CSJ - AP3228-2019(54891)

1 EYDER PATIÑO CABRERA Magistrado ponente AP3228-2019 Radicación n° 54.891 (Aprobado Acta No. 195) Bogotá D.C., seis (06) de agosto de dos mil diecinueve (2019). MOTIVO DE LA DECISIÓN Decide la Corte si es procedente admitir la demanda de casación presentada por el defensor de HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ contra la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la proferida el 11 de septiembre del mismo año por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la misma ciudad, mediante la cual lo condenó, en calidad de autor del delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo.Casación 54.891

HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ

2 HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE Las instancias sintetizaron los primeros de la manera como sigue: Según quedó consignado en el escrito de acusación, la señora E.A.A.1 (denunciante) y el menor víctima de iniciales (K.A.V.A), para el año 2006 y enero de 2007, el acusado [HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ] aprovechándose de su condición de tío paterno y que adicionalmente cohabitaba en el mismo lugar de residencia, le cogía el pene por debajo de la ropa y como consecuencia de ello, el menor eyaculaba mojando su pijama en varias oportunidades2.

adicionalmente cohabitaba en el mismo lugar de residencia, le cogía el pene por debajo de la ropa y como consecuencia de ello, el menor eyaculaba mojando su pijama en varias oportunidades2.

2. El 26 de junio de 2014, el Juez Setenta y Dos Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá, legalizó la imputación que el Fiscal Setenta y Dos Seccional de este lugar le realizó a HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, a título de autor, previsto en los artículos 209 y 211.2 del Código Penal, cargo que no aceptó el indiciado3.

3. El 23 de septiembre de dicho año se presentó el escrito de acusación, con la modificación consistente en adicionar la circunstancia de agravación específica consagrada en el numeral 5º del artículo 211 ejusdem4.

4. Convocada para el 25 de febrero de 2015 la audiencia de formulación correspondiente por el Juez Diecisiete Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la capital, se

1 La Corte omite el nombre completo de la madre del menor para garantizar la protección del derecho a la intimidad de la víctima. 2 Cfr. folio 10 del cuaderno original del Tribunal. 3 Cfr. folios 45-46 ibidem de la carpeta. 4 Cfr. folios 49-56 ibidem.Casación 54.891 HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ 3 suspendió a fin de evaluar la posibilidad de suscribir un

4 Cfr. folios 49-56 ibidem.Casación 54.891 HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ 3 suspendió a fin de evaluar la posibilidad de suscribir un preacuerdo5.

5. Ante el fracaso de la negociación, el 17 de junio posterior se llevó a cabo la verbalización de la acusación6.

6. La audiencia preparatoria se surtió el 18 de enero de 20167, y el juicio oral se desarrolló en tres sesiones -15 de mayo8, 22 de agosto de 2017 9 y 30 de julio de 2018 10-. Al cierre se emitió sentido del fallo condenatorio, oportunidad en la que se dispuso la captura del procesado.

7. Mediante sentencia del 11 de septiembre posterior, el Juez de conocimiento condenó a HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ, en calidad de autor, del injusto de actos sexuales con menor de catorce años agravado 11, en concurso homogéneo y sucesivo, a las penas de ciento diez (110) meses de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Además, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.12

5 Cfr. folio 59 ibidem. 6 Cfr. folio 65 ibidem. 7 Cfr. folios 69-70 ibidem.

8 Cfr. folios 99-100 ibidem. 9 Cfr. folios 108 ibidem. 10 Cfr. folios 127 ibidem. 11 Se precisa que excluyó la circunstancia de agravación específica consagrada en el numeral 5 del artículo 211 del Código Penal. 12 Cfr. folios 138-151 de la carpeta original.Casación 54.891

HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ

4

8. Recurrido el fallo por la defensa13, fue confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 30 de noviembre de dicha anualidad14.

9. El defensor interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casación15 y presentó, en tiempo, el libelo respectivo16.

