CSJ - AP6446-2014(43717)

Corts Saroma de fastcia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

Magistrado Ponente AP6446-2014 Radicación N° 43717 (Aprobado acta N° 349) Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil catorce (2014). La Sala se pronuncia respecto de los presupuestos de lógica y debida fundamentación de la demanda de casación presentada por el defensor de MARÍA CRISTINA PONTÓN

CASTILLEJO, NÉSTOR RAFAEL RODELO ZABALETA y

ALFONSO VILLALBA ÁVILA.

HECHOS Fueron expuestos en la actuación en los siguientes términos: “Se conocen a través de la denuncia interpuesta por la señora Odalinda Orta López, quien manifiesta que el día 13 de febrero de 2003, presentó demanda ejecutiva contra el señor GILBERTO Casación 43717 Inadmisión MARÍA CRISTINA PONTÓN CASTILLEJO y otros ANTONIO PORRAS, con base en un título valor - cheque por cien millones de pesos, más intereses, costas, indexación, etc., demanda que fue admitida por el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguanal librándose mandamiento ejecutivo el día 14 del mismo mes y año, dentro del cual se decretaron medidas cautelares ide embargo y secuestro [...]. Aduce que el 22 de noviembre de 2006, el señor PORRAS concilia en la Inspección de la Prote, ción Social una supuesta deuda laboral con la señora STINA PONTÓN CASTILLEJO por la suma de

$10.703.804, ello con base en una supuesta relación laboral iniciada el día 30 de noviembre de 1998 hasta el 20 de noviembre de 2004, con una asignación mensual de $38 1.500, Igualmente| la denunciante sostiene que el mismo dia 22 de noviembre de 2006, el señor GILBERTO PORRAS concilia ante la misma oficina con el señor ALFONSO VILLALBA ÁVILA una obligación laboral por la suma de 17.032.894 basado en un contrato del trabajo desde el 30 de junio de 1998 hasta el 20 de noviembre de 2004, a razón de $700.0000 mensuales como salario. Indica la denunciante, que el mismo señor GILBERTO PORRAS concilia igualmente el 24 de noviembre de 2006 con NESTOR RAFAEL RODELO ZABALETA por la suma de $39.000.000 basados en una relación laboral iniciada el 20 de febrero de 1991 hasta el 20 de junio de 2004, a razón de $900.000 mensuales como sueldo. Por último, luna nueva conciliación ante la misma autoridad el día 16 de enero de 2007, el señor PORRAS con JULIO CÁRDENAS por la suma de $89.000.000 con base en una relación laboral iniciada el 8 de enero de 1987 hasta el 10 de junio de 2004, con un salario básico de $1.200.000 mensuales. Estas conciliaciones de tipo laboral que realiza el señor GILBERTO! PORRAS con sus ex trabajadores, son el sustento para un |proceso ejecutivo laboral incoado por los ex

dependientes de PORRAS y el cual logran su cometido el día 2 de junio de 2009, cuando el Juzgado Laboral del Circuito de Chiniguaná Iprofiere el auto por medio del cual ordena al Juzgado Civil del Circuito de la misma localidad tener en cuenta la prevalencia del crédito laboral sobre el personal o civil”.

ANTECEDENTES

1. Agotado el ciclo instructivo, la Fiscalía 24 Seccional de Chiriguaná (Cesar) calificó el mérito del sumario, el 7 de

Casacion 43717 Inadmision MARÍA CRISTINA PONTON CASTILLEJO y otros febrero de 2012, con resolución de acusación en contra de

GILBERTO ANTONIO PORRAS, JULIO CÁRDENAS,

NESTOR RAFAEL RODELC ZABALETA, MARIA CRISTINA PONTÓN CASTILLEJO y ALFONSO VILLALBA ÁVILA como presuntos responsables del delito de fraude procesal (artículo 453 del Código Penal)!. Impugnada esta determinación, fue ratificada por la Fiscalía 3 Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el 25 de mayo siguiente?

