CSJ - APL8764-2017

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

Magistrado Ponente APL8764-2017 No. 110010230000201701103-00 Aprobado Acta nº 32 N° 40 Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). Resuelve la Corte Suprema de Justicia, el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Pereira y el Juzgado Octavo Penal Municipal de Medellín, para conocer de la acción de tutela promovida a través de apoderada por

JORGE VALENCIA GUTIÉRREZ, contra ALKOMPRARCORBETA.

I. ANTECEDENTES Ante los jueces civiles municipales de Pereira, Jorge Valencia Gutiérrez, quien tiene su domicilio en esa ciudad, a través de apoderada formuló acción de tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al habeas data y el debido proceso.Nº 110010230000201701103-00

2 Relató que fue reportado negativamente ante las centrales de riesgo por la accionada sin haber cumplido con la obligación de adelantar la notificación previa exigida en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. Dirigió derecho de petición a esta última requiriendo información detallada sobre las obligaciones que se encuentran reportadas en las centrales de riesgo y copia de la comunicación previa junto con la certificación de envío «consagrada en la resolución 76434», y el correspondiente recibido,

encuentran reportadas en las centrales de riesgo y copia de la comunicación previa junto con la certificación de envío «consagrada en la resolución 76434», y el correspondiente recibido, el cual «no fue resuel[t]o a fondo (…) toda vez que ni se pronuncian ni allegan dichos documentos». El Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Pereira declaró su falta de competencia pues la presunta vulneración de los derechos fundamentales no aconteció en esa ciudad sino en Medellín, sede territorial a la que remitió el asunto. Se repartió al Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, cuyo titular tampoco lo tramitó y propuso conflicto negativo. Señaló que el conocimiento correspondía al juez remitente en virtud de la competencia a prevención y por ser el lugar donde ocurrió la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. II.CONSIDERACIONES De conformidad con el artículo 17, numeral 3 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 1 del artículo 18Nº 110010230000201701103-00 3 ibidem, es competente la Sala Plena de esta Corporación para dirimir el conflicto suscitado, dada la competencia residual que le ha sido asignada respecto de asuntos que por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus Salas especializadas o a otra autoridad judicial. En orden a resolverlo, conviene recordar cómo el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el

Salas especializadas o a otra autoridad judicial. En orden a resolverlo, conviene recordar cómo el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, establece que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de las mismas. Tal disposición, según lo ha interpretado reiteradamente esta Corporación, consagra un sistema atributivo de competencia preventiva en virtud del cual el accionante bien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos. Al respecto, ha dicho la Corte que: «(…) por sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio. (CSJ PLNº 110010230000201701103-00 4

que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio. (CSJ PLNº 110010230000201701103-00 4 Autos abr. 22 de 2002, exp. 388; AC abr. 12 de 2002, rad. 10892; AP, may. 8 de 2001, rad. 9532, oct. 9 de 2001, rad. 10251; AL. Abr. 7 de 2002, rad. 80, entre otros). En consecuencia, «[e]l juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deberá asumir la acción constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio de prevención, es viable su conocimiento. (CSJ SP Auto may. 22 2001, rad. 9596, entre otros). En el asunto examinado, si bien es cierto la entidad accionada tiene su sede en Medellín y en este lugar podría demandarse la protección de sus derechos, lo cierto es que el actor escogió la ciudad de Pereira, -donde igualmente repercuten las consecuencias de la eventual violación-, pues allí tiene su domicilio, y en consecuencia se producen los efectos de la omisión presuntamente vulneradora de sus derechos fundamentales. Por tal razón, era acertado elegir dicha localidad para formular la presente acción constitucional, como en efecto ocurrió.

efectos de la omisión presuntamente vulneradora de sus derechos fundamentales. Por tal razón, era acertado elegir dicha localidad para formular la presente acción constitucional, como en efecto ocurrió. En este orden de ideas, la decisión del accionante debe prevalecer, de modo que, se ordenará el envío de la actuación al Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Pereira.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

en Sala Plena, RESUELVENº 110010230000201701103-00 5

Primero: Declarar que la competencia para conocer de la presente acción de tutela en primera instancia es del Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Pereira, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva, al cual se remitirá el expediente.

Segundo: Comunicar lo decidido al otro despacho judicial involucrado en este conflicto y al accionante, haciéndoles llegar copia de la providencia.

Tercero: Librar por Secretaría los oficios correspondientes y remitir el expediente.

Cúmplase.-

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

Presidente JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS GERARDO BOTERO ZULUAGANº 110010230000201701103-00 6

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ MARGARITA CABELLO BLANCO

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS GERARDO BOTERO ZULUAGANº 110010230000201701103-00

6

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ MARGARITA CABELLO BLANCO

FERNANDO CASTILLO CADENA FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS EYDER PATIÑO CABRERA JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO LUIS ALONSO RICO PUERTA PATRICIA SALAZAR CUÉLLARNº 110010230000201701103-00 7

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

DAMARIS ORJUELA HERRERA

Secretaria General