CSJ - ATC3020-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

ATC3020-2026 Radicación n.° 41001-22-14-000-2026-00386-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Respecto de la impugnación a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 17 de septiembre de 2026 , dentro de la acción de tutela promovida por Carlos Ernesto Cuenca Cleves y Juan Miguel Cuenca Cleves contra el Banco Agrario de Colombia S.A. y otros, se advierte causal de nulidad que invalida lo actuado , tal como pasa a explicarse.

ANTECEDENTES

1. Los gestores, actuando en nombre propio, acudieron a la presente acción pretendiendo lo siguiente:

1. AMPARAR de forma definitiva nuestros derechos fundamentales al Debido Proceso, Cosa Juzgada, Buen Nombre, Habeas Data Financiero, Propiedad Privada y Acceso Efectivo a la Administración de Justicia.Rad. n.° 41001-22-14-000-2026-00386-01

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2. ORDENAR al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. que, por intermedio de su Representante Legal nacional o de la Gerencia Regional Sur con sede en Neiva, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de este fallo, proceda a suscribir y otorgar de forma gratuita la Minuta

Regional Sur con sede en Neiva, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de este fallo, proceda a suscribir y otorgar de forma gratuita la Minuta de Escritura Pública de Cancelación de Hipoteca que recae sobre el predio rural "San Miguel Lote 9" (Folio de Matrícula No. 20254835 de la O.R.I.P. de Garzón), con base en la autorización emitida por el propio banco desde el 18 de julio de 2014.

3. ORDENAR al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. que, en el mismo término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a otorgar la Minuta de Escritura Pública de Cancelación de Hipoteca derivada de la Escritura No. 1688 de 2014, liberando de forma definitiva los predios rurales segregados denominados "San Miguel Lote 4" (Folio No. 202 -80058) y "La Compañía" (Folio No. 202-80059), como consecuencia forzosa de la sentencia de cosa juzgada del 5 de diciembre de 2025.

4. ORDENAR al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. que de forma inmediata adelante las gestiones ante los operadores de información financiera (CIFIN y Datacrédito) para eliminar definitivamente cualquier reporte negativo o dato histórico de mora en contra del accionante JUAN MIGUEL CUENCA CLEVES respecto de las obligaciones declaradas judicialmente inexigibles.

5. ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA reabrir y unificar bajo un solo trámite sancionatorio los

de las obligaciones declaradas judicialmente inexigibles.

5. ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA reabrir y unificar bajo un solo trámite sancionatorio los radicados de queja atomizados, adoptando las medidas de control urgentes encaminadas a compeler al banco respeto de los derechos del consumidor financiero.

6. COMPULSAR COPIAS ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la presunta responsabilidad penal y disciplinaria de los funcionarios del Banco Agrario de Colombia S.A. involucrados en la sustracción del cumplimiento del fallo judicial (Art. 453 y 454 del Código

Penal).

2. Mediante fallo de 17 de septiembre de 202 6 el Tribunal Superior de Neiva denegó el auxilio al encontrar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, en sustento señaló que, el ordenamiento jurídico contempla un proceso en el que se puede solicitar la cancelación de la hipoteca, que verificado el expediente pudo evidenciar que el actor, aunqueRad. n.° 41001-22-14-000-2026-00386-01 3 acudió a este, dejó vencer la oportunidad para subsanar la demanda y que actualmente se encuentra en curso un último proceso que promovió y que fue remitido al Juzgado 64 Civil Municipal de Bogotá , por lo que « es diáfano que existe el proceso de Cancelación de Hipoteca, al que el actor Juan Miguel Cuenca ha acudido, y que actualmente se encuentra en trámite el último litigio promovido, en el que el juez de tutela no puede inmiscuirse para desplazar la competencia del juez natural».

Cuenca ha acudido, y que actualmente se encuentra en trámite el último litigio promovido, en el que el juez de tutela no puede inmiscuirse para desplazar la competencia del juez natural».

3. El fallo fue impugnado por los tutelantes.

CONSIDERACIONES

1. De la atribución de competencia en materia de la acción de tutela

No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acción judiciala las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su trámite se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integración de la causa pasiva.

El factor de competencia en este tipo de acciones se encuentra previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991; sin embargo, esa disposición solo se ocupó de la «preventiva y territorial », mientras que artículo 1º del Decreto 333 de 2021 regula el « factor funcional » en dicha materiaRad. n.° 41001-22-14-000-2026-00386-01 4 asignando el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado.

El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, según se prevé en el ordinal 1° del artículo 133 del Código General del Proceso, que en armonía con el

calidad del funcionario demandado.

El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, según se prevé en el ordinal 1° del artículo 133 del Código General del Proceso, que en armonía con el 138 ídem, implica que «lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará».

2. De la vinculación aparente

Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Sala la falta de competencia de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva para resolver en primera instancia la presente acción, comoquiera que la presunta lesión de derechos fundamentales solo se imputó al Banco Agrario de Colombia S.A., Superintendencia Financiera de Colombia, Juzgado Segundo Civil Municipal de Garzón, su s homólogos Segundo de Neiva y Primero de Bogotá, contra la cual es se dirigen sus pretensiones en el escrito de tutela, especialmente para que el juez de tutela ordene que el Banco accionado proceda con la cancelación de la hipoteca constituida en la matrículas no. 202-54835, 202-80058 y 202-80059.

Igualmente, del escrito se desprende que además de las autoridades accionadas, los pretensores solicitaron vincular al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garzón, el TribunalRad. n.° 41001-22-14-000-2026-00386-01 5 Superior del Distrito Judicial de Neiva, la Notaría Primera de Neiva e inclusive a esta Sala, lo cual no se traduce en que atribuyó lesión alguna a las autoridades citadas en calidad

5 Superior del Distrito Judicial de Neiva, la Notaría Primera de Neiva e inclusive a esta Sala, lo cual no se traduce en que atribuyó lesión alguna a las autoridades citadas en calidad de intervinientes , pues requirió la vinculación de aquellas porque tuvieron conocimiento de l proceso ejecutivo hipotecario n.° 2021-00080-00, no obstante, ninguna actuación y menos una omisión, se alega en su contra, pues como viene de indicarse, lo que sirvió de fundamento a la presente demanda constitucional fue un ataque que se dirigió concretamente contra el Banco Agrario de Colombia S.A. y la Superintendencia Financiera de Colombia, contra las cuales se elevan las pretensiones.

Al respecto, esta Sala ha venido sosteniendo que: « no puede asumirse que, por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisión que soporte su vinculación a ese trámite, ni se precise de modo claro y dir ecto cómo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria» (Citado en CSJ, ATC 24 ju n. 2009, rad. 200900158-01 y ATC4127-2016, entre muchos otros).

Ciertamente, como la tutela solicita la protección por presuntas vulneraciones cometidas por el Banco Agrario de Colombia S.A., Superintendencia Financiera de Colombia y los juzgados civiles municipales Segundo de Garzón, Segundo de Neiva y Primero de Bogotá , en aplicación de las reglas contenidas en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021

los juzgados civiles municipales Segundo de Garzón, Segundo de Neiva y Primero de Bogotá , en aplicación de las reglas contenidas en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 (que modificó el numeral 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) se determina la competencia del amparo en primer grado, a los jueces de circuito, pues así lo establece elRad. n.° 41001-22-14-000-2026-00386-01 6 numeral 2 de dicho canon, al precisar que «[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría».

3. Definición de competencia

Bajo tal entendimiento, de conformidad con la regla 2ª del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021, la competencia para conocer en primera instancia el presente resguardo constitucional recae en los jueces del circuito.

Así las cosas, en el presente asunto se encuentra configurada la nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 133 del Código General del Proceso, la cual, por ser funcional, en atención a lo normado en el canon 138 ejusdem, implica que «Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará (…)».

4. La actuación que se invalida

conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará (…)».

4. La actuación que se invalida

De acuerdo con lo señalado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva para conocer en primera instancia este auxilio y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el envío del expediente a los jueces del mismo circuito judicial paraRad. n.° 41001-22-14-000-2026-00386-01 7 que asuman el conocimiento del asunto, impulse su trámite y profiera la decisión que en derecho corresponda.

Así, en cumplimiento del inciso final del artículo 138 del Código General del Proceso que ordena que «[e]l auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse », se precisa que se invalidará el trámite a partir del auto admisorio de la acción supralegal para que el funcionario competente determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar ( vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas).

5. Sobre la facultad para decretar nulidades

Finalmente, en cuanto a la facultad para decretar nulidades, en pretéritas oportunidades esta Sala ha señalado que:

(…) hace suya la preocupación de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilación en el trámite de las

que:

(…) hace suya la preocupación de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilación en el trámite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (…). [E]mpero, no comparte su posición respecto a que los jueces no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000’ el cual ‘…en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto … En efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los juecesRad. n.° 41001-22-14-000-2026-00386-01 8 competentes (…) (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 200900083-01, citado entre otros en CSJ, ATC075-2023).

Por lo demás, frente a lo decidido por esta Corporación en relación con la atribución de competencia, se recuerda que no cabe la posibilidad de declarar conflicto alguno por la autoridad receptora, ya que, según el tercer inciso del canon 139 del Código General del Proceso, « el juez que reciba el

en relación con la atribución de competencia, se recuerda que no cabe la posibilidad de declarar conflicto alguno por la autoridad receptora, ya que, según el tercer inciso del canon 139 del Código General del Proceso, « el juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales».

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de lo actuado por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva dentro de la presente acción de tutela, desde el auto admisorio de la demanda.

SEGUNDO: ORDENAR la remisión del expediente para reparto a los jueces civiles de circuito de Neiva para que a quien corresponda, asuma el conocimiento del asunto, impulse su trámite y profiera la decisión que en derecho corresponda.Rad. n.° 41001-22-14-000-2026-00386-01

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TERCERO: Por secretaría COMUNICAR lo aquí resuelto al a quo y a los interesados y EXPEDIR las demás comunicaciones que sean pertinentes.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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