CSJ - APL2965-2026

HUGO QUINTERO BERNATE Magistrado ponente

APL2965-2026 N.º 110010230000202600340-00 Aprobado Acta n.º 22 N.º 224 (Aprobado en Sala Plena de treinta de abril de dos mil veintiséis)

Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

La Corte decide el conflicto de competencia que se suscitó entre los Juzgados Noveno Civil Municipal de Cúcuta y Primero Promiscuo Municipal de Agustín Codazzi (Cesar), en el trámite de la acción de tutela que promovió Gabriel Mantilla contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de esta última municipalidad.

I. ANTECEDENTES

1. El actor solicitó el amparo constitucional de su s derechos fundamentales de petición y debido proceso.

Para respaldar la solicitud expuso que el 3 de febrero de 2026 formuló ante la Secretaría accionada un derecho de petición para que declare la nulidad de los comparendosNo. 110010230000202600340-00 2

electrónicos registrados a su nombre y la «desvinculación de su responsabilidad».

Señaló que a la fecha de presentación de la acción de tutela no ha recibido respuesta a su solicitud y que las multas siguen apareciendo en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito –SIMIT-.

En ese contexto, afirmó que la falta de contestación a su requerimiento, por parte de la Secr etaría de Tránsito y Transporte de Agustín Codazzi, le causa «un perjuicio directo al

Tránsito –SIMIT-.

En ese contexto, afirmó que la falta de contestación a su requerimiento, por parte de la Secr etaría de Tránsito y Transporte de Agustín Codazzi, le causa «un perjuicio directo al impedirme renovar mi licencia de conducción ». Así las cosas, pretende que el juez constitucional ordene a la accionada «emitir respuesta clara, completa y motivada sobre la nulidad y desvinculación solicitadas».

2. El Juzgado Noveno Civil Municipal de Cúcuta declaró su falta de competencia territorial para estudiar el asunto. Consideró que la acción constitucional debía tramitarse en el municipio de Agustín Codazzi , lugar donde ocurre la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados, al situarse allí la Secretaría accionada (4 marzo

2026).

3. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Agustín Codazzi (Cesar) rechazó el conocimiento y provocó la colisión negativa. Estimó que el conocimiento de la queja es atribución del despacho remitente, a prevención, en consideración a que fue «la ciudad donde el accionante quiso presentar la acción constitucional», dado que, es el lugar donde seNo. 110010230000202600340-00

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encuentra su residencia y produce efectos el presunto acto lesivo (6 marzo 2026).

II. CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 17, numeral 3 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 1 del artículo 18 ibidem, le corresponde a la Sala Plena de esta Corporación dirimir el conflicto suscitado, dada la competencia residual que le ha sido asignada respecto de asuntos que por

270 de 1996, en concordancia con el inciso 1 del artículo 18 ibidem, le corresponde a la Sala Plena de esta Corporación dirimir el conflicto suscitado, dada la competencia residual que le ha sido asignada respecto de asuntos que por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus Salas especializadas o a otra autoridad judicial.

En esa dirección, es oportuno señalar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el precepto 1 del Decreto 1382 de 2000, el cual fue compilado en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, disposición a su vez modificada por el artículo 1 del Decreto 333 de 20 21, establece que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de las mismas.

Tal normativa, según lo ha interpretado reiteradamente esta Corporación, consagra un sistema atributivo de competencia preventiva en virtud del cual el accionante bien puede escoger el juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable laNo. 110010230000202600340-00 4

ocurrencia del quebranto o la de sus efectos. Al respecto, ha dicho la Corte:

[P]or sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda

dicho la Corte:

[P]or sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sit io en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio. (Sala Civil, ATC042 -2025 de 23 ene. 2025 rad. 202405720-00, ATC681-2025 de 22 abr. 2025 rad 2025-01626-00; Sala Laboral, ATL263-2024 de 5 feb. 2024 rad 100884, ATL164 -2024 de 17 ene. 2024 rad 73272; Sala Penal, ATP -643-2025 de 04 mar. 2025 rad 143566, ATP475-2025 de 11 mar. 2025 rad 143867; Sala Plena ATP2083-2025 de 23 abr. 2025 rad 00302 -00 y APL16812025 de 28 mar. 2025 rad 00174-00, entre otros).

En consecuencia, «[e]l juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deberá asumir la acción constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio de prevención, es viable su conocimiento». (Sala Civil, ATC592-2024 de 8 abr. 2024 rad 00372 -01, ATC349-2024 de 4 mar. 2024 rad 00658 -00; Sala Laboral ATL260 -2025 de 5 feb. 2025 rad 00128-00; Sala Penal ATP704 -2025 de 8 abr. 2025 rad 144698,

2024 rad 00658 -00; Sala Laboral ATL260 -2025 de 5 feb. 2025 rad 00128-00; Sala Penal ATP704 -2025 de 8 abr. 2025 rad 144698, ATP643-2025 de 4 mar. 2025 rad 143566; Sala Plena APL2083-2025 de 23 abr. 2025 rad 00302 -00 y APL559 -2025 de 24 feb. 2025 rad 00050-00, entre otros).

De conformidad con los citados derroteros legales y jurisprudenciales y las pruebas obrantes en el proceso, se concluye que Gabriel Mantilla no tiene ningún vínculo con Cúcuta, pues así se deduce de la manifestación que hizo a esta Corporación 1, ya que residía anteriormente en Chinácota y actualmente en El Zulia, municipios distintos y ajenos a la jurisdi cción del despacho que primigeniamente recibió la acción , por el contrario, es en el municipio de

1Pdf0010Constancia_secretarial fl. 2. «yo vivía en [C]hin[á]cota pero por razones del trabajo soy conductor ahora vivo en el Zulia norte de Santander».No. 110010230000202600340-00 5

Agustín Codazzi (Cesar) donde se origina el acto que se considera lesivo del derecho , toda vez que en esa urbe se encuentra la sede de la autoridad de tránsito accionada2, razón por la cual el Juzgado ubicado en esa localidad sí está facultado para conocer de la acción constitucional.

Así las cosas, se atribuirá la competencia para conocer la acción constitucional al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Agustín Codazzi (Cesar), al cual se remitirá el

facultado para conocer de la acción constitucional.

Así las cosas, se atribuirá la competencia para conocer la acción constitucional al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Agustín Codazzi (Cesar), al cual se remitirá el expediente para que adelante tales diligencias.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena,

RESUELVE

Primero: Declarar que la competencia para conocer de la presente acción de tutela en primera instancia corresponde a l Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Agustín Codazzi (Cesar), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Remítase el expediente.

Segundo: Comunicar lo decidido al otro despacho involucrado en el conflicto y al accionante, para lo cual se le enviará copia de la providencia.

Tercero: Librar por Secretaría los oficios correspondientes.

2 https://www.agustincodazzi-cesar.gov.co/No. 110010230000202600340-00 6

Notifíquese y cúmplase.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

Magistrada

GERARDO BARBOSA CASTILLO

Magistrado

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

Magistrado

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

Magistrado

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

Magistrado

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

Magistrado

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

Magistrado

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

Magistrado

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

Magistrada

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Magistrado

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

Magistrada

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Magistrado

HUGO QUINTERO BERNATE

MagistradoCARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Magistrado

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Magistrado

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Magistrado

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

Magistrado

VÍCTOR JULIO USME PEREA

Magistrado

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Magistrada DAMARIS ORJUELA HERRERA Secretaria General Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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