CSJ - APL4038-2017

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente APL4038-2017 Radicación n.° 110010230000201700121-00 Aprobado Acta nº 14 Nº 10 Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017). Resuelve la Corte Suprema de Justicia el conflicto de competencia suscitado entre la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto.

I. ANTECEDENTES

1. A través de apoderado judicial, Lucy Esperanza Mora Cruz y otras formularon acción de tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, a fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal, seguridad social, dignidad humana, mínimo vital y trabajo. Al efecto, solicitan que se declare la existencia de un contrato realidad de trabajo y ordenar a la entidad accionada el pago de los aportes pensionales no realizados junto con los intereses moratorios desde la fecha de su vinculación hasta elRadicación n° 11001-02-30-000-2017-00121-00 2 31 de enero de 2014, reconocer y pagar a cada una de las accionantes las acreencias laborales, teniendo en cuenta los tiempos trabajados hasta la fecha antes indicada.

Han sido madres comunitarias y algunas aún se desempeñan como tales en el programa «Hogares Comunitarios»,

accionantes las acreencias laborales, teniendo en cuenta los tiempos trabajados hasta la fecha antes indicada. Han sido madres comunitarias y algunas aún se desempeñan como tales en el programa «Hogares Comunitarios», según certificaciones aportadas con la demanda, recibiendo como contraprestación una remuneración denominada «beca», inferior al salario mínimo legal vigente y que solo a partir del 1º de enero de 2014 se igualó al salario mínimo mensual legal vigente. En tal calidad, diariamente deben cuidar los niños a su cargo, suministrarles la alimentación y realizar con ellos actividades de recreación. El Decreto 289 de 2014 reglamentó la vinculación laboral de las madres comunitarias con las entidades administradoras de dicho programa, por lo que en el mes de febrero del mismo año, la demandada empezó a pagar los correspondientes aportes a la seguridad social.

2. La tutela le correspondió por reparto al Juzgado de Familia de Soacha, el cual tuteló las pretensiones de 16 de las 18 accionantes.

3. Impugnado el fallo, conoció la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, autoridad que en proveído de 12 de mayo de 2017 declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio y dispuso remitirlo al despacho de la Magistrada Claudia Cecilia Toro Ramírez de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto, al

nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio y dispuso remitirlo al despacho de la Magistrada Claudia Cecilia Toro Ramírez de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto, al encontrar cumplidos los presupuestos señalados en el artículo 1º del Decreto 1834 de 2015.Radicación n° 11001-02-30-000-2017-00121-00 3 Lo anterior, por cuanto ese despacho judicial fue el primero que conoció de una acción de tutela interpuesta por varias mujeres, «quienes también se desempeñaron como madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y pusieron de presente su no afiliación al sistema de seguridad social» (RadNo. 2015-00254-99).

4. La funcionaria sin embargo, en proveído de 25 de mayo del presente año, se abstuvo de tramitar la solicitud de amparo al concluir que los casos no son idénticos y la devolvió al remitente. Para sustentar su postura argumentó lo siguiente:

[S]i bien la H. Corte Constitucional en sentencia T-480 de 2016 en sede de revisión revocó un fallo proferido por esta Sala y que fuera interpuesto contra el Departamento Administrativo para la prosperidad Social y el ICBF, en esta tuvo en cuenta la edad avanzada de las accionantes para conceder la protección a los derechos reclamados, situación que en el sub-examine no se presenta, de lo que se descarta que se trate de acciones de tutela idénticas.

avanzada de las accionantes para conceder la protección a los derechos reclamados, situación que en el sub-examine no se presenta, de lo que se descarta que se trate de acciones de tutela idénticas. Señaló también que de acuerdo con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1382 de 2000, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad accionada, el conocimiento del asunto no corresponde a esa Corporación sino al Juez de Familia de Soacha, el cual ya emitió sentencia de primera instancia, y la de segundo grado al Tribunal de Cundinamarca. 5.- Este último reiteró su postura inicial y ordenó enviar el expediente a la Corte Suprema para dirimir la controversia surgida.Radicación n° 11001-02-30-000-2017-00121-00 4

II. CONSIDERACIONES

1. De conformidad con la previsión contenida en el artículo 17, numeral 3° de la Ley 270 de 1996, en concordancia con la consagrada en el inciso 1° del artículo 18 ibídem, la Sala Plena de esta Corporación es competente para dirimir el conflicto suscitado, dada la atribución residual que le ha sido asignada respecto de asuntos que por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus Salas especializadas o a otra

autoridad judicial.