LA DEMANDA Previa identificación de las partes e intervinientes y de la sentencia impugnada, el letrado reproduce la cuestión fáctica como fue concebida por las instancias y sintetiza la actuación procesal, luego de lo cual invoca como finalidades del recurso, la efectividad del derecho material y el restablecimiento de las garantías fundamentales de su prohijado, las cuales estima conculcadas por las «nulidades absolutas»17 en que se habría incurrido, «con incidencia clara y sustancial en el derecho de defensa, no valoración, interpretación diferente y omisión de los medios de prueba»18. En el mismo apartado acusa a los juzgadores de alejarse de la razonabilidad y la proporcionalidad, al a quo de vulnerar los principios de congruencia e «inmediatez»19 y a la Fiscalía de imputar cargos con pruebas imprecisas.

de la razonabilidad y la proporcionalidad, al a quo de vulnerar los principios de congruencia e «inmediatez»19 y a la Fiscalía de imputar cargos con pruebas imprecisas.

13 Cfr. folios 153-169 ibidem. 14 Cfr. folios 9-51 del cuaderno original del Tribunal. 15 Cfr. folios 56-57 ibidem. 16 Cfr. folios 85-100 ibidem. 17 Cfr. folio 90 ibidem. 18 Ibidem. 19 Ibidem.Casación 54.891

HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ

5 De igual manera, reprueba la «credibilidad absoluta»20 conferida a los menores de edad en procesos relacionados con delitos sexuales, y asegura que a su asistido se le está cobrando el odio que le profesan su hermano, cuñada y sobrino –éste último inducido por aquellospor una disputa en torno al sitio de habitación. Por igual, dice procurar que al acervo probatorio se le dé el «valor correcto y se estime la ausencia de otros medios de prueba que no se develaron en juicio, el proceso se desarrolló basado en valoraciones realizadas por profesionales que no eran idóneos en el asunto en concreto, un delito sexual»21. Al censor le parece increíble que los padres del menor no se percataran de los gritos, palabras, gemidos o movimientos de su hijo, cuando su tío le realizaba tocamientos y reclama «replante[ar] la necesidad de que la versión del niño»22 sea una prueba directa y no de referencia, así como que las declaraciones de sus progenitores no sirvan

movimientos de su hijo, cuando su tío le realizaba tocamientos y reclama «replante[ar] la necesidad de que la versión del niño»22 sea una prueba directa y no de referencia, así como que las declaraciones de sus progenitores no sirvan de base para la imposición de condena. Para cerrar este acápite, demanda la protección de la presunción de inocencia y del principio de legalidad. Postula tres censuras.

20 Ibidem. 21 Cfr. folio 91 ibidem. 22 Ibidem.Casación 54.891

HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ

6 Primer cargo Sin hacer expresa mención a causal alguna de casación, denuncia la violación indirecta de la ley sustancial por error de derecho –no identifica la modalidad-, para lo cual, una vez transcribe el artículo 216 de la Ley 1098 de 2006 –original-, sobre la vigencia de dicho compendio normativo –seis meses después de su promulgacióny particularmente el inciso 2º que señalaba que los beneficios y mecanismos sustitutivos entrarían a regir a partir de la promulgación de dicha ley , recuerda que el precepto 3 del Decreto 578 del 2 de marzo de 2007 precisó que el canon 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia es el relativo a dichos beneficios y mecanismos, cuya vigencia empezaba el día de su promulgación. Como los hechos sucedieron en diciembre de 2006 y enero de 2007, el demandante es del criterio que, por virtud del principio de favorabilidad, la norma aplicable es la que contenía el yerro del aludido inciso 2º, esto es, la alusiva al canon 198 –concerniente a los programas de atención

del principio de favorabilidad, la norma aplicable es la que contenía el yerro del aludido inciso 2º, esto es, la alusiva al canon 198 –concerniente a los programas de atención especializada para los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitosy no la corrección efectuada en el mentado decreto en torno al precepto 199 y los beneficios y sustitutos penales, razón por la que , estima, no procedía la prohibición frente a los mecanismos sustitutivos, los subrogados penales y el descuento del 50% por allanamiento a cargos, pues aquella solo vino a operar seis meses después del 8 de noviembre de 2006, fecha de promulgación de la Ley 1098, esto es, el «8 de mayo de 2006 (sic)»23.

