CSJ - APL4501-2018

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

Magistrada Ponente APL4501-2018 No. 110010230000201800511-00 Aprobado Acta nº 32 N° 48 Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil dieciocho (2018). Resuelve la Corte Suprema de Justicia, el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Riohacha (Guajira) y el Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca (Magdalena), para conocer de la acción de tutela promovida por MARIVEL GUERRA IGUARÁN, contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de esta última ciudad.

I. ANTECEDENTES

1. Ante los Jueces (reparto) de Riohacha, la accionante, quien tiene su domicilio en esa ciudad, presentó acción de tutela por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.No. 110010230000201800511-00

2 Manifestó ser propietaria de un vehículo automotor y el año pasado al intentar venderlo encontró que sobre el mismo se registraban 3 comparendos, en relación con los cuales no «[se] surti[ó] el debido proceso ni notificaron dichas infracciones». Ante tal situación, el 5 de septiembre de 2017 dirigió derecho de petición a la demandada solicitando la nulidad de las mencionadas multas; sin embargo, a la fecha de presentación de la presente acción constitucional no había recibido respuesta.

2. El Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Riohacha (Guajira), declaró la falta de

las mencionadas multas; sin embargo, a la fecha de presentación de la presente acción constitucional no había recibido respuesta.

2. El Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Riohacha (Guajira), declaró la falta de competencia al considerar que corresponde al Juez Municipal de Aracataca, teniendo en cuenta que allí se ubica el domicilio de la demandada y además fue donde ocurrieron los hechos.

3. Por su parte, el Juzgado Promiscuo Municipal de esta última ciudad tampoco tramitó el asunto y provocó la colisión negativa, luego de indicar que es atribución del juzgado remitente por ser el elegido para ese propósito, pues corresponde al domicilio de la actora. También precisó que, «[s]i bien, el tránsito departamental se denomina Oficina de Tránsito y Transporte de Aracataca, Magdalena, lo cierto es que en este Municipio se encuentra es la sede operativa (…), la cual no cuenta con personal permanente en dicha dependencia», aclarando que la oficina administrativa se ubica en la ciudad de Santa Marta.No. 110010230000201800511-00

3 II.CONSIDERACIONES De conformidad con el artículo 17, numeral 3 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 1 del artículo 18 ibidem, es competente la Sala Plena de esta Corporación para dirimir el conflicto suscitado, dada la competencia residual que le ha sido asignada respecto de asuntos que por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus Salas especializadas o a otra autoridad judicial.

para dirimir el conflicto suscitado, dada la competencia residual que le ha sido asignada respecto de asuntos que por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus Salas especializadas o a otra autoridad judicial. En orden a resolverlo, conviene recordar cómo el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, el cual fue compilado en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, precepto a su vez modificado por el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, establece que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de las mismas. Tal disposición, según lo ha interpretado reiteradamente esta Corporación, consagra un sistema atributivo de competencia preventiva en virtud del cual el accionante bien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos.No. 110010230000201800511-00 4 Ha dicho la Corte (Sala Plena, auto de 16 de abril de 2002, Exp. 388; Sala Civil, auto de 12 de abril de 2002, Rad.

sus efectos.No. 110010230000201800511-00 4 Ha dicho la Corte (Sala Plena, auto de 16 de abril de 2002, Exp. 388; Sala Civil, auto de 12 de abril de 2002, Rad. 10892; Sala Penal, autos de 8 de mayo de 2001, Exp. 9532 y 9 de octubre de 2001, Rad. 10251; Sala Laboral, auto del 7 de abril de 2002, Exp. 000080; Sala Plena, auto de 6 de febrero de 2014, Rad. 00013; Sala Plena, auto de 9 de diciembre de 2015, Exp. 00224, Sala Plena, auto de 24 de noviembre de 2016, Rad. 00269, entre otros): [P]or sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio. De allí que haya precisado también (Autos de 8 de marzo de 2007, Rad. 30009; 19 de julio de 2012, Exp. 61697; 9 de diciembre de 2015, Rad. 00224; 24 de noviembre de 2016, Exp. 00269; 7 de diciembre de 2017, Rad. 01103, entre otros):

61697; 9 de diciembre de 2015, Rad. 00224; 24 de noviembre de 2016, Exp. 00269; 7 de diciembre de 2017, Rad. 01103, entre otros): El juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deberá asumir la acción constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio de prevención, es viable su conocimiento. En el asunto examinado, si bien la entidad accionada tiene su -sede administrativaen Santa Marta y la - sede operativaen Aracataca, por lo que en dichos lugares podría demandarse la protección de los derechos de la actora, lo cierto es que la ciudad por ella escogida para el efecto fue Riohacha, donde también repercuten las consecuencias de la eventual violación, pues allí tiene su domicilio. EnNo. 110010230000201800511-00 5 consecuencia, bien podía elegir esa localidad para formular la presente acción de tutela, como en efecto ocurrió.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

en Sala Plena, RESUELVE Primero: Declarar que la competencia para conocer de la presente acción de tutela en primera instancia es del Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Riohacha (Guajira), de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva, al cual se remitirá el expediente.

Segundo: Comunicar lo decidido al otro despacho involucrado en este conflicto y a la accionante, haciéndoles

dispuesto en la parte motiva, al cual se remitirá el expediente.

Segundo: Comunicar lo decidido al otro despacho involucrado en este conflicto y a la accionante, haciéndoles llegar copia de la providencia.

Tercero: Librar por Secretaría los oficios correspondientes y remitir el expediente.

Cúmplase.

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO PresidenteNo. 110010230000201800511-00

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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA GERARDO BOTERO ZULUAGA

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ MARGARITA CABELLO BLANCO

FERNANDO CASTILLO CADENA FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS EYDER PATIÑO CABRERA JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁNNo. 110010230000201800511-00 7

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO LUIS ALONSO RICO PUERTA

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

DAMARIS ORJUELA HERRERA

Secretaria General