CSJ - ATC2499-2025

ATC2499-2025 Radicación n° 11001-02-03-000-2025-06087-00 Buga – Valle del Cauca, once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025). Desata la Corte el conflicto negativo de competencia suscitado entre las Salas Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la impugnación frente al fallo de tutela del 6 de noviembre de 2025 del Juzgado Tercero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Pasto, dentro del radicado núm. 5200131210032025-00149-00 promovido por Harley Bernardo Portillo Estrada, en contra de la Fiscalía General de la Nación - Comisión de la Carrera Especial.

ANTECEDENTES

1. Ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto se tramitó la tutela promovida por el actor, quien afirmó que la entidad accionada quebrantó sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a funciones y cargos públicos. Por ello, pretendió que se ordenara a la accionada que, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, adelantara las actuaciones administrativas necesarias para adecuar, inaplicar y/o corregir la actuación contenida en el Acuerdo 001 de 2025; que las plazas que excedieran el límite del 30% previsto fueran trasladadas al ConcursoRad. n° 11001-02-03-000-2025-06087-00

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corregir la actuación contenida en el Acuerdo 001 de 2025; que las plazas que excedieran el límite del 30% previsto fueran trasladadas al ConcursoRad. n° 11001-02-03-000-2025-06087-00 2 de Ingreso, y que tales actuaciones se efectuaran antes de la emisión en firme de las listas de elegibles en firme en las OPECE.

2. El 6 de noviembre de 2025, el despacho judicial de Pasto negó el amparo al declararlo improcedente por incumplir los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, al estimar que el accionante contaba con la posibilidad de acudir a la acción de nulidad ante la jurisdicción contencioso administrativa.

3. El accionante impugnó la sentencia y la actuación fue remitida a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Recibidas las diligencias, el magistrado ponente declaró la falta de competencia para conocer del asunto, toda vez que, conforme con el Acuerdo PSAA13-9866, en el parágrafo de su artículo tercero «integra los factores territorial y funcional, creando una regla de competencia especial que prioriza la sede del juzgado a quo para definir al juez de segunda instancia en tutela», motivo por el cual remitió el expediente.

4. El Tribunal Superior de Pasto, al recibir el expediente, rehusó el conocimiento de la impugnación y promovió conflicto negativo de competencia, con fundamento en que, conforme con el Acuerdo PCSJA24el expediente.

4. El Tribunal Superior de Pasto, al recibir el expediente, rehusó el conocimiento de la impugnación y promovió conflicto negativo de competencia, con fundamento en que, conforme con el Acuerdo PCSJA2412141, modificado por el Acuerdo PCSJA24-12142, el factor funcional de competencia establece que la autoridad judicial llamada a conocer de la impugnación de una sentencia de tutela es aquella que ostente la calidad de superior jerárquico de quien la profirió, por lo que le corresponde al

Tribunal Especializado.

CONSIDERACIONESRad. n° 11001-02-03-000-2025-06087-00

3 Teniendo en cuenta que la presente colisión comprende despachos de distintos distritos judiciales y dentro de la misma especialidad, a esta Sala le atañe definirla, a través de la Magistrada Sustanciadora, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7 de la 1285 de 2009, en armonía con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso, aplicables con sustento en el canon 4 del Decreto 306 de 1992. El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, el cual fue compilado en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, precepto a su vez modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, establece que son competentes para conocer de la

Justicia y del Derecho, precepto a su vez modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, establece que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de las mismas. Una vez tramitada y decidida la primera instancia, si es impugnado el fallo, el expediente deberá ser enviado al superior jerárquico del juez del primer nivel para que lo dirima, conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. En ese sentido, en el caso en que la tutela sea resuelta en primer grado por un Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, el conocimiento de la segunda instancia, «corresponderá al Tribunal Superior que ejerza sus funciones jurisdiccionales en la Sede del despacho que tramitó la primera instancia», según lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 2º del Acuerdo PSAA13-9866 de 2013.Rad. n° 11001-02-03-000-2025-06087-00 4 En este orden, en el caso objeto de revisión, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto era la competente bajo el factor funcional para estudiar la impugnación de la sentencia de tutela dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de la misma ciudad. Lo anterior, porque, a pesar de que dicho Tribunal no es el superior funcional del Juzgado Especializado en temas relacionados con restitución

Restitución de Tierras de la misma ciudad. Lo anterior, porque, a pesar de que dicho Tribunal no es el superior funcional del Juzgado Especializado en temas relacionados con restitución de tierras, lo cierto es que sí funge en dicha calidad, debido al criterio funcional y territorial, cuando se trata de avocar conocimiento en segunda instancia de las acciones de tutela, conforme al parágrafo 1º del artículo 2º del Acuerdo PSAA13-9866 de 2013. En un caso de similares contornos, la Sala Plena de esta Corporación señaló: Respecto del factor funcional de competencia, la Corte Constitucional ha dicho que: [E]l alcance de la expresión “superior jerárquico correspondiente” contenida en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 alude a aquella autoridad judicial que, de acuerdo con la jurisdicción a la que pertenece (ordinaria o de lo contencioso administrativo) y a su especialidad, funge como superior funcional del juez que resolvió en la primera instancia del trámite de tutela, sin que ello, de manera alguna, implique un desconocimiento del factor territorial. Y, en asunto de igual característica al que aquí se trata, en auto CC A-226/18, el órgano de cierre constitucional consideró que: (…) dado que el Acuerdo PSAA13-9866 de 2013 reconoce a la Sala Civil de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, ubicados en la sede del despacho que tramitó la primera instancia, la calidad de superior jerárquico funcional de los jueces de restitución de tierras, estableciendo con ello formalmente el factor territorial en ese tipo de asuntos, la Corte considera que con fundamento en la naturaleza constitucional de la acción de tutela como procedimiento