23 Cfr. folio 93 ibidem.Casación 54.891

HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ

7 A juicio del demandante, la infracción mediata proviene de la advertencia de la fiscal al procesado, en sede de imputación, según la cual no cabía ningún beneficio judicial, legal o administrativo por expresa prohibición de la Ley 1098 de 2006, siendo que, «no era aplicable el artículo 199, porque a la fecha de los hechos estaba vigente el yerro del inciso 2 que se refería al artículo 198»24, de manera que se vulneraron los preceptos 6 y 283 de la Ley 906 de 2004 y 209 de la Constitución Política. Segundo cargo Acusa la violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho –no especifica la modalidad-, defecto que hace

los preceptos 6 y 283 de la Ley 906 de 2004 y 209 de la Constitución Política. Segundo cargo Acusa la violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho –no especifica la modalidad-, defecto que hace recaer en la denuncia instaurada por la madre del menor y la entrevista de la víctima. Al respecto, asegura que la primera «es un dicho sin ningún asidero jurídico»25, porque la progenitora del pequeño solo narra que su hijo le contó que i) el acusado le tocaba el pene, ii) se sentía mojado, iii) ocurría en la madrugada y iv) compartían habitación con camarote; sin embargo, pero no se probó que el niño gritara, se inquietara y se levantara de la cama para evitar los actos libidinosos o le contara lo sucedido a sus padres, pues únicamente lo hizo después de 3 tocamientos.

24 Cfr. folio 94 ibidem. 25 Cfr. folio 96 ibidem.Casación 54.891

HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ

8 Para el defensor es evidente que la incriminación en contra de su procurado tiene como «explicación lógica»26 el deseo de desalojarlo de la vivienda que compartían, habida cuenta la animadversión que le profesa la denunciante a él y a sus padres, quienes ya habían sido expulsados por ella de dicho lugar. De otro lado, luego de reprobar a la Fiscalía por no interrogar a la mentada señora «para controvertir lo denunciado por ella, dando la posibilidad que este medio de

dicho lugar. De otro lado, luego de reprobar a la Fiscalía por no interrogar a la mentada señora «para controvertir lo denunciado por ella, dando la posibilidad que este medio de prueba se convirtiera en plena prueba»27, asegura que su «entrevista es una simple prueba de referencia»28, prédica que extiende a la declaración anterior rendida por el menor, la cual, también critica por cuanto se hizo por un agente del CTI, sin el acompañamiento de la defensoría de familia. Del mismo modo, echa de menos la práctica de una valoración médico legal física y psicológica por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de la cual se pudiera confirmar el dicho del menor y de su madre. Tercer cargo Por la senda del falso raciocinio, aduce vulnerado el «principio de inmediatez»29, como consecuencia de que la juez

26 Cfr. folio 97 ibidem. 27 Ibidem. 28 Ibidem. 29 Ibidem.Casación 54.891 HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ 9 que emitió sentido del fallo y dictó sentencia, no fue el juzgador que presenció la mayor parte del debate probatorio. Al efecto, destaca que los testimonios practicados durante la sesión del 22 de agosto de 2017 –de i) la investigadora del CTI OLGA JANETH MORALES MORENO, a través del cual se introdujo la entrevista rendida por el menor -dicha

durante la sesión del 22 de agosto de 2017 –de i) la investigadora del CTI OLGA JANETH MORALES MORENO, a través del cual se introdujo la entrevista rendida por el menor -dicha funcionaria no era defensora de familia o psicóloga sino contadoray ii) la perito MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ, experta en tratamiento de víctimas de delitos sexuales, quien le hizo seguimiento al adolescente en una fase posdelictualfueron presenciados por el juzgador inicial, lo cual vulneró los artículos 16 y 379 de la Ley 906 de 2004. Solicita declarar la nulidad de todo lo actuado desde la audiencia de formulación de imputación.

CONSIDERACIONES

1. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 180 del Estatuto Adjetivo actual, el recurso extraordinario de casación tiene como finalidad «la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia».

Con tal propósito, el inciso 2º del canon 184 ejusdem fijó las reglas mínimas de admisión de la correspondiente demanda, estableciendo que no se seleccionará el libelo en el que i) el impugnante carezca de interés para acceder alCasación 54.891

HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ 10 recurso, ii) no se invoque la causal conforme a la cual se edifica el reproche de las contempladas en el precepto 181 ibidem, iii) se omita desarrollar los cargos correspondientes o, iv) fundadamente se logre establecer que no se requiere de la sentencia para cumplir las finalidades previstas en el aludido artículo 180; lo anterior, salvo que el cumplimiento de alguno de esos propósitos permita superar los defectos técnicos que exhiba el libelo y decidir de fondo. También tiene decantado la jurisprudencia que, el escrito de disenso debe ser íntegro en su formulación, suficiente y preciso en su desarrollo y eficaz en la pretensión, de tal suerte que debe estar soportado en los principios que rigen el recurso extraordinario, en especial, los de claridad, fundamentación debida, prioridad, no contradicción, corrección material y autonomía, sin que sea viable argumentar a la manera de un alegato de instancia. La proposición de los cargos exige escoger adecuadamente la causal y el sentido de la violación y concretar el debate en términos de trascendencia.

2. La demanda que nos ocupa no satisface los requisitos mínimos que exige el canon 184 ibidem para su admisión.

Las razones son las siguientes: 2.1. Para empezar, aunque el censor invoca como finalidades del recurso, la efectividad del derecho material y el restablecimiento de las garantías fundamentales de suCasación 54.891

HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ

11

finalidades del recurso, la efectividad del derecho material y el restablecimiento de las garantías fundamentales de suCasación 54.891 HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ 11 prohijado, las razones que expresa para sustentarlo no son coherentes con las expresadas en los cargos. En efecto, tanto en el acápite de las finalidades –también en el de la petición-, el defensor alude a la existencia de nulidades absolutas lesivas del derecho de defensa, así como acusa la «no valoración, interpretación diferente y omisión de los medios de prueba»30; sin embargo, además que las censuras se postularon por las sendas de la violación directa e indirecta de la ley sustancial, ninguna de ellas acusa, en concreto, algún falso juicio de existencia por omisión ni errores de juicio en la intelección de las normas, lo cual enseña la falta de claridad y de razón suficiente del libelo. En el mismo sentido, pese a que cuestiona a los falladores por faltar a los postulados de razonabilidad y proporcionalidad, y a la Fiscalía por formular imputación con base en pruebas imprecisas, así como la infracción del axioma de congruencia, no expone un solo argumento orientado a acreditar tales presuntas falencias. Así también, es claro que la credibilidad conferida a los medios de prueba de cargo y, en particular a los testimonios rendidos por menores de edad en procesos por delitos sexuales, no es susceptible de ser cuestionada en sede de

Así también, es claro que la credibilidad conferida a los medios de prueba de cargo y, en particular a los testimonios rendidos por menores de edad en procesos por delitos sexuales, no es susceptible de ser cuestionada en sede de casación, salvo cuando se demuestre, a través del error de hecho por falso raciocinio, la lesión de las leyes de la sana crítica, cometido no emprendido por el jurista.

