CSJ - ATC2477-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada ponente

ATC2477-2026

Radicación n° 25000-22-13-000-2026-00453-02

(Aprobado en sesión de nueve de septiembre de dos mil veintiséis)

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

ANOTACIÓN PRELIMINAR

De conformidad con lo señalado en el artículo 1° del Acuerdo n° 034 de 16 de diciembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia con el fin de proteger la intimidad de los niños, niñas y adolescentes involucrados en este asunto, se procederá a emitir providencia paralela a esta en la que se reemplazarán los nombres de las partes por otros ficticios para evitar la divulgación real de sus datos.

Decide la Corte el grado jurisdiccional de consulta con relación al auto del 4 de septiembre de 2026, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, por medio del cual se sancionó por desacato a Clara, en calidad de Juez de Familia de Funza.

ANTECEDENTES

1. Carlos promovió acción de tutela en contra del Juzgado Segundo de Familia de Funza al considerar que la sentencia del 19 de febrero de 2026 se basó en una valoración insuficiente del material probatorio y falta de motivación por limitarse a sumar la totalidad de las consignaciones efectuadas sin examinar si cada pago correspondía a los conceptos específicos ejecutados en el proceso ejecutivo de alimentos que se adelanta en contra del tutelante.

Mediante sentencia del 24 de junio de 2026, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas amparó el derecho fundamental al debido proceso del tutelante. En dicha providencia se dispuso:

«SEGUNDO: Ordenar a la señora Juez xxx de Familia de Funza, que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente fallo, deje sin valor ni efecto la sentencia proferida el día 19 de febrero de 2026, dentro del proceso ejecutivo por alimentos No. 25286-31-10-002-2024-xxxx-00, y dentro del mismo término proceda a dictar sentencia escrita conforme a lo considerado en el presente fallo”».

El amparo se fundó en que la funcionaria incurrió en defecto fáctico al declarar probada la excepción de pago, pues se limitó a confrontar el valor global de las consignaciones aportadas por el ejecutado con el monto total del mandamiento reformado, sin establecer el valor real de la cuota mensual de alimentos y de los demás rubros pactados en el título ejecutivo, ni verificar la correspondencia entre cada pago y cada una de las obligaciones ejecutadas.

2. Impugnada dicha decisión por Felipe, vinculado y demandado dentro del proceso ejecutivo, esta Corporación la confirmó mediante sentencia STC135XX-2026 del 22 de julio de 2026, al concluir que la exigencia de correspondencia individual entre las consignaciones y los conceptos diferenciados contenidos en el mandamiento de pago no desconocía el principio de congruencia, y que la sola verificación de que la sumatoria de lo consignado superaba la de lo reclamado no permitía tener por acreditada la extinción de cada una de las obligaciones puntualmente ejecutadas.

3. En esta ocasión, el accionante puso en conocimiento del Tribunal el incumplimiento del fallo advirtiendo que, si bien el juzgado profirió una nueva sentencia el 2 de julio de 2026, en esta reprodujo el mismo razonamiento censurado en sede constitucional, «sustentando su decisión en que las consignaciones efectuadas por el ejecutado, “por su cuantía y periodicidad”, resultan “razonablemente imputables” al cumplimiento de la cuota ordinarias de alimentos y que las sumas consignadas “ofrecen un margen suficiente” para imputarlas a los conceptos de vestuario y educación, concluyendo finalmente que los pagos realizados cubren e incluso superan el monto total reclamado en la demanda».

4. Mediante auto del 10 de agosto de 2026, el Tribunal procedió a requerir a la Juez de Familia de Funza, para que acreditara el cumplimiento del fallo de tutela proferido por esa Sala de Decisión el día 24 de junio de 2026.

Por oficio del 12 de agosto de 2026, el juzgado accionado indicó que, en cumplimiento de la orden impartida en sede de tutela, se profirió fallo el 2 de julio de 2026, por lo que se encontraba «acreditado el cumplimiento integral y oportuno de la orden impartida(...) toda vez que este despacho emitió nueva decisión el 2 de julio de 2026 (...)».

El 21 de agosto de 2026, el Tribunal dispuso la apertura del incidente de desacato y corrió traslado por tres días a los mismos funcionarios que fueron requeridos inicialmente, con el fin de que acreditaran el cumplimiento de la orden constitucional.