2. Frente al conocimiento de la acción de tutela, el Decreto 2591 de 1991, regulatorio de dicho mecanismo, ha establecido que son competentes, a prevención, «los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud» , texto que también emplea el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, el cual además se refiere al lugar en que se produjeren los efectos de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales.

Tal disposición, según lo ha interpretado reiteradamente esta Corporación, consagra un sistema atributivo de competencia en virtud del cual el accionante bien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos.

3. No obstante y en aras de enfrentar la problemática causada por la presentación de acciones de tutela idénticas y masivas, práctica comúnmente conocida como « tutelatón», y los efectos diversos de los fallos proferidos por jueces y tribunales en relación con ellas, el Gobierno Nacional expidió el DecretoRadicación n° 11001-02-30-000-2017-00121-00 5 1834 de 2015, mediante el cual se reglamentó parcialmente el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 «en lo relativo a las reglas de reparto para acciones de tutela masivas».

En su artículo 1º, el cual adicionó «una Sección 3 al

artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 «en lo relativo a las reglas de reparto para acciones de tutela masivas». En su artículo 1º, el cual adicionó «una Sección 3 al Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho», la citada regulación estableció: Las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas. A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con posterioridad se presenten, incluso después del fallo de instancia. Para tal fin, la autoridad pública o el particular contra quienes se dirija la acción deberán indicar al juez competente, en el informe de contestación, la existencia de acciones de tutela anteriores que se hubiesen presentado en su contra por la misma acción u omisión, en los términos del presente artículo, señalando el despacho que, en primer lugar, avocó conocimiento, sin perjuicio

de que el accionante o el juez previamente hayan podido indicar o tener conocimiento de esa situación. El propósito de la especial reglamentación, según se indicó en sus considerandos, es el de evitar «fallos contradictorios frente a una misma situación fáctica y jurídica, lo que resulta contrario a los principios de igualdad, coherencia y seguridad jurídica », finalidad para cuyo cumplimiento se hacía necesario «establecer mecanismos de reparto y de reasignación de procesos que faciliten la resolución de estas acciones por parte de una misma autoridad judicial, con el fin de asegurar la coherencia, igualdad y homogeneidad en la solución judicial de tutelas idénticas».Radicación n° 11001-02-30-000-2017-00121-00 6

4. Del texto de la norma precitada se desprenden los requisitos que se deben constatar en cada caso para identificar si se trata de tutelas « idénticas y masivas» y en consecuencia, asignar su conocimiento a una misma autoridad judicial (quien conoció de la primera acción), de acuerdo con lo estatuido en el Decreto. Tales presupuestos son: a) Que en las solicitudes de amparo se persiga la protección de los mismos derechos fundamentales. b) Que el quebranto o amenaza de tales prerrogativas provenga de una sola y misma acción u omisión. c) Que el accionado (responsable de la acción u omisión) sea la misma autoridad pública o el mismo particular.

Sobre lo anterior, esta Corporación ha sostenido que «con el propósito de respetar el «principio y derecho de igualdad tratando igual los casos iguales », y de evitar fallos contradictorios

sea la misma autoridad pública o el mismo particular. Sobre lo anterior, esta Corporación ha sostenido que «con el propósito de respetar el «principio y derecho de igualdad tratando igual los casos iguales », y de evitar fallos contradictorios que minaran los principios de coherencia y seguridad jurídica como valores esenciales del Estado Social de Derecho, el decreto transcrito establece medidas para facilitar la acumulación de procesos y con ello materializar la economía y eficacia procesal, en pos de la efectividad del amparo constitucional que se pretende», marco en el cual sus disposiciones «hacen referencia a situaciones vinculadas con las labores de reparto, pues se estipula que aquellas tutelas que presenten unidad de objeto, causa y sujeto pasivo deberán ser asignadas a un sólo despacho judicial, con miras a lograr «la homogeneidad en la solución judicial de tutelas idénticas» (CSJ SL, ATL3564-2016, 1º Jun. 2016, Rad. 66617; se subraya).Radicación n° 11001-02-30-000-2017-00121-00 7 Bajo ese supuesto, se impone « proceder a la remisión del expediente a quien avocó su conocimiento en primer lugar 1, con el propósito de que lo fallado sea consistente y responda a un criterio uniforme de interpretación judicial» (CSJ SL, ATL33722016, 25 May. 2016, Rad. 43360).

propósito de que lo fallado sea consistente y responda a un criterio uniforme de interpretación judicial» (CSJ SL, ATL33722016, 25 May. 2016, Rad. 43360). En consecuencia, solo las solicitudes de amparo constitucional en las que se presente la referida unidad de objeto, causa y sujeto accionado, son susceptibles de asignarse a un único juzgador.

