CSJ - ATC1698-2026

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ Magistrada ponente

ATC1698-2026 Radicación n° 11001-02-30-000-2026-00641-01

Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintiséis (2026).

1. Correspondería decidir la impugnación formulada frente al fallo dictado el 19 de mayo de 2026 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el trámite de tutela promovido por Jorge Orjuela García contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse.

2. Surge del examen del expediente que el a quo incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisión del artículo 4° del Decreto 306 de 1991.

Lo anterior, por cuanto esta Sala no encuentra acreditado que se hubiera dispuesto la vinculación ni notificado la iniciación del presente trámite constitucional a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) , quien podría tener interés directo en las resultas de este trámite de tutela, a fin de que ejerciera su derecho de defensa, contradicción y efectuara Firmado electrónicamente por: Martha Patricia Guzmán Álvarez - Magistrada

Fecha: 2026-07-07 Código de verificación: 65C192390AD759AECC83D24330767203DC812A1F98D2F7D52611CCC22E943201

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999Radicación No 11001-02-30-000-2026-00641-01 2 las manifestaciones a que hubiere lugar, dado que , conforme al informe rendido por la accionada, es dicha autoridad la encargada de la actualización y registro de las sanciones de los abogados, temática que en gran parte motivó la interposición del reclamo.

3. Lo anterior adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que, en el fallo de primera instancia, para predicar la no vulneración de la accionada, el mismo a quo destacó que la permanencia del registro depende de dicha unidad, sin que la hubiese vinculado al trámite.

En este sentido, el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 prevé que las actuaciones surtidas dentro del proceso constitucional deben notificarse a las partes e intervinientes, garantía que comprende la citación de los terceros determinados o determinables con interés legítimo, para que puedan ejercer su defensa, en observancia del debido proceso.

Sobre el particular, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciación de la tramitación a todos los directamente interesados en sus resultas, ha señalado que:

(…) se ha hecho énfasis en la necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la iniciación del trámite que se origina con

los directamente interesados en sus resultas, ha señalado que:

(…) se ha hecho énfasis en la necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la iniciación del trámite que se origina con motivo de la instauración de la acción de tutela, (…), lo cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garantía procesal (…). Si bien es cierto que esta Corporación ha afirmado que la obligación de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligación de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificación, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal al demandado sea óbice para que el juez intente otros medios de Firmado electrónicamente por: Martha Patricia Guzmán Álvarez - Magistrada Fecha: 2026-07-07 Código de verificación: 65C192390AD759AECC83D24330767203DC812A1F98D2F7D52611CCC22E943201 Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999Radicación No 11001-02-30-000-2026-00641-01 3 notificación eficaces, idóneos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculación efectiva de aquel contra quien se dirige la acción. La eficacia de la notificación, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integración del contradictorio se torne particularmente difícil, el juez se encuentre

solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integración del contradictorio se torne particularmente difícil, el juez se encuentre frente a una obligación imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acción, el juez deberá actuar con particular diligencia; así, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificación personal, el juez deberá acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificación que estime expeditos, oportunos y eficaces (…)». (CSJ AT 018, 31 Ene. 2005, criterio citado entre otros en el ATC826 -2022,

ATC1444-2023 ATC2594-2025 y ATC761-2026).

4. La informalidad de la que está dotada la tutela no puede implicar el quebrantamiento al debido proceso, al que por expreso mandato constitucional están sometidas todas las actuaciones judiciales [Artículo 29 de la Constitución Política] de manera que, e l juez que la conoce, como director del proceso, está obligado -entre otras cargas - a enterar debidamente a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar comprometidas en la afectación ius fundamental denunciada y en el cumplimiento de una event ual orden de amparo, para que puedan intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar, solicitar las pruebas que consideren pertinentes y, ejercer su derecho de defensa.

5. Conforme a lo anterior, se impone declarar la nulidad

pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar, solicitar las pruebas que consideren pertinentes y, ejercer su derecho de defensa.

5. Conforme a lo anterior, se impone declarar la nulidad de lo actuado, para ordenar que, por el a quo, se rehaga el trámite, se vincule y notifique en debida forma a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

(URNA).

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Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999Radicación No 11001-02-30-000-2026-00641-01 4

DECISIÓN

Con fundamento en lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 19 de mayo de 2026, para que se rehaga el trámite, se vincule y notifique en debida forma a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA). La actuación deberá ser renovada con ese exclusivo propósito, permaneciendo incólume la validez de las pruebas practicadas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo

Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA). La actuación deberá ser renovada con ese exclusivo propósito, permaneciendo incólume la validez de las pruebas practicadas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 138 del Código General del Proceso.

SEGUNDO: En oportunidad devuélvase el expediente al lugar de origen.

TERCERO: Comuníquese lo aquí resuelto a todos los interesados por el medio más expedito.

Notifíquese y cúmplase,

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ Magistrada Firmado electrónicamente por: Martha Patricia Guzmán Álvarez - Magistrada Fecha: 2026-07-07 Código de verificación: 65C192390AD759AECC83D24330767203DC812A1F98D2F7D52611CCC22E943201 Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999