Mediante auto del 27 de agosto de 2026, la funcionaria incidentada sostuvo que la sentencia del 2 de julio de 2026 sí identificó los componentes de la obligación ejecutada y relacionó de manera detallada las consignaciones acreditadas, con indicación de su fecha, entidad y valor. Añadió que valoró expresamente la periodicidad, cuantía y secuencia de los abonos efectuados con posterioridad a la transacción del 23 de junio de 2023. Precisó, además, que, en su criterio, el utilizar una metodología de liquidación distinta, no «transforma por sí misma la actuación de cumplimiento del fallo de tutela en una conducta de desobediencia. Muy por el contrario, hace parte del ámbito de la autonomía e independencia del juez natural de la causa».

5. Por auto del 4 de septiembre de 2026, el Tribunal sancionó por desacato a Clara, en su calidad de Juez de Familia de Funza y le impuso arresto por el término de tres (3) días consecutivos y una multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6. El expediente fue remitido a la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia para surtir el grado jurisdiccional de consulta.

CONSIDERACIONES

1. El desacato se instituyó como un instrumento jurídico adicional a la acción de tutela, dirigido al particular objetivo de sancionar al querellado en caso de que no acate el veredicto. Contribuye a su cumplida ejecución, en procura de la completa efectividad de los derechos fundamentales del agraviado, cobijados con tal determinación.

Al respecto, esta Sala ha sostenido que se castiga:

‘‘(…) la rebeldía, la resistencia o la indiferencia de aquellas personas que, a pesar de conocer la orden del juez constitucional, hacen caso omiso frente a sus concretas determinaciones (...). Precisamente, desacato significa para la Real Academia de la Lengua Española una ‘falta del debido respeto a los superiores’ o una ‘irreverencia para con las cosas sagradas’, conceptos que sirven a la idea de hacer notar que ese mismo término, en el ámbito constitucional, denota un irrespeto, una desobediencia o, si se quiere, un comportamiento desconsiderado que, por las consecuencias nocivas que puede tener para los derechos fundamentales, amerita ser sancionado con arresto y multa’’. (ATC17 sep. 2014, exp. 00359-01, ATC 31 mar. 2014, exp. 2013-00055-02, ATC-2015, 20 ago., rad. 00052-02 y ATC-2016, 10 feb. 2018, rad. 2015-00570-01, reiterado en ATC2009-2019).

2. Analizado el presente caso, se anuncia que se confirmará la providencia objeto de consulta, por las siguientes razones:

a) Como quedó definido en la sentencia del Tribunal del 24 de junio de 2026 y en la STC13552 de 2026 que la confirmó, de la demanda inicial y del mandamiento de pago discriminaron con exactitud los conceptos objeto de ejecución: cuota alimentaria de julio de 2023, cuotas alimentarias de mayo y julio de 2024, cuota de vestuario de diciembre de 2023, cuotas de vestuario de junio, cumpleaños y diciembre de 2024, y gastos educativos de 2023 y 2024.

Esa discriminación no era accesoria sino el objeto mismo de la ejecución, en tanto correspondía a los saldos que quedaron pendientes con posterioridad al contrato de transacción del 23 de junio de 2023. De allí que la excepción de pago solo podía prosperar si se demostraba, respecto de cada uno de esos conceptos, que las consignaciones acreditadas los cubrían efectivamente. Exigir esa correspondencia no equivale a fallar por fuera de lo pedido ni a reconocer más de lo solicitado, sino que, por el contrario, es la forma de resolver dentro de los límites de lo pretendido en la reforma de la demanda, en la que precisamente se reclamaron sumas puntuales y diferenciadas por cada rubro, y no una cifra global e indiferenciada.

b) Al confrontar la sentencia del 19 de febrero de 2026, dejada sin efectos, con la del 2 de julio de 2026, proferida en cumplimiento del amparo, la Sala advierte que esta última no realizó el análisis ordenado. Por el contrario, mantuvo el mismo razonamiento que había sido objeto de reproche, aunque presentado bajo una redacción diferente, como se evidencia a continuación:

