CSJ - ATC3038-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

ATC3038-2026 Radicación n.° 15001-22-13-000-2026-00251-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Respecto de la impugnación a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Tunja el 25 de septiembre de 2026 , dentro de la acción de tutela promovida por Luis Antonio Suárez Bautista contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Tibaná y Civil del Circuito de Ramiriquí, se advierte causal de nulidad que invalida lo actuado, tal como pasa a explicarse.

ANTECEDENTES

1. El gestor, por medio de apoderado, acudió a la

presente acción pretendiendo lo siguiente:

«1. Respetuosamente solicito a la Magistratura, se sirva Amparar los Derechos Fundamentales de mi representado (persona Mayor Adulto Discapacitado y en alta condición de Vulnerabilidad), en resultado dejar sin efecto la sentencia anticipada del 07/09/2026, para en su lugar continuarse con el Interdicto posesorio 2026/00035 ante la inexistencia de la figura de la cosaRad. n.° 15001-22-13-000-2026-00251-01 2 juzgada, entre los procesos de acción posesoria 2025/140 y 2026/00035.

2. Comedidamente ruego a su Sala se abstenga de remitir esta Acción Constitucional al juzgado civil del circuito de Ramiriquí,

juzgada, entre los procesos de acción posesoria 2025/140 y 2026/00035.

2. Comedidamente ruego a su Sala se abstenga de remitir esta Acción Constitucional al juzgado civil del circuito de Ramiriquí, luego conforme a la sustentación de esta acción y los anexos probatorios, ese despacho está impedido de conocer de esta Tutela por las Investigaciones Penales y Disciplinarias y el resultado será la denegación (…).»

2. Mediante fallo de 25 de septiembre de 2026 el Tribunal Superior de Tunja negó el auxilio. Como cuestión previa, excluyó del estudio al Juzgado Civil del Circuito de Ramiriquí, al no advertir «un reproche concreto encaminado a cuestionar una decisión judicial adoptada por dicha autoridad» . En sustento de la negativa, señaló que la inconformidad del actor se dirigía en realidad contra el auto de 5 de febrero de 2026, que aceptó el desistimiento en el primer interdicto posesorio (2025-00140). Frente a ese auto no se satisfacían la inmediatez n i la subsidiariedad. Además, consideró razonable la sentencia anticipada de 7 de septiembre de 2026, que declaró la cosa juzgada en el segundo interdicto posesorio (2026-00035), pues «se sustentó en una interpretación normativa expresamente expuesta, apoyada en la valoración de las pruebas documentales obrantes en el expediente y desarrollada mediante una argumentación coherente, inteligible y verificable».

3. El fallo fue impugnado por el tutelante.

CONSIDERACIONES

1. De la atribución de competencia en materia de

mediante una argumentación coherente, inteligible y verificable».

3. El fallo fue impugnado por el tutelante.

CONSIDERACIONES

1. De la atribución de competencia en materia de la acción de tutelaRad. n.° 15001-22-13-000-2026-00251-01

3 No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena —como no lo es ninguna acción judicial— a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su trámite se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integración de la causa pasiva.

El factor de competencia en este tipo de acciones se encuentra previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991; sin embargo, esa disposición solo se ocupó de la «preventiva y territorial», mientras que el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 regula el « factor funcional » en dicha materia asignando el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado.

El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, según se prevé en el ordinal 1° del artículo 133 del Código General del Proceso, que en armonía con el 138 ídem, implica que «lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará».

133 del Código General del Proceso, que en armonía con el 138 ídem, implica que «lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará».

2. De la vinculación aparente

Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Sala la falta de competencia de la Sala Civil-Familia delRad. n.° 15001-22-13-000-2026-00251-01 4 Tribunal Superior de Tunja para resolver en primera instancia la presente acción, comoquiera que la presunta lesión de derechos fundamentales solo se imputó al Juzgado Promiscuo Municipal de Tibaná, contra el que se dirige la pretensión del escrito de tutela para que el juez constitucional deje sin efecto la sentencia anticipada de 7 de septiembre de 2026 y ordene continuar el proceso posesorio 2026-00035.

Ciertamente, el reclamante también dirigió la demanda contra el Juzgado Civil del Circuito de Ramiriquí, pero eso no significa que le atribuyera lesión alguna. Las alusiones a ese despacho se limitan a que su secretario actuó transitoriamente como juez enc argado de Tibaná y a pedir que no conozca de la tutela, por las denuncias penales y disciplinarias que el actor dice haber promovido. No se le endilga ninguna providencia, actuación u omisión propia. Así lo reconoció el propio a quo al excluir esa sede del problema jurídico, pese a lo cual decidió el fondo del asunto.

Al respecto, esta Sala ha venido sosteniendo que: « no puede asumirse que, por el simple hecho de accionar en contra de los

jurídico, pese a lo cual decidió el fondo del asunto.

Al respecto, esta Sala ha venido sosteniendo que: « no puede asumirse que, por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisión que soporte su vinculación a ese trámite, ni se precise de modo claro y dir ecto cómo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria» (Citado en CSJ, ATC 24 ju n. 2009, rad. 200900158-01 y ATC4127-2016, entre muchos otros).

En consecuencia, como el amparo se dirige únicamente contra un juzgado municipal, la competencia en primerRad. n.° 15001-22-13-000-2026-00251-01 5 grado se determina por el numeral 5 del artículo 1º del Decreto 333 de 2021 (que modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015), según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

3. Definición de competencia

Bajo tal entendimiento, de conformidad con la regla 5ª del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, la competencia para conocer en primera instancia el presente resguardo constitucional recae en los jueces del circuito.

Así las cosas, en el presente asunto se encuentra

por el Decreto 333 de 2021, la competencia para conocer en primera instancia el presente resguardo constitucional recae en los jueces del circuito.

Así las cosas, en el presente asunto se encuentra configurada la nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 133 del Código General del Proceso, la cual, por ser funcional, en atención a lo normado en el canon 138 ejusdem, implica que «Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará (…)».

No es de recibo la solicitud del impugnante para que la Corte asuma el conocimiento del asunto y evite su devolución. La competencia por el factor funcional es improrrogable (art. 16 CGP) y no depende de la voluntad de las partes ni de la conveniencia de a breviar el trámite. Tampoco opera la perpetuatio jurisdictionis, que presupone un funcionario competente desde el inicio.Rad. n.° 15001-22-13-000-2026-00251-01 6

Tampoco procede la solicitud de no remitir el asunto al Juzgado Civil del Circuito de Ramiriquí, pues las denuncias que el actor dice haber formulado no alteran la competencia de ese despacho. Si el promotor tiene reparos frente a esa autoridad, podrá prom over las actuaciones que estime pertinentes.

4. La actuación que se invalida

De acuerdo con lo señalado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Tunja para conocer en primera instancia este auxilio y, en

pertinentes.

4. La actuación que se invalida

De acuerdo con lo señalado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Tunja para conocer en primera instancia este auxilio y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el envío del expediente al ju zgado del mismo circuito judicial para que asuma el conocimiento del asunto, impulse su trámite y profiera la decisión que en derecho corresponda.

Así, en cumplimiento del inciso final del artículo 138 del Código General del Proceso que ordena que «[e]l auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse », se precisa que se invalidará el trámite a partir del auto admisorio de la acción supralegal para que el funcionario competente determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar ( vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas).

5. Sobre la facultad para decretar nulidadesRad. n.° 15001-22-13-000-2026-00251-01

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Finalmente, en cuanto a la facultad para decretar nulidades, en pretéritas oportunidades esta Sala ha señalado que:

(…) hace suya la preocupación de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilación en el trámite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protección efectiva e inmediata de los derechos

imperiosa necesidad de evitar la dilación en el trámite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (…). [E]mpero, no comparte su posición respecto a que los jueces no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000’ el cual ‘…en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto … En efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (…) (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 200900083-01, citado entre otros en CSJ, ATC075-2023).

Por lo demás, frente a lo decidido por esta Corporación en relación con la atribución de competencia, se recuerda que no cabe la posibilidad de declarar conflicto alguno por la autoridad receptora, ya que, según el tercer inciso del canon 139 del Código General del Proceso, « el juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales».

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales».

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,Rad. n.° 15001-22-13-000-2026-00251-01 8

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de lo actuado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Tunja dentro de la presente acción de tutela, desde el auto admisorio de la demanda.

SEGUNDO: ORDENAR la remisión del expediente al Juzgado Civil del Circuito de Ramiriquí para que asuma el conocimiento del asunto, impulse su trámite y profiera la decisión que en derecho corresponda.

TERCERO: Por secretaría COMUNICAR lo aquí resuelto al a quo y a los interesados y EXPEDIR las demás comunicaciones que sean pertinentes.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZRad. n.° 15001-22-13-000-2026-00251-01

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FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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