CSJ - AP6365-2014(44040)

Republica de Colombia Cie Arona o. Fea

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ Magistrada ponente AP 6365-2014 Radicación N° 44040 (Aprobado Acta No. 349) Bogotá D.C., octubre veintidós (22) de dos mil catorce (2014). VISTOS Se ocupa la Sala del estudio de admisibilidad de la demanda de casación presentada por el defensor del procesado RAFAEL ARNULFO PINZÓN FORERO contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 22 de abril del año en curso, por cuyo medio confirmó la de primer grado dictada el 13 de diciembre anterior por el Juzgado 11 Penal Municipal con Función de Conocimiento de la misma ciudad que condenó al mencionado como autor penalmente responsable del delito de invasión de tierras o edificaciones. a VA el Casación No. 44040” RAFAEL ARNULFO PINZÓN FORERO HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL Los primeros, fueron declarados por los juzgadores de instancia, en los siguientes términos: [Slegún el escrito de acusación cuenta la doctora Martha Stella Coronell Herrera, quien para el día 27 de abril de 2007 (sic), representaba a la empresa denominada comercialización intemacional induagricola, propietaria del predio denominado el otoño 2B, que el día 3 de noviembre de 2006 (sic), fue invadido por el señor RAFAEL ARNULFO PIZON FORERO, persona esta que puso allí a algunas personas a vivir, quienes construyeron

una caseta. Asi mismo, cuando se les solicitó desocupar el predio, agredieron a los vigilantes que habían sido contratados por la empresa mencionada para cuidar el lugar. El predio tiene una extensión de sesenta y tres mil ciento treinta y cinco metros cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados (63.135.91), esta (sic) ubicado en la ciudad de Bogotá y actualmente es propiedad de FIDUCIARIA BOGOTA, cuya matrícula inmobiliaria es SON 20282981. Con fundamento en los hechos precedentes, el 12 de agosto de 2010 ante el Juzgado 49 Penal Municipal de Control de Garantías de esta capital, se llevó a cabo audiencia preliminar durante la cual la Fiscalía formuló imputación a RAFAEL ARNULFO PINZÓN FORERO por el delito de invasión de tierras o edificaciones, cargo que no aceptó. El 10 de septiembre ulterior, el ente fiscal radicó escrito de acusación en contra del aludido, manifestando “adicionar la imputación hecha al señor RAFAEL ARNULFO L e Casación No. 44040 RAFAEL ARNULFO PINZON FORERO PINZÓN FORERO, en el sentido de aclarar que la acusación se presenta por el concurso de delitos de invasión de tierras agravada, al tenor del inciso 2° del art. 263 del C.P., fraude procesal estipulado en el artículo 453, modificado por la Ley 890 de 2004 y falsedad en documento privado”. Ante el Juzgado 27 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad se instaló audiencia de formulación oral de la acusación, en cuya sesión del 30

de noviembre de 2011 el representante de la Fiscalía corrigió el escrito de acusación al estimar que los hechos imputados no contemplaban las hipótesis delictivas de fraude procesal y falsedad en documento privado, por lo que, en atención al principio de congruencia, concretó el cargo exclusivamente al delito de invasión de tierras o edificaciones, situación que determinaba la falta de competencia del juez de conocimiento, quien así lo declaró remitiendo la actuación al superior jerárquico. El Tribunal del Bogotá, mediante auto del 27 de enero de 2012, aceptó la declaración de incompetencia precisando que ella radicaba en los jueces penales municipales. El trámite prosiguió en el Juzgado 11 Penal Municipal de igual ciudad, donde se finalizó la audiencia de formulación de acusación y se evacuaron la preparatoria y de juicio oral. Al término de esta última, el despacho judicial emitió fallo de primer grado el 13 de diciembre de 2013 por medio del cual condenó a RAFAEL ARNULFO PINZÓN FORERO a las penas principales de treinta y dos NU Casación No. 44040” RAFAEL ARNULFO PINZÓN FORERO (32) meses de prisión y multa por suma equivalente a 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes, asi como a la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término al de la sanción aflictiva de la libertad tras encontrarlo autor penalmente responsable del delito de invasión de tierras o edificaciones (art 263, inciso primero, del C.P.). En la misma decisión, le concedió el subrogado de la