5. Ha de atenderse que con las reglas impuestas para la asignación de las tutelas masivas, se pretende la efectividad de valores constitucionales que son esenciales en el Estado Social de Derecho como la coherencia, la seguridad jurídica y la igualdad, el último de los cuales reclama de todas las autoridades públicas, entre ellas, los administradores de justicia, que a los casos iguales se les proporcione idéntico trato.

De ahí que ante acciones de tutela « idénticas y masivas» como las denomina el Decreto 1834, el conocimiento por un solo juzgador elimina la posibilidad de que se profieran fallos contradictorios en relación con «una misma situación fáctica y jurídica» generando consecuencias disímiles frente a los accionantes, o lo que es lo mismo, prodigándose un trato desigual a casos iguales. Empero, las medidas de asignación de esa normativa no pueden emplearse como herramienta de desconocimiento de la competencia a prevención del juez de tutela, fijada como se dijo,

desigual a casos iguales. Empero, las medidas de asignación de esa normativa no pueden emplearse como herramienta de desconocimiento de la competencia a prevención del juez de tutela, fijada como se dijo,

1 Se refiere al juez que conoció la primera acción de amparo constitucional con la que se guarda identidad de causa, objeto y accionado.Radicación n° 11001-02-30-000-2017-00121-00 8 por los Decretos 2591 de 1991 (art. 37) y 1382 de 2000, la cual conserva el funcionario en quien concurra aquella, en los casos de acciones de tutela que si bien guardan algún tipo de similitud no son «idénticas y masivas» como lo exige la normatividad expedida por el Gobierno Nacional. En ese orden de ideas, a efectos de identificar si una petición de amparo pertenece a esa categoría, es necesario verificar si se deriva de la misma causa que las otras, es decir, si el hecho generador de la vulneración o de la amenaza es el mismo; si existe identidad en cuanto al accionado, y si se persigue un mismo y único interés del cual deriva la protección de iguales derechos fundamentales. Luego, si de las solicitudes de amparo a cotejar no es posible predicar identidad en cuanto al accionado, o de las circunstancias fácticas en que tuvo lugar el quebranto o la puesta en peligro de las prerrogativas superiores, apreciándose,

circunstancias fácticas en que tuvo lugar el quebranto o la puesta en peligro de las prerrogativas superiores, apreciándose, por el contrario, que el interés de los accionantes no es el mismo, sino que éste y lo que persiguen con el amparo puede ser objeto de diferenciación en la medida en que sus pretensiones son individualizables, no se estaría en presencia de «acciones de tutela idénticas y masivas» que deban ser conocidas por un solo juzgador, medida que se justifica cuando a él le es posible resolverlas todas utilizando el mismo criterio, en razón de tener « iguales características» (art. 2.2.3.1.3.1, Decreto 1834 de 2015), de modo que los efectos o consecuencias que hayan de generarse para accionantes y accionados sean los mismos , dado que, en últimas, todas ellas plantean una única controversia.

6. En el caso sub examine, el Magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca advirtió queRadicación n° 11001-02-30-000-2017-00121-00 9 «según las averiguaciones efectuadas, conoció en primer lugar, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de PastoMagistrada Ponente Dra. Claudia Cecilia Toro Ramírez radicado No. 2015-00254-00, Corporación que mediante auto de 9 de noviembre de 2015 avocó el conocimiento de la acción y en fallo de tutela de 23 de noviembre de 2015, decidió desfavorablemente las súplicas constitucionales presentadas por (…) quienes

noviembre de 2015 avocó el conocimiento de la acción y en fallo de tutela de 23 de noviembre de 2015, decidió desfavorablemente las súplicas constitucionales presentadas por (…) quienes también se desempeñaron como madres comunitari as del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y pusieron de presente su no afiliación al Sistema de Seguridad Social y, consecuencialmente, solicitaron se ordene pagar “con destino a (…) Colpensiones, los aportes pensionales no realizados a su favor, junto con los intereses de mora desde la fecha de su vinculación al programa hogares Comunitarios de ICBF hasta el 31 de enero de 2014, o hasta la fecha que con anterioridad hayan estado vinculadas a dicho programa”». A efectos de determinar si en el presente caso se dan los presupuestos para remitir el expediente al despacho que avocó en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas, es necesario hacer la siguiente ilustración: Elemento Tutela decidida el 23 de noviembre de 2015 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto (Rad.- 2015-00254-00) Tutela del asunto de la referencia Derechos presuntamente vulnerados Dignidad humana, igualdad, trabajo, seguridad social y mínimo vital. Igualdad, vida, seguridad social, mínimo vital, trabajo y dignidad humana. Sujeto pasivo Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.

Igualdad, vida, seguridad social, mínimo vital, trabajo y dignidad humana. Sujeto pasivo Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.Radicación n° 11001-02-30-000-2017-00121-00 10 Pretensiones Ordenar el pago con destino a Colpensiones, de los aportes pensionales no realizados junto a los intereses de mora desde la fecha de su vinculación, para que a su vez dicha entidad les reconozca el régimen de transición o el que les corresponda. Ordenar el pago retroactivo de los aportes para seguridad social y pago de las acreencias laborales por el tiempo trabajado hasta enero de 2014. Situación fáctica común Durante varios años han laborado como madres comunitarias en el programa «Hogares Comunitarios» a cargo del ICBF, recibiendo como contraprestación una remuneración inferior al salario mínimo legal. Dicho establecimiento, además omitió pagar los aportes a la seguridad social en pensiones, desde la fecha de vinculación hasta el mes de enero de 2014, cuando entró a regir el Decreto 289 de este último año. En este contexto, es evidente que ambas tutelas tienen

«iguales características», pues plantean una única controversia, - que se realicen los aportes de seguridad social a fin de obtener la pensión de vejez-; el hecho generador de la eventual vulneración es igual, -el pago de una remuneración por sus servicios inferior al salario mínimo legal y la omisión del ICBF en el pago de los aportes de seguridad social desde la fecha de vinculación hasta el mes de enero de 2014-; el accionado en uno y otro asunto es el -Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-; y también procuran la protección de los mismos derechos conculcados. La Magistrada de Pasto que conoció de la primera acción de tutela rechazó la competencia al estimar que las situaciones no son idénticas porque en el primer caso, a diferencia de lo que ocurre en este asunto, las accionantes eran de «edad avanzada», motivo por el cual la Corte Constitucional 2, en sede de revisión, revocó el fallo emitido por dicho Tribunal, y en su lugar concedió el amparo. No le asiste razón a la funcionaria pues, ciertamente la decisión de esa Corporación, a partir de lo pretendido, incluyó a

2 T-480 de 2016Radicación n° 11001-02-30-000-2017-00121-00 11 todas las interesadas, sin distinción alguna por la edad o el tiempo laborado en calidad de madres comunitarias, no sólo en relación con los aportes de seguridad social dejados de pagar desde la fecha de vinculación de cada una de ellas hasta el 31 de enero de 2014, sino en cuanto a los salarios y prestaciones

relación con los aportes de seguridad social dejados de pagar desde la fecha de vinculación de cada una de ellas hasta el 31 de enero de 2014, sino en cuanto a los salarios y prestaciones sociales causados y dejados de percibir por el mismo lapso de tiempo.

7. De acuerdo con lo discurrido, la Corte remitirá el presente diligenciamiento a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto, para que la Magistrada a quien inicialmente le fue repartido, asuma su conocimiento y proceda a resolver la controversia.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

Sala Plena, RESUELVE Primero: Declarar que la competencia para conocer de la presente acción de tutela en primera instancia es de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, a la cual se remitirá el expediente.

Segundo: Comunicar lo decidido a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca y a las accionantes, haciéndoles llegar copia de la providencia.Radicación n° 11001-02-30-000-2017-00121-00

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Tercero: Librar por Secretaría los oficios correspondientes y remitir el expediente.

Notifíquese y cúmplase.

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

Presidente

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

y remitir el expediente. Notifíquese y cúmplase.

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

Presidente

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

GERARDO BOTERO ZULUAGA JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

MARGARITA CABELLO BLANCO FERNANDO CASTILLO CADENA FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPORadicación n° 11001-02-30-000-2017-00121-00 13

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS EYDER PATIÑO CABRERA

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

LUIS ALONSO RICO PUERTA PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

DAMARIS ORJUELA HERRERA

Secretaria General