CSJ - APL1473-2026

Corte Suprema de Justicia

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Título: CSJ - APL1473-2026
Autor: Corte Suprema de Justicia
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: General
Año: —

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente APL1473-2026 No. 110010230000202501432-00 Aprobado Acta n.º 13 N.º 101 (Aprobado en Sala Plena de cinco de marzo de dos mil veintiséis) Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

La Corte decide el conflicto de competencia que se suscitó entre las Salas Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa y Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, para conocer de la impugnación presentada contra el fallo de primera instancia, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, en el trámite de la acción de tutela que Marleny Anacona Bermeo, Jairo Anacona Bermeo, Humberto Anacona Bermeo y otros, en calidad de «comuneros del resguardo indígena Yachay Wasi del pueblo indígena yanacona», promovieron contra la Concesionaria Ruta al Sur SAS, Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.No. 110010230000202501432-00 2

I. ANTECEDENTES

1. Ante los Jueces de Mocoa, los actores pidieron el amparo constitucional de los derechos fundamentales a «la consulta previa, participación, vivienda, ambiente sano, los usos y costumbres, identidad cultural y pervivencia».

amparo constitucional de los derechos fundamentales a «la consulta previa, participación, vivienda, ambiente sano, los usos y costumbres, identidad cultural y pervivencia». Relataron que la Concesionaria Ruta al Sur SAS ejecuta el proyecto vial «Neiva–Mocoa–Santana, Unidad Funcional 6, Sector Variante Mocoa»; que en el año 2017 la empresa Aliados para el Progreso SAS adelantó un proceso de consulta previa con el Resguardo Yachay Wasi, el cual culminó con la firma de un acta de protocolización de acuerdos ante el Ministerio del Interior y que en ese momento el trazado de la vía no afectaba directamente el territorio ancestral del resguardo. Expusieron que, en el año 2023, con la cesión del contrato a la Concesionaria Ruta al Sur SAS, se introdujeron modificaciones al diseño del proyecto que generaron afectación directa sobre el territorio indígena, por lo que, entre agosto de 2024 y abril de 2025 se desarrollaron reuniones para identificar impactos sobrevinientes de las obras; pero que varias familias, incluidas las accionantes, no fueron convocadas pese a encontrarse dentro de la zona de influencia.No. 110010230000202501432-00 3 Sostuvieron que la Concesionaria reconoció parcialmente los impactos reportados por la comunidad y manifestaron que el tránsito constante de maquinaria

3 Sostuvieron que la Concesionaria reconoció parcialmente los impactos reportados por la comunidad y manifestaron que el tránsito constante de maquinaria pesada ha generado derrumbes, vibraciones, ruidos y agrietamientos en las casas cercanas, afectando su tranquilidad, su entorno ambiental y su relación espiritual con el territorio ancestral. Pretendieron a través de la acción de tutela que promovieron, que se ordenara a la Concesionaria y al Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa –, generar los espacios de diálogo y concertación necesarios con las familias afectadas que no participaron en las jornadas anteriores; que la Concesionaria garantice la logística para el desarrollo de dichos espacios; y como medida cautelar solicitaron la suspensión de las obras adelantadas, hasta tanto se identifiquen los impactos generados al resguardo indígena.

2. Asignado el conocimiento al Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de MocoaPutumayo, mediante auto de 21 de octubre de 2025 admitió la acción de tutela y, luego de impartirle el trámite pertinente, el 4 de noviembre siguiente declaró improcedente el amparo, al no cumplirse el requisito de subsidiariedad.

3. La parte accionante impugnó la decisión referida, la cual se concedió por auto del 11 de noviembre de 2025 y seNo. 110010230000202501432-00

al no cumplirse el requisito de subsidiariedad.

3. La parte accionante impugnó la decisión referida, la cual se concedió por auto del 11 de noviembre de 2025 y seNo. 110010230000202501432-00 4 remitió al Centro de Servicios Judiciales de MocoaPutumayo.

4. El expediente se remitió por reparto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa –Sala Unitaria– , el cual mediante proveído de 20 de noviembre de 2025, del Magistrado Ponente, se abstuvo de conocer del asunto al advertir que conforme al factor funcional el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela, es del superior jerárquico correspondiente, en los términos del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y que para el presente caso el Acuerdo PCSJA24-12141 de 30 de enero de 2024, modificó el mapa judicial de los juzgados civiles especializados en restitución de tierras y estableció que el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa pertenece al Distrito Judicial Civil Especializado en Restitución de Tierras de Cali, de modo que, aunque ese juzgado está en Mocoa, su conexión jurídica es con Cali.