30 Cfr. folio 90 ibidem.Casación 54.891

HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ

12 Por otro lado, la pretensión del letrado, orientada a que «se estime la ausencia de otros medios de prueba que no se develaron en el juicio»31, deviene del todo improcedente, si se tiene en cuenta que, únicamente se considera prueba la que ha sido descubierta en la oportunidad legal y practicada en el debate oral con inmediación probatoria, y que aquellos otros elementos materiales probatorios no llevados a ese escenario no pueden ser evaluados por la judicatura; así que, en un contexto de igualdad de armas, si la defensa no promovió la práctica de algún instrumento probatorio favorable a su estrategia defensiva, no puede reclamar a esta hora su propia incuria. Igualmente, para cuestionar la falta de idoneidad de los profesionales que habrían emitido valoraciones en el caso de la especie, al censor le correspondía identificar la prueba en la que habría recaído tal yerro y reprocharlo a través del falso raciocinio. Así mismo, es notorio que el demandante desconoce que, la posibilidad de tener como prueba de referencia

la que habría recaído tal yerro y reprocharlo a través del falso raciocinio. Así mismo, es notorio que el demandante desconoce que, la posibilidad de tener como prueba de referencia admisible las declaraciones anteriores de los menores de edad, como excepción al principio de confrontación, deviene de la necesidad de evitar su revictimización, al punto que fue incorporada por el literal e) del artículo 438 del Código de Procedimiento Penal, adicionado por el 3º de la Ley 1652 de 2013; de esta manera, es viable su ponderación probatoria, pese a que no se trate de prueba directa.

31 Cfr. folio 91 ibidem.Casación 54.891 HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ 13 2.2. Primer cargo Recuérdese que cuando se intenta la postulación de la censura por la ruta de la violación directa de la ley sustancial, el recurrente debe hacer completa abstracción de lo fáctico y probatorio y, en ese sentido, admitir los hechos y la apreciación de los medios de convicción fijados por los sentenciadores, de manera tal que le corresponde desarrollar el reproche a partir de un ejercicio estrictamente jurídico, en el que establezca la vulneración del precepto normativo en el caso concreto, a través de cualquiera de las tres modalidades de error: falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea y seguidamente, demuestre la trascendencia del yerro en el sentido de la decisión impugnada. Mientras la falta de aplicación opera cuando el juzgador

interpretación errónea y seguidamente, demuestre la trascendencia del yerro en el sentido de la decisión impugnada. Mientras la falta de aplicación opera cuando el juzgador deja de emplear el precepto que regula el asunto, la aplicación indebida, deviene de la errada elección por el fallador de una disposición que no se ajusta al caso, con la consecuente inaplicación de la norma que recoge de forma correcta el supuesto fáctico. La interpretación errónea, en cambio, parte de la acertada selección de la disposición aplicable, pero conlleva un entendimiento equivocado de la misma, que le hace producir efectos jurídicos que no emanan de su contenido. En el caso examinado, el libelista omitió identificar el sentido específico de ataque, esto es, si se trató de la inaplicación, la aplicación indebida o la interpretaciónCasación 54.891 HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ 14 errónea de la norma de contenido sustancial, lo cual dificulta a la Corte la verificación del cumplimiento de los presupuestos de lógica y debida argumentación. No obstante, a pesar de lo confuso de la censura, conforme al principio de caridad es posible inferir que, lo alegado, en últimas, es la aplicación indebida del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, relativo a la prohibición de beneficios y mecanismos sustitutivos, entre

alegado, en últimas, es la aplicación indebida del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, relativo a la prohibición de beneficios y mecanismos sustitutivos, entre otros, para delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes y del canon 3 del Decreto 578 de 2007 –correctivo, en parte, del inciso 2º de la Ley 1098 de 2006- , como consecuencia de la falta de aplicación de los cánones 216, inciso 2º de la Ley 1098 de 2006, concerniente a la vigencia de dicha disposición y 198 de la Ley 906 de 2004 –en torno a los programas de atención especializada de dicha población vulnerable, sujeto pasivo de delitos-. Al respecto, lo infundado del reclamo es evidente, pues no es cierto que la mentada prohibición, contenida en el precepto 199 de la Ley 1098 de 2006, entrara en vigenciacomo sí lo hizo el resto de su articuladoseis meses después de su promulgación, es decir, el 8 de mayo de 2007, por cuanto, el inciso 2º del canon 216 -originalejusdem, especificó que lo relativo a «los beneficios y mecanismos sustitutivos entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley», o sea el 8 de noviembre de 2006, fecha

anterior a la comisión de los hechos aquí juzgados (diciembre de 2006 y enero de 2007).Casación 54.891

HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ

15 Ahora, es verdad que en el mentado inciso 2º el legislador incurrió en el error mecanográfico de concordancia consistente en señalar que lo alusivo a los beneficios y mecanismos sustitutivos estaba regulado en el precepto 198 del citado compendio normativo, cuando verdaderamente ese tema quedó estipulado en el 199; no obstante, dicho yerro no es sustancial ni modifica el sentido específico o real de la norma, al punto que fue corregido inicialmente, mediante el artículo 4º del Decreto 4011 del 14 de noviembre de 2006 y después con el 3º del Decreto 578 del 2 de marzo de 2007, ocasiones en las que se señaló que: (…) el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, Código de Régimen Político y Municipal, preceptúa que los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador; Que la Corte Constitucional en Sentencia C-520 de 1998, señala que corresponde al Presidente de la República corregir errores caligráficos o tipográficos de las leyes, cuando estos no alteren su

sentido real; En ese orden de ideas, no es como lo asegura el letrado que, la prohibición de beneficios y sustitutos penales solo entró a regir el 8 de mayo de 2007, pues, además que la corrección caligráfica se hizo desde el 14 de noviembre de 2006, el inciso 2º del artículo 216 inequívocamente estableció que la norma relativa a los beneficios y mecanismos sustitutivos entraba a regir desde la promulgación de la Ley 1098 de 2006 -8 de noviembre de 2006-, es decir, el artículo 199.Casación 54.891

HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ

16 Igualmente, es evidente que la referencia equívoca al artículo 198, que concierne a los programas de atención especializada para los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos, nada tiene que ver con aquella otra temática –la de los beneficios y sustitutosy, en esa medida, solo se trató de un error mecanográfico, sin ninguna incidencia en el verdadero objeto de la disposición legal. El problema tampoco involucra el principio de favorabilidad, habida cuenta que no hay lugar a la confrontación de dos disposiciones normativas de consecuencias jurídica diversas –una más benéfica que otra al inculpado, por retroactividad o ultractividad-, sino de la aplicación de la ley vigente al tiempo de los hechos, que, para el caso, es el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 por

al inculpado, por retroactividad o ultractividad-, sino de la aplicación de la ley vigente al tiempo de los hechos, que, para el caso, es el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 por autorización del inciso 2º del artículo 216 ibidem, corregido por los artículos 4º del Decreto 4011 de 2006 y 3º del Decreto 578 de 2007, precepto que, por ende, no sufrió ninguna modificación sustancial. Por lo mismo, la presunta anomalía que el censor le endilga a la Fiscalía, consistente en advertirle al procesado, durante la formulación de imputación, sobre la prohibición de allanamiento a cargos y cualquier mecanismo sustitutivo respecto del delito de actos sexuales con menor de catorce año, no solo no corresponde a una infracción indirecta de la ley sustancial -en tanto debió plantearse por los causes de la nulidad-, sino que desconoce que la norma en cuestión estaba plenamente vigente para el momento de la comisión de dichos actos criminales y, por el contrario, constituía unCasación 54.891 HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ 17 deber del ente acusador informar al indiciado acerca de dicha restricción. Por manera que, en estas condiciones, no es posible admitir el reproche. 2.3. Segundo cargo Tampoco en esta censura el letrado especificó la modalidad de ataque a postular, pues se limitó a invocar un error de hecho que tampoco concretó. En efecto, le correspondía señalar si la infracción

