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CSJ - AP4134-2016(48232)

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AP4134-2016(48232)
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Penal
Año
2016

c.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

Magistrado Ponente AP4134-2016 Radicación 48232 (Aprobado en acta No. 194) Bogotá D.C., veintinueve (29) de j u n io de d os m il dieciséis (2016). Decide la S a la acerca de la admisibilidad de l os f u n d a m e n t os lógicos y de adecuada argumentación de la d e m a n da de casación presentada p or el defensor de la procesada A M A N DA GONZÁLEZ, c o n t ra la sentencia de segundo grado de 31 de m a r zo de 2 0 16 m e d i a n te la cued el T r i b u n al Superior de Bogotá conñrmó la proferida p or el J u z g a do O n ce P e n al del Circuito Especializado de la m i s ma ciudad, en v i r t ud del a l l a n a m i e n to a cargos de aquella, al c o n d e n a r la c o mo a u t o ra de l os c o m p o r t a m i e n t os p u n i b l es de concierto p a ra delinquir agravado, c o a u t o ra de e n r i q u e c i m i e n to ilícito, fraude procesal, estafa agravada y falsedad en d o c u m e n to privado, estos tres últimos en

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AMANDA GONZÁLEZ concurso homogéneo y sucesivo, así c o mo cómplice de c o n t r a b a n do c o n t i n u a d o.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL El aspecto fáctico fue presentado por el T r i b u n al así: Por denuncias instauradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se conoció que la sociedad CI CTTITEX DE COLOMBIA UAP SAS, beneficiaría del programa de incentivo para las exportaciones e importaciones de materias primas e insumos con suspensión total o parcial de tributos aduaneros, denominado 'Plan Vallejo' y cuya revisara fiscal era AMANDA GONZÁLEZ, simuló exportaciones a Guatemala y Venezuela con destino a las empresas Confecciones Escobar y Alecio S.A., Paracotos, Inverlat S.A y Flex Link, a través de la agencia de aduanas FB Logistic, durante los años 2009, 2010 y 2011, falseó operaciones económicas con los proveedores ficticios Cooperativa Multiactiva de Servicios La Floresta, y solicitó ante la DIAN la devolución del impuesto sobre las ventas por los periodos 6 de 2009, 2 y 3 de 2010, todo ello con multiplicidad de documentos falsos para dar soporte a las actividades de la organización criminal y obtener beneficios económicos^. El 5 de j u n io de 2 0 15 ante el Juzgado T r e i n ta y Siete Penal M u n i c i p al c on F u n c i o n es de C o n t r ol de Garantías de Bogotá se llevó a cabo la a u d i e n c ia de legalización de c a p t u ra de A M A N DA GONZÁLEZ, previ amente o r d e n a da por

1 Según el escrito de acusación el representante legal de C I T I T E X, y la procesada como revisora fiscal de la compañía, el 16 de septiembre de 2 0 10 y el 21 de julio de 2 0 11 presentaron ante la D I AN estudios que demostración de l as importaciones correspondientes a l os años 2 0 0 9, 2 0 10 y 2 0 1 1, en t a n to que la solicitudes de devolución del I VA las elevaron el 21 de m a r zo y 29 de j u n io de 2 0 10 y el 29 de j u n io de 2 0 1 1.

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AMANDA GONZÁLEZ el j u ez homólogo. En esa diligencia la Fiscalía le formuló imputación c o mo posible a u t o ra de l os p u n i b l es de concierto p a ra delinquir agravado, c o a u t o ra de enriquecimiento ilícito, fraude procesal, estafa agravada y falsedad en d o c u m e n to privado, estos tres últimos en concurso homogéneo y sucesivo, así c o mo cómplice de c o n t r a b a n do c o n t i n u a d o. La i m p u t a da aceptó los cargos y fue afectada con m e d i da restrictiva de su libertad en su domicilio. Formalizado el escrito de acusación, el Juzgado Once P e n al d el Circuito Especializado c on F u n c i o n es de C o n o c i m i e n to de Bogotá adelantó los días 2 de septiembre y

7 de octubre de 2 0 15 la a u d i e n c ia de verificación de a l l a n a m i e n to e individualización de pena, respectivamente, por ello condenó a la procesada como a u t o ra de los delitos que aceptó libremente y v o l u n t a r i a m e n te acompañada por su defensor, al i m p o n e r le ocho (8) años, tres (3) meses de prisión y m u l ta de diez m il doscientos sesenta y dos p u n to n o v e n ta y tres (10.262,93) salarios mínimos legales m e n s u a l es vigentes, e inhabilitación p a ra el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso de treinta y tres (33) meses, s in concederle la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria. En v i r t ud del recurso de apelación interpuesto por el defensor de la procesada en el c u al mostró su i n c o n f o r m i d ad c on la tasación p u n i t i va p or razón d el concurso delictual, y c on la negativa del otorgamiento de la