| | | | | --- | --- | --- | | Aspecto ordenado en los fallos de tutela | Sentencia del 19 de febrero de 2026 | Sentencia del 2 de julio de 2026 | | Determinación del valor real de la cuota mensual y de los demás rubros, actualizados conforme al IPC. | No se menciona el reajuste ni se establece el valor de la cuota para ninguna anualidad. | Se enuncia que las obligaciones están «reajustados conforme al IPC». | | Correspondencia individual entre cada consignación y cada obligación ejecutada | Ninguna. Se afirma que las consignaciones «deben ser imputadas a la obligación que se ejecuta» por haberse realizado con posterioridad a junio de 2023. | Ninguna. Se afirma que los depósitos resultan «razonablemente imputables» a la cuota ordinaria y que «ofrecen un margen suficiente» para los conceptos de vestuario y educación. | | Verificación de los saldos de julio de 2023 y de mayo y julio de 2024 | No se examinan de manera diferenciada. | Se sostiene que los depósitos «permiten tener por cubiertas las cuotas ordinarias de alimentos y, por tanto, absorber, en su conjunto», dichos saldos. | | Gastos educativos de 2023 y 2024 | No se examinan de manera diferenciada. | «Es viable concluir que los abonos realizados cubren la totalidad del 50% de los costos de educación reclamados», sin liquidación. | | Soporte probatorio empleado | Tabla de veintitrés consignaciones, con total declarado de $6.959.500. | La misma tabla, idéntica en fechas, entidades, valores y total. |

En efecto, las dos providencias parten del mismo consolidado de consignaciones, compuesto por los mismos veintitrés registros y por un total de $6.959.500, y llegan a la misma conclusión a partir de la comparación de esa suma global con el valor total del mandamiento reformado. Incluso, el párrafo que sustenta la decisión se mantiene sin modificación: «el ejecutado logró demostrar que las consignaciones que aportó como prueba del cumplimiento de sus obligaciones cubren e incluso superan el valor total de la suma de las pretensiones (...)».

Así, ninguna de las dos providencias efectúa una operación que permita establecer cómo se imputaron las consignaciones, ni precisa cuál de ellas corresponde a cada obligación cuyo pago se pretendía acreditar.

En conclusión, la excepción de pago no podía resolverse a partir de una estimación genérica, pues al tratarse de una obligación cuyo monto se reajusta anualmente y de saldos reclamados por rubros determinados, era necesario establecer año por año, lo causado a cargo del ejecutado y confrontarlo con lo efectivamente consignado. Se trataba de una operación aritmética específica que no podía ser reemplazada por una valoración abstracta, máxime cuando ese fue, precisamente, el defecto que conllevó a conceder la tutela.

Así lo evidencia el ejercicio realizado por el Tribunal en el auto consultado, en el que explicó la operación que debía efectuar el juzgado y señaló, a manera de ejemplo, la forma de realizarla respecto de las sumas de los años 2023 y 2024. Para ello, tomó como base la cuota mensual actualizada conforme al IPC, discriminó los rubros causados en cada anualidad y los confrontó con los pagos acreditados. En relación con el año 2023, estableció que, de acuerdo con las consignaciones relacionadas en la sentencia, el demandado había pagado un total de $1.242.000, por lo que cerró ese año con un saldo en mora de 1.401.565, correspondiente a la cuota de alimentos de julio de 2023, la cuota de vestuario y los gastos educativos de ese año.

Dicho ejercicio, demuestra que la operación podía realizarse con el material probatorio que obraba en el expediente, por lo que su omisión, no obedeció a una imposibilidad, sino a que sencillamente no se llevó a cabo.

De esta manera queda establecido que, a pesar de la claridad de la orden constitucional, la funcionaria no la cumplió ni justificó su inobservancia. En las respuestas allegadas por la jueza no se alegó ni se acreditó la existencia de una imposibilidad o de alguna circunstancia que hiciera inexigible la conducta debida, aun cuando, como lo evidenció el Tribunal, contaba con el material necesario para ejecutarla.

En tal sentido, se ratificará las sanciones impuestas.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE

En tal sentido, se ratificará las sanciones impuestas.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE

Primero: CONFIRMAR la providencia del 4 de septiembre de 2026, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, por medio de la cual se sancionó por desacato a Clara, en su condición de Juez de Familia de Funza, a multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la cual deberá pagarse en la forma y dentro del término allí señalados, y arresto por tres (3) días consecutivos, por las razones expuestas en la parte motiva.

Segundo: Devolver a la oficina de origen y por conducto de la Secretaría las presentes diligencias, previa comunicación de lo aquí decidido a los intervinientes, por el medio más idóneo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MÁRTINEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOS