CSJ - AP7154-2017(50227)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal EYDER PATIÑO CABRERA Magistrado ponente AP7154-2017 Radicación n. 50227 ol Acta 359 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017). MOTIVO DE LA DECISIÓN Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensora del Sargento Viceprimero de Infantería de Marina, SVCIM, PEDRO NEL UNI RENGIFO, en contra de la sentencia del 14 de diciembre de 2016, en virtud de la cual el Tribunal Superior Militar revocó el fallo absolutorio emitido por el Juzgado de Instancia de las Brigadas de Infantería de Marina de esa ciudad, al hallarlo responsable del delito de desobediencia. Casaciór. No. 50227

PEDRO NEL UN! RENGIFO

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

1. Los acontecimientos que dieron origen a la investigación consisten en que el 16 de abril de 2012, en reunión de la plana mayor del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 80 (BAFLIM 80) se impartió la orden verbal dirigida a que el suboficial SVCIM PEDRO NEL UNI RENGIFO asumiera el cargo de comandante del pelotón “ATACANTE 5”, ubicado en el Bajo Calima — municipio de Buenaventura, a partir del 19 de abril siguiente. En ésta última fecha se expidió la misma instrucción por escrito, sin embargo, no fue acatada por el procesado.

2. En lo que respecta a la actuación, el Juzgado 108 de

Instrucción Penal Militar de esa ciudad abrió investigación el 7 de juniol, adelantó indagatoria el 6 de julio? y resolvió situación jurídica el 16 de ese mes y año, absteniéndose de imponer medida de aseguramiento® y el 5 de octubre, tras considerar que la etapa se encontraba perfeccionada, remitió la actuación a la Fiscalía Penal Militar. 3.La Fiscalía Penal Militar ante el Juzgado de Primera Instancia de las Brigadas Fluviales de Infantería de Marina el 29 de octubre cerró investigacionS, pero, el 31 de diciembre revocó la determinación y ordenó nuevas pruebas, por lo que dispuso su remisión al juzgado de origen. ! Folios 11 y 12 cuaderno No. 1 Folios 70 al 76 ibídem. Folios 77 al 83 ibídem, 4 Folio 118 ibídem. $ Folios 121 ibídem. “ Folios 286 y 287 cuaderno No, 2. 8[ ¿e Casación No. 50227

PEDRO NEL UNI RENGIFO

4. Finalmente, el 28 de julio de 2015, se declaró acabada esa fase? y el 9 de diciembre se profirió resolución de acusación contra PEDRO NEL UNI RENGIFOS por el delito de desobediencia, contemplado en el artículo 96 de la Ley 1407 de 2010; determinación que fue ratificada el 27 de enero de 2016, tras ser recurrida horizontalmente por la defensa”.

5. Luego de efectuar audiencia de Corte Marcial!9, el 14 de junio, el Juzgado de Instancia de las Brigadas de Infantería de

Marina profirió sentencia absolutoria en favor del procesado!!., 6.El 14 de diciembre de esa anualidad, el Tribunal Superior Militar al conocer del recurso de apelación incoado por el fiscal penal militar, revocó integralmente el fallo recurrido y condenó a UNI RENGIFO, al encontrarlo responsable del delito de desobediencia, a veinticinco (25) meses de prisión, la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual y la separación absoluta de la Fuerza Pública!?.

7. Frente a esta última decisión la representante del acusado presentó la demanda de casación que procede a examinar la

Corte. LA DEMANDA La defensora identifica los sujetos procesales, realiza una síntesis de los hechos y la actuación, para lo cual cita algunos apartes de la sentencia de segundo grado, y 7 Folio 556 cuaderno No. 3. Folios 586 al 606 cuaderno No. 4. Folios 645 al 653 ibídem. 19 Folios 687 al 723 ibídem. " Folios 724 al 732 ibídem. "2 Folios 822 al 868 cuaderno No. 5. do Casación No, 50227 PEDRO NEL UNI RENGIFO anuncia, a través de la causal primera, la violación directa de la ley sustancial, «por exclusión del artículo 10 de la Ley 1407 de 2012 e interpretación errónea del 275 y 583 de la Ley 522 de 1999». En su apoyo, señala que la psicóloga MARIA DEL SOCORRO GRANJA MELÉNDEZ advirtió el padecimiento de un