2. Correspondió la etapa de la causa al Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná que, luego de celebrar las audiencias preparatoria y pública, emitió sentencia condenatoria el 27 de junio de 2013, imponiendo a los acusados la pena principal de prisión por setenta y dos (72) meses y las accesorias de multa de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción privativa de la libertad, al hallarlos

autores responsables de la conducta punible por la que fueron convocados: a juicio. Les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.3

3. Apelada esta providencia por la defensa, fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar -Sala Penalel 18 de noviembre de 2013.4 ' Folio 287 y siguientes cuaderno original ? FI. 321 y s.s c.0

SFL 466 ys.sco FI. 5 y s.s cuaderno Tribunal Casación 43717 Inadmision MARÍA CRISTINA PONTÓN CASTILLEJO y otros LA DEMANDA DE CASACIÓN El defen sor de PONTÓN CASTILLEJO, RODELO ZABALETA y VILLALBA ÁVILA, interpuso el recurso extraordinario invocando para el efecto el texto de las causales de casación previstas en el artículo 181, numerales 19 y 3°, de la Ley 906 de 2004. En estas condiciones, pregona que la conducta de sus prohijados es atípica por circunscribirse al ejercicio legítimo de sus derechos laborales. De esta forma, la conciliación surtida en la nspección del Trabajo por los estipendios a ellos adeudad s y la ulterior demanda presentada ante el incumplimient 0 de aquella, no pueden calificarse delictivas, rechazando la conclusión del Tribunal relativa a que las sumas acordad as eran exorbitantes en tanto se ajustan a la normatividad aplicable, al igual que la prelación de créditos, lo que tampoco, dice, resulta fraudulento.

Así misml o, señala que no se practicaron las pruebas pedidas por los implicados en las injuradas, menoscabándo se su derecho de defensa, ni se valoraron los testimonios de Prudencio Acuña Díaz, David Romero Parra y José Nolberto Flórez Camacho, quienes corroboraron que aquellos laboraron en el granero “Don Arnovis”, tampoco el contenido de as indagatorias en las se especificaron las actividades reg lizadas. En consecuencia, predica el censor que el juzgado r desconoció el principio de in dubio pro reo, puesto que n o se estableció el nexo causal “entre los Casación 43717 Inadmisiong J\ MARIA CRISTINA PONTÓN CASTILLEJO y otros BA procesados y el punible adecuado como fraude procesal, las solas actas de conciliación legalmente constituidas no son pruebas suficientes para condenar”, solicitando, luego de invocar la prescripción de la acción penal, se case el fallo emitido y “anuléis la sentencia definitiva dictada y ordenéis la reposición de la vista pública por otro Tribunal”.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. El proceso penal se caracteriza por una serie de etapas concatenadas, revestidas de un plexo de garantías, durante las cuales se somete a controversia de la jurisdicción un asunto jurídico-procesal cuya discusión culmina con la sentencia, decisión susceptible de impugnación por vía de la apelación en aras de que la inconformidad de quien la interpone sea solventada por el superior jerárquico del funcionario que la profirió para que

la confirme, modifique o revoque, si a ello hubiere lugar. Esto explica por qué el debate sobre las aristas de interés para el ejercicio de la acción penal culmina en esas fases, es decir, en el decurso de las instancias, previéndose la existencia de un recurso extraordinario, la casación, solamente cuando por específicas causales se pretenda un estudio respecto de la legalidad del fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia. No se trata, entonces, de la prolongación de la controversia que feneció con la emisión de una providencia amparada con la doble presunción de acierto y legalidad. EN Casación 43717 Inadmisión MARÍA CRISTINA PONTÓN CASTILLEJO y otros En ese arden, existen parámetros conceptuales que hacen de la d emanda correspondiente un escrito sometido a estrictas y específicas reglas de postulación que bajo la égida de principios como el de autonomía, limitación, prioridad, entre otros, debe bastarse a sí mismo para demostrar la existencia del yerro planteado y su trascendencial siendo premisa fundamental que la simple discrepancia de criterios no constituye un aspecto susceptible de ser auscultado en sede extraordinaria (Cfr.

CSJ AP, 18 Ag E 2010, Rad, 33559).