condena de ejecución condicional y dispuso restablecer el derecho a la víctima Fiduciaria Bogotá S.A. Contra esta determinación, impetraron recurso de apelación el representante de la Fiscalía y la defensa, por lo cual se pronunció el Tribunal de Bogotá impartiéndole confirmación. Inconforme con lo decidido, la defensa, de forma exclusiva, interpuso y sustentó en tiempo recurso de casación en contra del fallo, mediante libelo de cuya admisibilidad se ocupa la Sala. LA DEMANDA Formula cuatro cargos contra el fallo: dos de ellos con fundamento en la causal segunda de casación del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 y los restantes por el motivo tercero de la misma disposición. En procura de evitar la repetición innecesaria de las propuestas del recurrente y los argumentos de la Sala, en el Casacién No. 44040 RAFAEL ARNULFO PINZON FORERO siguiente acápite considerativo se agruparan por causales y, en esa misma medida, se expondrá a continuación el criterio concerniente al cumplimiento de los presupuestos de admisibilidad.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Reparos sustentados en la causal segunda de casación: En el primer cargo señala el defensor que el Tribunal incurrió en un error in procedendo de garantía por inobservancia del artículo 5 ibídem referente al principio de imparcialidad, que a su vez condujo a la transgresión del debido proceso.

Tal situación, advierte, porque el juez a quo en la sesión del 29 de noviembre de 2013 del juicio oral “adujo

estar impedido, como quiera que él junto con su cónyuge, adquirieron una casa a la empresa Amarilo S.A. y que él estaba pagando dicho inmueble”. Acto seguido, indica que la Fiduciaria Bogotá S.A., reconocida en el proceso como víctima, es la sociedad administradora del Fideicomiso Takali Contemporáneo A Amarilo S.A. “empresa esta última que viene a tener interés directo sobre el lote de terreno, objeto material del delito aquí investigado”. ty, Casación No. 44040 ” RAFAEL ARNULFO PINZON FORERO En esas condiciones, advera, el funcionario estaba incurso en la causal segunda de impedimento del articulo 56 del estatuto procesal; sin embargo, no se sujetó al trámite establecido en el artículo siguiente, “sino que pidió ser recusado por cualquiera de los sujetos procesdles, situación irregular, que no está indicada en la ley, pues su deber era comunicar el impedimento al juez que le seguía en turno”. Indica, asi mismo, que al corrérsele traslado para recusar, la defensa reveló al juez que le era imperativo enviar las diligencias al competente para definirlo, pues en ese momento “no se tenían los compendios de reflexión para recusario”. Con respecto al punto, no comparte el criterio del ad quem para quien la oportunidad procesal para dar trámite a la petición precluyó en la audiencia del juicio oral del 29 de noviembre de 2013, en donde el funcionario señaló que no se sentía impedido para continuar con el diligenciamiento otorgando la palabra a las partes para que, si así lo

deseaban, lo recusaran, a lo que la defensa respondió negativamente. Enseguida, trae citas jurisprudenciales y de doctrina foránea acerca de la imparcialidad que debe guiar a la actividad jurisdiccional, para colegir que en este evento no se garantizó por el a quo, lo cual se torna trascendente por cuanto “las conclusiones de la sentencia habrían sido 4 Casación No. 44040 RAFAEL ARNULFO PINZÓN FORERO distintas y opuestas a las que plasmó en su decisión de segunda instancia”. En tal sentido, agrega, “habría tenido que declarar que de la valoración de los medios de convicción, vistos dentro del contexto probatorio en aplicación justa de lo previsto en la norma constitucional artículo 29, los artículos 380, 381 y 382 de la Ley 906 de 2004, se llega a la conclusion que RAFAEL ARNULFO PINZÓN, no tenía ninguna responsabilidad en los hechos investigados, pero su vinculación como deudor de la empresa AMARILO S.A., lo llevó a tomar una decisión parcial y llena de perjuicios en contra de mi defendido”, cuando, en oposición, lo que aparece demostrado, en grado de certeza, es que no era responsable del cargo atribuido. Así fue cómo, advierte, no se realizó una valoración conjunta ni sustentada en la reglas de la sana critica de los diversos medios de convicción, “al extremo de suponer la existencia de pruebas que no obran materialmente en el proceso”. Al lesionarse las garantías de orden constitucional y legal reseñadas y en procura de la efectividad del derecho