trastorno ansioso por parte del procesado cor. «seis meses atrás de evolución», quien requería atención psiquiátrica inmediata y era un «sujeto de protección especial», por tanto, dice, se debió aplicar «el artículo 10 de la Ley 1407 de 2010 dándole un alcance extenso a los artículos 279 y 583 de la Ley 522 de 1999, en lugar de hacerles comportar consecuencias restrictivas como sucedió». En el mismo acápite, acusa al fallador de ignorar un memorial radicado el 27 de octubre de 2015, en el que ponía de presente «violaciones graves» con el poder de invalidar la actuación y que al ser desestimado, consecuentemente, se afectó el derecho fundamental al debido proceso de su representado. Comenta que, limitar el conocimiento de la alzada de forma exclusiva a los temas propuestos y prescindir de la solicitud de nulidad, -radicada con posterioridad a la interposición del recurso de apelación-, incidió de forma negativa en el resultado de la condena. En seguida, postula la aplicación indebida del canon 579 de la Ley 1058 de 2006, porque desde el auto que revocó el cierre de la investigación hasta la audiencia de ¿e Casacion Ne. 50227 PEDRO NEL UNI RENGIFO Corte Marcial transcurrieron mas de 3 anos, por lo que, señala, se configuró una «extralimitacion judicial». Luego, al interior de la causal segunda, fórmula dos reproches, el primero consistente en una nulidad por «vicios de garantía, al no proteger por principio de solidaridad los

derechos de defensa y debido proceso», debido a que el funcionario que fungió como fiscal, también actuó en la condición de «Juez de Instrucción Penal Militar», sin que se declarara impedido en la vista pública, además, fue quien apeló la sentencia de primera instancia. En segundo lugar, acusa a la sentencia de no resolver de fondo el escrito del 27 de octubre de 2016, sin ninguna motivación, esto, en razón a que el Tribunal omitió pronunciarse respecto de los fundamentos fácticos y normativos de la petición de nulidad al calificarla de una «simple recusación al fiscal».

Expresa que: «os memoriales son la vía idónea que establece la ley procesal para establecer comunicación entre el juez y las partes entonces, si los jueces no resuelven de fondo las comunicaciones sería equivalente a no ser escuchado, no habría violado flagrantemente el derecho de defensa».

Por último, plantea un cargo único al amparo de la causal tercera, porque la sentencia recurrida «violó indirectamente la norma sustancial por error de hecho de existencia, al omitir valorar la grabación y transcripción de la reunión del 23 de abril de 2012 y el fallo del proceso disciplinario abierto al procesado por los mismos hechos». Casación No, 50227 IN PELRO NEL UNI RENGIFO , Al efecto, manifiesta que el procedimiento administrativo terminó con archivo, las copias de la actuación fueron aportadas como prueba y hace cita de un pronunciamiento del Consejo de Estado, al parecer, para resaltar su mérito demostrativo. Por su parte, respecto del registro de audio y su transliteración, señala que, advierten el cambio de la orden

impartida por el superior jerárquico -que se juzga desobedecidaal acusado e indica que se omitió valorar esos elementos de conocimiento, legalmente aportados al trámite. Para terminar, solicita se case la determinación y en su lugar se confirme el fallo absolutorio de primera instancia. CONSIDERACIONES La actuación objeto de examen se tramitó bajo el rigor adjetivo de Ley 522 de 1999, Código Penal Militar, en atención a que de acuerdo con el Decreto 314 del 18 de febrero de 2014, la Ley 1407 de 2010 sólo empezó a aplicarse en el departamento del Valle del Cauca. lugar donde ocurrieron los hechos objeto de este juzgamiento, en el año de 2016. En virtud de lo anterior, la procedencia y trámite de la petición se regula por las normas del Código de Procedimiento de 2000, como lo tiene definido esta Salal3. '3 CSJ, SP, 28 sp. 2016, rad. 48713. el Casación No. 50227 PEDRO NEL UNI RENGIFO Desvirtuar la doble presunción de acierto y legalidad que recae sobre el fallo de segundo grado exige que la solicitud sea elaborada por quien acredite tener interés jurídico para impugnar, respetando, al efecto, las formalidades técnico jurídicas prescritas en la ley y la jurisprudencia. En ese sentido, la demanda debe ser íntegra en la formulación, suficiente, clara y precisa en su desarrollo y eficaz en la pretensión, de tal suerte que se debe soportar en los principios que rigen el recurso, en especial, los de

