CSJ - ATC157-2020

ATC157-2020 Radicación n° 11001-02-03-000-2020-00456-00 Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil veinte (2020). Se resuelve el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Penal Municipal Con Funciones de Conocimiento de Cartago (Valle) y Segundo Promiscuo Municipal de Girón (Santander), en la tutela instaurada por Diego Ortiz Lambis contra la E.P.S.-S. Comparta.

ANTECEDENTES

1. Ante el primer Despacho, el accionante pretendió la salvaguarda de sus « derechos fundamentales a la salud y seguridad social » que supuestamente la querellada le ha lesionado porque no ha « realizado las gestiones debidas o actualizaciones en la base de datos del FOSYGA/ADRES para retirarlo del sistema», y por ello no ha podido afiliarse a una nueva E.P.S. en Cartago, donde actualmente reside.Radicado n° 11001-02-03-000-2020-00456-00

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2. El Juzgado se abstuvo de tramitar el resguardo porque la institución interpelada se ubica en Girón, a donde remitió las diligencias (3 feb. 2020).

3. Por su parte, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de esa urbe también se rehusó a avocar conocimiento, apoyado en que el promotor reside en el lugar de la agencia judicial de origen (6 feb. 2020).

4. El paginario arrimó al Juzgado Tercero Civil del

conocimiento, apoyado en que el promotor reside en el lugar de la agencia judicial de origen (6 feb. 2020).

4. El paginario arrimó al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga para definir la colisión, a lo que no accedió por no ser el superior funcional común de los precitados y, en consecuencia, envió el dossier a esta Corporación para tal fin (7 feb. 2020).

CONSIDERACIONES

1. Teniendo en cuenta que el presente conflicto involucra estrados de distintos distritos judiciales, a esta Sala le atañe dirimirla, a través de Magistrado Sustanciador, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7 de la 1285 de 2009, en armonía con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso, aplicables con sustento en el canon 4 del Decreto 306 de 1992.

2. En primer orden, es preciso destacar que al tenor del «artículo» 37 del Decreto 2591 de 1991, «son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de laRadicado n° 11001-02-03-000-2020-00456-00 3 solicitud»; directriz que se reitera en el « Decreto» 1382 de 2000, modificado por el 1983 de 2017.

A partir del análisis de ese parámetro de asignación, esta Colegiatura ha establecido que su intención:

3 solicitud»; directriz que se reitera en el « Decreto» 1382 de 2000, modificado por el 1983 de 2017. A partir del análisis de ese parámetro de asignación, esta Colegiatura ha establecido que su intención: «es facilitar al presunto afectado la escogencia del juez que ha de resolver, con la celeridad propia de esta acción, sobre la protección de sus derechos fundamentales, según fluye claramente de su texto, de lo cual se deduce que la competencia por el factor territorial debe establecerse por el lugar donde, según las afirmaciones de la respectiva demanda, adquiera materialidad la violación o amenaza de tales atributos, es decir, donde se producen los efectos de la actuación u omisión que se acusan, y que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para ello interese dónde tenga su domicilio o sede administrativa el accionado, o el lugar donde se expida el respectivo acto. De ahí, además, que se trate de una competencia preventiva, significando con ello que si son varios los jueces llamados a asumir el conocimiento, el primero que lo haga excluye a los demás (resalte fuera de texto) (CSJ ATC214-2018, entre otras). En esa misma dirección, se ha admitido que para saber cuál es la célula que debe ocuparse de la protección superlativa, se torna definitiva la elección que libremente haga el requirente al presentar su reclamo ante cualquiera de las respectivas agencias, de tal suerte que la seleccionada queda investida de la facultad suficiente para rituarla y

superlativa, se torna definitiva la elección que libremente haga el requirente al presentar su reclamo ante cualquiera de las respectivas agencias, de tal suerte que la seleccionada queda investida de la facultad suficiente para rituarla y resolverla de fondo (Autos 10 sep. 2002, 22 en. 2004, reiterados en CSJ AC1322-2018).Radicado n° 11001-02-03-000-2020-00456-00 4

3. En el sub examine, a pesar de que la aspiración del gestor se perfila contra la E.P.S.-S. Comparta con sede en Girón, pues quiere que ésta lo «desafilie» para poder registrarse en una nueva entidad de «salud», lo cierto es que indicó con claridad que actualmente está domiciliado en Cartago (hecho segundo del libelo), por cuya localidad optó para adelantar la «tutela».

Adicionalmente, la transgresión denunciada surte efectos en dicha circunscripción, dado que allí es donde el libelista quiere « afiliarse nuevamente en el régimen contributivo» (fl. 5), sin haberlo logrado por la circunstancia aludida. De modo que, ante la primera dependencia confluían varios criterios para asumir la demanda constitucional sin que, por tanto, estuviera autorizada para desprenderse de ella, como lo hizo. DECISIÓN En mérito a lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE PRIMERO: Determinar que el impulso de este asunto le corresponde al Juzgado Segundo Penal Municipal con

ella, como lo hizo. DECISIÓN En mérito a lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE PRIMERO: Determinar que el impulso de este asunto le corresponde al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cartago, a donde se «enviará» inmediatamente el expediente para lo de su cargo.Radicado n° 11001-02-03-000-2020-00456-00 5

SEGUNDO: Infórmese al otro « Despacho» implicado y comuníquese al libelista por el medio más expedito.

NOTÍFIQUESE

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado