CSJ - AP5798-2017(50688)

Republica de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

Magistrado Ponente AP5798-2017 Radicación 50688 Acta 283 Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017). ASUNTO La Corte resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Delegado de la Fiscalía, el Representante del Ministerio Público y el de las víctimas, contra el auto del 29 de junio de 2017 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

ANTECEDENTES

1. JORGE HUMBERTO HINCAPIÉ CASTAÑEDA, postulado a los beneficios de Justicia y Paz, como ex integrante del Frente 47 del Bloque José María Córdoba de las FARC-EP, solicitó su libertad condicionada a la Fiscalía 98 Delegada ante el Tribunal de la Dirección de Análisis y Jorge Humberto Hincapié Castañeda Contexto, autoridad que una vez verificó su procedencia radicó petición con tal propósito en la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, el 16 de junio del año en curso.

2. En audiencia del 23 de junio de 2017, la Sala cognoscente escuchó las intervenciones de los sujetos procesales y en decisión del 29 siguiente, resolvió: (i) decretar la conexidad de los hechos condenados e investigados en los procesos de radicados 2005-00120-00, sentencia condenatoria No. 022 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Manizales, 17653-31-04-001-2005-00032-00, sentencia No. 072 del Juzgado Penal del Circuito de Salamina, investigación No. 139.108, adelantada por la Fiscalía 11 de la Unidad de Desaparición y desplazamiento forzado de Pereira, con la actuación de radicado 11 001 60 00253 2010 84283, que se acumuló al 11 001 60 00253 2008 83435, últimos que se tramitan bajo los parámetros de las Ley 975 de 20085, (ii) conceder la libertad condicionada prevista en el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016 y (iii) suspender “el presente proceso y las causas en las cuales se desarrollaron los hechos conexados en este proveído, hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz, quien será la que defina si el postulado Jorge Huraberto Hincapié Castañeda queda a su disposición y se mantiene el beneficio que aca se otorga”?, conforme con lo dispuesto en el artículo 22 de la Decreto 277 de 2017. ! Según oficio 074 del 3 de agosto de 2013, allegado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, éste el radicado matriz. ? Numeral 7 de la parte resolutiva de la decisión.

TE 50688 Jorge Humberto Hincapié Castaneda

3. La Fiscalía, el Ministerio Público y el representante de las víctimas, inconformes exclusivamente con la determinación de suspensión del proceso, apelaron la decisión con fundamento en los siguientes argumentos: 3.1. La Fiscalía indicó que si las Leyes 975 de 2005 y

1820 de 2016, hacen referencia a regímenes de justicia transicional concebidos a partir de acuerdos con el Gobierno Nacional, es procedente conceder la libertad condicionada sin suspender los procesos de justicia transicional, ya que debe entenderse que los artículos 21 y 22 del Decreto 277 de 2017 no fueron expedidos para reglamentar la Ley 975. De igual forma señaló que a la presente impugnación hacía extensivos los alegatos que en los casos de lovany García Muñoz, Adriana María López, Wilfer Mauricio Morales Valencia y Carlos Osorio Guzmán, ha expuesto en idénticos trámites. 3.2. La Procuraduría manifestó que al suspenderse el proceso de justicia y paz, con ocasión del artículo 22 del Decreto de 2017, se excede su ámbito de competencia pues no fue expedido para reglamentar la Ley 975 de 2005. 3.3. El representante de las víctimas refirió que la decisión adoptada trasgrede los derechos de estas en razón del tiempo que pueda trascurrir entre esta decisión y la entrada de la Jurisdicción Especial para la Paz.

4. Por su parte, el defensor del postulado, como no recurrente, coadyuvó la petición de los recurrentes, pues en

<<.) == 50688 Jorge Humberto Hincapié Castañeda su criterio los efectos de la suspensión son predicables de la ejecución de la condena y de la medida de aseguramiento impuesta en justicia y paz más no del proceso, y acotó que una determinación en tal sentido no sólo afecta los derechos de las víctimas sino del propio postulado, razón por la cual

solicita a la Corte que se dé una interpretación diferente al artículo 22 del Decreto 277 de 2017.

