CSJ - ATC3036-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

ATC3036-2026 Radicación n.º 52001-22-13-000-2026-00202-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Correspondería decidir la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2026 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto , dentro de la tutela promovida por Julio Javier Romo Insuasty contra la Inspección Novena de Convivencia y Paz de la misma urbe; proceso al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la capital nariñense, los intervinientes en el proceso divisorio rad. n.º 2006-00256, Édgar Antonio Romo Insuasty y Johana Anabelly Argoty López , si no fuera porque se observa que en el trámite de la primera instancia se incurrió en una causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a explicarse.

ANTECEDENTESRad. n.º 52001-22-13-000-2026-00202-01

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1. El accionante, a través de apoderada, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso «administrativo», acceso a la administración de justicia , «tutela judicial efectiva » y propiedad privada, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada.

2. En síntesis, adujo que en el proceso divisorio rad. n.º 2006-00256, que adelanta el Juzgado Tercero Civil del

judicial efectiva » y propiedad privada, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada.

2. En síntesis, adujo que en el proceso divisorio rad. n.º 2006-00256, que adelanta el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, ese despacho ordenó la entrega del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria n.º 24060732 y libró el despacho comisorio correspondiente, cuya práctica fue asignada a la Inspección Novena de Convivencia y Paz de la misma urbe.

Narró que la diligencia, fijada inicialmente para octubre de 2025, fue aplazada para marzo de 2026 con base en una manifestación del entonces secuestre sobre el pago de sus honorarios, de la cual no se corrió traslado a los interesados; que, llegada esa fecha, el inspector la suspendió porque no era clara la parte del inmueble que debía entregarse; que solo en abril de 2026 la inspección elevó la solicitud de aclaración al juzgado comitente, el cual la respondió en junio siguiente; y que, pese a las solicitudes de nueva fecha, la continuación quedó señalada para el 18 de noviembre de 2026, plazo que consideró «extremadamente extenso».

3. Con base en ello, pidió, en esencia, que se ordene a la Inspección Novena de Convivencia y Paz de Pasto que, en el término improrrogable de cuarenta y ocho horas, señale fecha para continuar la diligencia de entrega « a más tardarRad. n.º 52001-22-13-000-2026-00202-01

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dentro del mes siguiente », que lo decidido se notifique con

fecha para continuar la diligencia de entrega « a más tardarRad. n.º 52001-22-13-000-2026-00202-01 3

dentro del mes siguiente », que lo decidido se notifique con antelación a las partes y que se remita el expediente administrativo del despacho comisorio.

4. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto negó el amparo al advertir que la prolongación del trámite no obedeció a una conducta omisiva o negligente de la inspección, que para la fecha de la demanda la diligencia ya estaba programada y que dicha autoridad atiende las comisiones en orden cronológico.

5. Esa decisión fue objeto de impugnación por el

accionante y Ricardo Oswaldo Romo Insuasti.

CONSIDERACIONES

1. De la atribución de competencia en materia de amparo constitucional

No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como ninguna acción judicial - a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, c omo lo ha explicado la jurisprudencia, en su trámite se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos del juicio, como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integración de la causa pasiva.Rad. n.º 52001-22-13-000-2026-00202-01 4

El factor de competencia de la acción de tutela se encuentra previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, norma que solo se ocupó de la « preventiva y territorial », mientras que el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021 regula

El factor de competencia de la acción de tutela se encuentra previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, norma que solo se ocupó de la « preventiva y territorial », mientras que el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021 regula el « factor funcional » en dicha materia, asignando el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de distintos aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado.

2. De la facultad para decretar nulidades

El incumplimiento de los criterios expuestos se erige como una causal de nulidad, según se prevé en el numeral 1.° del artículo 133 del Código General del Proceso, que en armonía con el 138 ibidem implica que «lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero [,] si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará».

Al respecto, la Sala ha sostenido que:

En cuanto a esta particular cuestión, es conveniente precisar que, la Sala hace suya la preocupación de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilación en el trámite de las acciones de tutela para garantiza r su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. Empero, no comparte su posición respecto a que los jueces “no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000”

Empero, no comparte su posición respecto a que los jueces “no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000” el cual “…en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto”.Rad. n.º 52001-22-13-000-2026-00202-01 5

(…)

Por otra parte, aunque el trámite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez está indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (artículo 29 de Carta), el acceso al juez na tural y la administración de justicia, de donde, “según la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso” (Auto 304 A de 2007), “el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional) (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01).

tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional) (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01).

3. Caso concreto

3.1. Al revisar el diligenciamiento de este asunto, se observa la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto para resolver en primera instancia la presente acción, toda vez que la queja se dirige únicamente contra la Inspección Novena de Convivencia y Paz de esa ciudad; siendo la vinculación del Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma urbe meramente aparente , pues el escrito inicial ni sus pretensiones imputan alguna acción u omisión a ese despacho.

Ciertamente, cuando la tutela involucra, como en este caso, a esas autoridades, las reglas de reparto contenidas en el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 .º del 333 de 2021, determinan la competencia del amparo en primer grado.Rad. n.º 52001-22-13-000-2026-00202-01 6

En efecto, el numeral 1.º del primer canon establece que «[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales».

3.2. De acuerdo con lo señalado, se impone declarar la falta de competencia de la autoridad que fungió como a quo

municipal y contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales».

3.2. De acuerdo con lo señalado, se impone declarar la falta de competencia de la autoridad que fungió como a quo constitucional para conocer en primera instancia de este auxilio y, en consecuencia, debido a que la sentencia se dictó bajo una irregularidad que vulnera el debido proceso, se decretará su nulidad. En tal sentido, se ordenará el envío del expediente a l juzgado que inicialmente declinó el conocimiento del trámite, esto es, el Segundo Civil Municipal de Pasto.

Asimismo, en cumplimiento del inciso final del artículo 138 del Código General del Proceso que ordena que « [e]l auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse », se precisa que se invalidará el trámite a partir del auto admisorio de la acción constitucional, para que el funcionario competente determine su admisibilidad o no, sin perjuicio de que estime necesario complementar el trámite (vr. g., requerir la demostración de la calidad en que actúa, practicar otras pruebas, realizar notificaciones omitidas, entre otros).

4. Conclusión

Esta Sala declarará la falta de competencia de dicho colegiado y, en consecuencia, se invalidará el trámite a partirRad. n.º 52001-22-13-000-2026-00202-01 7

del auto admisorio de la acción supralegal. En tal virtud, se ordenará el envío del expediente al Juzgado Segundo Civil Municipal de Pasto, para asuma conocimiento de la presente acción en primera instancia.

DECISIÓN

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del auto admisorio de la acción supralegal. En tal virtud, se ordenará el envío del expediente al Juzgado Segundo Civil Municipal de Pasto, para asuma conocimiento de la presente acción en primera instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto dentro de la tutela promovida por Julio Javier Romo Insuasty, desde el auto admisorio del amparo.

SEGUNDO. Ordenar la remisión del presente expediente al Juzgado Segundo Civil Municipal de Pasto, para que asuma el conocimiento de la presente acción en primera instancia.

TERCERO. Comunicar por Secretaría lo aquí resuelto a los interesados y expedir las comunicaciones que sean pertinentes.Rad. n.º 52001-22-13-000-2026-00202-01 8

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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