claridad, precisión, fundamentación, prioridad, no contradicción y autonomía, sin que sea viable argumentar a manera de un alegato de instancia. Sin embargo, el libelo que nos ocupa, no satisface los requisitos mínimos exigidos para su admisión, motivo por el cual no puede ser seleccionado. De acuerdo con lo previsto en el inciso 1° del artículo 205 del estatuto adjetivo precitado, el recurso extraordinario de casación procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y por el Tribunal Penal Militar, cuando se trata de delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, pero, de no cumplir el fallo con los presupuestos descritos, el legislador facultó a la Corte para que, de manera excepcional, admita las demandas que se ajusten a los requisitos legales, siempre que lo considere necesario do Casaciór No. 50227 PEDRO NEL UNI RENGIFO para el desarrollo de la jurisprudencia o para garantizar derechos fundamentales. Por su parte, el canon 368 del Código Penal Militar de 1999, prevé un quantum distinto para acceder por la senda ordinaria, a saber: «que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de seis (6) años aun cuando la sanción impuesta sea una medida de seguridad». Por tanto, acorde con las normas aplicables al caso concreto, debe advertirse, en primer lugar, que la conducta de desobediencia tiene prevista una pena de dos (2) a tres (3) años de prisión, supuesto que determina la improcedencia de la casación a través del camino regular,

como queda expuesto. Siendo lo anterior así, es evidente que la demandante estaba obligada a acreditar la necesidad de avocar el conocimiento del asunto excepcionalmente «para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales», sin embargo, omitió por completo la exigencia procesal en mención, limitándose a invocar el recurso por la vía común u ordinaria, creyendo tener pleno acceso a esa modalidad, sin advertir que lo procedente era acudir a la vía excepcional. Adicionalmente, los cargos propues:os tampoco superan el juicio lógico jurídico de admisión. Las siguientes son las razones: Señala, con base en la causal primera del artículo 181 del estatuto procesal de 2004, la violación directa de la ley E eb Casación No. 50227 PEDRO NEL UNI RENGIFO sustancial, por falta de aplicación del artículo 10 del Código Penal Militar de 2010, junto con la interpretación errónea de las disposiciones 279 y 583 del anterior ordenamiento castrense de 1999, y trae en su respaldo las afirmaciones de la psicóloga MARÍA DEL SOCORRO GRANJA MELÉNDEZ, quien declaró como testigo en el trámite. Como se observa, la actora cita el canon 181 del Código de Procedimiento Penal de 2004, sin atender que este asunto se tramita bajo el rito fijado en la Ley 600 de 2000, además, entremezcla dos postulaciones al interior de una misma ruta de ataque, en desmedro del principio de autonomía, y cimenta su cuestionamiento en una de las

declaraciones vertidas en juicio, en todo caso, sin demostración ni desarrollo argumentativo. Esa forma de proceder, obliga a recordar que, una correcta crítica por la senda de la violación directa de la ley sustancial exige el respeto irrestricto de la situación fáctica declarada en la sentencia y de la forma en que se valoraron las pruebas, a la vez que impone al impugnante precisar cómo ocurrió esa infracción, es decir, si fue por (i) falta de aplicación, (ii) aplicación indebida, o (iii) interpretación errónea. La primera surge cuando el juzgador reconoce una circunstancia de hecho pero no asigna la consecuencia en el derecho, de modo que deja de aplicar la norma que regula el caso concreto, ya sea porque la olvida, la desconoce, la tiene por derogada o inexequible o simplemente no es de su recibo. La segunda, tiene lugar cuando hay un equivoco en el proceso de adecuación típica, esto es, entre varias 9 Casación No, 50227 PEDRO NEL UNI RENGIFO disposiciones válidas escoge aquella que no corresponde al caso. Y, la tercera, implica un yerro hermenéutico del funcionario, puesto que le dio un sentido que no tiene o le asignó efectos distintos o contrarios a su contenido. El libelo objeto de examen incumple los requerimientos que anteceden, pero, además, la jurista pasó por alto expresar por qué se hacía imperiosa la intervención de la Sala en orden a hacer efectivos los propósitos del medio extraordinario. Igualmente, la referencia tangencial de una norma que, según su criterio, se dejó de aplicar y otras que