Por lo anterior, remitió el expediente a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de esa ciudad.

5. A través de decisión de 26 de noviembre de 2025, el Magistrado ponente de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali también

Especializada en Restitución de Tierras de esa ciudad.

5. A través de decisión de 26 de noviembre de 2025, el Magistrado ponente de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali también rechazó la atribución con fundamento en que la competencia en segunda instancia de las acciones de tutela dentro de la especialidad civil de restitución de tierras, según el Acuerdo PSAA13-9866 de 2013, corresponde al Tribunal Superior conNo. 110010230000202501432-00 5 jurisdicción en la sede territorial del juzgado que falló en primera instancia, directriz aplicada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en los APL4618-2024 y APL70712024, por la Corte Constitucional en autos A-101, A-102 y A103 de 2013; A-225 y A-226 de 2018, y más reciente por la

Sala de Casación Civil, Agraria y Rural en ATC2094-2025 con ponencia del Magistrado Juan Carlos Sosa Londoño. Agregó que si bien el Acuerdo PCSJA24-12141 de 2024 reorganizó el mapa judicial, es una norma de carácter orgánico-administrativo, pero no derogó, ni expresa ni tácitamente, el artículo 3º del Acuerdo PSAA13-9866 de 2013 y que no existe incompatibilidad entre la nueva estructura administrativa y la vigencia de la regla procesal especial para tutelas; la primera rige la competencia en la especialidad de tierras y la segunda, gobierna la competencia en la jurisdicción constitucional, que por su naturaleza exige celeridad y proximidad.

tutelas; la primera rige la competencia en la especialidad de tierras y la segunda, gobierna la competencia en la jurisdicción constitucional, que por su naturaleza exige celeridad y proximidad. En el caso concreto, reafirmó que el Tribunal Superior de Mocoa es el competente para conocer la segunda instancia, dado que el juzgado de primera instancia tiene sede en esa ciudad, atribución que no ha sido modificada por normas posteriores. De acuerdo con lo anterior, suscitó el conflicto negativo de competencia y lo remitió a esta Corporación para su solución.No. 110010230000202501432-00 6

II. CONSIDERACIONES Como el conflicto se presenta entre salas de diferentes especialidades, Única (integrada por tres magistrados de especialidad civil, laboral y penal respectivamente) y Civil Especializada en Restitución de Tierrasy de Tribunales de distintos Distritos Judiciales -Mocoa y Cali-, le corresponde a la Sala Plena de esta Corporación dirimir el conflicto suscitado, de conformidad con el artículo 17, numeral 3 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 1.º del artículo 18 ibidem, dada la competencia residual que le ha sido asignada respecto de asuntos que por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus Salas especializadas o a otra autoridad judicial1 .

En el asunto puesto a consideración de la Corte, se trata de definir cuál es el funcionario competente para resolver la impugnación interpuesta contra la sentencia de tutela de

a otra autoridad judicial1 . En el asunto puesto a consideración de la Corte, se trata de definir cuál es el funcionario competente para resolver la impugnación interpuesta contra la sentencia de tutela de primera instancia que el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa-Putumayo profirió el 4 de noviembre de 2025. Para tal propósito, cumple advertir que, en asuntos análogos al presente, la Corte consideraba que la competencia radicaba en el tribunal superior con jurisdicción en la sede territorial del juzgado que falló en primera instancia. Sin embargo, luego de un nuevo estudio, aquella tesis fue recogida mediante decisión del 20 de marzo de 2025

1 CSJ APL5593-2022 01 dic. 2022 rad 2022-01453-00 y APL3243-2022 14 jul. 2022 rad. 2022-00830-00, entre otros.No. 110010230000202501432-00 7 (APL1949-2025 rad. 2025-00135 M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez), con el fin de precisar que, de manera consistente, la Corte ha señalado que para determinar cuál autoridad judicial debe conocer en segunda instancia una impugnación de tutela, el criterio aplicable es el factor funcional, lo que implica que esa competencia corresponde al superior jerárquico del juez que emitió l a decisión en primera

instancia, lo cual se desprende de lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, que establece que, una vez presentada la impugnación, el expediente debe ser remitido al superior jerárquico correspondiente. Término este último que, según lo interpretado por esta Corporación, hace referencia a la especialidad funcional del órgano judicial que ejerce esa superioridad. En esa línea, es necesario tener en cuenta el cambio relacionado con la estructura jerárquica de los distritos judiciales civiles especializados en restitución de tierras que se estableció en los Acuerdos PCSJA24-12141 (modificado por el Acuerdo PCSJA24-12142): (…) Artículo 4. Conformación de los distritos judiciales civiles especializados en restitución de tierras. Los distritos judiciales civiles especializados en restitución de tierras quedarán conformados de la siguiente manera:

