CSJ - AP5358-2022(60115)

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente AP5358-2022 Radicación Nº 60115 Aprobado según acta n° 274 Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

I. ASUNTO

1. Se pronuncia la Sala sobre la admisión de la demanda de revisión presentada por el apoderado de JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA, contra el fallo proferido por esta Corporación el 12 de mayo de 2021 (SP1761-2021, rad. 55687), que no casó la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá el 14 de marzo de 2019, confirmatoria de la dictada el 6 de septiembre de 2013 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, que condenó al procesado como coautor del delito de concierto para delinquir agravado.

Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000

JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA

II. HECHOS

2. Fueron reseñados por la Corte en los siguientes términos1: Durante los años 2002 al 2005, se conformó en el Departamento del Cesar un grupo armado ilegal denominado Mártires del Cacique Upar, perteneciente al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, cuyo eje de operaciones fue el sitio denominado La Mesa, ubicado a escasos minutos del

Batallón de Artillería del Ejército La Popa en Valledupar.

En ese lapso, pero especialmente en los años 2002 y 2003, se presentó una alianza entre militares adscritos a dicha guarnición con los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, Rodrigo Tovar Pupo (a. Jorge 40) y Hernán Giraldo Serna (a. Tolemaida o Treinta y nueve), asumiendo compromisos de relación y cooperación mutua. Entonces, al interior del batallón se conformó un grupo élite llamado Zarpazo, cuya coordinación operativa estaba en cabeza del Teniente Coronel JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA, el cual estuvo en algunas reuniones con miembros de las AUC, y una vez regresaba de realizar acciones con su grupo reportaba personas muertas como dadas de baja en combate, supuestamente pertenecientes a células armadas ilegales o a grupos subversivos. 1 CSJ SP1761-2021, 12 may. 2021, rad. 55687 (fs. 2 y 3). 2 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000 JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA El Grupo Zarpazo fue comandado de febrero a noviembre de 2002 por el Sargento AURELIANO QUEJADA QUEJADA, tiempo durante el cual se realizaron varias operaciones tácticas que reportaron más de 15 personas como subversivos muertos en combate, cuando en verdad se trató de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia fusilados a instancia de alias Treinta y nueve. Entre los miembros del Batallón de Artillería La Popa y las Autodefensas se estableció un estrecho vínculo,

producto de reuniones frecuentes, patrullajes conjuntos y favores recíprocos como la entrega de uniformes, armas municiones y hasta víveres a la organización paramilitar, además de no interferir en su proceder delictual. Por su parte, el grupo armado ilegal proporcionaba guías a las tropas para señalar tanto a subversivos, como a personas que debían ser ajusticiadas por orden de los jefes de las AUC y luego eran reportadas como guerrilleros muertos en combate a fin de acreditar efectividad en su lucha antisubversiva. Los hechos fueron denunciados por Edwin Manuel Guzmán Cárdenas, ex oficial del Ejército Nacional, ante un Juzgado de Instrucción Penal Militar, despacho que remitió la actuación a la Fiscalía. 3 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000

JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA

III. ACTUACIÓN PROCESAL

3. Luego de agotada la averiguación previa por parte de la Unidad de la Fiscalía de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se abrió investigación formal en contra de JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA, y otros.

4. Una vez RUIZ MAHECHA fue vinculado mediante indagatoria, el 6 de mayo de 2008, la Fiscalía, al definir su situación jurídica, le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva intramural.

5. El mérito del sumario fue calificado el 14 de abril de 2009 con resolución de acusación contra JOSÉ PASTOR, como probable coautor del delito de concierto

para delinquir agravado para cometer homicidios y promover grupos armados al margen de la ley, en calidad de fomentador, además de ostentar el carácter de miembro de la fuerza pública; tipificado en los artículos 3402 -incisos 2º y 3º- y 342 de la Ley 599 de 2000.

6. Impugnada tal determinación por la defensa, fue confirmada por la Unidad de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá el 16 de junio de 2009. 2 Modificado por la Ley 733 de 2002.

4 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000

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7. La Corte dispuso el 9 de septiembre de 2009 cambiar de radicación el proceso, correspondiéndole conocer del mismo al Juzgado Sexto Penal del Circuito

Especializado de Bogotá.

8. Surtidas las audiencias preparatoria y pública, el 6 de septiembre de 2013, el referido despacho judicial condenó a JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA, y otros, como coautor del delito de concierto para delinquir agravado, a la pena de 19 años y 6 meses de prisión, multa de 24.500 salarios mínimos legales mensuales e “inhabilitación de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena principal de prisión impuesta”. Le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

9. La defensa apeló ese fallo y el Tribunal Superior de Bogotá lo confirmó, a través de la sentencia dictada el 14

de marzo de 2019.

10. Inconforme con lo decidido, el apoderado de JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA interpuso recurso de casación, que resolvió esta Corporación el 12 de mayo de 2021

(SP1761-2021, rad. 55687). La Corte, en esa oportunidad, no declaró prescrita la acción penal derivada del delito de concierto para delinquir agravado. Tampoco, casó la sentencia impugnada y 5 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000 JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA precisó que la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 170 meses.

11. Contra la anterior sentencia, el apoderado de JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA presentó demanda de revisión, correspondiéndole por reparto al despacho de titularidad, para ese momento, del doctor Eugenio Fernández Carlier, quien el 8 de septiembre de 2021, junto

con los Magistrados Gerson Chaverra Castro, José Francisco Acuña Vizcaya, Diego Eugenio Corredor Beltrán, Luis Antonio Hernández Barbosa, Fabio Ospitia Garzón, Hugo Quintero Bernate y Patricia Salazar Cuéllar, exteriorizaron su impedimento para conocer de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2283 y 99numeral 6º-4 de la Ley 600 de 2000.

12. A través de auto de 2 de mayo de 2022 (AP17112022, rad. 60115), la Sala, integrada con los Conjueces designados a fin mantener el quórum deliberatorio y

decisorio, declaró fundados los citados impedimentos.

IV. LA DEMANDA DE REVISIÓN

13. De acuerdo con lo dispuesto en las causales cuarta y quinta de revisión (artículo 220 de la Ley 600 de 2000), 3 “ARTÍCULO 228. IMPEDIMENTO ESPECIAL. No podrá intervenir en el trámite y decisión de esta acción ningún magistrado que haya suscrito la decisión objeto de la misma”. 4 “(…) Que el funcionario haya dictado la providencia cuya revisión se trata (…)”.

6 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000 JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA esto es “cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por una conducta típica del juez o de un tercero”; y, “cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa”, pretende el apoderado de RUIZ MAHECHA la rescisión del fallo adoptado por esta Corporación el 12 de mayo de 2021 (SP1761-2021, rad. 55687). Como sustento de las mismas, refirió que, con posterioridad a la declaratoria de responsabilidad penal de JOSÉ PASTOR, mediante sentencia de 18 de mayo de 2021, proferida por el Juzgado 55 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, el testigo de cargo Hugues Romero Montero, prueba fundante de la providencia objeto de revisión, fue condenado por los delitos de falso testimonio y fraude procesal. Así, puso de presente que, Hugues Romero Montero

aceptó, vía preacuerdo, que mintió sobre “las supuestas reuniones, el supuesto acuerdo y el supuesto concierto para delinquir con fines de cometer homicidios, concretamente sobre los hechos del 22 de junio de 2002 (operación “Coraza”) donde fueron dadas de baja dos personas que ingresaron al Batallón de manera clandestina y los hechos del 27 de octubre de 2002 (Operación “Tormenta II”) en donde fueron dados de bajas 18 miembros de las AUC que tenían secuestradas a unas familias y se estaban haciendo 7 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000 JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA pasar por integrantes de la guerrilla del ELN en la hacienda el Socorro”. Por tanto, concluyó que la condena emitida en contra de RUIZ MAHECHA se basó en una prueba falsa, pues Hugues Romero Montero indujo en error y engañó a la justicia, haciendo creer que era cierto el contenido de la denuncia interpuesta por Edwin Manuel Guzmán Cárdenas, sobre unas supuestas reuniones de JOSÉ PASTOR con otros militares y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en las que acordaron concertarse con el fin de cometer homicidios; cuando en realidad ello nunca ocurrió. Como pretensión, requirió se deje sin efecto el fallo proferido por la Corte en contra del procesado y se ordene la cancelación de las anotaciones y antecedentes que obran a su nombre.

14. También, el accionante invocó como causal de revisión la prevista en el numeral 2° del artículo 220 de la

Ley 600 de 2004. Indicó que, la acción penal para el delito de concierto para delinquir agravado prescribió el 6 de junio de 2019, esto es, antes de que la Corte resolviera el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de segunda instancia adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá el 14 de marzo de 2019. 8 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000 JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA Lo anterior, debido a que, luego de interrumpido el término de prescripción de la acción penal con la ejecutoria de la resolución de acusación, “para todos los delitos y sin importar la calidad del sujeto activo como la de servidor público, prescribe la acción en 10 años”. Por consiguiente, solicitó se anule la providencia cuya revisión se demanda; y, en su lugar, se dicte una de reemplazo en la que se declare la cesación del procedimiento respecto de la conducta punible de concierto para delinquir agravado.

V. CONSIDERACIONES

15. De conformidad con lo establecido en el numeral 2º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, la Sala es competente para conocer de la demanda de revisión presentada por JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA, a través de apoderado, como quiera que se promueve en contra de una sentencia dictada por esta Corporación.

16. La Corte tiene establecido que la acción de revisión no fue prevista como un mecanismo ordinario mediante el cual se pretenda continuar los debates sobre los fundamentos de las decisiones proferidas por los jueces de instancia o las discusiones jurídicas o probatorias a las

que ya se les ha puesto fin mediante una o más providencias ejecutoriadas. Por el contrario, su finalidad 9 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000 JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA persigue remover la cosa juzgada ante la injusticia o el yerro que denota la determinación censurada. La posibilidad de derruir los efectos propios de una sentencia ejecutoriada por esta vía se encuentra regulada en los artículos 220 y siguientes del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), y exige la debida acreditación de una causal específica, como también el cumplimiento de unos requisitos formales y sustanciales, que descartan que la procedencia de la acción dependa del arbitrio o criterio de quien la impetra5.

17. En el caso concreto, del estudio de la demanda se concluye que, aunque desde el punto de vista meramente formal, cumple con los presupuestos legales establecidos en el artículo 222 de la Ley 600 de 20006, carece de la idoneidad sustancial necesaria para demostrar la necesidad de derribar la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia, con fundamento en las causales de revisión alegadas, en tanto sus planteamientos no se corresponden con su naturaleza ni a los requerimientos que deben conducir a su acreditación, como se expondrá. 5 CSJ AP, 27 oct 1993, reiterada en CSJ AP, 24 abr 1997, rad. 11886; en AP2561-2017, rad. 49973, 26 abr. 2017. 6 “ARTÍCULO 222. INSTAURACIÓN. La acción se promoverá por medio de escrito dirigido al

funcionario competente y deberá contener: 1. La determinación de la actuación procesal cuya revisión se demanda con la identificación del despacho que produjo el fallo. 2. La conducta o conductas punibles que motivaron la actuación procesal y la decisión. 3. La causal que invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la solicitud. 4. La relación de las pruebas que se aportan para demostrar los hechos básicos de la petición. Se acompañará copia o fotocopia de la decisión de primera y segunda instancias y constancia de su ejecutoria, según el caso, proferidas en la actuación cuya revisión se demanda”. 10 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000

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18. La Sala, en aras de preservar el principio de coherencia, estudiará primero la causal relacionada con la prescripción de la acción penal, como quiera que, de resultar admisible, carecería de sentido analizar las otras dos hipótesis alegadas, ante el posible decaimiento de la potestad punitiva del Estado.

Sobre la causal 2ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000

19. De acuerdo con el numeral 2º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, la acción de revisión procede cuando se hubiere dictado sentencia en proceso que no podía proseguirse por prescripción de la acción penal, entre otros eventos.

En ese caso, esto es, si la demanda se funda en que la acción penal prescribió antes de que quedara en firme la resolución de acusación o con posterioridad a ello, es imprescindible allegar copia de esa providencia con la

correspondiente constancia sobre su ejecutoria. Esta Corporación se ha pronunciado sobre el particular, así7: Para la contabilización del término de prescripción en fase de juzgamiento, los extremos temporales los 7 CSJ AP, 19 nov. 2009, rad. 32721. 11 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000 JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA marcan la ejecutoria de la resolución de acusación para su iniciación y la ejecutoria de la sentencia para su finalización. Tal consideración es requisito esencial cuando se acude a esta causal, incluir dentro de la relación de las pruebas que se aportan la resolución de acusación con la respectiva constancia de ejecutoria, pues ese, el único documento que tiene aptitud jurídica para contabilizar el término prescriptivo de la acción.

20. En este asunto, la Sala encuentra que la alegación del actor sobre la consolidación de la prescripción queda sin soporte, al no aportar las piezas procesales que permiten demostrar si en verdad ocurrió o no dicho fenómeno jurídico; lo que deriva en la inadmisión del cargo. Incluso, haciendo abstracción de tal omisión, tampoco resulta procedente, en la medida en que la acción penal no prescribió.

21. Según el demandante, la acción penal por el delito de concierto para delinquir agravado estaba prescrita cuando quedó en firme el fallo que resolvió el recurso de casación interpuesto a nombre de JOSÉ PASTOR RUIZ

MAHECHA.

Lo anterior, debido a que, una vez interrumpido el término prescriptivo con la ejecutoria de la resolución de

acusación (16 de junio de 2009), este, en ningún caso, puede ser superior a 10 años; lapso superado cuando se emitió la sentencia de 12 de mayo de 2021 (SP1761-2021, rad. 55687) 12 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000

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22. Debe establecerse entonces, si para ese momento en que cobró ejecutoria el fallo que puso fin al proceso, efectivamente había operado la prescripción alegada.

Para ello, es importante recordar que conforme al texto original del artículo 83 del Código Penal, el término de prescripción de la acción penal será igual al máximo de la pena privativa de la libertad fijada en la ley, pero “en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20)”; y, debe incrementarse en una tercera parte cuando el comportamiento delictivo ha sido cometido por servidor público “en ejercicio de las funciones o de su cargo o con ocasión de ellas” (inciso 5º). Adicionalmente, para los asuntos regidos por la Ley 600 de 2000, el artículo 86 de la Ley 599 de 2000 (sin modificación alguna) contiene dos aspectos relevantes que inciden en la prescripción. Primero, dispone que “se interrumpe con la resolución acusatoria o su equivalente debidamente ejecutoriada”; y, segundo, que producida esa interrupción, en la etapa de la causa, comienza a correr nuevamente por uno igual a la mitad del establecido para la fase de instrucción.

23. Ahora, cuando se trata de delitos cometidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos, la Sala8 ha sostenido que el 8 CSJ AP, 21 oct. 2013, rad. 39611; CSJ AP, 20 mar. 2013. rad. 42630; CSJ AP, 9 abr. 2014, rad. 41592; CSJ AP, 30 abr. 2014, rad. 43574; y CSJ SP, 5 jun. 2014, rad. 35113.