se interpretaron de forma equivocada, es insuficiente y se queda en un simple enunciado, no solo por lo escueto del reproche sino por la nula fundamentación del raismo. De igual forma, inadvierte el razonamiento del Tribunal, frente al argumento del padecimiento de “un trastorno ansioso por parte del acusado, como justiicación para inobservar la orden impartida por sus superiores. Al efecto, el ad quem, de forma puntual señaló que (...) Contrario a ello, lo cierto es que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que no había evidencia de la presencia de síntomas psicóticos asociados a su cuadro clínico compatible con un trastorno de ansiedad y depresión, que pudiera interferir en su capacidad de comprensión y autodeterminación, como tampoco afectaba tales esferas los medicamentos que estaba recibiendo, esto es, que el suboficial procesado entendía lo que hacía y podía regular su comportamiento conforme a dicho conocimiento. Es así como destacó que, la situación sicológica de PEDRO NEL UNI RENGIFO no fue el motivo expuesto para abstenerse de cumplir con el mandato de comandar el 10 CO Casación No, 50227 PEDRO NEL UNI RENGIFO pelotón, ni en el plenario descansa prueba de que esa circunstancia existió antes o de manera concomitante con la comisión del ilícito. En oposición, mediante informe técnico del Instituto de Medicina Legall4, se estableció que al momento del hecho, el procesado no padecía patología alguna que afectara la conciencia o la voluntad del

procesado. Por su parte, respecto al planteamiento alusivo a la violación del derecho al debido proceso porque no se estimó el escrito radicado por la defensa, luego de interpuesto el recurso de apelación, en el que advertía la nulidad de la actuación, se observa que el fallador reseñó: Finalmente habrá de recordarse a la nueva defensora de UNI RENGIFO, el carácter progresivo del proceso penal del cual se desprende el principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso, buscando con ello asegurar la vigencia de los principios constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica, en tanto se impone la obligación de realizar los actos procesales en un determinado momento, so pena que precluya su oportunidad, a más de garantizar una debida contradicción y permitir otorgar certeza sobre el momento en que se consolidara una situación juridica. Precisamente por ello se desatenderá las solicitudes y disquisiciones presentadas por fuera de términos que la ley establece, aunado a que esta Corporación no tiene competencia para conocer de las recusaciones elevadas contra fiscales de primera instancia, según lo consagrado en el artículo 279 de la Ley 522 de 1999. Como se ve, el juez colegiado se pronunció sobre ese punto, sin que sea dable imputarle la comisión de un error en relación con temas frente a los cuales no hubo discusión, precisamente, porque no hicieron parte de los fundamentos de la impugnación, pues, el recurso debe sustentarse en debida forma, ante el juez que profirió la

' Folios 529 al 532 cuaderno No. 3. 11 Casación No. 50227 PEDRO NEL UNI RENGIFO | decisión y, por fuerza del principio de limitació:1, al fallador de segundo grado, por regla general, no puede exigirsele que actúe más allá de su ámbito de su competencia, fijado por las partes en la alzada. Ahora, la litigante plantea también un ataque «por la aplicación indebida del artículo 579 de la Ley 1058 de 2006», según parece, por la extralimitación en el tiempo de la investigación al transcurrir más de tres (3) años desde el cierre hasta la audiencia de corte marcial. Lo anterior exige recordar que el cuestionamiento invocado debió encausarse con base en el numeral tercero del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, senda sometida a una serie de exigencias y principios de acuerdo con los cuales es imprescindible la correcta y cabal demostración del vicio alegado, así como la estricta constatación de su trascendencia en la actuación procesal objetada. Una acertada tacha por esta línea, apunta a que sólo es posible solicitar la nulidad por los motivos expresamente previstos en la ley (principio de taxatividad); cuien la alega debe especificar la causal que aclama y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya (principio de acreditación); el sujeto procesal que con su conducta haya contribuido a la configuración del error no puede invocarlo en su beneficio, excepto, en el evento de ausencia de tutela técnica (principio de protección); la

materialización de la irregularidad puede ser remediada mediante el consentimiento expreso o tácito del afectado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales (principio de convalidación); no procede la invalidación cuando 12 ol Casacién No. 50227 PEDRO NEL UNI RENGIFO el acto tachado de irregular ha cumplido el propósito para el cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa (principio de instrumentalidad); compete, también, la carga ineludible de demostrar no sólo la ocurrencia de la incorrección señalada, sino que ésta afecta de manera real y cierta las bases fundamentales del debido proceso o las garantías constitucionales (principio de trascendencia) y, además, que para enmendar el agravio no existe remedio procesal distinto a la declaratoria de nulidad (principio de residualidad). La apoderada judicial, aparte de equivocar la ruta, no es clara ni precisa en la circunstancia irregular que propiciaría el efecto perseguido (principio de acreditación); obvió, además, la exigencia lógica, de acuerdo con la cual, el reproche debe presentarse en orden de prioridad de acuerdo con el radio o alcance invalidante. Aun asi, se observa que la inconformidad se circunscribe a que en la fase de instrucción «ranscurrieron desde el auto que revoca el cierre de la investigación hasta la práctica del dictamen pericial, el 1 de enero de 2015, dos años, y desde el mencionado auto hasta la audiencia de Corte Marcial transcurrieron más de tres años», anomalía que ve reflejada en la «extralimitación judiciab de los plazos para adelantar la

investigación. El argumento expuesto carece de rigor, toda vez que la simple y objetiva dilación o exceso de los términos en esa fase no es motivo suficiente para enervar lo actuado, pues, el acto e Casación No. 50227 PEDRO NEL UNI RENGIFO tachado de irregular cumplió el fin para el cual estaba destinado sin lesionar el derecho de defensa. Ignora la impugnante en su exposición que, la revocatoria, del 31 de diciembre de 201215 tuvo como sustento una solicitud de la apoderada del acusado de ese momento, la cual motivó la necesidad de evecuar nuevos elementos de prueba y la misma no fue clausurada hasta que se perfeccionó su recaudo, el 28 de julio de 201516. En esas condiciones, queda expuesta la absoluta confusión conceptual en la que se encuentra la profesional, asi como lo infundado del reproche, abiertamente incomprensible, y sin la mínima carga argumentativa necesaria para entender el sentido de la violación, la afectación que por virtud de ella sufrió el scusado y su trascendencia. A su tumo, en lo que corresponde a la queja porque quien actuó por un periodo como Juez de Instrucción Penal Militar, fungiera, con posterioridad, como fiscal en la audiencia de juzgamiento, es claro que también debió postularse conforme los derroteros expuestos en precedencia; aunado a ello, lo cierto es que la alegación reposa huérfana, sin estructura ni desarrollo y, simplemente, se limita a enunciarla desde su óptica personal y subjetiva. Para lograr acreditar un reparo que involucre esa

pretensión, es indispensable que la proposición se ajuste a '5 Folio 286 cuaderno No. 2. ' Folio 556 cuaderno No. 3. Casación No. 50227 PEDRO NEL UNI RENGIFO específicas pautas de demostración, en las que se ponga de manifiesto en qué consistió la irregularidad y sus efectos negativos en la situación del enjuiciado, haciendo ver que procesalmente no hay manera distinta de enmendar el perjuicio irrogado y, lo más importante, la incidencia determinante en la decisión impugnada, sin dejar de observar, los principios que orientan el instituto y su convalidación. Los planteamientos expuestos por la censora no acreditan el advenimiento de irregularidad alguna, en atención a que la labor del juez de instrucción, en la fase de investigación, se circunscribe al recaudo de material probatorio, en sentido estricto, a través de una actividad de trámite, pues, quien decide si existe mérito para formular una acusación, es el fiscal, el cual, a su turno, participa en la diligencia marcial en calidad de sujeto procesal, sin que se acredite, en ese contexto, incompatibilidad alguna, ni mucho menos que en razón a la intervención del funcionario se afligieran los derechos o garantías del procesado, por lo que el argumento resulta intrascendente. Digase también que, frente al último reparo, soportado en la causal tercera de casación por «wiolación indirecta de la norma sustancial por error de existencia al omitir valorar la grabación y trascripción de la reunión del 23 de abril de 2012 y el fallo disciplinario abierto al procesado por los