2. Desde esta perspectiva, es palmario que ni la lógica ni la teleologia del recurso extraordinario se consideró por el recurrente y porque únicamente plasmó en su misiva, sin ningún argum ento consistente, su llana inconformidad con la decisión de segundo grado, lo que explica, a la postre, las falencias del li belo: 2.1. En p rimer lugar, ni siquiera señaló con exactitud

el fundamentó normativo que haría viable la presentación de su reclamo ante la Corte, toda vez que solo hizo alusión al contenido d e algunas causales de casación consagradas en la Ley 906 de 2004, sin tener en cuenta que el presente asunto se tran nitó conforme los parámetros de la Ley 600 de

2000. Ahora, el artículo 212 de esta normatividad, prevé unos requisitá s formales que ha de contener la demanda, entre ellos: (1) a identificación de los sujetos procesales y de la sentencia mpugnada, (ii) una sintesis de los hechos materia de juz gamiento y de la actuación procesal, y (iii) la enunciación de la causal y la formulación del cargo,

6 Casacion 43717 Inadmisién MARIA CRISTINA PONTON CASTILLEJO y otros “indicando en forma clara y precisa sus fundamentos y las normas que el demandante estime infringidas”. Estas distinciones, insoslayables para asumir que el escrito presentado a la Sala ostenta una idoneidad conceptual mínima, brillan por su ausencia. 2.2. De otra parte, la denuncia de la atipicidad de la conducta, carece de cualquier sustento que permita advertir el asidero de la propuesta al no puntualizarse, según corresponde a esta sede, si el desconocimiento de dicha situación ocurrió como consecuencia de la violación directa o indirecta de la ley sustancial (CSJ AP, 30 Nov 1999, Rad. 14535). Así mismo, el discurso es confuso porque simultáneamente hace alusión a la presunta violación del debido proceso por la no práctica de pruebas, lo que se enmarcaría en la causal tercera del precepto

mencionado en precedencia por la conculcación del principio de investigación integral; también indica la falta de apreciación de diversas probanzas, premisa vinculada al falso juicio de existencia por omisión, pero en ninguno de estos supuestos hay una conceptualización definida o individualizable de las razones que soportarian dichos señalamientos, incurriéndose en una mixtura que enerva cotejar con claridad cuál es el eventual yerro que se pretende endilgar y que tampoco puede desentrañar la Sala, por el principio de limitación. 2.3. De la misma manera, se pregona que el juzgador dejó de aplicar el principio de in dubio pro reo, no obstante, la postulación no supera la mera referencia nominal, ya Casación 43717 Inadmisión MARÍA CRISTINA PONTÓN CASTILLEJO y otros que tampoco § e indica si ello acaeció por via de la violación directa al hab er dictado el juzgador condena admitiendo la concurrencia d e la incertidumbre probatoria, o si se dio por ignorar la exis tencia razonable y manifiesta de la duda ante una errada val loración de las pruebas quebrantándose así, de modo indire cto, la ley sustancial, por un vicio de hecho o derecho. (CSJ IAP, 26 Oct 2011, Rad. 37634; CSJ AP, 6 May 2013, Rad. 40 791; CSJ AP 2818-2014)

24. En estas condiciones, no se advierte la presentación d e un cargo en debida forma al compendiar la demanda, seg ún se señaló, la mera inconformidad del defensor con el criterio de la judicatura. Incluso, la

divergencia es expuesta caóticamente al punto que, entre otros, el libel sta reclama en pasajes de su discurso la preclusión de la investigación, como si el proceso se encontrara en la fase de instrucción, también sugiere la nulidad de lo actuado al invocar “la reposición de la vista pública por o tro Tribunal”, desconociendo que de tener vocación su te sis de atipicidad de la conducta lo procedente sería dictar fal lo absolutorio de reemplazo, y aleatoriamente depreca la extil nción de la acción penal por prescripción, sin indicar cuále serían las normas aplicables con este propósito o los términos para su cómputo.

3. En si ntesis, se avizora que el demandante no distingue entr e la casación y un alegato de instancia, toda vez que esta n o es sede propicia para que sin ningún rigor discuta una pr ovidencia que por ser la culminación de todo ene amparada por la doble presunción de un proceso vi Casación 43717 Inadmisión .

