CSJ - APL7990-2025

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

APL7990-2025 N.º 110010230000202501134-00 Aprobado Acta n.º 37 N.° 396 (Aprobado en Sala Plena de seis de noviembre de dos mil veinticinco)

Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

La Corte Suprema de Justicia resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Diecisiete Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá y Civil Municipal de Chocontá (Cundinamarca), en el trámite de la acción de tutela que Carlos Alberto Chiguasuque Pantano promo vió contra la Secretaría de Movilidad de Chocontá – Oficina de Tránsito y Transporte.

I. ANTECEDENTES

1. El actor formuló solicitud de amparo por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición y debido proceso . Manifestó que el 26 de junio de 2025 radicó ante la entidad convocada derecho de peticiónNo. 110010230000202501134-00

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en solicitud de «la anulación de una multa de tránsito en el municipio de Chocontá»; no obstante, a la fecha de presentación de la acción constitucional no ha recibido respuesta.

2. El Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá declaró su falta de competencia territorial por considerar que la acción debía ser tramitada por los jueces municipales de Chocontá, lugar donde ocurre la presunta vulneración (1º octubre 2025).

Funciones de Control de Garantías de Bogotá declaró su falta de competencia territorial por considerar que la acción debía ser tramitada por los jueces municipales de Chocontá, lugar donde ocurre la presunta vulneración (1º octubre 2025).

3. El Juzgado Civil Municipal de Chocontá

(Cundinamarca) también se abstuvo de avocar el estudio y provocó la colisión negativa. Para el efecto señaló que el conocimiento del asunto es atribución de la funcionaria remitente, a prevención, por la elección que efectuó el accionante, toda vez que allí se encuentra su domicilio, lugar al cual se extienden los efectos de la eventual infracción a los derechos (2 octubre 2025).

II. CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 17, numeral 3 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 1 del artículo 18 ibidem, corresponde a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia dirimir el conflicto suscitado, dada la « competencia residual» que le ha sido asignada respecto de «asuntos» que por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus Salas especializadas o a otra autoridad judicial.No. 110010230000202501134-00 3

En orden a resolverlo, conviene recordar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el 1 del Decreto 1382 de 2000, compilado en el canon 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, a su vez modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, establece que « son competentes para conocer de la

1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, a su vez modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, establece que « son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de las mismas».

Tal precepto, según lo ha interpretado reiteradamente esta Corporación, consagra un sistema « atributivo» de «competencia preventiva», en virtud del cual el precursor puede escoger el iudex ante quien va a radicar la petición de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos.

Sobre el tema, ha dicho reiteradamente la Corte:

[P]or sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sit io en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio (ATC042-2025 de 23 ene. 2025 rad. 2024 -05720-00; ATL263-2024 de 5 feb. 2024 rad 100884; ATP -643-2025 de 04 mar. 2025 rad 143566; AT P2083-2025 de 23 abr. 2025 rad 00302-00, entre otros).

En ese orden, «[e]l juez de cualquiera de estos lugares donde se

mar. 2025 rad 143566; AT P2083-2025 de 23 abr. 2025 rad 00302-00, entre otros).

En ese orden, «[e]l juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deberá asumir la acción constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio deNo. 110010230000202501134-00 4

prevención, es viable su conocimiento ». (ATC592-2024 de 8 abr. 2024 rad 00372-01; ATL260-2025 de 5 feb. 2025 rad 00128 -00; ATP7042025 de 8 abr. 2025 rad 144698 ; APL559-2025 de 24 feb. 2025 rad 00050-00, entre otros).

En el asunto que se analiza, en virtud de la competencia a prevención, el accionante podía elegir válidamente a la autoridad de Bogotá porque allí está su domicilio, como así se le informó a esta Corporación, lo que permite determinar que los efectos de la presunta vulneración ocurren en dicha ciudad1.

Conforme con ello, al Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá no le era dable desprenderse de la atribución , ya que, se insiste, allí concurre uno de los factores previamente referenciados y fue elegido por el actor para promover la solicitud de amparo , razón por la cual se dispondrá la remisión de las diligencias al mencionado despacho judicial.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena,

RESUELVE

remisión de las diligencias al mencionado despacho judicial.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena,

RESUELVE

Primero: Declarar que la competencia para conocer de la presente acción de tutela en primera instancia es del

1 Pdf0014Constancia_secretarialNo. 110010230000202501134-00 5

Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá. Remítasele el expediente.

Segundo: Comunicar lo resuelto al otro despacho involucrado en este conflicto y a l accionante, haciéndoles llegar copia del proveído.

Tercero: Librar por Secretarí a los oficios correspondientes.

Comuníquese y cúmplase.

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

Magistrada

GERARDO BARBOSA CASTILLO

Magistrado

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

Magistrado

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

Magistrado

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

Magistrado HILDA GONZÁLEZ NEIRA Magistrada No firma excusa justificada

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

MagistradaLUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Magistrado

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

MagistradaLUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Magistrado

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

Magistrada

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Magistrado

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Magistrado

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Magistrado

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Magistrado

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

Magistrado

VÍCTOR JULIO USME PEREA

Magistrado MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada No firma en comisión especial DAMARIS ORJUELA HERRERA Secretaria General Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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