CONSIDERACIONES

1. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 ibídem y el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Corte es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la providencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellin.

2. Ahora, toda vez que el único motivo de disenso radica en la suspensión del proceso adelantado en justicia y paz a Hincapié Castañeda (al cual se decretó la conexidad de otras actuaciones) con ocasión de la concesión de la libertad condicionada, la Sala en atención al principio de limitación, dilucida los efectos del artículo 22 del Decreto 277 de 2017, que regula el asunto. 2.1. Para ello, necesario resulta reiterar la posición de la Sala explicada en providencia AP5069-2017, radicado 50655, frente a un asunto de idéntica naturaleza: Peay ee —— 7 wm A

50688 Jorge Humberto Hiycapié Castañeda “En efecto, para comenzar debe resaltarse que en el mismo Acuerdo Final para la Paz se declara que sus contenidos “serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo” de lo acordado y que por ello, “las actuaciones de

todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”. Con base en lo dispuesto en el artículo 2 del Acto legislativo 01 de 2016, el Presidente de la República expidió el Decreto 277 de 2017 con el propósito de regular el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 de 2016 que, a su vez, estableció la amnistía e indulto por delitos políticos y conexos, los tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del Estado y el régimen de libertades aplicable a los destinatarios de la Jurisdicción Especial para la Paz. El artículo 22 del referido decreto establece: “Todos los procesos en los cuales se haya otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las ZVTN, de que trata la Ley 1820 de 2016 y el presente decreto, quedarán suspendidos hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz, momento en el cual las personas sometidas a libertad condicionada por aplicación de este Decreto quedarán a disposición de dicha Jurisdicción”. Entonces, dicha norma debe ser interpretada conforme a lo establecido en el Acuerdo Final para la Paz, el cual establece en el literal j del numeral 48 del punto 5 lo siguiente: “La Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de cualquier otra jurisdicción que opere en Colombia, continuará re — E e 7 Te

50688 Jorge Humberto Hincapié Castañeda adelantando la investigación hasta el día en que la Sala, una vez concluidas las etapas anteriormente previstas (...), anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate, deberán remitir a la Sala la totalidad de investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate perderá competencias para seguir investigando hechos o conductas competencia de la Jurisdicción Especial de Paz”. Considera la Sala que la mencionada suspensión de los procesos debe ser interpretada de la siguiente manera: Dado el imperativo de conocer la verdad, no podrá suspenderse el curso de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, pero para tal efecto debe entenderse el ámbito de su investigación en los téminos definidos en la Ley 906 de 2004, es decir, como la búsqueda y recaudo de elementos materiales probatorios y evidencia física en orden a reconstruir la conducta motivo de averiguación (numeral 3 del artículo 250 de la Constitución), de manera que se excluyen actividades tales como las órdenes de captura, los interrogatorios, la formulación de imputación, la imposición de medidas de aseguramiento, la acusación, etc. Y, desde luego, ello conlleva, con mayor razón, la suspensión de los juicios en trámite. En los procesos gobemados por la Ley 600 de 2000, únicamente y por los mismos argumentos, una vez dispuesta la suspensión, la

Fiscalía sólo podrá adelantar labores de aseguramiento de las pruebas, sin que haya lugar a órdenes de captura, indagatorias, resoluciones de medidas de aseguramiento o acusación y tanto menos tramitar juicios o proferir sentencias. Ahora, dada la especial naturaleza de la Ley 975 de 2005, en cuanto las versiones de los postulados son el principal insumo 50688 Jorge Humberto Hincapié Castañeda para arribar a la verdad, nada obsta para que sigan siendo escuchados. Resta señalar, que será ante la Jurisdicción Especial de Paz donde concurrirán los miembros de las FARC-EP que se comprometieron a decir la verdad sobre los delitos cometidos en desarrollo del conflicto armado. Así las cosas, resulta improcedente la petición de los recurrentes orientada a que no se aplique el citado precepto, pues si de conformidad con el artículo 230 de la Constitución, los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, no se aviene con tal imperativo eludir el cumplimiento del claro y contundente mandato legal con fuerza de ley, no incompatible con el orden constitucional, más aún si tanto el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, como la Jurisdicción Especial para la Paz creados mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, al igual que Ley 975 de 2005, tienen como eje central la reivindicación de las víctimas y, por tanto, sus derechos no se verán menguados con el traslado del proceso a la nueva jurisdicción transicional, donde deberán ser reconocidos en forma definitiva y asegurada su indemnización en los términos previstos

en la ley.

3. Por demás, no es cierto, como aduce la Fiscalía, que la suspensión de procesos esté consagrada exclusivamente para quienes se desmovilizaron en forma colectiva, pues la norma contiene un mandato general que no discrimina la forma en que el beneficiario de la libertad condicionada hizo dejación de las armas. Donde la ley no distingue, no le corresponde hacerlo al intérprete, según lo prevé el principio general de interpretación de la ley reconocido por la jurisprudencia nacional (C-054-2016, C317-2012, C-975-2002, entre otras).

50688 Jorge Humberto Hincapié Castañeda Tampoco es acertado afirmar, como lo hace la fiscal recurrente, que la suspension del proceso seguido contra GARCIA GARCIA implica “derogar” la Ley 975 de 2005 porque dicho estatuto sigue vigente y produciendo efectos respecto de los postulados que no son destinatarios de la Justicia Especial para la Paz e, incluso, para aquéllos que siéndolo, optan por permanecer en el proceso de Justicia y Paz.

4. La incertidumbre acerca de la fecha en la cual comenzará sus labores la recién creada Jurisdicción Especial de Paz no feculta desconocer una noma legalmente incorporada al sistema jurídico nacional que pretende agrupar los procesos adelantados contra los integrantes de las FARC-EP para que sus militantes sean juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz, según se pactó en el Acuerdo Final. Téngase en cuenta que cuando el pasado !8 de febrero se expidió el Decreto 277 de 2017 ya se sabía que su

implementación no sería inmediata, sin embargo, no se dispuso incluir condicionamientos sobre su aplicación en el tiempo.

5. La suspension de procesos en curso, en criterio de la Corte, obliga a las autoridades del orden ejecutivo y legislativo encargadas de la implementación y puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, a proceder sin dilacior.es en procura de su pronta puesta en marcha.” 2.2. Sumado a lo anterior, no se advierte contradicción alguna con el artículo 21 del Decreto 277 de 20173, en tanto cada una de las normas referidas regula situaciones diferentes, así una la suspensión de los procesos que fueron conexados y por los cuales se concedió el beneficio 3 Artículo 21°. La libertad condicionada se mantendrá aunque con posteriorided a su concesión se formulen nuevas imputaciones, acusaciones o condenas por corductas cometidas antes del 1 de Diciembre de 2016 o se encuentren estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas y hayan sido cometidas durante el mismo.

50688 Jorge Humberto Hincapié Castañeda liberatorio y otro, la inmutabilidad de este frente a decisiones adoptadas en actuaciones posteriores.

3. Lo expuesto en precedencia permite desestimar las apelaciones impetradas y en consecuencia, se confirmará la decisión censurada.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

RESUELVE:

1. Confirmar la decisión del 29 de junio de 2017 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín con las salvedades expuestas en la parte considerativa de este

proveído, relativas al deber de continuar con las versiones de los postulados y con las actividades investigativas aqui relacionadas.

2. Contra esta providencia no procede ningún recurso.

Devuélvase la actuación al Tribunal de origen.

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JOSE LUIS BARCBLÓ CAMACHO

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Secretaria