias contenidas en la norma citada, pueden actualizarse con acciones u omisiones del postulado que se encuentra en libertad, y que por sobrevenir a las ya estudiadas por la judicatura, no han sido objeto de examen, a modo de ejemplo, que haya dejado de participar en las diligencias de Justicia y Paz, o que haya cometido delitos dolosos. De manera que tratándose de la primera solicitud de sustitución de medida o medidas de aseguramiento Segunda instancia 56649 Saluatore Mancuso Gómez-otros impuestas en Justicia y Paz, el magistrado con función de control de garantías habrá de estudiar la totalidad de las exigencias previstas en el numeral 18A para su procedencia, mientras que si se pretende la sustitución de la medida de quien ya ha sido beneficiado con una anterior, el examen se concreta a aquellas circunstancias posteriores, que no han sido evaluadas y que se pueden configurar desde la libertad o incluso en la cárcel'. No es óbice, entonces, para imponer la detención intramural, el hecho de que el postulado se encuentre cobijado por otra similar, así como tampoco es obstáculo

para su sustitución, el que ya disfrute de este beneficio. En cada caso el funcionario examinará las circunstancias particulares para determinar la procedencia de una y otra. La sustitución de la medida de aseguramiento bajo la perspectiva de los requisitos previstos en los numerales 2° y 5° del artículo 18 A de la Ley 975 de 2005. Reitera la Sala que tratándose de la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento, es carga del peticionario probar que se cumplen todos los presupuestos normativos para hacerse merecedor a la misma, como lo dispone el artículo 2.2.5.1.2.4.1. del Decreto 1069 de 20152.

(CSJ AP 500-2014, CSJ AP 4433-2014).

Para los eventos en los cuales a pesar de haberse sustituido la medida de aseguramiento al postulado detenido, no ha podido materializarse la libertad por tener sentencias de la justicia ordinaria que no han sido suspendidas 2 Recogió el artículo 37 del Decreto 3011 de 2013. 20 Segunda instancia 56649 Saluatore Mancuso Gómez-otros Concretamente, sobre el numeral 2° del artículo 18A que exige como requisito para la sustitución de la medida de aseguramiento que el postulado haya participado en actividades de resocialización ofrecidas por el establecimiento carcelario y observado buena conducta durante su permanencia en el, ha dicho la Corte que corresponde al funcionario judicial estudiar, en cada caso, las condiciones de reclusión, con miras a establecer si el postulado ha evidenciado su deseo de resocializarse y

prepararse para la libertad, interviniendo en los programas de trabajo y capacitación. Así, señala el artículo 35 de la Ley 1592 de 2012, que modificó el artículo 66 de la Ley 975 de 2005, que: «El Gobierno Nacional velará por la resocialización de los postulados mientras permanezcan privados de la libertad, y por la reintegración de aquellos que sean dejados en libertad por cumplimiento de la pena alternativa privativa de la libertad o por efecto de sustitución de la medida de aseguramiento». Establece la misma norma que corresponde al INPEC diseñar y ejecutar un programa especial de resocialización para la Justicia Transicional, desarrollando programas de trabajo, estudio y enseñanza para los postulados. La evaluación del cumplimiento de tal requisito, lo efectúa el magistrado a partir de las certificaciones expedidas por el INPEC, que reflejan las horas durante las cuales el postulado ha participado de actividades de capacitación y 21 Segunda instancia 56649 Salvatore Mancuso Gómez-otros trabajo, así como las calificaciones de conducta y las eventuales sanciones disciplinarias impuestas al privado de la libertad por infracci