CSJ - APL2350-2023

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ Magistrada ponente APL2350-2023 Nº. 11001023000020230067200 Aprobado Acta nº 21 Nº. 131 (Aprobado en sesión de tres de agosto de dos mil veintitrés) Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Resuelve la Corte Suprema de Justicia, el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bello - Antioquia (DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN) y el Juzgado Segundo Penal Municipal de Rionegro - Antioquia (DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA), para conocer de la acción de tutela promovida por Carolina Gaviria Jaramillo, contra la Secretaría de Movilidad del Municipio de Bello - Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. Ante el « JUEZ CONSTITUCIONAL (Reparto)» de Bello – Antioquia, la actora formuló solicitud de amparo por la presunta vulneración al derecho de petición.No. 110010230000202300672-00

2 Manifestó que el 9 de mayo de 2023, solicitó a la accionada «que anulen y además eliminen de cualquier plataforma las Fotomultas cargadas a mi nombre», teniendo en cuenta que se impusieron a un vehículo que le fue hurtado en el mes de noviembre de 2020, el cual no recuperó. Sin embargo, a la fecha de presentación de la acción constitucional no había recibido respuesta.

2. El Juzgado Quinto Civil Municipal de Bello –

noviembre de 2020, el cual no recuperó. Sin embargo, a la fecha de presentación de la acción constitucional no había recibido respuesta.

2. El Juzgado Quinto Civil Municipal de Bello – Antioquia, por auto del 7 de junio de 2023, declaró la falta de competencia territorial al considerar que esta corresponde a los jueces de Rionegro - Antioquia, donde se presentan los efectos de la presunta vulneración al encontrarse en esa ciudad la residencia de la actora.

3. Por su parte, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Rionegro - Antioquia, en proveído del mismo día, también se declaró incompetente, provocó la colisión negativa y dispuso remitir el asunto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia para su solución. Explicó que es atribución del funcionario remitente a prevención, pues fue el elegido por la interesada, lugar en el que ocurre la eventual violación al derecho, por ubicarse allí la sede de la convocada.

4. La Sala CivilFamilia del Tribunal Superior de Antioquia, mediante auto de 9 de junio de 2023, declaró su falta de competencia para resolver la controversia y envió la actuación a la Corte Suprema de Justicia para ese efecto, enNo. 110010230000202300672-00 3 calidad de superior común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales.

II. CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 17, numeral 3 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 1 del artículo 18 ibídem, le corresponde a la Sala Plena de esta Corporación dirimir el conflicto suscitado, dada la competencia residual que le ha sido asignada respecto de asuntos que por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus Salas especializadas o a otra autoridad judicial. En orden a resolverlo, es del caso señalar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el precepto 1 del Decreto 1382 de 2000, el cual fue compilado en el canon 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, disposición a su vez modificada por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, establece que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de las mismas. De la citada norma se infiere que por virtud de la expresa referencia al factor «competencia a prevención», es el afectado quien tiene la posibilidad de elegir la autoridad que debe resolver sobre las prerrogativas constitucionales invocadas, ya sea por el lugar donde, según susNo. 110010230000202300672-00 4 afirmaciones, están ocurriendo los hechos denunciados o produce sus efectos la acción u omisión generadora del

4 afirmaciones, están ocurriendo los hechos denunciados o produce sus efectos la acción u omisión generadora del agravio, cualquiera de los cuales, por lo general, puede coincidir con el del domicilio de éste, según el caso. Sobre el tema, ha dicho la Corte: [P]or sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio». (Sala Civil, autos del 12 de abril de 2002, radicado 10892; Sala Penal, autos del 8 de mayo de 2001, radicado 9532, 9 de octubre de 2001, radicado 10251; Sala Plena, autos del 16 de abril de 2002, radicado 388, APL7317-2015 de 9 de diciembre de 2015, APL8090-2016 de 24 de noviembre de 2016, APL44552019 de 24 de septiembre de 2019, APL382-2020 de 6 de febrero de 2020 y APL5497 de 28 de octubre de 2021, entre otros). A partir de lo anterior, «[e]l juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deberá asumir la acción constitucional sin que le sea procedente

A partir de lo anterior, «[e]l juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deberá asumir la acción constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio de prevención, es viable su conocimiento». (Sala Penal autos de 22 de mayo de 2001, radicado 9596, 8 de marzo de 2007, radicado 30009 y 19 de julio de 2012, radicado 61697; Sala Plena APL7317-2015 de 9 de diciembre de 2015 y APL8764-2017 de 7 de diciembre de 2017, APL5130-2019 de 26 de noviembre de 2019 y APL3449-2020 de 3 de diciembre de 2020, APL3801 de 12 de agosto de 2021, entre otros). En el asunto examinado ambos despachos en conflicto son competentes para conocer y decidir la acción de tutela instaurada por Carolina Gaviria Jaramillo; el de BelloAntioquia, dado que en esa ciudad está la sede de laNo. 110010230000202300672-00 5 Secretaría de Tránsito accionada, donde se origina la presunta vulneración; también tiene atribución el funcionario judicial de Rionegro - Antioquia, por cuanto en esa ciudad se encuentra domiciliada la actora y es por tanto donde produce efectos el acto lesivo1. Acorde con lo indicado en precedencia, se impone señalar que como Bello - Antioquia fue el lugar elegido por la accionante para formular su demanda, al Juzgado Quinto Civil Municipal de esa ciudad le corresponde conocer de la

Acorde con lo indicado en precedencia, se impone señalar que como Bello - Antioquia fue el lugar elegido por la accionante para formular su demanda, al Juzgado Quinto Civil Municipal de esa ciudad le corresponde conocer de la misma, al cual se remitirá el expediente para que adelante tales diligencias.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

en Sala Plena, RESUELVE Primero: Dirimir el conflicto de competencia en el sentido de atribuir esta última al Juzgado Quinto Civil Municipal de Bello - Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Remítase el expediente.

Segundo: Comunicar lo decidido al otro despacho involucrado en el conflicto y a la accionante, haciéndoles llegar copia de la providencia.

1 Anexos0017 expediente digitalNo. 110010230000202300672-00 6

Tercero: Librar por Secretaría los oficios correspondientes.

Comuníquese y cúmplase. -