MARIA CRISTINA PONTON CASTILLEJO y otros acierto y legalidad, circunscribiéndose el libelo a una controversia subjetiva e inane para evidenciar por sí misma un vicio trascendente. En consecuencia, al no reunir las condiciones propias del recurso extraordinario, la demanda será inadmitida. CASACIÓN OFICIOSA Ha venido considerando la jurisprudencia de la Sala que en aras de los postulados de pronta y eficaz administración de justicia, una vez inadmitida la demanda de casación pero advertida una irregularidad que atenta contra las garantias de los derechos fundamentales, se impone, sin necesidad de correr traslado al Ministerio

Público, el deber de subsanar el yerro de manera inmediata para así reparar el agravio inferido, máxime cuando la Constitución y la ley le asignan a la Corte Suprema de Justicia la función de efectivizar el derecho material. (CSJ SP, 12 Sep 2007, Rad. 26967) Ello se menciona atendiendo que la Corporación vislumbra del estudio del expediente la violación al principio de legalidad de los delitos y las penas, ya que el sentenciador de primera instancia, al fijar las consecuencias provenientes del delito erró en el carácter que el legislador confiere a las penas de multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas que, tratándose del fraude procesal, proceden como penas principales y no accesorias, EN Casación 43717 Inadmision MARIA CRISTINA PONTÓN CASTILLEJO y otros imprecisión d la cual no se percató tampoco el juez ad quem. En ese contexto, ha de recordarse que la inhabilitación para el ejercici de derechos y funciones públicas se impuso por un términ igual al de la pena privativa de la libertad, esto es, el mín imo consagrado en el artículo 453 del Código Penal, seis (6) años, o lo que es lo mismo, setenta y dos (72) meses, minim que igualmente aplicó a la pena de multa. Empero, bajo esos mismos parámetros, se desconoció en lo referente a la nhabilitación que también tenía cabida fijarla en el mínimo d ontemplado en ese precepto, es decir, en cinco (5) años. El princiy io de legalidad de las penas es una garantía

fundamental que constituye un baremo al poder sancionatorio del Estado, en la medida que “Nadie podrá ser juzgado sino c nforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa’>. En consecuencia, la Corte procederá a casar de modo parcial a sentencia en el sentido de aclarar que las penas de mul ta e inhabilitación de derechos y funciones públicas proced en como penas principales, y a ajustar esta última al mínimo previsto en la ley que corresponde a sesenta (60) m EsES. Valga aclarar que la corrección de las penas en comento a la legalidad esulta procedente y no infringe la prohibición de reformatio in pejus, en tanto no hace más gravosa la situación de 1 s procesados. La decisión impugnada, en los : Código Penal, artic hlo 6 Casación 43717 Inadmisión . MARÍA CRISTINA PONTÓN CASTILLEJO y otros Y demás aspectos que no fueron objeto de modificación, permanece incólume. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

RESUELVE

1. INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor de MARÍA CRISTINA PONTÓN CASTILLEJO,

NÉSTOR RAFAEL RODELO ZABALETA y ALFONSO

VILLALBA ÁVILA.

2. CASAR DE OFICIO Y PARCIALMENTE el fallo recurrido, en el sentido de aclarar que las penas de multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuestas a los procesados proceden como penas principales. Así mismo, fijar esta ultima en sesenta (60)

meses.

3. PRECISAR que la decisión del ad quem se mantiene incólume en todos los demás aspectos que no fueron objeto de modificación.

Contra esta providencia no procede ningún recurso Cópiese, comuníquese, y cúmplase > — a >.

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO Presidente ~~ _ .. .-

4 Casación 43717 Inadmisión N MARÍA CRISTINA PONTÓN CASTILLEJO y otros ~. 7) La

JOSE BARCELÓ CAMACHO

JOSE TOS MARTINEZ

SEEN )

RNÁNDEZ CARLIER EUGENIO i

/

MARÍA for ALEZ MUNOZ

EL SA — J ame 1

AVO E 3 a aL

_EYDER PATIÑO CABRERA N m= — Torn SALAZAR CUÉLLAR" me , E pu e AMA ==

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO yA a

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria