CSJ - APL2222-2024

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA Magistrada ponente APL2222-2024 Nº. 110010230000202400372-00 Aprobado Acta nº 12 Nº. 114 (Aprobado en sesión de veinticinco de abril de dos mil veinticuatro) Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). - La Corte Suprema de Justicia resuelve el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Cartagena y el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Diego – Cesar, para conocer de la acción de tutela promovida por Jairo David Tribiño Pérez -en su condición de Representante Legal de la Veeduría Ciudadana de Control Social a la Gestión Pública – Finanzas Públicas, contra la Alcaldía de esta última ciudad.

I. ANTECEDENTESNo. 110010230000202400372-00

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1. Ante el Juez Constitucional de Cartagena, el actor formuló acción de tutela para que se ampare su derecho fundamental de petición.

Relató que el 13 de febrero del año en curso, en ejercicio del control social, solicitó a la alcaldía accionada la remisión de los «DOCUMENTOS DE LOS CONTRATOS PAE, AÑOS 2021, 2022 Y 2023». Sin embargo, a la fecha de presentación de la acción constitucional no se profirió respuesta.

2. En auto de 19 de marzo de 2024, el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, declaró la falta de competencia

constitucional no se profirió respuesta.

2. En auto de 19 de marzo de 2024, el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, declaró la falta de competencia territorial y dispuso remitir el asunto a los Jueces Municipales de San Diego – Cesar, lugar donde se encuentra la sede de la accionada y acaece la presunta vulneración.

3. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de esta última ciudad, mediante proveído de 22 de marzo siguiente, emitió igual pronunciamiento y provocó la colisión negativa.

Consideró que es atribución de la funcionaria remitente, a prevención, por ser el elegido por el accionante, allí se encuentra su domicilio y extiende sus efectos la eventual transgresión al derecho.

II. CONSIDERACIONESNo. 110010230000202400372-00

3 De conformidad con el artículo 17, numeral 3.º de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 1.º del artículo 18 ibídem, le corresponde a la Sala Plena de esta Corporación dirimir el conflicto suscitado, dada la competencia residual asignada respecto de asuntos que por disposición legal no se adjudican a alguna de sus Salas especializadas o a otra autoridad judicial. En orden a resolverlo, es oportuno recordar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el precepto 1.º del Decreto 1382 de 2000, el cual fue compilado

artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el precepto 1.º del Decreto 1382 de 2000, el cual fue compilado en el canon 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, disposición a su vez modificada por el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021, establece que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de las mismas. Tal normativa, según lo ha interpretado reiteradamente esta Corporación, consagra un sistema atributivo de competencia preventiva en virtud del cual el accionante puede escoger el juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos. Al respecto, ha dicho la Corte:No. 110010230000202400372-00 4 [P]or sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un

colegirse que se producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio» (Sala Civil, ATC095-2022, 2 de feb 2022, rad. 202200273-00, ATC421-2021 6 abr. 2021 rad. 2021-01010-00, ATC346-2020 18 mar. 2020 rad. 2020-00855-00; Sala Laboral, ATL1706-2021 3 nov. 2021 rad. 64856, ATL2039-2019 18 dic. 2019 rad. 58300; Sala Penal, ATP-895-2021 22 jun. 2021 rad. 117645, Auto 155 23 abr. 2020 rad. 155; Sala Plena, APL 31062021 15 jul. 2021 rad. 2021-00785-00, APL5982-2021 25 nov. 2021 rad. 2021-02017-00, APL5983-2021 25 nov. 2021 rad. 2021-02027-00, entre otros). A partir de lo anterior, «[e]l juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deberá asumir la acción constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio de prevención, es

viable su conocimiento». (Sala Civil, ATC148-2022 10 feb. 2022 rad. 2022-0426-00, ATC095-2022 2 feb. 2022 rad. 2022-00273-00; Sala Laboral, ATL095-2020 29 ene. 2020 rad. 87608, ATL1303-2018 20 jun. 2018 rad. 80327; Sala Penal, APL1738-2021 16 nov. 2021 rad. 120439, AP924-2020 12 mar. 2020 rad. 109683; Sala Plena, APL5980-2021 25 nov. 2021 rad. 2021-01997-00, APL5984-2021 02 dic. 2021 rad. 202102026-00, APL5577 4 nov. 2021 rad. 2021-01829-00 entre otros). En el asunto examinado, los dos despachos en conflicto son competentes para conocer y decidir la presente acción de tutela: i) el de Cartagena, pues allí está el domicilio del actor, también se ubica la sede de la veeduría ciudadana que este representa1 y se producen por tanto los efectos del acto lesivo; ii) el funcionario judicial de San Diego – Cesar, teniendo en cuenta que en esa ciudad se encuentra la sede

1 Pdf008Demanda fl. 4 y12No. 110010230000202400372-00 5 de la alcaldía accionada, donde se origina la presunta vulneración alegada. Acorde con lo indicado en precedencia, se impone señalar que, como Cartagena fue el lugar seleccionado por el accionante para formular la solicitud de amparo, al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Funciones de Control

Acorde con lo indicado en precedencia, se impone señalar que, como Cartagena fue el lugar seleccionado por el accionante para formular la solicitud de amparo, al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de esa urbe le corresponde conocer de la misma, al que se remitirá el expediente para que adelante tales diligencias.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

en Sala Plena, RESUELVE Primero: Dirimir el conflicto de competencia en el sentido de atribuir esta última al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Remítase el expediente.

Segundo: Comunicar lo decidido a la otra funcionaria judicial involucrada en el conflicto y al accionante, haciéndoles llegar copia de la providencia.

Tercero: Librar por Secretaría los oficios correspondientes.

Comuníquese y cúmplase.