CSJ - AP4728-2016(47024)

CORTE SUPRE2VIA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

LUIS ANTONIO HERNANDEZ BARBOSA Magistrado ponente AP4728 - 2016 Radicación 47024 (Aprobado Acta No. 224) Bogotá D.C., veintisiete (27) de j u l io de d os m il dieciséis (2016).

VISTOS: Decide la S a la si a d m i te o no la d e m a n da de casación presentada p or la defensora de la procesada MARÍA F R A N C IS R O J AS RODRÍGUEZ.

HECHOS: El T r i b u n al declaró d e m o s t r a da la siguiente situación fáctica: El 5 de enero de 2 0 12 el D e p a r t a m e n to F i n a n c i e ro y de

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MARÍA FRANGIS ROJAS RODRÍGUEZ C o n t a b i l i d ad de C u i d a d os Profesionales Cooperativa de Trabajo Asociado - C u i d a d os Profesionales CTAle solicitó a MARÍA F R A N C IS R O J AS RODRÍGUEZ, asistente a d m i n i s t r a t i va v i n c u l a da c o mo asociada entre el 1° de m a r zo de 2 0 09 y el 11 de enero de 2 0 1 2, un i n f o r me de las planillas de pagos referente a seguridad social y parafíscales d u r a n te

2 0 1 1. Al hacer cruce de información c on l os archivos d el operador Fedecajas, se descubrió que la a l u d i da canceló por tales conceptos $ 1 1 . 8 2 2 . 8 8 8, c on cargo a Cuidados Profesionales C TA y en beneficio de L u is Canchón, J o n a t h an Rodríguez B e j a r a n o, María Olga Díaz, Lidis Alicia Arango, W i l l i am F e r n a n do Martínez, Y o l a n da Vásquez, José Vicente Reyes Pérez, H o l m an B a r r e ra y D u v in R e y n a, a pesar de que no pertenecían a la p e r s o na jurídica. P a ra ello R O J AS RODRÍGUEZ, valiéndose de su cargo, registró convenios cooperativos de trabajo falsos a n o m b re de l os antes m e n c i o n a d o s.

ACTUACIÓN PROCESAL:

1. En a u d i e n c ia celebrada el 15 de agosto de 2 0 12 la Fiscalía formuló imputación a MARÍA F R A N G IS R O J AS RODRÍGUEZ por el delito de h u r to agravado por la confianza.

Luego la acusó, o p o r t u n i d ad en q ue le adicionó a la calificación jurídica la a t e n u a n te c o n t e m p l a da en el n u m e r al 2° d el artículo 2 42 d el Código Penal. Por e sa razón la procesada aceptó los cargos. 2

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MARÍA FRANGIS ROJAS RODRÍGUEZ

2. El 6 de m a yo de 2 0 13 el J u z g a do Diecinueve Penal M u n i c i p al de Bogotá profirió el respectivo fallo. 3, La defensa apeló e sa decisión y el T r i b u n al Superior de la m i s ma sede, m e d i a n te la sentencia r e c u r r i da en casación, expedida el 13 de agosto de 2 0 1 5, la reformó p a ra imponerle, en definitiva, 1 . 34 salarios mínimos legales m e n s u a l es de m u l ta c o mo única p e na principal.

LA DEMANDA: Cargo único. Violación directa de la ley sustancial.

El T r i b u n al dejó de aplicar l os artículos 29 de la Constitución Política, 8° del Código P e n al de 2 0 00 y 21 de la Ley 9 06 de 2 0 04 c u a n do ordenó c o m p u l s ar copia de la actuación p a ra investigar t a n to l as infracciones c o n t ra la fe pública en q ue p u do i n c u r r ir MARÍA F R A N C IS R O J AS RODRÍGUEZ al elaborar y utilizar i r r e g u l a r m e n te d o c u m e n t os con el fin de apropiarse de recursos de Cuidados Profesionales CTA, c o mo l as conductas c o n t ra el p a t r i m o n io económico cometidas en c o n t ra de R o s a l ba Blanco.

Vulneró consecuentemente los principios non bis in ídem y cosa juzgada, pu es la Fiscalía acusó a la procesada c on s u s t e n to en las m i s m as razones tácticas. Además, al c o m p u l s ar tales copias el ad quem desbordó el t e ma objeto de apelación, que recayó exclusivamente sobre la sanción i m p u e s t a, h a b i e n do agravado la situación d el apelante único en contravía del principio de la no reformatio 3

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MARÍA FRANCIS ROJAS RODRÍGUEZ in pejus.

Por si f u e ra poco, l os delitos c o n t ra la fe pública, c u ya investigación por separado se ordena, están prescritos. Le solicitó a la Corte casar la sentencia i m p u g n a da y, en su lugar, decretar la n u l i d ad paircial de la o r d en de c o m p u l s ar copias. Invocó p a ra el efecto, además, la aplicación del principio in dubio pro reo.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE: C o n f o r me lo tiene previsto el artículo 182 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, c o n s t i t u ye p r e s u p u e s to p a ra acceder al recurso extraordinario de casación la existencia de interés jurídico, de tal m a n e ra que, c o mo lo establece el artículo 184 ibidem, su a u s e n c ia conduce a la irremediable inadmisión de la d e m a n d a.