material, sostiene, es preciso casar el fallo impugnado. En la segunda censura formulada por la misma causal, encuentra la sentencia desconocedora de los artículos 29 de la Constitución Política y 5 y 522 de la Ley 906 de 2004, situación que, a su juicio, también configuró vulneración del debido proceso. Ma Casación No. 44040 ~ RAFAEL ARNULFO PINZON FORERO Ello, aduce, porque atendida la naturaleza querellable del delito por el que se procede, la Fiscalía citó a las partes a audiencia de conciliación preprocesal, pero “la primer citación dirigida a mi defendido, fue enviada a una dirección errónea, por lo que mi defendido solicitó nueva fecha para la mentada audiencia aportando su dirección actual, a lo cual el fiscal volvió a citar a las partes para agotar la correspondiente conciliación y está vez la parte querellante, no acudió a la audiencia de conciliación y tampoco justificó su inasistencia, por lo que el derrotero de la Fiscalía era archivar las diligencias, ya que se entendía desistida la pretensión de la parte querellante”. Esa situación, dice, en aplicación de lo establecido en el inciso cuarto de la última norma en cita; sin embargo, el ente acusador decidió continuar con la acción penal y no disponer el archivo, con lo cual afectó la estructura del proceso. Acto seguido refiere a la argumentación del ad quem sobre este punto en torno a que el tema quedó zanjado en el decurso de la audiencia de formulación de acusación, argumento que desde su perspectiva no desvirtúa el agravio

a su defendido y el desgaste de la administración de justicia, “nótese que no existe acta de conciliación fallida por inasistencia de la parte querellante”. En relación con la trascendencia del vicio denunciado, indica que la conclusión del Tribunal debió ser distinta, pues ha debido declarar la nulidad de todo lo actuado por Me Casación No, 44040 RAFAEL ARNULFO PINZÓN FORERO no cumplirse el requisito de procedibilidad de que trata la norma en comento “ya que como la parte guerellante no compareció a la audiencia de conciliación y no justificó su inasistencia, el deber de la Fiscalía era el archivo de las diligencias por estar frente a un delito querellable”. Por lo expuesto, depreca casar el fallo impugnado restaurando el debido proceso quebrantado.

La Sala: Se ha sostenido en forma reiterada por esta Corporación que aun cuando la propuesta cimentada en la causal de nulidad goza de relativa flexibilidad, debe cumplir algunos requisitos mínimos para tenerla por satisfecha formalmente.

Al respecto, es preciso que el casacionista identifique claramente el motivo sobre el cual gira la irregularidad que advierte, la causal de nulidad que procede como consecuencia de ese defecto, las normas que apoyan su pretensión, la trascendencia que genera, bien en el marco de la estructura del proceso o en el de las garantías fundamentales de quien la invoca, y el momento procesal a partir del cual se debe invalidar la actuación, así como la autoridad judicial a la cual corresponde el envío de la actuación para que proceda a su enmienda. También se tiene establecido que, en orden a su

debida fundamentación, dicha propuesta necesariamente Ne Casación No. 44040 ~ RAFAEL ARNULFO PINZON FORERO debe compaginar con los principios que orientan la declaratoria de las nulidades, a saber, taxatividad, instrumentalidad de las formas, trascendencia, protección, convalidación, residualidad y acreditación. Así las cosas, sólo si la censura reúne los anteriores requisitos, se podrá concluir que cumple con los presupuestos previstos en los artículos 183, modificado por el 98 de la Ley 1395 de 2010, y 184 de la Ley 906 de 2004, en orden a su admisión. Pues bien, para la Sala es claro que las dos propuestas esgrimidas en el libelo por la senda de la nulidad carecen de trascendencia, esto es, incumplen tal predicado inherente al recurso de casación y la misma exigencia que orienta el decreto de esta medida extrema. En cuanto al primer cargo, dado que el planteamiento ni siquiera rebate la postura pacífica de esta Sala según la cual cuando el funcionario judicial no se separa de la actuación ello no comporta la nulidad de la actuación procesal ni tampoco estructura un motivo de incompetencia, como igual lo precisó el Tribunal en el fallo impugnado al responder el mismo reclamo formulado en la apelación interpuesta por la defensa contra la sentencia de primera instancia!. Así se sostuvo, por ejemplo, en CSJ SP, 1 agos. 2002, rad. 14.501, al indicar que el impedimento: 1 Pág. 36 del fallo de segundo grado. LAA Casación No, 44040

