CSJ - AP3457-2022(57247)

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

Magistrada Ponente AP3457-2022 Radicación N° 57247

CUI: 053766100121-2016-80688-01

Acta n°176 Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022) OBJETO DE LA DECISIÓN La Corte expone las razones por las cuales ha de inadmitirse la demanda de casación presentada en nombre de SERGIO ANDRÉS GRISALES HENAO, contra la sentencia del 25 de noviembre de 2019, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. Mediante esa decisión, se confirmó la condena impuesta a aquél como autor de homicidio. CAS. 57.247

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SERGIO ANDRÉS GRISALES HENAO

I. HECHOS

1. Según la sentencia de segunda instancia, los hechos materia de investigación se remontan al 24 de julio de 2016, cuando a las 04:20 horas, la Unidad Básica de la SIJIN recibió una llamada procedente del celular del cuadrante, en la que se informó que, en la

carrera 4 con calle 10, barrio Chagualito del municipio de Sonsón (Antioquia), fue hallado un ciudadano semidesnudo y en alto estado de alicoramiento, frente a la nomenclatura 10-19. Al llegar al lugar, esta persona se identificó como SERGIO ANDRÉS GRISALES HENAO, quien portaba ropa interior (bóxer) y al lado tenía sus pertenencias: una camisa de color azul y un pantalón jean

impregnado de una sustancia de color roja, al parecer sangre. Entre sus pertenencias, también se le halló un arma blanca tipo navaja “pate cabra”, de madera y metal, con rastros de sangre, siendo incautada la navaja por los policiales. En ese mismo instante, a los agentes les reportaron que, en la carrera 5 con calle 9, una mujer estaba tirada en la vía pública. Se dirigieron inmediatamente a ese lugar y la encontraron tendida en el piso. Presentaba varias lesiones producidas con arma blanca, solicitaron el acompañamiento de la patrulla de apoyo, procedieron a auxiliarla y transportarla al hospital local, donde le prestaron los primeros auxilios. En el hospital de la localidad, la víctima fue identificada como Yenny Viviana Loaiza Castañeda, quien fue remitida al Hospital San juan de Dios de La Ceja (Antioquia). Los policías que atendieron el caso se percataron de la presencia de la joven Wendy Yeritza Arévalo Cardona, quien informó ser amiga de la víctima y haber estado compartiendo con aquélla momentos antes de los hechos. Manifestó que ella sabía el nombre de la persona que lesionó a la joven Loaiza Castañeda, a saber, SERGIO ANDRÉS GRISALES HENAO, pues los vio discutiendo cuando iban para la casa de Yenny, pero no creía que fuese a hacer eso, señalando que era él quien lesionó a su amiga y que SERGIO vivía por la casa de su padre, mostrándose dispuesta a indicar dónde vivía y a denunciar al señor

GRISALES HENAO por las lesiones ocasionadas a la víctima. 2 CAS. 57.247

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SERGIO ANDRÉS GRISALES HENAO El 25 de julio de 2016, la Unidad de Policía Judicial fue informada del fallecimiento de Yenny Viviana Loaiza, quien estaba siendo atendida en el Hospital San Juan de Dios de La Ceja. En la misma fecha, siendo las 11:00 horas se presentó a esa unidad SERGIO ANDRÉS GRISALES HENAO, quien manifestó libremente y sin apremio que era la persona responsable de la muerte de Yenny Viviana Loaiza, quien además suministró elementos materiales relacionados con los hechos, como lo fue la entrega de una camiseta de color azul marca Adidas, talla M, estampados de color blanco al parecer con manchas de sangre, un pantalón jean color azul Avato talla 28, al parecer con rastros de sangre, por lo que se diligenció la correspondiente acta de incautación de dichos elementos que fueron en igual forma fijados fotográficamente y sometidos a cadena de custodia.

II. ACTUACIÓN PROCESAL PERTINENTE

2. Con fundamento en los referidos hechos, el 26 de julio de 2016, ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Sonsón, la Fiscalía formuló imputación al señor GRISALES HENAO como posible autor de homicidio agravado (arts. 103 y 104-6 C.P.). En contra del imputado, quien no aceptó cargos, se impuso detención preventiva en establecimiento carcelario.