13 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000 JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA aumento del tiempo en una tercera parte para el cómputo de la prescripción (artículo 83 -inciso 5º- de la Ley 599 de 2000), se ha de aplicar no sólo al mínimo, sino, una vez interrumpida, también se debe adicionar al máximo del referido término. En concreto, la Corte explicó9: Cuando el servidor público, en ejercicio de las funciones, de su cargo o con ocasión de ellos, realiza una conducta punible o participa en ésta, la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, aumentada en una tercera parte (o en la mitad, si el delito se cometió luego de la entrada en vigencia del artículo 14 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011 –al igual que para los particulares que ejerzan funciones públicas y los agentes retenedores o recaudadores), sin que dicho lapso sea inferior a seis (6) años y ocho (8) meses, ni exceda de

veinte (20) años o treinta (30) años, o de veinte (20) años contados a partir de la mayoría de edad de la víctima, según sea el caso (incisos 1º, 2º y 3º del artículo 83 del Código Penal). Producida la interrupción del término prescriptivo en tales eventos (ya sea por la resolución de acusación en firme o por la formulación de la imputación, dependiendo del sistema procesal), éste correrá de nuevo por un tiempo equivalente a la mitad del 9 CSJ AP, 21 oct. 2013, rad. 39611. 14 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000 JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA anteriormente señalado, sin que el término pueda ser inferior a seis (6) años y ocho (8) meses ni superar trece (13) años y cuatro (4) meses (es decir, los diez -10años a que alude el inciso 2º del artículo 86 de la Ley 599 de 2000, incrementados en una tercera parte), o menor a siete (7) años y seis (6) meses ni mayor de quince (15) años (en los casos en los cuales ya rija el artículo 14 de la Ley 1474 de 2011). Lo anterior implica que la prohibición del último inciso del artículo 83 del Código Penal (“cuando se aumente el término de prescripción, no se excederá el límite máximo fijado”) sólo abarca los topes máximos previstos en esa misma norma, esto es, los de veinte (20) años (inciso 1º del artículo 83), treinta (30) años

(inciso 2º) y veinte (20) años contados a partir del momento en el cual el sujeto pasivo de la conducta alcanza la mayoría de edad (inciso 3º, adicionado por la Ley 1154 de 2007). Pero no se aplica para el límite superior de diez (10) años previsto en el inciso 2º del artículo 86 de la Ley 599 de 2000.

24. Conforme a lo expuesto, surge evidente que el accionante parte de un error al considerar que, interrumpido el término de prescripción de la acción penal, este no puede ser superior a diez (10) años en ningún evento.

Además, la sentencien que trae a colación (Corte Constitucional SU-433 de 2020) como sustento de su postura, resulta inapropiada. Así, en dicha oportunidad, ese Alto 15 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000 JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA Tribunal, respecto de la prescripción de la acción penal, no estudió el aumento dispuesto en el inciso 5º del artículo 83 del Código Penal cuando se procede por un delito cometido por un servidor público. Por el contrario, el examen se centró en determinar “si la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en segunda instancia, incurrió en un defecto sustantivo por indebida interpretación normativa, al decretar la prescripción de la acción penal en favor del procesado de conformidad con el artículo 86 del Código Penal, por haber transcurrido más de 10 años desde la formulación de imputación sin que se hubiese proferido sentencia de segunda instancia, no

obstante que el delito por el que se procede es el de acceso carnal abusivo con menor de 14 años (…)”.

25. Bajo este entendido, en este asunto, de acuerdo con los datos consignados en el fallo adoptado por esta Corporación el 12 de mayo de 2021 (SP1761-2021, rad. 55687), la resolución de acusación contra JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA fue emitida el 14 de abril de 2009 y confirmada en segunda instancia el 16 de junio siguiente.

Para la fecha de los hechos (2002 y 2003), el concierto para delinquir con el propósito de “cometer delitos de (…) homicidio” o “promover grupos armados al margen de la 16 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000 JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA ley”, tenía una pena máxima de doce (12) años de prisión10; que se aumenta en la mitad11, esto es, en seis (6) años, para quienes fomenten el concierto, quedando en dieciocho (18) años de privación de la libertad. Igualmente, cuando esas conductas son cometidas por miembros activos de la fuerza pública, según el artículo 342 del Código Penal, la referida sanción -18 añosdebe aumentarse en la mitad; es decir, en nueve (9) años, para un total de veintisiete (27) años de prisión. Pero como el máximo dispuesto para el término prescriptivo es de veinte (20) años, este sería el lapso en el cual, por regla general, prescribe la acción penal del delito de concierto para delinquir agravado por el cual se procede

en este caso.

26. Entonces, si el 16 de junio de 2009 cobró ejecutoria la acusación en contra de RUIZ MAHECHA por el referido ilícito contra la seguridad pública, a partir de esa fecha debe contarse el término por la mitad de dicho lapso (10 años), aumentado en la tercera parte (3 años y 4 meses) por el inciso 5º del artículo 83 de la Ley 599 de 200012, en cuanto se trata de una conducta cometida por un servidor público en ejercicio de su cargo; para un total 10 Artículo 340 -inciso 2º- de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002. 11 Artículo 340 -inciso 3º- de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002 12 Sin modificaciones.

17 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000 JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA de trece (13) años y cuatro (4) meses, tiempo que se cumpliría el 16 de octubre de 2022. De manera que, desde el 16 de junio de 2009 –cuando quedó ejecutoriada la resolución de acusaciónhasta el 12 de mayo de 2021 –fecha en que se profirió la sentencia de casación y cobró firmeza la condenano alcanzó a transcurrir el término de trece (13) años y cuatro (4) meses; razón por la cual, es claro que no operó la prescripción. Sobre las causales 4ª y 5ª del artículo 220 de la

Ley 600 de 2000

27. La pretensión rescisoria se funda en las hipótesis de las causales 4ª y 5ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, según las cuales, la acción de revisión procede “Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme que el fallo fue determinado por una conducta típica del juez o de un tercero”; y, “Cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa”, respectivamente.

28. Si de hacer valer la causal 4ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 se trata, es indispensable no solamente alegarla sino probarla dada la naturaleza rogada de la revisión, que impone, a quien la activa, la carga de demostrar sus afirmaciones. Al respecto, la Sala ha

18 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000 JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA considerado que13: Este motivo de revisión, ha dicho la jurisprudencia de la Corte, requiere para su estructuración la existencia de una decisión judicial ejecutoriada, posterior a la sentencia objeto de revisión, donde se haya declarado que la decisión (la que se pide que sea revisada), fue obra de una conducta delictiva del juez o de un tercero.

Y ha precisado lo siguiente: “La invocación de esta causal, presupone, por tanto, tener que aportar las copias de las decisiones judiciales proferidas con posterioridad a la sentencia cuya revisión se pide, donde haya sido declarado que

el juez o el tercero cometieron una acción típica o delictiva, y demostrar que entre esa conducta ilícita y el sentido del fallo existe una relación de causa a efecto. Solo si se cumplen estos presupuestos es dable invocar esta causal. De lo contrario, no es posible hacerlo, pues solo frente a la certeza de la existencia de una decisión judicial donde se haya hecho una tal declaración, con efectos de cosa juzgada, se entiende estructurado su supuesto fáctico” (CSJ, SP, auto del 6 de julio del 2005, radicación No. 23838, reiterado en decisión del 22 de octubre de 2014, rad. 44548).

29. Ahora, en lo que se refiera a la citada causal 5ª de revisión, explicó la Corte en CSJ SP, 28 nov. 2012, rad. 13 CSJ AP5140-2015, 9 sep. 2015, rad. 46657.

19 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000 JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA 39654, que recoge pronunciamientos previos sobre el mismo tópico, lo siguiente14: Con relación a la causal invocada, numeral 5° del artículo 220 ibídem (similar en esencia a la prevista en el artículo 192-6 de la Ley 906 de 2004, aclara la Corte en este oportunidad), para que la demanda pueda ser admitida, el postulante debe presentar un discurso jurídico coherente, tendiente a demostrar, con apoyo en los anexos pertinentes, que el fallo cuya abolición se pretende se fundamentó en prueba falsa, lo cual se

logra, ineludiblemente, acompañando con el correspondiente libelo copia auténtica de la sentencia en firme donde se hubiere declarado tal circunstancia, valga decir, que la prueba que sirvió de soporte para la condena pertinente era falsa, de manera que se genere un grado significativo de persuasión en el sentido de que si se prescinde de esa prueba declarada jurídicamente falsa, la condena no subsistiría.

30. En este orden, es incuestionable que, por mandato legal, si se busca la revisión aduciéndose que el fallo se dictó bien sea por cuenta de un delito o sustentado con medios probatorios falsos, constituye carga del actor demostrar esa situación y esto debe hacerse exclusivamente con sentencia ejecutoriada que así lo declare. 14 CSJ AP, 22 oct. 2008, rad. No. 30445.

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31. En el caso concreto, el accionante no acreditó los hechos básicos del motivo alegado (causales 4ª y 5ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000), pues no aportó la prueba relativa a que los fallos se sustentaron en conducta típica del juez o de un tercero, o en prueba falsa.

El apoderado de JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA, en la demanda de revisión, afirmó que el 18 de mayo de 2021, el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, bajo el radicado No. 110016000-000-2019-02091-00, condenó al testigo de cargo,

Hugues Romero Montero, por los delitos de falso testimonio y fraude procesal, providencia que cobró ejecutoria el 25 del mismo mes y año. De igual manera, aunque en el acápite de anexos, relacionó: “6. La sentencia de codena por falso testimonio y fraude procesal, en contra del testigo de cargo HUGUES ROMERO MONTERO. 7. La constancia de ejecutoria de la codena por falso testimonio y fraude procesal, en contra del testigo de cargo HUGUES ROMERO MONTERO”15; lo cierto es que no adjuntó estos documentos a la demanda de revisión. Por el contrario, solo presentó una certificación expedida la Fiscal Quinta Adscrita al Grupo de Falsos Testimonios y Delitos Conexos de Bogotá, según la cual, bajo el CUI 11001-6000-000-2019-02091-00, se adelanta 15 Demanda de revisión, fl. 42. 21 Revisión No. 60115 CUI 11001020400020210181000 JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA un proceso en contra de Hugues Romero Montero por los delitos de falso testimonio y fraude procesal, porque al parecer de manera falaz vinculó a miembros del Batallón La Popa, entre ellos, a JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA, con la muerte de varios civiles no beligerantes, haciéndolos pasar como bajas en combate16.

32. Adicionalmente, la Sala advierte que, con idéntico fundamento, el actor acudió a las dos causales de revisión (4ª y 5ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000), lo que

impide determinar con la claridad requerida para el inicio del trámite cuál es en realidad la que sustenta esta acción. Así, el demandante debió ocuparse de suministrar la información que correspondía a los supuestos de hecho en los que soportó la pretensión de revisión; esto es, la incidencia en la sentencia condenatoria emitida en contra de RUIZ MAHECHA, ya fuera de la falsedad de la prueba alegada o del actuar delictivo del cognoscente o de un tercero. Es decir, al interesado también le asistía el deber de acreditar que entre la ilicitud por la cual se habría declarado penalmente responsable a Hugues Romero Montero y la condena cuya revisión se depreca, existe una relación de causa a efecto17. No obstante, se centró en citar apartes descontextualizados de los fallos de instancia y de casación, para concluir que “la condena por concierto para 16 Carpeta “60115 REVISIÓN JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA”, “SUBCARPETA 1. 60115. REPARTO

ANEXOS”,”9. CONSTANCIA DE LA FISCALÍA +.PDF”. 17 CSJ AP799-201