CSJ - APL599-2023

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente APL599-2023 Rad. N°. 110010230000202300173-00 Aprobado Acta n º 5 N ° 28 (Aprobada en sesión de nueve de marzo de dos mil veintitrés) Bogotá, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitrés (2023). - La Corte Suprema de Justicia resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Sesenta y Nueve Civil Municipal –hoy Cincuenta y Uno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá– y Promiscuo Municipal de Bugalagrande, Valle del Cauca, para conocer de la acción de tutela instaurada por David Sebastián Quintero Valencia contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de esta última ciudad.

I. ANTECEDENTES

1. El libelista formuló acción de tutela por la presunta vulneración al derecho fundamental de petición, toda vez que, el 28 de diciembre de 2022, solicitó ante la entidad requerida la « revocatoria de foto comparendo » n.ºNo. 110010230000202300173-00 2 76113001000036072405 de 17 de diciembre del mismo año, teniendo en cuenta que no se identificó al conductor, conforme lo dispone la sentencia C-038 de 2020, de la Corte Constitucional. Sin embargo, a la fecha de presentación del resguardo, no había recibido respuesta.

2. El Juzgado Sesenta y Nueve Civil Municipal –hoy

Cincuenta y Uno de Pequeñas Causas y Competencia

Constitucional. Sin embargo, a la fecha de presentación del resguardo, no había recibido respuesta.

2. El Juzgado Sesenta y Nueve Civil Municipal –hoy Cincuenta y Uno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá–, al que correspondió por reparto el asunto, con proveído de 14 de febrero de 2023, declaró la falta de competencia por el factor territorial. Al efecto, precisó que el trámite debía asignarse a los estrados municipales de Bugalagrande, pues allí ocurrieron los hechos que motivan el reclamo.

3. Por su parte, el despacho Promiscuo Municipal de esta última ciudad, con auto del mismo día, también rehusó la atribución y provocó la colisión negativa. Consideró que, en virtud de la competencia a prevención, corresponde al funcionario remitente, sitio en el cual se encuentra el domicilio del actor.

II. CONSIDERACIONES De conformidad con el artículo 17, numeral 3 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 1 del artículo 18 ibidem, le corresponde a la Sala Plena de esta Corporación dirimir el conflicto suscitado, dada la competencia residual que le ha sido asignada respecto de asuntos que por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus salas especializadas o a otra autoridad judicial.No. 110010230000202300173-00

3 En orden a resolverlo, es del caso recordar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el

3 En orden a resolverlo, es del caso recordar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el canon 1 del Decreto 333 de 2021, que modificó el precepto 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, establece que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales o en el que razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de las mismas. Tal disposición, según lo ha interpretado reiteradamente esta Corporación, consagra un sistema atributivo de competencia preventiva en virtud del cual el accionante puede escoger el juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos. Es claro, entonces, que por virtud de la expresa referencia al factor «competencia a prevención», es el afectado quien tiene la posibilidad de elegir la autoridad que debe resolver sobre las prerrogativas constitucionales invocadas, ya sea por el lugar donde, según sus afirmaciones, están

ocurriendo los hechos denunciados o produce sus efectos la acción u omisión generadora del agravio.

Sobre el tema ha dicho la Corte: «[P]or sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio» (CSJ ATC095-2022, 2 de feb 2022, rad. 2022-No. 110010230000202300173-00 4 00273-00, ATC421-2021 6 abr. 2021 rad. 2021-01010-00, ATC346-2020 18 mar. 2020 rad. 2020-00855-00; CSJ ATL17062021 3 nov. 2021 rad. 64856, ATL2039-2019 18 dic. 2019 rad. 58300; CSJ ATP-895-2021 22 jun. 2021 rad. 117645, Auto 155 23 abr. 2020 rad. 155; CSJ APL 3106-2021 15 jul. 2021 rad. 2021-00785-00, APL5982-2021 25 nov. 2021 rad. 2021-0201700, APL5983-2021 25 nov. 2021 rad. 2021-02027-00, entre otros).

De allí que haya precisado también que «[e]l juez de

00, APL5983-2021 25 nov. 2021 rad. 2021-02027-00, entre otros). De allí que haya precisado también que «[e]l juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deberá asumir la acción constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio de prevención, es viable su conocimiento». (CSJ ATC148-2022 10 feb. 2022 rad. 2022-0426-00, ATC095-2022 2 feb. 2022 rad. 2022-00273-00; CSJ ATL095-2020 29 ene. 2020 rad. 87608, ATL1303-2018 20 jun. 2018 rad. 80327; CSJ APL1738-2021 16 nov. 2021 rad. 120439, AP924-2020 12 mar. 2020 rad. 109683; CSJ APL5980-2021 25 nov. 2021 rad. 2021-01997-00, APL5984-2021 02 dic. 2021 rad. 2021-02026-00, APL5577 4 nov. 2021 rad. 2021-01829-00 entre otros). En el asunto que se analiza, los dos despachos en conflicto son competentes para conocer y decidir la acción de tutela instaurada por el promotor; el de Bogotá, porque en esta capital se encuentra su domicilio1 y se producen, en consecuencia, los efectos del presunto acto lesivo; y el de

tutela instaurada por el promotor; el de Bogotá, porque en esta capital se encuentra su domicilio1 y se producen, en consecuencia, los efectos del presunto acto lesivo; y el de Bugalagrande –Valle del Cauca, por cuanto allí está la sede de la Secretaría de Tránsito accionada, es decir, donde se origina la argüida vulneración. Conforme con ello, al primer estrado involucrado en la contienda no le era dable desprenderse de la atribución –ya que, se insiste, allí concurre uno de los factores previamente referenciados–, razón por la cual se dispondrá la remisión de las diligencias al citado Juez Sesenta y Nueve Civil Municipal

1 De acuerdo con la constancia secretarial de 6 de marzo de 2023 visible en el consecutivo n.º 3 de ESAV.No. 110010230000202300173-00 5 –hoy Cincuenta y Uno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá–, para lo de su cargo.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

en Sala Plena, RESUELVE PRIMERO: Declarar que la competencia para conocer de la presente acción de tutela es del Juzgado Sesenta y Nueve Civil Municipal –hoy Cincuenta y Uno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá–, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva. Remítase el expediente.

SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Juzgado Promiscuo Municipal de Bugalagrande –Valle del Cauca y al accionante, haciéndoles llegar copia de la providencia.

TERCERO: Librar por Secretaría los oficios

SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Juzgado Promiscuo Municipal de Bugalagrande –Valle del Cauca y al accionante, haciéndoles llegar copia de la providencia.

TERCERO: Librar por Secretaría los oficios correspondientes.

Comuníquese y Cúmplase-.

FERNANDO CASTILLO CADENA

Presidente

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

GERARDO BOTERO ZULUAGA

GERSON CHAVERRA CASTRONo. 110010230000202300173-00

6

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

FABIO OSPITIA GARZÓN

HUGO QUINTERO BERNATE

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

LUIS ALONSO RICO PUERTA

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

DAMARIS ORJUELA HERRERA

Secretaria General