mismos hechos», es necesario reseñar que si se trata, como pretende el demandante, de hacer ver incurso al ad quem en un error de hecho por falso juicio de existencia, al interior del concepto de la violación indirecta de la ley sustancial, la vía de ataque se identifica con la 15 Casación No. 50227 PED 20 NEL UNI RENGIFO materialización de vicios de naturaleza probatoria de dos clases distintas: de derecho y de hecho. Los errores probatorios de hecho, a diferericia de los de derecho, obligan a quien los invoca a aceptar que la prueba, respecto de la que los alega, fue reconocida por el funcionario como legal, regular y oportunamente allegada al plenario, toda vez que lo discutido constituye vicios fácticos que se desarrollan en tres modalidades: falso juicio de existencia, falso juicio de identidad y falso raciccinio. En ese orden, incurre en falso juicio de existencia el fallador que omite apreciar el contenido de un medio de conocimiento legalmente aportado al trámite (por omisión), o cuando, por el contrario, hace precisiones fácticas a partir de un instrumento de convicción que no forma parte del proceso, o que no pertenecen a ninguno de los allegados (por suposición). Para su acreditación, basta con identificar el contenido del elemento de convicción omitido y el lugar en el que éste se halla adosado a la actuación, o con señalar la precisión fáctica que le corresponde, extraño al procedimiento o que no pertenece a alguno de los debidamente aportados. Es necesario también demostrar su trascendencia o, lo que es

lo mismo, que de no haberse incurrido en él, la declaración de justicia hecha en la sentencia habría sido distinta y favorable a la parte que alega el respectivo dislate. Pues bien, el estudio detallado del expeciente permite descubrir que el material probatorio echado de menos por la recurrente, en efecto, se solicitó así: en primer lugar, el fallo 16 Casacion No. 50227 PEDRO NEL UNI RENGIFO disciplinario con escrito de fecha 30 de marzo de 201617, pero, fue negado mediante auto del 31 de marzo siguiente!8; después, en el curso de la audiencia de corte marcial, la defensa pidió tener como prueba la grabación del encuentro del 23 de abril de 2012, junto con la transliteración, y se insistió en el traslado de la actuación administrativa con el respectivo pronunciamiento, empero, fueron desestimadas por el Juez de Primera Instancia de las Brigadas de Infantería de Marina, determinación que quedó en firme. Con todo, contrario a lo expuesto por la impugnante, esos elementos de convicción nunca fueron solicitados, decretados, ordenados y practicados en juicio, y sólo se aportaron, de manera extemporánea, con el memorial allegado por la defensora, posterior a la interposición del recurso de apelación, de manera que lo expresado va en contravía del principio de corrección material, acorde con el cual las razones, fundamentos y contenido del ataque deben corresponder en un todo con la realidad procesal. (CSJ AP, 29 jun. de 2016, rad. 46318). En este contexto, sin parar en reparos frente a las

precariedades del reproche, en atención a que se trata de primera condena en segunda instancia, y auscultando que, en esencia, la pretensión se centra en cuestionar el mérito atribuido a la orden impartida a su poderdante, al sugerir que la misma fue objeto de variación, la Corte procederá, en orden a satisfacer la doble conformidad, a evaluar las premisas fácticas que rodearon ese puntual aspecto. V7 Folio 679 cuaderno No 4. ' Folios 676 y 677 ibidem. 17 Ze Casacion No. 50227

PED: 20 NEL Uni RENGIFO Al contrastar las censuras propuestas con la sentencia, encuentra la Sala que, el Tribunal precisó que al Sargento Viceprimero PEDRO NEL UNI RENGIFO le fue dada la orden de asumir el cargo de comandante del pelotón “Atacantes 5” en el Bajo Calima, por parte del comandante del Batallón Fluvial de Infantería No. 80, a partir del 19 de abril de 2012.

Es así como, el 16 de abril, en reunión de Plana Mayor, de forma verbal se impartió la aludida instrucción, el 18 siguiente, el acusado solicitó entrevistarse con el comando del batallón para «tratar asuntos de gran importancia», en la que expuso ante sus superiores que «en algunos casos no se tiene en cuenta las habilidades adquiridas por los suboficiales para desempeñarse en los cargos, insinuando que algunos cargos dentro de la planta mayor son nombrados por caras», por ende, solicitó se le dé un «rato justo de acuerdo a su grado, experiencia, conocimientos y habilidades»”,

El mismo procesado dejó constancia de que hacía su petición dejando a salvo que hasta el momento no había sido objeto de trato indigno ni estigmatización, pero, que no iba a permitir que le sucediera lo que le pasó en Puerto Leguizamo. El Comandante del Batallón, José ALBEIRO GARCÍA ALBARRACÍN, intervino en el sentido de precisar que, en los dos meses que llevaba observaba un buen desempeño, que no tenía un mal concepto del suboficial y que el motivo de la designación se basaba, exclusivamente, en la necesidad 1 Folios 3 al 5 carpeta No. 1. LO Casación No. 50227 PEDRO NEL UNI RENGIFO de personal y del servicio. Además, asumir la comandancia de una unidad no es proporcionar un trato injusto. El 19 siguiente, se ratificó la determinación mediante señal escrita No. 190945R2°, para que UNI RENGIFO «se desempeñe como comandante del pelotón “Atacante 5”. El día 20 del mismo mes, el procesado elevó un escrito?! en el que solicitaba un trato acorde con su cargo, antigúedad y experiencia, empero, sin acatar el designio. Ante la negativa de cumplir el imperativo, el 23 abril se efectúo otra reunión en la que se le asignó, de nuevo, a su anterior puesto en Lleras y se le requirió exponer los argumentos por los cuales no atendió la orden. Es pertinente, en este estadio, referir las inferencias realizadas por el Tribunal con base en las declaraciones de los testigos que concurrieron al proceso: Con sustento en la declaración del Mayor HENRY

ALEXANDER VELÁSQUEZ BLANQUICETT, Segundo Comandante del Batallón Fluvial de Infantería Marina No 80, para el momento del hecho, señaló: (...) Fue así como el Mayor HENRY ALEXANDER VELÁSQUEZ BLANQUICETT, segundo comandante del BAFLIM 80, indicó sobre la necesidad de relevar al subteniente JONATHAN PADILLA CALA de comandante de la patrulla “ATACANTE 5”, designando para el efecto al señor SVCIM. UNI RENGIFO quien en su momento se desempeñaba como comandante del puesto ubicado en el barrio LLERAS. Sin embargo, el 18 de abril de 2012 asistió a una reunión ordenada por el comandante del batallón, en la que el mencionado suboficial solicitó un trato justo acorde con su grado y antigiiedad, ante lo cual le indicaron que venía realizando un buen trabajo y que nombrarlo al mando de una patrulla de ? Folio 6 ibídem. 2 Folios 7 y 8 ibídem. Casacién No. 50227 PEDI20 NEL UNI RENGIFO contraguerrilla no era denigrarlo, que se trataba dz un cargo afin con la misionalidad de la unidad táctica a la que pertenecía, a su experiencia y grado (...) Afirmó que pasados 5 días no se habia realizado el relevo por lo cual se reunieron nuevamente con el sargento UNI el 23 de abril, donde el suboficial insistió len] que le respetaran su grado y antiguedad y el comandante del Batallón consideró que le había dado una orden clara, sencilla, concisa y

lógica, por lo que ante su negativa se debían adelantar las acciones penales y disciplinarias respectivas (...). Asimismo, de lo manifestado por el sargento mayor JHONNY EDGAR ARIZALA VALENCIA, asesor del comandante para el momento de la orden, manifestó: (...) nosotros nos reunimos el señor coronel GARCIA, mi mayor VELÁSQUEZ, el sargento UNI y mi persona, en las horas de la noche en la cámara de oficiales y suboficiales d