RAFAEL ARNULFO PINZÓN FORERO “es un fenómeno que no transforma a ninguno de los extremos que determinan la competencia, vale decir, su configuración no altera la cuantía del hecho, no muta el territorio donde sucedió, no le quita o le da el carácter de aforado al justiciable. Se trata de un aspecto por completo íntimo del funcionario, que lo liga de una manera u otra no a la naturaleza del proceso, sino a las partes. Aquel deberá sopesar si el concreto y evidente motivo de impedimento que respecto suyo se configura, puede poner en riesgo su ánimo y, por tanto, un ponderado y sereno buen juicio. Si lo reconoce, no significa que el asunto ya no sea de su competencia, sino que en acatamiento de principios superiores, que tocan con el derecho de acceso a la justicia y la obligación de los funcionarios de hacer efectivos los derechos, garantías, obligaciones y libertades (artículo 1°, Ley 270 de 1966), permita que otro juez lo releve en el conocimiento de la actuación. Para el recurrente, por tanto, existiendo esta línea de pensamiento jurisprudencial (reiterada, entre muchas en CSJ SP, 14 jul 2010, rad. 29224 y CSJ SP, 8 nov. 2011, rad. 34495), era imperativo, en aras de la trascendencia del reclamo, evidenciar su desacierto, exponiendo las razones por las cuales tal hermenéutica es incorrecta, argumentación inexistente en la censura, no obstante, ya se dijo, el Tribunal había hecho referencia a ella. Ahora bien, lo que realmente subyace en la propuesta es la intención de cuestionar la valoración de las pruebas a

partir de su íntima convicción personal y por ello de manera genérica cifra la trascendencia de la incorrección, en que “las conclusiones de la sentencia habrían sido distintas”, pues se habría declarado, en grado de certeza, que PINZÓN id Casación No. 44040RAFAEL ARNULFO PINZÓN FORERO FORERO no es responsable del delito atribuido, producto de, dice, suponer pruebas y no valorarlas en forma conjunta y con sujeción a las reglas de la sana crítica. La verdad, es que no se encuentra la conexión entre uno y otro aspecto, sino sólo, se insiste, el propósito velado de imponer un personal criterio personal valorativo de las pruebas sobre el de los juzgadores. Ese propósito tendiente a propiciar un debate probatorio a partir de un punto de vista subjetivo sobre el mérito que tiene de las pruebas, no consulta con el carácter extraordinario del recurso de casación por no constituir una tercera instancia habilitada para debatir abiertamente sobre su valoración fuera del marco de los errores de hecho (por falsos juicios de existencia, identidad o raciocinio) o de derecho (por falsos juicios de legalidad o convicción), únicos con la potestad, en esta materia, de derruir la doble presunción de acierto y legalidad que ampara al fallo impugnado. Finalmente, se ha de decir que asiste razón al Tribunal cuando al ocuparse de la misma temática postulada por la defensa al sustentar el recurso de apelación? adujo que la oportunidad para esbozar dicha irregularidad se encuentra precluida porque la defensa se abstuvo de recusar al juez de

conocimiento en el momento en que, al inicio de una de las sesiones del juicio oral’, puso de presente, en un acto de transparencia, la negociación que había llevado a cabo para 2 Pág. 35 ibídem. 3 29 de noviembre de 2013. Uy, Casacién No. 44040 RAFAEL ARNULFO PINZON FORERO la adquisicion de un inmueble, a nombre de su conyuge e hijo, con la constructora Amarilo, la cual tiene interés económico en este proceso pero que no ha sido reconocida como víctima, ilustrando cómo no encontraba suficiente este motivo para marginarse del conocimiento del proceso. Por su parte, en lo que concierne al planteamiento del segundo cargo se advierte algo similar, pues, como también lo previno el Tribunal, el punto de la conciliación como presupuesto de procedibilidad del ejercicio de la acción penal fue ampliamente debatido durante la audiencia de formulación de acusación del 6 de junio de 2012, a instancia, igualmente, de la defensa, para quien no haberse agotado conforme a los términos del artículo 522 del estatuto procesal penal configuró vulneración del debido proceso, petición que fue desestimada por el juez de conocimiento mediante decisión que obtuvo confirmación en segunda instancia por el Juzgado 42 Penal del Circuito de esta ciudad el 3 de septiembre postrero. Como se adujo por este último funcionario, merced a los elementos de juicio allegados por el representante de la Fiscalía en la referida audiencia, se estableció que libró una primera citación a efectos de evacuar la conciliación, diligencia a la cual no asistió el querellado, suficiente ello

para tener por satisfechas las exigencias de la norma en cita. 4 Págs. 35 y ss. de la sentencia de segunda instancia. UN, Casación No. 44040 RAFAEL ARNULFO PINZON FORERO Ahora, para sustentar la censura casacional el actor introduce un elemento que no planted durante la audiencia en comento, según se extrae del examen de los registros, referente a que tal citación se envió a una dirección equivocada, lo cual se opone a lo certificado por la Fiscalía durante dicha diligencia en sentido de que se efectuó a la dirección registrada del querellados. En ese orden, el argumento del libelista orientado a que se incumplió el supuesto del inciso cuarto del artículo 522 porque a la segunda citación efectuada por el ente acusador no asistió el querellante y, por ende, ha debido entenderse tal actitud como un desistimiento de la pretensión, se ofrece, inoportuno, amén de contrario, según lo dicho, a lo acreditado en el proceso. Las reseñadas deficiencias argumentativas de los dos reparos postulados por la senda de la causal de nulidad, determinan su inadmisión.

2. Reparos sustentados en la causal tercera de casación: En el tercer cargo, afirma el libelista, se incurrió en “error de existencia por inobservancia del artículo 381 inciso último y 404 de la Ley 906 de 2004 que conllevó a la vulneración del debido proceso que predica el Artículo 29 de

la Constitución Nacional”. M r . 5 Récord 24°25” de la audiencia. Casación No. 44040

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Lo anterior, sostiene, por cuanto el fallo condenatorio se basó exclusivamente en prueba de referencia. Asi, después de transcribir in extenso jurisprudencia relacionada con dicha clase de prueba, indica que la sentencia se fundó en los testimonios de Germán Ariza Santamaría, Juan Ricardo Mejía Otero, Elsa Vega de Romero, Olga Lucía Camacho Castro, Diana Carolina Santos y Urbano Mahecha Gómez, quienes en sus intervenciones manifestaron no constarles nada “sino que sus dichos obedecían a simples oídas”. Luego de sintetizar lo aseverado por cada uno de los mencionados, insiste en que ninguno adujo que su defendido fue quien derribó los muros o amenazó con armas de fuego; por tanto, “mayor yerro no puede haber cometido el a quo, pues dicho funcionario se limitó fue a valorar en forma parcial las pruebas de los querellantes, más no valoró las pruebas en conjunto, ni tuvo en cuenta para dicho análisis, los principios técnicos-científicos sobre la percepción y la memoria y especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, como las formas de sus respuestas y su personalidad”. Tampoco, añade, otorgó valor probatorio a las pruebas presentadas por la defensa (el proceso policivo y el contrato de compraventa de la posesión) y, por tanto, no le constaba si en verdad su defendido fue la persona que invadió el terreno por la fuerza “por lo que estas pruebas testimoniales son unas de las llamadas pruebas de referencia y las cuales fueron fundantes para proferir sentencia condenatoria”. Me CasaciónNo , 44040 ~

RAFAEL ARNULFO PINZÓN FORERO En igual yerro, advierte, incurrió el Tribunal al confirmar el fallo de primer grado basándose en las mismas probanzas no obstante ser de referencia y no probar los hechos denunciados por la parte querellante, de modo que existiendo duda acerca de la participación de PINZÓN FORERO en la comisión de los hechos ha debido absolverlo en aplicación del in dubio pro reo. Especialmente, dice, porque la defensa aportó como prueba el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho iniciado por el aquí querellante, el cual fue decidido a favor del querellado en las dos instancias, además del contrato de compraventa de la posesión suscrito entre éste y Juan Arturo Muñoz Moreno. La trascendencia de la incorrección denunciada en la censura, acota, se configura porque “de no haberse incurrido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá en error de existencia, es evidente que la de las conclusiones de la sentencia de segundo grado habrían sido distintas y opuestas a las que plasmó en su decisión de fondo (sic)”. En virtud de lo expuesto, encuentra que el Tribunal lesionó garantías constitucionales de rango constitucional, habida cuenta su patrocinado fue condenado con base en pruebas de oídas o de referencia, “lo que de plano vulnera su debido proceso, al no observarse el mandato legal contendido en el artículo 381 inciso último y 404 de la Ley 906 de 2004”. Wy. Casacién No. 44040

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En el cuarto y último cargo de la demanda, acusa la sentencia impugnada de incurrir en error de hecho por falso juicio de identidad “por haber tergiversado el sentido fáctico de un medio de prueba y que como consecuencia de tal yerro existen dudas que han debido ser resueltas a favor del procesado”, esto es, se inaplicó el artículo 7, inciso segundo, de la Ley 906 de 2004 que consagra el in dubio pro reo. El yerro se concretó, afirma, dado que el juzgador distorsionó las pruebas testimoniales, pues “no toma en cuenta el mérito probatorio y la crítica de los testimonios, no los balancea en conjunto, ni los aprecia uniformemente con las reglas de la sana critica, en el de la experiencia, o de la lógica del ser (sic)”. Lo anterior, acota, porque todos los testigos desmienten a Juan Ricardo Mejía al no confirmar la existencia de amenazas o haber sido “arrodillados con pistola en la cabeza” durante la incursión en el predio. Tampoco se probó la contratación de un grupo de celaduría o que se llevó a una funcionaría de la policía, cuyo nombre ni siquiera se recuerda, y menos que se haya plasmado esa situación por escrito; lo cual no se compadece ante un caso tan delicado “que por regla de la sana crítica, en las reglas de la experiencia, no suelen suceder, en materias de esta envergadura, ni por la parte afectada ni por la policía, pues allí siempre, en estas particularidades, se dejan anotados en los libros que llevan y registran todas las situaciones que se

le ponen de presente”. ur 17 Casación No. 44040 RAFAEL ARNULFO PINZÓN FORERO Además, precisa, muchas de las respuestas fueron inducidas por la Fiscalía, a la vez que son discordantes; de ese modo, se está ante un testimonio carente de credibilidad, que no tiene el carácter de prueba directa, amén de “fantasioso e inverosímil”, por lo que al otorgársele credibilidad se desconocieron reglas de la sana crítica. Al mismo tiempo, dice, sin ningún motivo se dejó de lado la referida prueba relativa al proceso policivo incorporado e introducido legalmente al juicio oral, contra la cual no hubo ataque ni objeción por las partes, cuyo análisis “con la sana critica, en las reglas de la experiencia, otra hubiese sido la determinación, a favor del condenado en una sentencia absolutoria”. De lo anterior emerge la existencia de serias dudas que deben resolverse en favor del procesado, máxime cuando no se explica cómo el testigo Germán Ariza Santamaría, a pesar de llevar trabajando entre 35 a 38 años como vigilante de la empresa, no se percata qué personas ingresaron y destruyeron muros, percibiendo tan sólo a una pareja con un niño en brazos y días después a 10 personas más que estaban en el sitio, atinando sólo a reconocer a su defendido y no a las demás, lo cual hace de su testimonio sospechoso y ausente de respaldo probatorio, especialmente porque los restantes son de referencia. Es trascendente el error pretextado, alude a continuación, dado que, de no haberse producido, la

