CSJ - AP4090-2016(47876)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente AP4090-2016 Radicación 47876 (Aprobado Acta No. 194) Bogotá D.C., v e i n t i n u e ve (29) de j u n io de dos m il dieciséis (2016). Se p r o n u n c ia la S a la sobre la admisibilidad del recurso de casación i n t e r p u e s to p or el defensor de FERNANDO CASTAÑEDA RANGEL en c o n t ra de la sentencia e m i t i da por la Sala P e n al del T r i b u n al Superior de B u c a r a m a n g a, el 10 de n o v i e m b re de 2 0 1 5, q ue confirmó en su totalidad el fallo condenatorio proferido por el J u z g a do P r i m e ro P e n al del Circuito de B a r r a n c a b e r m e ja el 8 de j u l io de la m i s ma a n u a l i d a d, al hallarlo c o a u t or p e n a l m e n te responsable d el delito de h u r to calificado y agravado.

HECHOS

Casación 47876 Fernando Castañeda Rangel. La cuestión fáctica f ue reseñada p or el ad quem de la siguiente manera^: «Acaecieron el día 31 de mayo (sic) del 2014, en las instalaciones del establecimiento comercial LAS MARAVILLAS, ubicado en la calle 49 N°. 13-22 de Barrancabermeja, almacén de importados que según la

señora NANA MARIA ESTRADA GARCÍA, (sic) asesora comercial, fue objeto de hurto ese día, aproximadamente a las tres de la mañana, mediante violencia ejercida en la puerta del sótano que permite el ingreso a la parte de atrás del negocio, para ingresar, a la oficina de la señora MADELBINE GARCÍA, donde se encontraba el dinero y diferentes objeto (sic) que fueron hurtados; del mismo modo indicó que en dicho lugar existen cámaras de video, constatándose que fueron desconectadas y otras las taparon con papel de impedir la individualización de los autores del hurto, cuyo monto ascendió a la suma de $112.938.0000 (sic) millones de pesos. Recibida la noticia criminal, se desplegaron actos urgentes y labores investigativas, tendientes a establecer la ocurrencia de los hechos y sus responsables, así como recolectar elementos probatorios en el lugar, realizar inspecciones judiciales, fijación fotográfica y entrevista. Con esta información recaudada, (sic) por los funcionarios de la SIJIN, y relacionada en el informe ejecutivo del 19 de junio del 2014, se logró (sic) que se expidiera, por un juez de control de garantías, las ordenes de captura de los ciudadanos Femando Castañeda Rangel y Kevin Orlando Gómez» ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE El 24 de j u n io de 2 0 1 4, ante el J u z g a do P r i m e ro Penal M u n i c i p al de C o n t r ol de Garantías de B a r r a n c a b e r m e j a, se

llevaron a cabo l as audiencias de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de m e d i da de a s e g u r a m i e n to en c o n t ra de K e v in O r l a n do Gómez^. Al día siguiente, el J u z g a do Tercero P e n al M u n i c i p al con función de c o n t r ol de garantías de la m i s ma ciudad, impartió legalidad al procedimiento de aprehensión de FERNANDO CASTAÑEDA RANGEL, e i n m e d i a t a m e n te el ente acusador le imputó el p u n i b le de h u r to calificado y agravado a título de dolo ^ Cfr. Folios 135 y ss. de la carpeta. 2 Cfr. Folios 7 y 8 ibídem. 2 Casación 47876 Fernando Castañeda Rangel. en calidad de coautor, cargo que fue aceptado por el procesado a q u i en se le i m p u so la m e d i da de a s e g u r a m i e n to de detención preventiva en su lugar de residencia^. El 19 de septiembre de 2014^, el J u ez P r i m e ro Penal de Circuito de B a r r a n c a b e r m e j a, d io inicio a la a u d i e n c ia de verificación de a l l a n a m i e n t o, q ue continuó el 16 de octubre siguiente^, y culminó el 08 de j u l io d el 2 0 1 5^ c o n d e n a n do a FERNANDO CASTAÑEDA RANGEL y a K e v in O r l a n do Gómez a

la p e na p r i n c i p al de 60 m e s es de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por i g u al término, negándoles la suspensión condicional de la ejecución de la p e na y la prisión domiciliaria. LA DEMANDA En v i r t ud de la protección d el debido proceso y demás garantías judiciales, s on tres l os cargos e n u n c i a d os p or el defensor de FERNANDO CASTAÑEDA RANGEL en c o n t ra de la decisión del T r i b u n a l. Primer cargo.- Violación directa de la l ey s u s t a n c i al p or interpretación errónea o aplicación indebida. P a ra el libelista, la argumentación de la decisión d el T r i b u n a l, se h a l la soportada en n o r m as q ue no debieron aplicarse, p u e s to que las l l a m a d as a regular el otorgamiento o no 3 Cfr. Folio 15 ibídem. t Cfr. Folios 37 y 38 ibídem. 5 Cfr. Folios 51 y 52 ibídem. 6 Cfr. Folios 81 a 91 ibídem. 3 Casación 47876 Fernando Castañeda Rangel. el beneficio de la prisión domiciliaria s on la Ley 7 50 de 2 0 0 2, y las Sentencias de la Corte C o n s t i t u c i o n al C - 3 18 de 2 0 08 y C - 1 84 de 2 0 0 5. Alega que se v u l n e r a r on l os derechos f u n d a m e n t a l es d el

acusado al aplicarse de f o r ma indebida u na n o r ma del bloque de constitucionalidad, lo produjo irregularidades en el proceso CUÍÜ por la violación de los derechos h u m a n o s, del debido proceso y de garantías judiciales c o mo «el derecho a que se apliquen las normas correctamente». A su juicio, el ad quem analizó n o r m as distintas a l as solicitadas por el i m p u g n a n te en el recurso de apelación c on el que pretendía que se aplicara la ley que protege a las m a d r es cabeza de f a m i l ia y, p or igualdad, a l os padres en la m i s ma condición. C o n t r a r io a ello, el T r i b u n al cercenó n o r m as de carácter i n t e r n a c i o n a l, tales c o mo el Pacto de S an José de C o s ta Rica, los tratados internacionales, y la Ley 7 50 de 2 0 0 2, E x p l i ca que d u r a n te la audiencia del artículo 4 47 de la Ley 9 06 de 2 0 04 sustentó en debida f o r ma los requisitos exigidos por la Ley 7 50 de 2 0 02 p a ra otorgarle a CASTAÑEDA RANGEL el beneficio de la prisión domiciliaria, pese a lo cual, la petición fue negada s in r e p a r ar en que el J u ez de Garantías consideró en su m o m e n to que no e ra un peligro p a ra la sociedad y que no reunía

las exigencias requeridas p a ra i m p o n e r le m e d i da de a s e g u r a m i e n to i n t r a m u r a l. Sostiene que reconoce que la Ley 1 7 09 de 2 0 14 otorga el beneficio de la prisión domiciliaria únicamente a los delitos cuyas penas mínimas consagradas en la ley sean iguales o inferiores a ocho años y a su v ez la niega tácitamente p a ra ciertos delitos. Casación 47876 Fernando Castañeda Rangel. entre ellos h u r to calificado, y esgrime que la Ley 7 50 de 2 0 02 se refiere solamente a la negación de la concesión p a ra los delitos de lesa h u m a n i d ad o en los s u p u e s t os en que la p e r s o na tenga antecedentes penales. A su vez, transcribe apartes de la Sentencia de la Corte C o n s t i t u c i o n al C - 2 84 de 2 0 05 y del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, c on el fin de d e m o s t r ar q ue el procesado c u m p le a cabalidad lo exigido p a ra s er considerado padre cabeza de familia, t o da vez que CASTAÑEDA RANGEL tiene a su cargo el cuidado de su m a d r e. Segundo cargo.- Desconocimiento d el debido proceso p or afectación sustancial de su e s t r u c t u ra o de la garantía debida a c u a l q u i e ra de las partes. M a n i f i e s ta el censor que se vulneró el artículo 29 de la

Constitución Política por c u a n to se dio aplicación a n o r m as que no debían considerarse p a ra el caso en concreto, puesto que solo procedía aplicar la Ley 7 50 de 2 0 02 y las Sentencias de la Corte C o n s t i t u c i o n al C - 3 18 de 2 0 08 y C - 1 84 de 2 0 0 5, que c o n t i e n en los requisitos que exigidos p a ra el o t o r g a m i e n to de la reclusión domiciliaria, lo que vulneró las garantías judiciales y el debido proceso a su asistido^. Sostiene que el condenado es un delincuente p r i m a r io que carece de antecedentes penales, o s t e n ta un eirraigo, u na familia y un asenteimiento familiar y social; es decir, c u m p le c on los fines esenciales de la resocieilización de las personas. 7 Cfr. Folio 172 ibídem. ^.-f5 Casación 47876 Fernando Castañeda Rangel. Tercer cargo.- El r e c u r r e n te invoca c o mo tercera c e n s u ra el n u m e r al tercero del artículo 1 81 del Código de Procedimiento Penal de 2 0 0 4, esto e s, el manifiesto desconocimiento de l as reglas de producción y apreciación de la p r u e ba sobre la c u al se ha f u n d a do la sentencia. Indica que no se explica la f o r ma en que el juzgador de segunda i n s t a n c ia realizó el estudio de documentos que llevan a

comprender q ue el procesado reúne l os requisitos p a ra s er considerado padre cabeza de familia, pues la n o r ma es clara en s us exigencias esenciales. F i n a l m e n t e, solicita revocar parcialmente la sentencia del T r i b u n al c on el objetivo de concederle la prisión domiciliaria a FERNANDO CASTAÑEDA RANGEL por reunir, a su juicio, l os requisitos p a ra ser calificado c o mo padre cabeza de familia. CONSIDERACIONES El recurso extraordinario de casación penal, al i g u al que acontece en m a t e r ia civil o laboral, se h a l la sometido a reglas específicas de o r d en s u s t a n c i al y f o r m al p a ra su admisión y posterior p r o n u n c i a m i e n t o. E s t o, obedece a q ue se dirige a controvertir un fallo que goza de la doble presunción de acierto y legalidad^ q ue conlleva a q ue se le exija al recurrente el c u m p l i m i e n to de ciertos requisitos imprescindibles p a ra su 8 Cfr. CSJ. AP, 25 de marzo de 2015, Rad. 43226. Casación 47876 Fernando Castañeda Rangel. prosperidad, tales c o mo tener interés p a ra i m p u g n a r, señalar la causal legal que invoca, desarrollar los cargos de sustentación del recurso y d e m o s t r ar la necesidad del fallo de casación p a ra c u m p l ir a l g u no de l os fines establecidos por el legislador en el

artículo 180 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4. Insistentemente esta Corporación ha precisado q ue la postulación del i n s t r u m e n to extraordinario de impugnación debe contener, además de la d e n u n c ia de la transgresión a la l ey producida c on la decisión, su demostración, p or m e d io de un escrito que necesariamente debe c u m p l i r, no solo con los rigurosos requisitos de f o r ma y contenido establecidos por los artículos 180 a 184 ejusdem que h a c en referencia la idoneidad f o r m al de la d e m a n d a, sino q u e, adicionalmente, debe s er objetivamente fundada^, vale decir, presentarse de f o r ma ordenada, clara y concisa, además de f o r m u l ar y s u s t e n t ar c on suficiencia l os cargos postulados, señalando cuáles s on s us f u n d a m e n t os y las n o r m as que e s t i ma infringidas, y, en caso de que f u e r en varias las críticas, s u s t e n t a r l as en capítulos separados, d e m o s t r a n do la trascendencia de l as falencias i n c u r r i d as p or el juzgador, es decir, verificando q ue de no i n c u r r ir en ellas la determinación sería t o t a l m e n te distinta. Este no es el caso del presente libelo, razón por la c u al se procederá a i n a d m i t ir la d e m a n d a. Primer cargo.-

El defensor d e m a n da la violación directa de la ley s u s t a n c i al por interpretación errónea o aplicación indebida de u na n o r m a, vale decir, t r a ta los dos s u p u e s t os c o mo si f u e r an sinónimos; por 9 Cfr. CSJ. AP. de 9 de septiembre de 2015, Rad. 41512. 7 Casación 47876 Fernando Castañeda Rangel. lo t a n t o, al definir u n a, f u n d a m e n ta la otra, ocasionando u na imprecisión en los cargos propuestos. La S a la recordará q ue la c e n s u ra p or violación directa, i m p o ne aceptar los hechos y las p r u e b as t al c u al c o mo q u e d a r on consignados en el fallo de segunda instancia; además, el deber de señalar si ocurrió por: (i) falta de aplicación; (ii) aplicación indebida o; (iii) interpretación errónea, entendiendo que cada u na de ellas, pese a estar contenidas d e n t ro de u na m i s ma causal, representa u na violación d i s t i n ta de la otra. D i c ho de m a n e ra diferente, si el T r i b u n a l, a j u i c io del censor, i n c u r re en un yerro por interpretación errónea, no deiría lugar a su vez a sustentar, dentro del m i s mo cargo, u na c e n s u ra por aplicación indebida, t al y como se exterioriza en la presente d e m a n d a, i n c u m p l i e n do la

idoneidad f o r m al que debe contener. Cabe precisar que a pes£ir de existir ciertas s i m i l i t u d es entre los dos yerros postulados en del m i s mo cargo, la interpretación errónea hace referencia a: «El desacierto en que incurre el fallador cuando habiendo seleccionado adecuadamente la norma que regula el caso sometido a su consideración, decide aplicarla, sólo que con un entendimiento equivocado, sea rebasando, menguando o desfigurando su contenido o alcance. Por otro lado, la aplicación indebida de un precepto, parte de la equivocación al m o m e n to de seleccionar la n o r ma ajustable al caso; al predicar esta incorrección, el d e m a n d a n te tiene el deber de precisar el precepto i m p r o p i a m e n te utilizado y la n o r ma que debió emplearse, señalando su trascendencia. En lugar de ello, en el sub judice, el censor elabora un listado de n o r m as de carácter i n t e r n a c i o n al que a su j u i c io f u e r on transgredidas y que 10 Cfr. CSJ. AP. de 28 de octubre de 2015. Rad. 46175. 8 Casación 47876 Fernando Castañeda Rangel. o c a s i o n a r on la violación d el debido proceso de FERNANDO CASTAÑEDA RANGEL, s in señalar l os f u n d a m e n t os de su r a z o n a m i e n t o. A si m i s m o, reniega que el T r i b u n al no estudió la l ey de

protección a las m a d r es cabeza de familia. L ey 7 50 de 2 0 0 2, n o r ma peticionada en el recurso de apelación, ni la sentencia de la Corte C o n s t i t u c i o n al C - 3 18 de 2 0 0 8, c on el objetivo de concederle la prisión domiciliaria al procesado, m as no indica los preceptos q ue considera m al aplicados, en contravía de lo requerido p a ra la aceptación del cargo. Por las razones ya expuestas, el cargo no está l l a m a do a prosperar. Segundo cargcP a ra d e m o s t r ar el desconocimiento del debido proceso por vicios in procedendo, corresponde al d e m a n d a n te d e m o s t r ar un yerro de e s t r u c t u ra o de garantía dependiendo del s u p u e s to que se presente, t al c o mo lo ha establecido la j u r i s p r u d e n c ia de esta S a la al a f i r m ar que^^: «La del numeral 2, consagra el tradicional motivo de nulidad por vicios in procedendo, es decir, permite el atacar los fallos cuando se han producido con desconocimiento del debido proceso o de las formas propias del juicio (yerro de estructura), o con violación de las garantías debidas a cualquiera de las partes (yerro de garantía).», A d i c i o n a l m e n te a lo anterior, es necesario a r g u m e n t a r le a la Corte l as razones p or l as q ue se considera q ue dichas incorrecciones s on esenciales, evidenciando que no existe o t ra

11 Cfr. CSJ. AP. de 28 de noviembre de 2007, Rad. 28656. Casación 47876 Fernando Castañeda Rangel. solución que declarar la n u l i d ad de lo actuado, i n d i c a n do el m o m e n to exacto en el c u al se concretó la anomalía y la f o r ma en que el vicio d e n u n c i a do ¡alteró el rito legal, lo c u al fue o m i t i do en la d e m a n da que se analiza, puesto que p a ra el libelista el cargo se halla d e b i d a m e n te explicado en el acápite de motivos del disenso. No obstante, al verificar t al apartado, n u e v a m e n te se advierte la a u s e n c ia de los requisitos p a ra la demostración de la i n c o n f o r m i d a d. A un obviando la a u s e n c ia de rigor técnico en la postulación, el ataque no está l l a m a do a prosperar por c u a n to el r e c u r r e n te se l i m i ta a e n u n c i ar reiterativamente la violación del artículo 29 de la Constitución Política porque se c o n f i g u r a r on irregularidades v u l n e r a d o r as de la garantía j u d i c i al del derecho a que se le apliquen las normas correctamente^^ y del derecho de igualdad a n te la ley. La c e n s u ra no prospera. Tercer cargo.- A m p a r a do en el m i m e r al tercero del artículo 1 81 de la Ley

9 06 de 2 0 0 4, el censor a f i r ma que la sentencia se p r o d u jo con manifiesto desconocimiento de l as reglas de producción y apreciación de la p r u e b a. La violación i n d i r e c ta de la ley s u s t a n c i al se clasifica en dos tipos de yerros: l os errores de h e c ho y l os de derecho. L os desaciertos de carácter fáctico t i e n en lugar c u a n do el fallador incurre en faltas de apreciación p r o b a t o r ia y se p u e d en clasificar en: falso j u i c io de existencia, falso j u i c io de identidad y de raciocinio. El falso j u i c io de legalidad y el de convicción, c o n f i g u r an lo q ue se conoce c o mo dislates de derecho, y se ^2 Cfr. Demanda de casación, folio 171 ibídem. 10 Casación 47876 Fernando Castañeda Rangei. originan a p a r t ir del desconocimiento de las n o r m as que r e g u l an la producción de los elementos de persuasión o las que t a s an su valor o su eficacia probatoria^ 3, E s ta Colegiatura reiterativamente^^ ha establecido c o mo obligación del r e c u r r e n te que señala esta clase de equívocos: (i) identificar el yerro cometido y posteriormente demostrarlo; (ii) indicar las p r u e b as sobre las cuales recayó; (iii) las reizones por

las cuales se presentó; y, (iv) la trascendencia de la equivocación. E s t os requisitos no se v i s l u m b r an en la d e m a n da de casación i n t e r p u e s t a, pues el i m p u g n a n t es e x p u so los m i s m os a r g u m e n t os c on los cuales sustentó la s e g u n da i n c o n f o r m i d a d, al e x t r e mo de a f i r m ar que estaba «explicado con suficiencia en este documento, acápite de motivos del disenso en lo referente al Primer yerro, Segundo Yerro y Tercer yerro»^^, lo c u al b a s ta p a ra inferir la a u s e n c ia de la técnica requerida p a ra la postulación de l os cargos, ya que p a ra a r g u m e n t ar la violación indirecta de la ley sustancial, no b a s ta c on a f i r m ar que ciertos documentos no se analizaron, o i m p o n er su propio criterio de la f o r ma en q ue debieron valorarse las pruebas. F i n a l m e n t e, no s o b ra resaltar que el recurso extraordinario de casación obedece a la necesidad de efectuar un c o n t r ol legal y constitucional a la sentencia de s e g u n da instancia, lo que quiere decir que no constituye u na vía p a ra u na tercera instancia. Por lo t a n t o, «si no se enseña el yerro judicial acusado, el recurso pierde su razón de ser, para convertirse en otra instancia regular. 13 Cfr. CSJ. AP. de 21 de septiembre de 2011, Rad. 32327.

11 Cfr. ídem. 13 Cfr. Demanda de casación, folio 168 de la carpeta. Casación 47876 Fernando Castañeda Rangel. al desatender el postulado de trascendencia que rige la impugnación extraordinaria.»^^. El cargo no prospera. C on f u n d a m e n to en los presupuestos anteriores, la Sala se halla i n e x o r a b l e m e n te compelida a i n a d m i t ir la d e m a n da presentada p or el deibnsor de FERNANDO CASTAÑEDA

RANGEL.

En mérito de lo expuesto, la S a la de Casación P e n al de la Corte S u p r e ma de Justicia, RESUELVE Primero.- INADMITIR la d e m a n da f o r m u l a da p or el defensor de FERNANDO CASTAÑEDA RANGEL. Segundo.- Advertir al i m p u g n a n te que c o n t ra esta decisión procede la insistencia. Tercero.- En firme esta determinación, devuélvanse l as diligencias al T r i b u n al de origen. Notifíquese y cúmplase Casación 47876 Fernando Castañeda Rangel.

PATRICIA SALAZAR CUELL

LUIS GUII^ERMD SALAZAR OTERO

FUBIA YOLANDA NOVA GARCIA

Secretaria 13