de los jueces de restitución de tierras, estableciendo con ello formalmente el factor territorial en ese tipo de asuntos, la Corte considera que con fundamento en la naturaleza constitucional de la acción de tutela como procedimiento preferente y sumario tendiente a procurar la protección inmediata de derechos fundamentales, cuyo desarrollo está sometido, consecuencialmente, a los principios de prevalencia del derecho sustancial, celeridad y eficacia, la competencia por factor territorial y funcional en este caso la tiene la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa para decidir laRad. n° 11001-02-03-000-2025-06087-00 5 impugnación de la acción de tutela decidida en primera instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa. Así las cosas, la llamada a resolver la impugnación contra la sentencia de primera instancia proferida el 19 de junio de 2024, por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Neiva, dentro de la acción de tutela promovida por Rodrigo Ortiz Zea contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas -UARIV, es la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa sede territorial.

(CSJ, APL6000-2024).

En igual sentido, en reciente decisión proferida por esta Sala en una discrepancia suscitada entre la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán y la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para conocer la impugnación de un fallo dictado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito

Distrito Judicial de Popayán y la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para conocer la impugnación de un fallo dictado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de tierras de Popayán, se concluyó: En este orden, en el caso objeto de revisión, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán era la competente bajo el factor funcional para estudiar la impugnación de la sentencia de tutela dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Popayán. Lo anterior, porque, a pesar de que dicho Tribunal de Popayán no es el superior funcional del Juzgado Especializado en temas relacionados con restitución de tierras, lo cierto es que sí funge en dicha calidad, debido al criterio funcional y territorial, cuando se trata de avocar conocimiento en segunda instancia de las acciones de tutela, conforme al parágrafo 1º del artículo 2º del Acuerdo PSAA13-9866 de 2013. (...) Lo dicho constituye razón suficiente para que la Sala asigne el estudio de esta disputa al Tribunal donde inicialmente fue enviada la impugnación, a la cual se dispondrá el envío inmediato del expediente a fin de que le dé el impulso correspondiente. (dispuesto además en los CSJ, APL2483-2025, CSJ, APL2482-2025, CSJ, ATC1868-2025 y CSJ, APL2480-2025, entre otros) (CSJ, ATC1960-2025). Cabe destacar que, aunque los Acuerdos PCSJA24-12141 del 30 de

APL2482-2025, CSJ, ATC1868-2025 y CSJ, APL2480-2025, entre otros) (CSJ, ATC1960-2025). Cabe destacar que, aunque los Acuerdos PCSJA24-12141 del 30 de enero de 2024 y PCSJA24-12142 del 31 de enero de 2024 fueronRad. n° 11001-02-03-000-2025-06087-00 6 expedidos con posterioridad al Acuerdo PSAA13-9866 de 2013, su contenido no modificó de manera expresa ni tácita el parágrafo del artículo 3° de este último. Dichos Acuerdos de 2024 se limitaron a realizar ajustes en la composición de los distritos judiciales de restitución de tierras a nivel nacional, sin hacer referencia específica a la posibilidad que trae el Acuerdo de 2013 en el sentido que los tribunales superiores conozcan de las acciones constitucionales bajo el criterio territorial en casos como el presente. Esta circunstancia, que permanece inalterada, encuentra justificación en los principios de informalidad y accesibilidad que rigen con especial rigor en asuntos de esta naturaleza, los cuales exigen celeridad en su resolución debido a la clase de derechos fundamentales comprometidos. En este contexto, la cercanía entre los usuarios y las sedes judiciales que conocen incluso de la segunda instancia constituye un factor relevante, no solo por la vigencia del Acuerdo de 2013 que así lo dispone, sino también por las ventajas que dicha proximidad puede representar para facilitar el acceso de los usuarios a la autoridad judicial competente.

relevante, no solo por la vigencia del Acuerdo de 2013 que así lo dispone, sino también por las ventajas que dicha proximidad puede representar para facilitar el acceso de los usuarios a la autoridad judicial competente. Lo anterior constituye razón suficiente para que la Sala asigne el estudio de esta disputa a la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, al cual se dispondrá el envío inmediato del expediente a fin de que le dé el impulso correspondiente. DECISIÓN En mérito a lo expuesto, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,Rad. n° 11001-02-03-000-2025-06087-00 7

RESUELVE Primero: Declarar que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto es el competente para conocer de la impugnación de la acción de la tutela de la referencia.

Segundo: Enviar el expediente a la citada autoridad judicial e informar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisión acá dirimida.

Tercero: Comuníquese al libelista lo aquí dispuesto, por el medio más expedito posible.

NOTÍFIQUESE

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada