CSJ - APL4698-2022

GERSON CHAVERRA CASTRO Magistrado ponente APL4698-2022 Nº. 110010230000202200775-00 Aprobado Acta nº. 24 N°. 106 (Aprobada en sesión de seis de octubre de dos mil veintidós) Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintidós (2022).- Resuelve la Corte Suprema de Justicia, el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué y el Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Barranquilla, para conocer de la acción de tutela promovida por José Alexander Gelves Espitia contra la Gobernación del AtlánticoSecretaría de Hacienda Departamental y la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla.

I. ANTECEDENTES

1. Ante el «JUEZ CIVIL MUNICIPAL (REPARTO)» de Ibagué el accionante formuló solicitud de amparo por laNo. 110010230000202200775-00 2 presunta vulneración de los derechos de petición y habeas data.

Manifestó que el 28 de abril del presente año, solicitó a la Gobernación del Atlántico - Oficina de Tránsito, la corrección de los datos correspondientes a un vehículo de su propiedad a fin de realizar el pago electrónico de los impuestos por el año 2022, pues en la página web de la entidad aún figura a cargo del anterior propietario; al efecto, adjuntó copia de los documentos que acreditan que el

impuestos por el año 2022, pues en la página web de la entidad aún figura a cargo del anterior propietario; al efecto, adjuntó copia de los documentos que acreditan que el automóvil ahora se encuentra a su nombre. Asegura que la respuesta no fue clara, de fondo ni congruente con lo que pidió porque, solo le expidió un recibo de pago a nombre del dueño anterior, pero no le resolvió la situación, aclarando que, «no puedo efectuar el pago de impuesto vehicular a nombre de otra persona».

2. El Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué, en auto de 1 de junio de 2022, remitió las diligencias a los Jueces de Barranquilla, al estimar que son los competentes territorialmente para conocer del asunto porque allí se origina la presunta vulneración.

3. Mediante proveído de la misma fecha, la Jueza Tercera Civil Municipal de Oralidad de esta última ciudad, a quien fue repartido el asunto, también se declaró incompetente y provocó la colisión negativa. Consideró queNo. 110010230000202200775-00 3 es atribución del funcionario remitente a prevención, donde produce efectos la supuesta violación al derecho.

II. CONSIDERACIONES De conformidad con el artículo 17, numeral 3 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 1 del artículo 18 ibidem, le corresponde a la Sala Plena de esta Corporación dirimir el conflicto suscitado, dada la competencia residual que le ha sido asignada respecto de asuntos que por

ibidem, le corresponde a la Sala Plena de esta Corporación dirimir el conflicto suscitado, dada la competencia residual que le ha sido asignada respecto de asuntos que por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus Salas especializadas o a otra autoridad judicial. En esa dirección, la Sala considera oportuno señalar que de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el precepto 1 del Decreto 1382 de 2000, el cual fue compilado en el canon 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, disposición a su vez modificada por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de las mismas. De la citada normativa se infiere que, en virtud de la expresa referencia al factor «competencia a prevención», es el afectado quien tiene la posibilidad de elegir la autoridad que debe resolver sobre las prerrogativas constitucionales invocadas, ya sea por el lugar donde, según susNo. 110010230000202200775-00 4 afirmaciones, están ocurriendo los hechos denunciados o produce sus efectos la acción u omisión generadora del agravio, cualquiera de los cuales, por lo general, puede

4 afirmaciones, están ocurriendo los hechos denunciados o produce sus efectos la acción u omisión generadora del agravio, cualquiera de los cuales, por lo general, puede coincidir con el del domicilio de éste, según el caso. Sobre el tema, ha dicho la Corte: [P]or sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio». (CSJ ATC095-2022, 2 de feb 2022, rad. 2022-0027300, ATC421-2021 6 abr. 2021 rad. 2021-01010-00, ATC3462020 18 mar. 2020 rad. 2020-00855-00; CSJ ATL1706-2021 3 nov. 2021 rad. 64856, ATL2039-2019 18 dic. 2019 rad. 58300; CSJ ATP-895-2021 22 jun. 2021 rad. 117645, Auto 155 23 abr. 2020 rad. 155; CSJ APL 3106-2021 15 jul. 2021 rad. 202100785-00, APL5982-2021 25 nov. 2021 rad. 2021-02017-00,

00785-00, APL5982-2021 25 nov. 2021 rad. 2021-02017-00, APL5983-2021 25 nov. 2021 rad. 2021-02027-00, entre otros). En consecuencia, «[e]l juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deberá asumir la acción constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio de prevención, es viable su conocimiento». (CSJ ATC148-2022 10 feb. 2022 rad. 20220426-00, ATC095-2022 2 feb. 2022 rad. 2022-00273-00; CSJ ATL0952020 29 ene. 2020 rad. 87608, ATL1303-2018 20 jun. 2018 rad. 80327; CSJ APL1738-2021 16 nov. 2021 rad. 120439, AP924-2020 12 mar. 2020 rad. 109683; CSJ APL5980-2021 25 nov. 2021 rad. 202101997-00, APL5984-2021 02 dic. 2021 rad. 2021-02026-00, APL5577 4 nov. 2021 rad. 2021-01829-00 entre otros). En el asunto que se analiza, los dos despachos en conflicto son competentes para conocer y decidir la acción de

tutela instaurada por José Alexander Gelves Espitia, el deNo. 110010230000202200775-00 5 Ibagué por cuanto allí se encuentra su domicilio –como así lo manifestó en el escrito de tutelay se producen por lo tanto los efectos del acto lesivo; y el de Barranquilla porque es donde se origina este último. Conforme lo anterior, si bien ambos funcionarios judiciales tienen atribución para el trámite en referencia, lo cierto es que como el primero fue el que el actor seleccionó para formular la solicitud de amparo, al Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué le corresponde conocer de la misma y a la que se remitirá el expediente para que adelante tales diligencias.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

en Sala Plena, RESUELVE Primero: Declarar que la competencia para conocer de la presente acción de tutela en primera instancia es del Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva. Remítase el expediente.

Segundo: Comunicar lo decidido a la Jueza Tercera Civil Municipal de Oralidad de Barranquilla y al accionante, haciéndoles llegar copia de la providencia.No. 110010230000202200775-00

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Tercero: Librar por Secretaría los oficios correspondientes.

Cúmplase.-

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

GERSON CHAVERRA CASTRO

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ Ver constanciaNo. 110010230000202200775-00 7

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

FABIO OSPITIA GARZÓN

HUGO QUINTERO BERNATE

LUIS ALONSO RICO PUERTA

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

DAMARIS ORJUELA HERRERA

Secretaria General