decisión habría sido distinta, pues, insiste, “al incurrir en yr Casación No, 44040 RAFAEL ARNULFO PINZÓN FORERO falso juicio de identidad, apreciando las pruebas, transgredió los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia y las reglas de la experiencia, cuando sin ninguna valoración rigurosa de la prueba, asume como propio que el acusado RAFAEL ARNULFO PINZÓN FORERO no penetró ni clandestina ni violentamente al predio objeto de esta investigación, al no observar los principios de la sana critica como método de valoración probatoria”. Igual, reitera, configura un falso raciocinio “decir que mi defendido cometió el delito de invasión porque Germán Ariza lo ve días posteriores con un grupo de 10 personas que sólo reconoce a él y no a los demás; porque Juan Ricardo Mejta, alega que fue a su oficina y le solicita una suma de dinero, pero que no está demostrado que sea cierto”. En consecuencia, pregona la inexistencia de prueba testimonial, técnica o confesión que comprometa a su prohijado en la comisión de la conducta punible endilgada; adicionalmente, el a-quo estructuró la sentencia condenatoria con apoyo en indi' “dcesiconoocisend o las reglas de apreciación de la prueba, pues en el actual ordenamiento jurídico procesal penal, los indicios desaparecen como presupuestos para dictar sentencia condenatoria”, por el peliggror o q que entraña su admisión. Siendo evidente, entonces, que el Tribunal lesionó garantías constitucionales y legales, encuentra imperativo

casar el fallo impugnado. 7 Casación No. 44040 ° RAFAEL ARNULFO PINZON FORERO La Sala: Según criterio reiterado de esta Corporación, para que la demanda de casación sea admitida, acorde con las preceptivas previstas en la Ley 906 de 2004, resulta imperativo el cumplimiento de una serie de presupuestos orientados a que contenga una exposición lógica y debidamente argumentada, como así se desprende de lo normado en el inciso segundo de los artículos 183, modificado por el 98 de la Ley 1395 de 2010, y 184 del mismo estatuto. Pues bien, en relación con las dos censuras objeto de estudio en este acápite, sustentadas en la causal tercera del artículo 181 procesal, se advierte que tampoco satisfacen los presupuestos de admisibilidad íseñalados en precedencia. En primer orden, dado que contienen pretensiones contradictorias y confusas, a partir de lo cual se infiere el incumplimiento de los presupuestos de claridad, precisión y concisión exigidos en las normas aludidas. Ciertamente, en punto de la incorrecta valoración de las pruebas que postula en los dos reparos por violación indirecta de la ley sustancial, el actor no se acopla ni a la naturaleza de los errores que en tal sentido resultan procedentes en esta sede extraordinaria, particularmente a los invocados errores de hecho por falso juicio de existencia e identidad, ni mucho menos a la discusión inherente al Ve Casación No. 44040 RAFAEL ARNULFO PINZÓN FORERO recurso en orden a demostrar la inconstitucionalidad o

ilegalidad de la sentencia confutada. Para aclarar este aspecto conviene evocar los conceptos de error de hecho derivado de falso juicio de existencia, identidad y raciocinio, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Sala; así mismo, la carga argumentativa que su formulación exige para tenerlos por adecuadamente sustentados. Así, el falso juicio de existencia tiene ocurrencia cuando un medio de prueba es excluido de la valoración efectuada por el juzgador no obstante haber sido allegado al proceso en forma legal, regular y oportuna (ignorancia u omisión) o porque lo crea a pesar de no existir materialmente en el proceso (suposición o ideación), otorgándole un efecto trascendente en la sentencia. En esta hipótesis, el recurrente está obligado a identificar el medio de prueba que en su criterio se omitió o se supuso, a establecer la incidencia de esa omisión o suposición probatoria en la decisión controvertida y en favor del interés representado -lo cual comporta la necesidad de demostrar que el fallo atacado no se preserva con otros elementos de juicioy a demostrar de qué forma se violó la ley sustancial con ese defecto de apreciación, ya sea por falta de aplicación o por aplicación indebida. El falso juicio de identidad, a su vez, se verifica cuando el juzgador tergiversa o distorsiona el contenido objetivo de UF, Casación No. 44040 ~ RAFAEL ARNULFO PINZÓN FORERO la prueba para hacerla decir lo que ella no expresa materialmente. En esencia, se trata de un yerro de contemplación objetiva de la prueba