En el presente caso, dicho p r e s u p u e s to no se c u m p l e, pues el actor carece de legitimación p a ra i m p u g n ar la decisión m e d i a n te la c u al se o r d e na la compulsación de copias p a ra investigar p or separado a l g u n as conductas delictivas. C o mo lo tiene dicho la Corte, el "recurso de casación está previsto para que se resuelva sobre la constitucionalidad y legalidad de una sentencia judicial, como control sobre la actividad cumplida por la jurisdicción en la sentencia y el procedimiento adelantado para llegar a ella por errores in judicando o in procedendo, de lo cual se deriva que la 4

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MARÍA FRANGIS ROJAS RODRÍGUEZ discrecional facultad que tiene un juez de compulsar copias para que se investigue un delito o se dé inicio a una acción no constituye agravio al procesado sino simple ejercicio de las potestades estatales, razón que deja al recurrente sin legitimation ad caussan por falta de interés jurídico para demandar en casación" (CSJ A P, 26 de sep. de 2 0 0 7, rad.. 2 8 1 9 0. En el m i s mo sentido, C SJ AP, 18 de abr. de 2 0 1 2, rad. 3 8 3 5 6) C i e r t a m e n t e, el artículo 67 d el Código Procesal Penal (Ley 9 06 de 2 0 0 4) consagra q ue el "servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de

oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente". Por su parte, el n u m e r al 24 del artículo 34 del Código Disciplinario Único (Ley 7 34 de 2002) señala que es deber de éstos "Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley". Por t a n t o, la compulsación de copias, ha dicho la Sala, "no puede ser objeto de impugnación"^ y, por ende, t a m p o co es posible, a n te el m i s mo servidor público q ue la ordena, discutir "las razones que tuvo para hacerlo, las que ni siquiera tiene el deber de explicitar"^. ^ Corte Suprema de Justicia, Saia de Casación Penai, auto dei 17 de agosto de 2000, radicación No. 15862. ^ ídem. 5

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MARÍA FRANGIS ROJAS RODRÍGUEZ De ahí que la Corte h a ya indicado también que "ese es un trámite meramente administrativo. La expedición de copias con destino a una autoridad jurisdiccional (penal o disciplinaria) o administrativa (Organismos de Control, DIAN, Superintendencias) no tiene la virtualidad jurídica de imponer ninguna forma de solución a quien las recibe. No es una decisión jurisdiccional de las que sea necesario fundamentar razonadamente, por lo que no constituye un punto nuevo en una decisión judicial, no es susceptible de ninguna

impugnación y no es ni siquiera necesario comunicársela a quien se vea involucrado"^. Ello ha conducido a la S a la a insistir en que "la emisión de copias en modo alguno genera vulneración a las garantías de las partes o puede ser objeto de reproche por vía de las causales de casación"^, pues no comporta ningún juicio de responsabilidad, sino el simple pedido para que el competente investigue y resuelva si se cometió un delito y si el imputado es o no responsable de él"^. En conclusión, la decisión de c o m p u l s ar copias es de sustanciación, no obstante se h a ya adoptado en la sentencia, por lo que c o n t ra ella no procede ningún recurso o r d i n a r io o extraordinario, p u es se t r a ta del c u m p l i m i e n to de un deber legal de l os servidores públicos, de donde se sigue q ue la d e m a n d a n te carece de legitimación en la c a u sa c u a n do ^ Ibfdem. ^ En igual sentido, Corte Suprema de Justicia, Saia de Casación Penal, autos dei 24 de febrero de 2005, dei 27 de julio y dei 11 de noviembre de 2009, radicaciones No. 19810, 31765 y 32743, respectivamente, entre otros. ^ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penai, auto del 17 de septiembre de 2008, radicación No. 29068. 6

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MARÍA FRANCIS ROJAS RODRÍGUEZ cuestiona esa determinación por vía de casación.

Lo a n t e r i or i m p o ne la inadmisión del libelo en cuestión, sentido en el c u al se pronunciará la Sala, considerando además la no c o n c u r r e n c ia de c i r c u n s t a n c ia v u l n e r a d o ra de garantías f u n d a m e n t a l es que la obligue a adoptar decisión de fondo. Se precisará, finalmente, q ue c o n t ra la decisión i n a d m i s o r ia del recurso de casación sólo cabe el m e c a n i s mo de insistencia, conforme lo tiene establecido el artículo 184 de la Ley 9 06 de 2 0 0 4, c u ya interposición procede bajo las reglas fijadas en j u r i s p r u d e n c ia reiterada de la Sala (CSJ AP, 12 dic 2 0 0 5, Rad. 2 4 3 2 2 ). En mérito de lo expuesto, la C O R TE S U P R E MA DE J U S T I C I A, S A LA DE CASACIÓN P E N A L, RESUELVE: INADMITIR la d e m a n da de casación i n t e r p u e s ta por el defensor de MARÍA F R A N C IS R O J AS RODRÍGUEZ. C o n t ra esta determinación procede el m e c a n i s mo de insistencia, en los términos definidos pacíficamente por la j u r i s p r u d e n c ia de la Sala.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ÁNDEZ

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