3. El 29 se septiembre subsiguiente, ante el Juzgado Penal

del Circuito de ese municipio, SERGIO ANDRÉS GRISALES HENAO, tras modificarse la calificación jurídica contenida en el escrito de acusación, fue acusado como probable autor de feminicidio agravado (arts. 104 A y 104 B lit. f ídem).

4. El acusado optó por ejercer su derecho a ser juzgado públicamente. Concluido el debate y emitido sentido de fallo condenatorio, el juez dictó la respectiva sentencia el 14 de agosto de 2017. Tras declarar al acusado autor responsable de homicidio

(art. 103 C.P.), lo condenó a las penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 250 meses. 3 CAS. 57.247

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SERGIO ANDRÉS GRISALES HENAO Por otra parte, negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

5. En respuesta al recurso de apelación interpuesto por el defensor, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, mediante la sentencia ya referida, confirmó el fallo de primer grado.

6. Dentro del término legal, el prenombrado sujeto procesal interpuso el recurso extraordinario de casación y allegó la respectiva demanda, lo que motiva el conocimiento del proceso por la Corte.

II. SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN

7. El censor ataca el fallo de segundo grado invocando los arts. 181 num. 1° y 3° de la Ley 906 de 2004 (en adelante C.P.P.).

Sin concretar la forma de violación denunciada ni alguna modalidad de error demandable en casación, formula múltiples reproches a partir de los cuales solicita a la Corte casar el fallo impugnado y, en su lugar, absolver al procesado.

8. Para comenzar, sostiene que la decisión condenatoria por el delito de “homicidio agravado” es desconocedora de “normas constitucionales” y “reglas de producción probatoria”, puesto que se soportó en “prueba ilegal”. En ese sentido, resalta, los juzgadores de instancia valoraron el testimonio de los agentes de policía que conocieron del caso pese a que, “sin ningún argumento legal, argumentaron la responsabilidad del acusado”, así como “las manifestaciones de éste sin que tuvieran en cuenta las reglas para la construcción de la prueba o el elemento que fue el pilar de la decisión”.

4 CAS. 57.247

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9. Enseguida, enuncia los “argumentos de inconformidad de la sentencia recurrida”, los cuales se sintetizan a continuación: 9.1. El acusado se presentó de forma voluntaria en la estación de policía, sin que existiera orden de aprehensión o elementos suficientes para capturarlo en flagrancia. Sin embargo, fue dejado allí toda la noche del 25 de julio de 2016 y luego llevado ante el juez de garantías para la formulación de imputación. 9.2. El juez valoró el testimonio de los policías, referido a que el señor GRISALES HENAO acudió a manifestar que cometió

el homicidio, inadvirtiendo que, en esa fecha, la víctima no había fallecido. Además, “como ellos mismos lo indicaron”, aquél estaba muy alicorado y bajo los efectos de alucinógenos “indicando entonces para efectos de una manifestación tan grave no estar consiente de dichas manifestaciones”. 9.3. Uno de los testigos -no lo identificaseñaló que el acusado sentía temor de la comunidad, pero esto nunca se probó, “pues nadie fue a las instalaciones de la Policía o de la Fiscalía a denunciar el hecho ni a indicar o manifestar que el acusado fuera el autor del homicidio, razones que pasó por alto el juez”. 9.4 El testimonio rendido por el agente Leonardo Pérez Marín, quien para la época de los hechos era el Jefe de la Unidad de Policía Judicial de Sonsón, reveló que el señor GRISALES HENAO se presentó al comando expresando ser responsable de un homicidio y, en consecuencia, se inició la investigación de manera oficiosa. Ello corrobora que el procesado nunca estuvo capturado “y no se le debieron leer derechos. Además, nunca estuvo acompañado de un defensor que lo asesorara”. El policial, añade, también indicó que fueron a la casa de la mamá del acusado y 5 CAS. 57.247

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SERGIO ANDRÉS GRISALES HENAO recopilaron algunos elementos como prendas de vestir que SERGIO ANDRÉS tenía el día de los hechos, «sin que se plasmara un acta de consentimiento». 9.5. El patrullero Harold David Restrepo sostuvo en el juicio

que se realizó un allanamiento y registro “sin el cumplimiento de los deberes legales establecidos por el legislador ni por las expresiones de la constitución, ya que no hay consentimiento por parte de los moradores”, quienes indicaron que los policías ingresaron sin su autorización, “sin que estén presentes en la diligencia». 9.6. El a quo, además de haber apreciado las manifestaciones de responsabilidad de SERGIO GRISALES HENAO, también valoró las demás pruebas con desconocimiento de las garantías fundamentales. En cuanto a la supuesta entrega voluntaria de las prendas impregnadas de sangre, se desestimó el testimonio de la madre de aquél, referido a que jamás permitió el ingreso de los policías a su morada y que los agentes lo hicieron sin su consentimiento, tomando elementos propios de su vivienda y “apropiándose” del salón principal para hacer tomas de las evidencias, con lo que se violentaron los derechos a la intimidad e inviolabilidad del domicilio, según la sentencia C-806 de 2009. 9.7. En el sistema penal acusatorio, los principios de contradicción y presunción de inocencia obligan a la Fiscalía a probar la culpabilidad de indiciado, al tiempo que existe la garantía de negarse a declarar y no auto incriminarse. Por ello no es posible valorar las manifestaciones del acusado en perjuicio suyo, pues “la declaración del imputado en el proceso tiene la naturaleza de derecho a la defensa y no de un medio de prueba que pueda ser calificado como una confesión”. 6 CAS. 57.247

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9.8. Para “la doctrina y la jurisprudencia extranjera”, no hay duda en cuanto a la ilicitud de las manifestaciones realizadas por un capturado, sindicado o procesado, cuando no se le ha suministrado información del derecho a no auto incriminarse. 9.9. El tribunal incurrió en los mismos yerros, por lo cual solicita que “se examine a fondo el asunto”, para determinar los yerros y vacíos de la decisión recurrida.

III. CONSIDERACIONES

10. La demanda de casación ha de inadmitirse, por cuanto incumple las exigencias derivadas de los arts. 183 y 184 inc. 2° del C.P.P. Como se verá, en estricto sentido, el censor no formula ni desarrolla algún cargo atendible en casación, apto para acreditar la incursión en errores constitutivos de violación directa o indirecta de la ley sustancial. Además, los variados reproches dirigidos contra la sentencia impugnada, bajo la óptica sustancial, carecen de fundamento y aptitud refutatoria, de donde se sigue la irrelevancia de un fallo de casación para cumplir con alguno de los propósitos del recurso extraordinario. 3.1. Violación directa e indirecta de la ley sustancial, en tanto causales de casación.

11. La formulación de un cargo en casación exige elegir alguna de las causales de impugnación previstas legalmente.

Éstas corresponden a las formas de violación de la ley: directa, indirecta o por vulneración del debido proceso. Respecto a las dos primeras, su postulación demanda la formulación de un reproche, consistente en la identificación de una modalidad de error que la

acredite. 7 CAS. 57.247

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12. Según el art. 181-1 del C.P.P., puede incurrirse en violación directa de la ley sustancial (causal), a través de tres modalidades de error en el juicio (in iudicando), a saber, por falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida de una norma de rango constitucional o legal llamada a regular el caso.

El yerro denunciado ha de contraerse a una mera oposición entre la sentencia y la ley, sin que tenga cabida la intermediación de aspectos probatorios, con base en los cuales el juez fija la premisa fáctica del silogismo jurídico mediante el cual se decide de fondo sobre la responsabilidad penal.

13. En contraposición, la violación indirecta de la ley obliga a deconstruir la apreciación o el escrutinio de las pruebas, a fin de acreditar un supuesto de hecho diverso, que consecuencialmente deba ser subsumido en normas diferentes. Los errores que se pueden cometer en la actividad probatoria pueden ser de hecho o de derecho. Éstos presuponen la violación de una norma probatoria (falsos juicios de legalidad o convicción); aquéllos implican el desconocimiento de una situación fáctica, producto de la incursión en falsos juicios de existencia o identidad o falso raciocinio1.

14. El falso juicio de legalidad concierne a las normas que regulan la manera legítima de producir e incorporar los medios de conocimiento, al principio de legalidad en materia probatoria y a

la observancia tanto de los presupuestos como las formalidades exigidas para cada prueba. La infracción puede tener ocurrencia, por una parte, cuando el juzgador aprecia materialmente la prueba, aceptándola no obstante haber sido aportada al proceso con violación de las formalidades legales para su producción o aducción; por otra, cuando la prueba se rechaza erróneamente, porque a pesar de estar reunidos los requisitos para su incorporación, el juez considera que los incumple. 1 Cfr., entre otras, CSJ SP 3 ago. 2005, rad. 19.643 y 17 nov. 2010, rad. 32.285. 8 CAS. 57.247

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15. En el falso juicio de legalidad (CSJ AP 6 jul. 2011, rad. 36.626) se exige al demandante, de cara a la aptitud formal de la censura, señalar las normas procesales que regulan los medios de prueba sobre los cuales se predica el yerro. De otro lado, aunque de restringida aplicación por haber desaparecido de la sistemática procesal la tarifa legal, se incurre en falso juicio de convicción cuando el juez desconoce el valor prefijado a la prueba en la ley o la eficacia que esta le asigna.

16. Tanto en el falso juicio de legalidad como en el error de convicción, de cara a la aptitud formal de la censura, deben señalarse las normas procesales que regulan los medios de prueba sobre los cuales se predica el yerro.

17. Por su parte, los errores de hecho implican el

desconocimiento de una situación fáctica, producto de la incursión en falsos juicios de existencia o identidad o falso raciocinio.

18. La primera de dichas hipótesis -falso juicio de existenciase presenta si, al proferir la sentencia impugnada, el fallador desconoce por completo el contenido material de una prueba debidamente incorporada a la actuación; también, cuando le concede valor probatorio a una que jamás fue recaudada, suponiendo su existencia.

19. En segundo término, el falso juicio de identidad tiene lugar cuando el juzgador distorsiona o tergiversa el contenido fáctico de determinado medio de conocimiento, haciéndole decir lo que en realidad no dice, bien sea porque realiza una lectura equivocada de su texto, le agrega circunstancias que no contiene u omite considerar aspectos relevantes del mismo.

20. En tercer lugar, el falso raciocinio se configura cuando el

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SERGIO ANDRÉS GRISALES HENAO juez observa la prueba en su integridad, pero al valorarla desconoce los postulados de la sana crítica, es decir, una concreta ley científica, un principio lógico o una máxima de la experiencia.

21. Cualquiera de los mencionados yerros, tanto de hecho como de derecho, debe ser trascendente desde el punto de vista jurídico, es decir, frente a la valoración conjunta de la prueba aplicada en las instancias, su exclusión debería ser capaz de incidir en el sentido del fallo y conducir a adoptar una decisión sustancialmente diversa a la recurrida.

3.2. Ineptitud formal de la demanda: ausencia de formulación de cargos.

22. Pues bien, contrastados los motivos de impugnación contenidos en la demanda con las anteriores premisas, fuerza concluir que el censor, en estricto sentido, no formuló ningún cargo apto para ser estudiado de fondo en sede extraordinaria de casación. Pese a la invocación del art. 181 num. 1° y 3° del C.P.P., los reproches atrás sintetizados no identifican ni, mucho menos, acreditan la configuración de alguna modalidad de error que dé lugar la violación directa o indirecta de la ley.

23. De entrada, el libelo falta a los principios de autonomía, claridad, precisión y no contradicción, quebrantando además la unidad lógica de los reclamos, dado que no es dable denunciar concurrentemente la violación directa e indirecta de la ley sustancial. Un planteamiento en esos términos es excluyente -las causales de casación se anulan entre sí-, pues si se señala un error de juicio normativo, tácitamente se acepta la corrección de los hechos que se declararon probados, así como la actividad probatoria, la apreciación y la valoración de las pruebas.

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24. Por supuesto, las críticas elevadas por el censor -aunque no identifique la causal de casación, la vía de infracción ni las modalidades de erroren últimas propenden por una variación de la estructura probatoria y los hechos en que se fundamenta la

declaratoria de responsabilidad penal. Empero, el libelista no identifica los tipos de yerros que atribuye a los juzgadores de instancia ni los desarrolla con acatamiento de las exigencias lógico-argumentativas que les son propias.

25. Aunque genéricamente alude a ilegalidades e ilicitudes probatorias, los reclamos carecen de aptitud para acreditar la existencia de un falso juicio de legalidad. La sustentación no pone en evidencia ningún yerro en las fases de formación o aducción probatoria. Se echa de menos el señalamiento de cualquier norma procedimental que, habiendo sido infringida por los falladores de instancia, los llevó a tener como prueba un medio de conocimiento carente de los requerimientos legales para ello o que fue producida o incorporada al proceso contrariando las formalidades legales pertinentes o violando derechos fundamentales. Tampoco, valga destacar, se pone de manifiesto que a alguna prueba en particular le fue negada tal connotación, pese a haberse practicado con observancia de las formas propias del juicio.

26. De suerte que la ineptitud del cargo para acreditar la existencia de un error de derecho que comporte la violación indirecta de la ley sustancial es incuestionable. Así mismo, como pasa a exponerse, los reclamos son ineficaces para provocar el estudio de fondo del asunto por la vía del error de hecho.

27. En efecto, las críticas probatorias no ponen de presente que i) alguna prueba fue inobservada por completo o que los falladores apreciaron como tal un medio de conocimiento carente de esa connotación; ii) los juzgadores distorsionaron parcialmente

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SERGIO ANDRÉS GRISALES HENAO el contenido objetivo de alguna prueba o iii) la valoración probatoria infringió alguna máxima de experiencia, principio lógico o postulado científico.

28. En suma, el demandante no pone de presente la posible comisión de algún error de derecho o de hecho, trascendente para invalidar la declaratoria de responsabilidad penal. Simplemente, replicando los argumentos con que impugnó el fallo de primer grado, contentivos de críticas carentes de sustento, se limita a reprochar que los sentenciadores apreciaron las manifestaciones de responsabilidad hechas a la autoridad policial por el acusado, así como las demás pruebas -referentes a la supuesta entrega de elementos en su residencia, a la que habrían ingresado los policías sin consentimiento de sus moradores-, “con desconocimiento de las garantías fundamentales”.

29. Mas tales afirmaciones son insuficientes para provocar un estudio de fondo en casación, pues la supuesta incorrección del escrutinio probatorio pretende ser demostrada a partir de una valoración diversa o alternativa a la realizada en la sentencia impugnada, precedida de una lectura particular del caso, no de la refutación adecuada y suficiente de la estructura probatoria que soporta la decisión.

30. Una argumentación en esa dirección desconoce que la unidad decisoria impugnada goza de presunción de acierto y legalidad en punto de los enunciados fácticos que se declararon probados. Para remover tal presunción, el demandante ha debido acreditar que se configuró alguna de las modalidades de error

atrás mencionadas, pero como aquél incumplió con tal carga, es claro que sus alegaciones son igualmente insuficientes para que la Corte emprenda un estudio de fondo de los reclamos, bajo la óptica de la violación indirecta de la ley sustancial. 12 CAS. 57.247

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31. Es bien sabido que no hay lugar a predicar la configuración de errores constitutivos de violación indirecta de la ley sustancial cuando simplemente se presenta una apreciación probatoria alternativa a la aplicada en las instancias. La mera disparidad de criterios en ese aspecto no habilita acudir al recurso de casación (CSJ AP 3 dic. 2009, rad. 27.264). La simple oposición de apreciaciones subjetivas, que hacen abstracción de los fundamentos probatorios de la decisión impugnada, sin el debido planteamiento, conduce a la inadmisión de la demanda de casación (CSJ AP 16 jun. 2010, rad. 33.697). 3.3. Ineptitud sustancial de los reclamos.

32. En conexión con la exigencia de acreditación de la afectación de derechos fundamentales, la idoneidad sustancial o corrección material de la demanda significa que sus cargos no sólo han de estar debidamente sustentados desde la perspectiva formal. Los reproches deben ser fundados, esto es, tener aptitud para propiciar la invalidación total o parcial de la sentencia, en el entendido que, de no haberse materializado el yerro, otra habría sido la decisión, o mostrarse idóneos para convocar a la Corte a

asumir una postura jurisprudencial unificada alrededor del tema debatido, en cuanto logren evidenciar la violación de una norma sustancial o una garantía procesal.

33. Desde esa perspectiva, sin perjuicio de las advertidas incorrecciones de planteamiento y sustentación del libelo, que por sí mismas conducen a su inadmisión, los reclamos también se advierten huérfanos de idoneidad sustancial, debido a que son manifiestamente infundados. Al faltar a la fidelidad en la reconstrucción de la argumentación probatoria en que, efectivamente, se soporta la decisión condenatoria, la refutación se torna desatinada e insuficiente para trastocar dicha estructura. Un contraste entre la estructura probatoria que

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SERGIO ANDRÉS GRISALES HENAO soporta la decisión condenatoria y los reproches elevados por el demandante, deja al descubierto esa situación.

34. A la hora de afirmar la responsabilidad del procesado como autor de homicidio, el ad quem inició precisando, con soporte en la jurisprudencia de esta Sala, que aquellas manifestaciones inculpatorias, realizadas por el procesado SERGIO ANDRÉS GRISALES HENAO a terceras personas, sin encontrarse vinculado ni aprehendido en una actuación penal, como fue lo ocurrido en este caso, en que el procesado acudió en forma libre y voluntaria y les manifestó a los miembros de la Policía de Sonsón su participación en la comisión de los hechos que ocasionaron la muerte de la

Yenny Viviana Loaiza Castañeda, pueden ser objeto de valoración probatoria a través de los testimonios de aquellos policiales que acudieron al juicio oral, situación que en momento alguno viola el derecho de inmunidad penal a favor del procesado y tampoco era necesario la aplicación de las “Reglas de Miranda”, conocidas en la Ley 906 de 2004 en el art. 303 como derechos del capturado. El señor GRISALES HENAO no fue capturado y fue él quien acudió ante las autoridades después de ocurridos los hechos para manifestar su participación en el punible. Además, su privación de la libertad ocurrió después de su vinculación, vía formulación de imputación, al ser objeto de la medida de detención preventiva.

35. El censor hace abstracción de esos razonamientos, dejando así la queja en un mero enunciado, el cual, en todo caso, es inepto para acreditar alguna ilegalidad de orden probatorio, ya que la jurisprudencia tiene definido que las manifestaciones voluntarias del procesado, referidas a su nexo con alguna conducta punible, pueden ser objeto de valoración a través del testimonio de quienes las perciben.

36. Lo que se declaró probado en las instancias, sin que la censura presente argumentos aptos para desmontar tal enunciado fáctico, es que el señor GRISALES HENAO, por iniciativa propia, cuando aún no tenía la calidad de indiciado ni

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SERGIO ANDRÉS GRISALES HENAO capturado, fue a la Unidad Básica de Investigación Criminal de Sonsón y, como lo destacó el tribunal, reseñando el testimonio del

patrullero Harold David Restrepo Flórez, voluntariamente expresó “que era el responsable de las lesiones en Yenny Viviana, las cuales posteriormente se convirtieron en homicidio porque la víctima falleció en el municipio de La Ceja”. Además, el agente lo notó anímicamente muy preocupado, “pues manifestaba que había cometido los hechos lesionando a Yenny y, como prueba, indicó que tenía las prendas de vestir que llevaba puestas el día anterior, argumentando estar dispuesto a colaborar con la justicia, con plena disposición de entregar la ropa manchada de sangre”.

37. El patrullero, prosigue el ad quem, igualmente evocó que a SERGIO ANDRÉS GRISALES no se le practicó interrogatorio alguno. Simplemente, él llegó al distrito de policía manifestando que fue la persona que ocasionó las lesiones a la señora y quería protección a su vida, porque se sentía amenazado por temor a que atentaran contra él.

38. Incluso, de la voluntariedad de la manifestación autoincriminatoria y de la ausencia de la condición de indiciado o capturado dio cuenta el a quo al corroborar, a tono con el testimonio de la progenitora del señor GRISALES HEANO, que éste se presentó a la policía por consejo de ella, en busca de protección. Al reseñar el testimonio de aquélla, entre otros aspectos, el juez destacó que la presentación de su hijo ante las autoridades obedeció a la necesidad de esclarecer los hechos y, mientras SERGIO ANDRÉS permaneció en las instalaciones policiales, les comunicaron que no había denuncia alguna en su

contra y que no se encontraba detenido.

39. Entonces, las manifestaciones voluntarias del procesado, según lo expuesto en los fallos de instancia, efectivamente pueden valorarse con miras a establecer la

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SERGIO ANDRÉS GRISALES HENAO responsabilidad penal, como quiera que, acorde con la jurisprudencia (cfr., entre otras, CSJ SP4703-2020, rad. 49.187; AP5250-2018, rad. 53.404; CSJ SP3006-2015, rad. 33837 y AP34452014, rad. 43.746), “la valoración de las manifestaciones auto incriminatorias realizadas por el procesado, reveladas en el juicio por quienes tuvieron oportunidad de percibirlas directamente, ha sido admitida en aquellos casos en los que no fueron obtenidas bajo presión, sino presentadas de manera espontánea”.

40. Incluso, recientemente, en el auto CSJ AP687-2020, donde se analizó un asunto de similares connotaciones al que aquí se examina, la Sala puntualizó: De acuerdo con la metodología trazada en la precitada providencia CSJ SP3006-2015, la Corporación resalta en

esta oportunidad que: (i) Las aseveraciones del indiciado ante servidor de la Policía Nacional, después de ocurridos los hechos, podían ser valoradas por las instancias a modo de indicio de responsabilidad posterior al injusto. El no ajustarse aquellas expresiones verbales a una declaración de parte (o, lo que es lo mismo, a un acto de

índole procesal) no implica, por ese solo motivo, que carezcan de validez probatoria, si en cuenta se tiene que no hay que entenderlas como un acto jurídico, sino como circunstancias fácticas, manifestaciones de la conducta humana, fenómenos exteriorizados que, en tanto tales, si tienen pertinencia jurídica, deberán ser abordados como tema de prueba por los jueces. (ii) A pesar de revelarse a funcionario de policía judicial, las afirmaciones de (…) no estaban amparadas por el derecho a no incriminarse, como quiera que se proporcionaron antes de cualquier acto de judicialización. En este asunto, las aserciones incriminatorias reseñadas en precedencia se dieron en un contexto distinto al inicio de una actuación procesal penal o, más concretamente, de una situación que conllevase cualquier restricción a la libertad. 16 CAS. 57.247

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SERGIO ANDRÉS GRISALES HENAO

41. Ahora bien, una vez aclarado el tópico en cuestión, se constata que el ad quem procedió a analizar los relatos de los demás policías adscritos a la Unidad Básica de Investigación Criminal que conocieron del caso y adelantaron diferentes

actividades (FREDY ANDRÉS RENGIFO RÚALES, VÍCTOR OSWALDO CARVAJAL, LEONARDO PÉREZ MARÍN y JOEL ALBERTO ORTIZ GAMBOA) quienes, en términos generales, rarificaron que SERGIO GRISALES HENAO se presentó voluntariamente a la unidad policial a manifestar su responsabilidad en los hechos acaecidos y que, como prueba,

tenía las prendas de vestir que llevaba puestas el día anterior, que estaba dispuesto a colaborar con la justicia y a entregar la ropa que estaba manchada de sangre.

42. En este punto se debe acotar que, del contexto de la reseña consignada en las sentencias impugnadas, sobre las manifestaciones hechas por los uniformados no se desprende, como lo asegura el censor, que alguno de ellos hubiese hecho referencia a que, en ese momento, el procesado se encontrara “muy alicorado y bajo los efectos de alucinógenos”; por el contrario, uno de ellos señaló que, pese a mostrarse