DISTRITOS JUDICIALES CIVILES ESPECIALIZADOS EN

RESTITUCIÓN DE TIERRASNo. 110010230000202501432-00

8 Distrito s j udi cia l es civ i l es e s pec i ali z ado s en r e s t itu ción de t ierra s Cir cuit os jud ici a l es civ i les e s pec i ali z ado s en r e s t itu ción de t ierra s A n t i o q u i a A p a r t a d ó M o n t eríaA n t i o q u i a

Q u i b d ó Cund i n a m a rca F l orencia Iba g ué Nei v a B o g otá V i lla v i c e n cio Cal i M o c oa P o p a y án P a s to Cal i P ere i r a Carme n de Bo l í v ar S a n t a M a r ta Sin c e l e j oCartag e na V a l l e d u p ar B arr a n c a b e r m e j a B u c aram a n gaCúc uta Cúc uta Luego, según el mapa judicial establecido para los distritos judiciales civiles especializados en restitución de tierras, puede afirmarse que el superior jerárquico y funcional de los Juzgados del Circuito Especializados en Restitución de Tierras de Mocoa es la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por lo que es a esa autoridad a quien le corresponde asumir el conocimiento de la impugnación presentada contra la sentencia que el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa profirió el 4 de noviembre de 2025, en la acción de tutela que Marleny Anacona Bermeo, Jairo Anacona Bermeo, Humberto Anacona Bermeo y otros, en calidad de «comuneros del resguardo indígena Yachay Wasi del pueblo indígena yanacona» , promovieron contra la Concesionaria Ruta al Sur SAS, Ministerio delNo. 110010230000202501432-00 9 Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta

contra la Concesionaria Ruta al Sur SAS, Ministerio delNo. 110010230000202501432-00 9 Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. En consecuencia, el expediente será remitido a dicha autoridad judicial para su trámite.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

en Sala Plena, RESUELVE Primero: Declarar que la competencia para conocer la impugnación en la acción de tutela promovida por Marleny Anacona Bermeo, Jairo Anacona Bermeo, Humberto Anacona Bermeo y otros, corresponde a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Remítasele el expediente.

Segundo: Comunicar lo decidido a la otra sala involucrada en este conflicto y a los accionantes, haciéndoles llegar copia de la providencia.

Tercero: Librar por Secretaría los oficios correspondientes.

Notifíquese y cúmplase.

Secretaria GeneralNo. 110010230000202501432-00 12 SALVAMENTO DE VOTO De manera respetuosa, expongo las razones por las cuales no comparto el criterio mayoritario de la Sala Plena de esta Corporación, que decidió resolver el conflicto de competencia planteado con fundamento exclusivo en el factor funcional, dejando de lado el aspecto territorial.

esta Corporación, que decidió resolver el conflicto de competencia planteado con fundamento exclusivo en el factor funcional, dejando de lado el aspecto territorial. Considero, además, que debía tenerse en cuenta que los despachos involucrados pertenecen a la misma especialidad civil, por lo que aquellos criterios (funcional y territorial) deberían armonizarse conforme a lo previsto en el Acuerdo PSAA13-9866 del 13 de marzo de 2013. En efecto, la expresión «superior jerárquico» a la que se refiere el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 fue analizada por la Corte Constitucional y en el Auto 486 de 2017 recordó lo siguiente: « Al respecto, la Sala Plena observa que la aplicación de las reglas de conocimiento de la impugnación contenidas en la disposición bajo referencia se ajusta a los mandatos del legislador extraordinario, pues debe observarse que cuando éste ha hecho referencia a la asignación del asunto al “superior jerárquico correspondiente” alude necesariamente la especialidad de la autoridad judicial que funcionalmente funge como superior jerárquico » (resalto propio). Téngase en cuenta que, según la línea decantada por la Corte Constitucional, en el concepto de superior jerárquico alNo. 110010230000202501432-00 13 que alude el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y por cuya virtud se determinan las reglas para que los jueces que conforman la jurisdicción en el país resuelvan las