Tampoco en esta censura el letrado especificó la modalidad de ataque a postular, pues se limitó a invocar un error de hecho que tampoco concretó. En efecto, le correspondía señalar si la infracción indirecta de la ley sustancial provino de un falso juicio de existencia por omisión o suposición, de un falso juicio de identidad en sus variantes de adición, tergiversación o cercenamiento o de un falso raciocinio por violación de las reglas de la experiencia, los postulados de la lógica o las leyes de la ciencia. Por el contrario, en un típico alegato de instancia, refractario al recurso extraordinario de casación, reprobó el mérito asignado a la declaración anterior del menor ofendido -la cual ingresó al debate oral como prueba de referencia admisible-, y a “la denuncia” formulada por la madre de la víctima, pero no explicó por qué era inviable conferirle valor positivo restringido a la entrevista de K.A.VA., además que dejó de lado que el testimonio de dicha señora constituyó prueba de referencia únicamente en cuanto reprodujo lo que su menor hijo le contó acerca de los tocamientos realizados por el acusado pero no frente a otras circunstancias como elCasación 54.891 HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ 18 llanto expresado por su pequeño al enterarla de los hechos, el cambio de estado de ánimo con posterioridad a los acontecimientos delictivos –de confianzudo a introvertido, triste y malgeniado-, las múltiples terapias psicológicas a las

el cambio de estado de ánimo con posterioridad a los acontecimientos delictivos –de confianzudo a introvertido, triste y malgeniado-, las múltiples terapias psicológicas a las que tuvo que someterlo -ante cinco profesionales-, y hasta el intento de suicidio que el niño perpetró como consecuencia del ilícito. De igual modo, si lo pretendido era acreditar la presunta animadversión de los progenitores de la víctima y algún síndrome de alienación parental en el menor, el libelista estaba impelido a demostrar, por la senda del falso raciocinio, que los falladores incurrieron en errores de juicio en la aplicación de las leyes de la sana crítica, para lo cual estaba obligado a examinar los razonamientos de las instancias que descartaron cualquier ánimo malintencionado de la víctima o sus ascendientes de incriminar falsamente al acusado. De otra parte, si el jurista estaba interesado en cuestionar la entrevista del menor, por haber sido recepcionada por una investigadora –no psicóloga-, sin la asistencia de un defensor de familia, ha debido hacerlo por la ruta del error de hecho por falso juicio de legalidad, identificando la norma vulnerada y la trascendencia del presunto yerro en la decisión. En todo caso, no puede perderse de vista que la Corte ha tenido oportunidad de precisar que, la ausencia del

identificando la norma vulnerada y la trascendencia del presunto yerro en la decisión. En todo caso, no puede perderse de vista que la Corte ha tenido oportunidad de precisar que, la ausencia del defensor de familia, en los términos señalados en el artículoCasación 54.891 HUILFREDO VARGAS RODRÍGUEZ 19 150 del Código de la Infancia y la Adolescencia, no invalida la diligencia o vicia de ilegalidad la actuación (CSJ AP52452018, rad.51676). En el mismo sentido ha señalado que (CSJ AP19432017, 22 mar. 2017, rad. 46523): (…) las formalidades previstas en la Ley 1098 de 2006 (Ley de Infancia y Adolescencia) para la recepción de los testimonios de los menores, es un asunto que atañe a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y su incumplimiento no apareja la afectación de las garantías del procesado, por lo que éste carece de interés para invocar la ilegalidad del procedimiento. Finalmente, como se señaló atrás, es claro que, por razón del principio de igualdad de armas, a estas alturas no es viable echar en falta la práctica de pruebas periciales psicológicas a instancia del Instituto de Medicina Legal, pues si ese era su propósito ha debido procurarlo así en la oportunidad legal pertinente. Con todo, está bien resaltar que, en el plenario obra el testimonio de la psicóloga MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ ALONSO quien dio cuenta de las valoraciones practicadas a la

oportunidad legal pertinente. Con todo, está bien resaltar que, en el plenario obra el testimonio de la psicóloga MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ ALONSO quien dio cuenta de las valoraciones practicadas a la víctima y a su madre y del proceso terapéutico respectivo. De este modo, no cabe la admi