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AMANDA GONZÁLEZ prisión domiciliaria, el T r i b u n al Superior de Bogotá a través de sentencia de 31 de m a r zo de 2 0 15 confirmó la sentencia, por lo c u al aquél insiste al i m p u g n ar e x t r a o r d i n a r i a m e n t e, allegando la respectiva d e m a n da de casación, de c u ya

admisibilidad se o c u pa la Corte. DEMANDA Luego de transcribir íntegramente la sentencia de p r i m e ra instancia, f o r m u la un cargo c o n t ra la m i s ma por violación directa de la l ey s u s t a n c i al ante la aplicación indebida de los artículos 3 4 0, 3 27 y 4 53 del Código Penal, "que conllevó el desconocimiento de los artículos 7, 237, 360, 380, 404 de la ley 906 de 2004 y consecuencialmente a la aplicación indebida de los artículos 31, 327 y 246 y 453 de la Ley 890 de 2004» —sic—. E x p o ne q ue l os juzgadores p or el a l l a n a m i e n to a cargos de la procesada olvidaron constatar la m a t e r i a l i d ad de la imputación y si los delitos r e a l m e n te c o n c u r s a b a n. A d u ce que u no de los elementos del delito de estafa es la obtención de un provecho ilícito, el c u al se reitera en el enriquecimiento ilícito, configurándose así un concurso aparente. Q ue a su t u r no la estafa no podría concursEir c on el fraude procesal, porque en a m b os el elemento común es el engaño, p or e so debió dilucidarse cuál de l os d os tipos penales era predicable.

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AMANDA GONZÁLEZ De otro lado, señala que el fallo no tiene coherencia

dogmática, ya que pese a que se condenó a la procesada c o mo a u t o ra del p u n i b le de concierto p a ra delinquir, se le t u vo c o mo cómplice del de c o n t r a b a n d o, a un c u a n do ello la favorezca, porque al ser a u t o ra del concierto p a ra delinquir no p u e de ser cómplice de las conductas que se d e r i v an de tal ilícito. C o n c l u ye q ue el juzgado vulneró el principio de presunción de inocencia consagrado en los artículos 29 de la Constitución Política y 7° de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, por lo que pide casar el fallo i m p u g n a do a fin de e m i t ir la decisión que corresponda y redosificarle la p e na a la procesada. CONSIDERACIONES DE LA CORTE De m a n e ra p r e l i m i n ar la Corporación advierte que no le asiste interés el d e m a n d a n te p a ra cuestionar en sede casacional la adecuación típica de l os c o m p o r t a m i e n t os atribuidos a A M A N DA GONZÁLEZ, porque con ello buscaría solamente la modificación de los cargos aceptados por ella. Es q ue constituye p r e s u p u e s to p a ra r e c u r r ir la decisión j u d i c i al que la parte h a ya sufrido un perjuicio en su situación jurídica, de ahí que sí al procesado se le h an

atendido s us pretensiones, c o mo c u a n do el fallo se dicta en apego a los acuerdos que se p u e d en realizar en la l l a m a da j u s t i c ia consensuada, no es admisible que se c u e s t i o n en los 5

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AMANDA GONZÁLEZ aspectos de responsabilidad p e n al que de m a n e ra libre y v o l u n t a r ia aceptó. Ello p o r q ue acorde c on u no de los fines sociales del E s t a do de facilitar la participación de todos en l as decisiones que los afectan, el legislador estableció en el m a r co de la L ey 9 06 de 2 0 04 varios m e c a n i s m os de terminación e x t r a o r d i n a r ia del proceso, c o mo c u a n do el i n c r i m i n a do acepta la imputación, se a l l a na a los cargos o llega a acuerdos y negociaciones c on la Fiscalía, eventos en los cuales r e n u n c ia a los derechos de no autoincriminación y a la realización de un j u i c io oral, público, concentrado c on inmediación y controversia probatorias, a c a m b io de obtener la mutación de cargos, rebajas p u n i t i v as o concesión de subrogados penales. De ahí que tales a l l a n a m i e n t os y pactos d e b an ser cubiertos c on un h a lo de seriedad c o n f o r me c on la lealtad procesal que deben observar las partes, en a c a t a m i e n to

también de la seguridad jurídica, así c o mo de los fines de h u m a n i z ar la actuación procesal y la pena, obtener u na p r o n ta y c u m p l i da justicia, dar solución a los conflictos, propiciar la reparación integral y elevar el prestigio de la administración de justicia. Así, el artículo 2 93 de la Ley 9 06 de 2 0 04 establece que u na vez el j u ez de conocimiento e x a m i na y verifica que el acuerdo celebrado entre el procesado y la Fiscalía h a ya

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AMANDA GONZÁLEZ sido v o l u n t a r i o, libre y espontáneo, procede a aceptarlo, m o m e n to a partir del c u al no es posible a l g u na retractación. Por su parte, la Corte C o n s t i t u c i o n al en la sentencia C - 1 1 9 5 / 05 al analizar el citado precepto destacó que por estar rodeada la aceptación o el a l l a n a m i e n to de cargos o los acuerdos y negociaciones q ue puede realizar el procesado del respeto a la autonomía de su v o l u n t a d, a fin de q ue su manifestación esté distante de cualquier injerencia, sea libre, espontánea y cuente con la debida asistencia e información del defensor, no es razonable que se p e r m i ta su retractación en d e t r i m e n to de la administración de justicia. En este caso, es evidente que el j u ez de conocimiento

verificó el c u m p l i m i e n to de la libertad en la manifestación de la procesada, c o n s e n t i m i e n to estuvo desprovisto de algún vicio y se le respetaron s us garantías f u n d a m e n t a l e s, por e s o, el efecto v i n c u l a n te y obligatorio de t al a l l a n a m i e n to a cargos l i m i ta el interés p a ra i m p u g n ar la condena. Efectivamente, el d e m a n d a n te o p ta p or la causal p r i m e ra de casación p a ra d e n u n c i ar la aplicación indebida de los artículos que definen los c o m p o r t a m i e n t os punibles de concierto p a ra delinquir, enriquecimiento ilícito y fraude procesal, p o s t u ra que se m u e s t ra c o mo pretexto p a ra rechazar los términos del a l l a n a m i e n to que de m a n e ra libre, consciente y v o l u n t a r ia celebró la procesada A M A N DA

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AMANDA GONZÁLEZ GONZÁLEZ debidamente acompañada p or su defensor d u r a n te la a u d i e n c ia de formulación de la imputación. Además de lo anterior, exhibe u na diferente y radical pretensión de la que abordó en el recurso de apelación c u a n do abogó por la rebaja p u n i t i va al considerar excesiva la p e na i m p u e s ta por razón del concurso delictivo, así como por

la concesión de la prisión domiciliaria petra su asistida, pues a h o ra b u s ca su exoneración penal o ra por la aplicación del concurso aparente de tipos penales, o por la f o r ma c o mo se le atribuyó la calidad de a u t o ra del p u n i b le de concierto p a ra delinquir y cómplice del de contrabando. T al actitud hace entendible que dirija erróneamente el embate casacional contra el fallo de p r i m er grado, el c u al transcribe en su integridad, porque obviamente el T r i b u n al sólo se ocupó de los dos tópicos planteados por el recurrente. Incluso el defensor se l i m i ta a e n u n c i ar los eventuales yerros de j u i c io del a q uo s in desarrollar el a r g u m e n to a fin de denotar qué criterio sería aplicable p a ra dirimir el posible concurso aparente de delitos (subsidiariedad, especialidad o consunción), lo c u al o b v i a m e n te lo lleva a solicitar a la Corte a e m i t ir la «decisión que corresponda», pero s in f o r m u l ar u na pretensión clara, falencia que no puede e n m e n d ar la Corporación ante el carácter rogado q ue i n f o r ma este recurso extraordinario. A n te la posible incoherencia en el grado de participación accesoria predicado a A M A N DA GONZÁLEZ p a ra el delito de

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AMANDA GONZÁLEZ contrabando a cambio de haber sido l l a m a da a u t o ra del

concierto p a ra delinquir, pasa por alto el i m p u g n a n te que precisamente se le tomó como cómplice de aquél en c u a n to al ser la empresa C I T I T EX beneficiarla del d e n o m i n a do «Plan q u i en logró ocultar la mercancía del control a d u a n e ro Vallejo», fue el representante legal de la m i s m a, en t a n to que la procesada como revisora fiscal a3aidó a s i m u l ar ante la D I AN las operaciones de exportación. En consecuencia, al carecer de interés el defensor en su pretensión de casación se i m p o ne la declaratoria de no a d m i t ir el libelo de c o n f o r m i d ad con el artículo 184 inciso 2° de la ley 9 06 de 2 0 0 4. F i n a l m e n te la Corte advierte razonablemente que no se precisa del fallo p a ra c u m p l ir a l g u na de las finalidades d el recurso de casación: i) la efectividad del derecho material; ii) el respeto de l as garantías de l os intervinientes; iii) la reparación de l os agravios inferidos a estos; y iv) la unificación de la j u r i s p r u d e n c i a, según lo dispone el inciso 3° del aludido precepto adjetivo que a m e r i t a r an la intervención oficiosa de la Corporación. Precisión fínal C o n t ra la decisión de no a d m i t ir la d e m a n da de casación procede el m e c a n i s mo de insistencia de

c o n f o r m i d ad con lo establecido en el artículo 184 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4.

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AMANDA GONZÁLEZ En mérito de lo expuesto, la Sala P e n al de la Corte S u p r e ma de Justicia, RESUELVE NO A D M I T IR la d e m a n da de casación i n t e r p u e s ta por el defensor de A M A N DA GONZÁLEZ por las razones dadas en la anterior motivación. De c o n f o r m i d ad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, es potestativo d el d e m a n d a n te elevar petición de insistencia. Notifíquese y cúmplase.

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AMANDA GONZÁLEZ

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AMANDA GONZALEZ

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

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