13 que alude el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y por cuya virtud se determinan las reglas para que los jueces que conforman la jurisdicción en el país resuelvan las impugnaciones de los fallos de tutela, es determinante la especialidad del juez de primera instancia, porque es a partir de este elemento que se realiza la selección del respectivo superior llamado a definir la impugnación. En este sentido, se resalta que en lo que atañe a la jurisdicción ordinaria, concretamente la especialidad civil, el Acuerdo PSAA13-9866 proferido el 13 de marzo de 2013, por el Consejo Superior de la Judicatura, establece que «la especialidad de restitución de tierras hace parte de la jurisdicción ordinaria civil y se reglamenta el reparto a los Jueces y Magistrados de la Jurisdicción Civil especializados en restitución de tierras» (negrillas fuera de texto). Con base en dicha lógica, el mismo Acuerdo previó que en los casos en que una acción de tutela o habeas corpus sean resueltos en primera instancia por un Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, el conocimiento de la segunda instancia « corresponderá al Tribunal Superior que ejerza sus funciones jurisdiccionales en la Sede del despacho que tramitó la primera instancia», según lo previsto en el parágrafo del artículo 3º del Acuerdo PSAA13-9866 de 2013. Al respecto, es apropiado reiterar lo señalado por la

lo previsto en el parágrafo del artículo 3º del Acuerdo PSAA13-9866 de 2013. Al respecto, es apropiado reiterar lo señalado por la Corte Constitucional en Auto 226 de 2018, en un ConflictoNo. 110010230000202501432-00 14 de competencia suscitado entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa – Sala Única de Decisión y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Civil Especializada en Restitución y Formalización de Tierras: «(…) en lo que refiere a la competencia funcional la Corte Constitucional mediante Autos 102 y 103 de 2013 resolvió dos conflictos de competencia similares al que ocupa la atención de la Sala Plena y precisó que en materia de restitución de tierras, acorde con el artículo 3° del Acuerdo N° PSAA 13-9866 ] , la impugnación del trámite de tutela lo conocerían los Tribunales Superiores del Distrito Judicial que ejercieren funciones jurisdiccionales en la sede de cada uno de estos juzgados especializados, es decir que, “debe entenderse en el sentido de que en aquellos casos en los que la supuesta vulneración o amenaza sea en un lugar distinto al de la sede del Distrito Judicial, la segunda instancia de las solicitudes de amparo constitucional

en aquellos casos en los que la supuesta vulneración o amenaza sea en un lugar distinto al de la sede del Distrito Judicial, la segunda instancia de las solicitudes de amparo constitucional deberá surtirse ante el Tribunal Superior con jurisdicción en la sede del despacho que tramitó la primera instancia”.

Lo anterior, dado que el trámite de segunda instancia dentro de los expedientes que contienen acciones de tutela se debe efectuar de manera célere, en tanto lo que está en discusión es la protección inmediata de derechos fundamentales. En ese orden de ideas, la definición de los distritos judiciales que efectuó el Consejo Superior de la Judicatura para determinar la competencia territorial de las Salas Civiles Especializadas en Restitución de Tierras de los Tribunales Superiores puede en un momento determinado intrincar el cauce de un mecanismo constitucional que requiere prontitud en su resolución». Obsérvese que, entre las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, el numeral 12 del artículo 85 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, le otorga las de «Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las Salas de éstos y los Juzgados, así como crear Salas desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades deNo. 110010230000202501432-00 15 éstos. Para el efecto deberá establecer un mecanismo de

los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades deNo. 110010230000202501432-00 15 éstos. Para el efecto deberá establecer un mecanismo de atención oportuna y eficaz de los requerimientos formulados por los Juzgados y Tribunales, para su correcto funcionamiento» (resaltado intencional). En esta línea, se puede apreciar que el diseño normativo adoptado por el Consejo Superior de la Judicatura en el año 2013 no solo delimitó la inserción orgánica de la especialidad de restitución de tierras dentro de la jurisdicción civil ordinaria, sino que también estableció reglas específicas de reparto y competencia orientadas a garantizar coherencia funcional y territorial entre los despachos que conocen de tales asuntos. De ahí que, atendiendo a la finalidad del Acuerdo PSAA13-9866 y a la facultad constitucional y legal atribuida al Consejo Superior para estructurar, ubicar y redistribuir los órganos jurisdiccionales, la resolución de las impugnaciones en acciones constitucionales se realizara conforme a la asignación funcional prevista y acorde con el criterio territorial que asegura la correspondencia entre las autoridades de primera y segunda instancia. Ahora bien, es cierto que en el año 2024 el mismo Consejo Superior de la Judicatura expidió los Acuerdos

