CSJ - APL3885-2023

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente APL3885-2023 Nº. 110010230000202301269-00 Aprobado Acta nº. 34 Nº. 280 (Aprobado en sesión de siete de diciembre de dos mil veintitrés) Bogotá, D.C., diecisiete (17) de enero de dos mil veinticuatro (2024). Resuelve la Corte Suprema de Justicia el conflicto de competencia que se suscitó entre los JUZGADOS SESENTA Y UNO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ y PROMISCUO MUNICIPAL DE ARACATACA - MAGDALENA para conocer la acción de tutela que inició Astrid Paola Valero Cómbita contra el Instituto de Tránsito y Trasporte de esta última ciudad.

I. ANTECEDENTES

1. Ante los jueces de Bogotá, la promotora presentó acción de tutela con el propósito de obtener la protección de su derecho fundamental de petición.No. 110010230000202301269-00

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2. Manifestó que el 4 de septiembre de 2023 dirigió escrito al Institutito de Tránsito accionado en el cual solicitó «la Revocatoria Directa » de la orden de comparendo n° 47053000000038833009 de 15 de junio del mismo año, pues consideró que no fue notificada en debida forma. Sin embargo, a la fecha de presentación de la acción constitucional no había recibido respuesta.

3. El asunto le correspondió por reparto al Juez

Sesenta y Uno Penal Municipal con Función de Control de

embargo, a la fecha de presentación de la acción constitucional no había recibido respuesta.

3. El asunto le correspondió por reparto al Juez Sesenta y Uno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que, por auto de 25 de octubre de 2023, declaró la falta de competencia territorial y dispuso remitirlo a los Juzgados Municipales de Aracataca (Magdalena), teniendo en cuenta que allí tiene origen la presunta vulneración que motivó la acción.

4. El Juez Promiscuo Municipal de esta última sede territorial, en proveído de 26 de octubre de 2023 también se abstuvo de conocer la solicitud de amparo y suscitó el conflicto negativo de competencia, con fundamento en la competencia a prevención prevista en asuntos de tutela, toda vez que, el funcionario remitente fue el elegido por la accionante y es en ese lugar donde tiene su domicilio, es decir, donde se producen los efectos de la presunta violación.

II. CONSIDERACIONES De conformidad con el artículo 17, numeral 3 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 1 del artículo 18 ibídem, le corresponde a la Sala Plena de esta CorporaciónNo. 110010230000202301269-00 3 dirimir el conflicto suscitado, dada la competencia residual que le ha sido asignada respecto de asuntos que por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus salas especializadas o a otra autoridad judicial.

En orden a resolverlo, es del caso recordar que el

que le ha sido asignada respecto de asuntos que por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus salas especializadas o a otra autoridad judicial. En orden a resolverlo, es del caso recordar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el canon 1.° del Decreto 1382 de 2000, el cual fue compilado en el precepto 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho-, que a su vez fue modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, establece que «conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos […]». De la citada normativa se infiere que por virtud de la expresa referencia al factor «competencia a prevención», es el afectado quien tiene la posibilidad de elegir la autoridad que debe resolver sobre las prerrogativas constitucionales invocadas, ya sea por el lugar en el que, según sus afirmaciones, ocurren los hechos denunciados o por el lugar donde la acción u omisión generadora del agravio produce sus efectos, cualquiera de los cuales, por lo general, puede coincidir con el domicilio del convocante, según el caso. Al respecto, ha dicho la Corte que «[…] por sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales,

Al respecto, ha dicho la Corte que «[…] por sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda colegirse que seNo. 110010230000202301269-00 4 producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio». (CSJ ATC095-2022, 2 de feb 2022, rad. 2022-00273-00, ATC4212021 6 abr. 2021 rad. 2021-01010-00, ATC346-2020 18 mar. 2020 rad. 2020-00855-00; CSJ ATL1706-2021 3 nov. 2021 rad. 64856, ATL2039-2019 18 dic. 2019 rad. 58300; CSJ ATP-895-2021 22 jun. 2021 rad. 117645, Auto 155 23 abr. 2020 rad. 155; CSJ APL 3106-2021 15 jul. 2021 rad. 2021-00785-00, APL5982-2021 25 nov. 2021 rad. 202102017-00, APL5983-2021 25 nov. 2021 rad. 2021-02027-00, entre otros). También ha precisado que «[e]l juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deberá asumir la acción constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio de prevención, es

estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deberá asumir la acción constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio de prevención, es viable su conocimiento» (CSJ ATC148-2022 10 feb. 2022 rad. 2022-0426-00, ATC095-2022 2 feb. 2022 rad. 2022-0027300; CSJ ATL095-2020 29 ene. 2020 rad. 87608, ATL13032018 20 jun. 2018 rad. 80327; CSJ APL1738-2021 16 nov. 2021 rad. 120439, AP924-2020 12 mar. 2020 rad. 109683; CSJ APL5980-2021 25 nov. 2021 rad. 2021-01997-00, APL5984-2021 02 dic. 2021 rad. 2021-02026-00, APL5577 4 nov. 2021 rad. 2021-01829-00, entre otros). En el asunto examinado ambos despachos en conflicto son competentes para conocer y decidir la acción de tutela; el de Bogotá, por cuanto en esta ciudad se encuentra elNo. 110010230000202301269-00 5 domicilio de la accionante 1 y, es por ello, el lugar en el que produce efectos el acto lesivo y, el Juzgado de Aracataca (Magdalena), porque de allí proviene este último, dado que en ese municipio se encuentra la sede de la convocada, en la cual tiene origen la presunta vulneración. Por lo que se impone señalar que, como Bogotá fue el lugar seleccionado para presentar la solicitud de amparo, es al Juzgado Sesenta y Uno Penal Municipal con Función de

cual tiene origen la presunta vulneración. Por lo que se impone señalar que, como Bogotá fue el lugar seleccionado para presentar la solicitud de amparo, es al Juzgado Sesenta y Uno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de esta capital a quien le corresponde conocer de la misma, en consecuencia, remítase el expediente a ese despacho para que adelante tales diligencias.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

en Sala Plena, RESUELVE Primero: Declarar que la competencia para conocer de la presente acción de tutela, en primera instancia, es del Juzgado Sesenta y Uno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva. Remítase el expediente.

Segundo: Comunicar lo decidido al otro despacho judicial involucrado en este conflicto y a la accionante, haciéndoles llegar copia de la providencia.

1 003Demanda.pdf, folio 14No. 110010230000202301269-00 6

Tercero: Librar por Secretaría los oficios correspondientes.

Cúmplase. –