CSJ - APL2977-2019

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente APL2977-2019 No. 110010230000201900491-00 Aprobado Acta nº 22 N° 62 Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil diecinueve (2019). Resuelve la Corte Suprema de Justicia, el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cincuenta y Uno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Carmen de Viboral (Antioquia), para conocer de la acción de tutela promovida por Cristian Andrés Arboleda Castaño contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de este último municipio.

I. ANTECEDENTES

1. Ante el Juez de Bogotá (reparto) el accionante, con domicilio en esta capital, formuló acción de tutela por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.No. 110010230000201900491-00

2 Relató que aparece cargado a su documento de identidad el comparendo nº. 00275 de 29 de abril de 2010, por lo que, el 22 de mayo del presente año radicó derecho de petición ante la accionada solicitando que se declare su prescripción; no obstante lo anterior, a la fecha de presentación de la acción constitucional aquella no le había dado respuesta.

2. El Juzgado Cincuenta y Uno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, declaró su

presentación de la acción constitucional aquella no le había dado respuesta.

2. El Juzgado Cincuenta y Uno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, declaró su falta de competencia territorial al considerar que le corresponde al funcionario de Carmen de Viboral por estar allí ubicada la entidad accionada, de donde proviene la presunta vulneración.

3. Por su parte el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de esta última sede territorial también rechazó el conocimiento del asunto y provocó la colisión negativa, después de considerar que en virtud de la competencia a prevención el Juez remitente no debió desprenderse del mismo, pues fue el lugar seleccionado por el actor y allí se ubica su domicilio.

II.CONSIDERACIONES De conformidad con el artículo 17, numeral 3 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 1 del artículo 18 ibidem, es competente la Sala Plena de esta Corporación para dirimir el conflicto suscitado, dada la competencia residual que le ha sido asignada respecto de asuntos queNo. 110010230000201900491-00 3 por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus Salas especializadas o a otra autoridad judicial. En orden a resolverlo, conviene recordar cómo el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el

artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, el cual fue compilado en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, precepto a su vez modificado por el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, establece que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de las mismas. Tal disposición, según lo ha interpretado reiteradamente esta Corporación, consagra un sistema atributivo de competencia preventiva en virtud del cual el accionante bien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos. Al respecto, ha dicho la Corte que: «(…) por sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio. (Sala Plena,No. 110010230000201900491-00 4

que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio. (Sala Plena,No. 110010230000201900491-00 4 auto del 16 de abril de 2002, expediente 388; Sala Civil, autos del 12 de abril de 2002, radicado 10892; Sala Penal, autos del 8 de mayo de 2001, radicado 9532, 9 de octubre de 2001, radicado 10251, entre otros). En consecuencia, «[e]l juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deberá asumir la acción constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio de prevención, es viable su conocimiento. (Sala Penal auto de 22 de mayo de 2001, radicación 9596, entre otros). En el sub judice, si bien la entidad accionada tiene su sede en Carmen de Viboral (Antioquia), municipio donde además ocurrieron los hechos por lo que, en principio allí podría el tutelante demandar la protección de sus derechos, lo cierto es que la ciudad por él escogida fue Bogotá, donde igualmente repercuten las consecuencias de la eventual violación, pues allí se encuentra domiciliado, como así se verifica en el acápite de notificaciones de la demanda de tutela y en el informe secretarial que obra a folio 17 del expediente; bien podía por tanto elegirla este último para formular la presente acción de tutela, como en efecto

tutela y en el informe secretarial que obra a folio 17 del expediente; bien podía por tanto elegirla este último para formular la presente acción de tutela, como en efecto ocurrió. Así las cosas, al Juzgado Cincuenta y Uno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá se le atribuirá la competencia para tramitar el asunto.

III. DECISIÓNNo. 110010230000201900491-00

5 En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, RESUELVE Primero: Declarar que la competencia para conocer de la presente acción de tutela en primera instancia es del Juzgado Cincuenta y Uno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva. Remítase el expediente.

Segundo: Comunicar lo decidido al otro despacho involucrado en este conflicto y al accionante, haciéndoles llegar copia de la providencia.

Tercero: Librar por Secretaría los oficios correspondientes.

Cúmplase.-

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO Presidente JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA GERARDO BOTERO ZULUAGANo. 110010230000201900491-00

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FERNANDO CASTILLO CADENA CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

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FERNANDO CASTILLO CADENA CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA JAIME HUMBERTO MORENO ACERO

EYDER PATIÑO CABRERA JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO LUIS ALONSO RICO PUERTA PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO ARIEL SALAZAR RAMÍREZ OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUENo. 110010230000201900491-00 7

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

DAMARIS ORJUELA HERRERA

Secretaria General