PCSJA24-12141 del 30 de enero y PCSJA24-12142 del 31 del mismo mes. Sin embargo, ninguna de esas disposiciones se refirió ni reguló nada en relación con el criterio territorial previsto en el parágrafo del artículo 3° del Acuerdo PSAA139866, el cual ha venido rigiendo en este campo desde el año 2013, ni para modificarlo ni derogarlo. En efecto, el objetivoNo. 110010230000202501432-00 16 de aquellos Acuerdos consistió en compilar la composición territorial a nivel nacional de la jurisdicción de restitución de tierras, que, en verdad, es un aspecto que no estaba previsto en el Acuerdo de 2013. Lo anterior se puede verificar con la lectura de los epígrafes de los citados Acuerdos, así: PSAA13-9866 proferido el 13 de marzo de 2013 «Por el cual se precisa que la especialidad de restitución de tierras hace parte de la jurisdicción ordinaria civil y se reglamenta el reparto a los Jueces y Magistrados de la Jurisdicción Civil especializados en restitución de tierras». PCSJA24-12141 del 30 de enero de 2024 y PCSJA24-12142 del 31 de enero de 2024 «Por el cual se modifica el mapa judicial de los despachos civiles especializados en restitución de tierras». «Por el cual se modifica el mapa judicial de los despachos civiles especializados en restitución de tierras».

Nota: La modificación consistió en precisar que el circuito de restitución de tierras de Valledupar hacía parte del Distrito Judicial de

Cartagena.

especializados en restitución de tierras».

Nota: La modificación consistió en precisar que el circuito de restitución de tierras de Valledupar hacía parte del Distrito Judicial de

Cartagena.

Del comparativo de los tres Acuerdos en cuestión, emerge con claridad que el de 2013 dispuso que laNo. 110010230000202501432-00 17 especialidad de restitución de tierras hace parte de la jurisdicción ordinaria civil y por ende, atribuyó la competencia en segunda instancia de las acciones de tutela y habeas corpus, sin ninguna reserva ni restricción, a los Tribunales Superior que ejerza sus funciones jurisdiccionales en la “Sede”2 del despacho que tramitó la primera instancia, teniendo en cuenta que el ámbito específico de esta última disposición, está circunscrita a asuntos constitucionales y no a las competencias concretas de las que conocen los jueces especializados creados mediante Acuerdo PSAA-12-9265 con fundamento en el artículo 79 y 119 de la Ley 1448 de 2011. Lo anterior tiene todo el sentido, si se tiene en cuenta que el objetivo de la tutela es la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, constituyéndose entonces en un eje temático completamente transversal, que

derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, constituyéndose entonces en un eje temático completamente transversal, que ninguna conexión específica tiene en el ámbito de la restitución de tierras Por lo anterior, la competencia quedó adscrita, de manera genérica, a la jurisdicción ordinaria civil que incluye tanto a las Salas Civil; Civil y de Familia; Civil, Familia y Laboral; Única; y Civil Especializada en Restitución de Tierras, dado que estas últimas, se reitera, por mandato del

2 ARTÍCULO 3° - Las acciones de tutela y los habeas corpus se repartirán entre todos los Jueces y Magistrados, incluidos los especializados en restitución de tierras. PARÁGRAFO. - Para los efectos de este artículo, la segunda instancia de los procesos que conocen los Jueces Civiles de Circuito especializados en restitución de tierras corresponderá al Tribunal Superior que ejerza sus funciones jurisdiccionales en la Sede del despacho que tramitó la primera instancia.No. 110010230000202501432-00 18 Acuerdo PSAA13-9866 «hace parte de la jurisdicción ordinaria civil». Adicional a los argumentos constitucionales y legales expuestos sobre la asignación de competencia, se encuentra justificación en que el trámite de la acción de tutela, conforme lo establece el artículo 3 del Decreto 2591 de 1991, se desarrolla con arreglo a los principios de publicidad,

justificación en que el trámite de la acción de tutela, conforme lo establece el artículo 3 del Decreto 2591 de 1991, se desarrolla con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia, que rigen con especial rigor en asuntos de esta naturaleza, los cuales exigen su oportuna resolución debido a la clase de derechos fundamentales comprometidos. En este contexto, la cercanía entre los usuarios y las sedes judiciales que conocen incluso de la segunda instancia constituye un factor relevante, no solo por la vigencia del Acuerdo PSAA13-9866 de 2013 que así lo dispone, sino también por las ventajas que dicha proximidad puede representar para facilitar el acceso de los usuarios a la autoridad judicial competente, dando prevalencia a tramitar el asunto de manera preferente, sumaria para la protección inmediata de derechos fundamentales. En suma, resalto lo siguiente: El Acuerdo PSAA13 9866 de 2013 dispuso que la especialidad de restitución de tierras hace parte de la jurisdicción ordinaria civil y asignó la competencia en segunda instancia de las acciones de tutela y habeas corpus, sin ninguna reserva ni restricción, a los TribunalesNo. 110010230000202501432-00

19 Superiores que ejerzan sus funciones jurisdiccionales en la sede del despacho que tramitó la primera instancia. El Acuerdo PSAA13 9866 de 2013 está vigente y no ha sido derogado. Los Acuerdos PCSJA2412141 y PCSJA2412142 de 2024, no realizaron mención alguna respecto del Acuerdo PSAA13-9866 que ha venido rigiendo en este campo desde el año 2013. La aplicación del Acuerdo PSAA13 9866 de 2013, vigente, acerca al ciudadano a la justicia y busca que los jueces y tribunales cumplan las funciones que le corresponden de acuerdo con su competencia funcional y territorial en materia constitucional, dando prioridad a los principios de celeridad, informalidad, eficacia y prevalencia del derecho sustancial, en beneficio de la ciudadanía y como medida para la descongestión judicial. La acción de tutela instaurada que da origen al conflicto de competencia que se resuelve no se refiere a un conflicto de competencia relacionado con procesos de restitución de tierras. En consideración a lo anterior, respetuosamente me aparto de la posición mayoritaria, según la cual se debe asignar la competencia de conocer de las impugnaciones de sentencias de tutelas a los Tribunales con Salas Especializadas en Restitución de Tierras, únicamente debido

a que en la primera instancia la resolvió un Juzgado con laNo. 110010230000202501432-00 20 misma especialidad, en tanto podría incidir en la adecuada observancia de los principios de celeridad y eficacia que rigen el trámite de la acción de tutela, conforme a su naturaleza preferente y sumaria dentro del ordenamiento constitucional. Por ende, soy del criterio que debió resolverse el conflicto de competencia asignando el conocimiento de la segunda instancia a la otra Sala involucrada, y no a la Especializada en Restitución de Tierras, tal como lo venía haciendo esta Corporación, como por ejemplo en la providencia CSJ, APL6000-2024. En estos términos dejo sentada mi salvedad de voto.

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ MagistradaNo. 110010230000202501432-00

SALVAMENTO DE VOTO No. 110010230000202501432-00

Como lo manifesté en la sesión donde se debatió la decisión que puso fin al conflicto de competencia suscitado

entre las SALAS ÚNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE MOCOA y CIVIL ESPECIALIZADA

EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI , para conocer de la impugnación presentada contra el fallo de primera instancia, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa,

conocer de la impugnación presentada contra el fallo de primera instancia, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, en el trámite de la acción de tutela que Marleny Anacona Bermeo, Jairo Anacona Bermeo, Humberto Anacona Bermeo y otros, en calidad de «comuneros del resguardo indígena Yachay Wasi del pueblo indígena yanacona», promovieron contra la Concesionaria Ruta al Sur SAS, Ministerio del Interior – Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Al respecto, estimo que el conocimiento del asunto debió asignarse a la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, tal y como se dispuso en las providencias de similares contornos CSJ APL4618-2024, reiterada en pronunciamientos APL6463-2024, APL68352024, APL7071-2024, pues no existen fundamentos para variar el criterio expuesto en dichas oportunidades relativo a que, en materia de acciones constitucionales y habeas corpus, la segunda instancia de los jueces de restitución deNo. 110010230000202501432-00

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