CSJ - ATC3039-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - ATC3039-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

ATC3039-2026 Radicación n° 11001-22-03-000-2026-04098-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Correspondería decidir la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2026 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil, dentro de la acción de tutela promovida por Óscar Javier Fajardo Mateus contra la Fiscalía General de la Nación – Subdirección Nacional de Talento Humano , trámite al cual fueron vinculados el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y la Universidad Externado de Colombia , si no fuera porque se observa la configuración de una nulidad que compromete lo actuado.

ANTECEDENTES

1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invocó la protección de los derechos fundamentales a laRad. n° 11001-22-03-000-2026-04098-01 2 educación y al trabajo , presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas.

1.1. Expuso en síntesis que:

Cursó y aprobó la totalidad de las materias del programa de derecho de la Universidad Externado de Colombia en el año 2024 y que se vinculó laboralmente con la Fiscalía General de la Nación el 1º de agosto de 2025 como Asistente de Fiscal II, posteriormente lo hizo como Asistente de Fiscal I,

de derecho de la Universidad Externado de Colombia en el año 2024 y que se vinculó laboralmente con la Fiscalía General de la Nación el 1º de agosto de 2025 como Asistente de Fiscal II, posteriormente lo hizo como Asistente de Fiscal I, sumando 393 de vinculación con la entidad, tiempo durante el cual ejerció funciones jurídicas ; por lo tanto, estimó que dicho periodo podría ser homologable como judicatura para completar los requisitos de grado y obtener el título de abogado, además, porque el Acuerdo PSAA10 -7543 de 2010 contempla que los cargos de Asistente fiscal se encuentran habilitados para dicha modalidad.

Relató que, el 4 de agosto de 2026 solicitó a la Subdirección Nacional de Talento Humano de la Fiscalía la certificación requerida para acreditar la judicatura, no obstante, en respuesta del 18 de agosto , esa dependencia informó que su nombre no aparecía en las bases de datos de los practicantes y judicantes del Nivel Central, y le requirió la carta de presentación universitaria, certificado de terminación de materias, resolución de nombramiento y acta de posesión del último cargo.

Señaló que, pese a allegar la documentación exigida, excepto la carta universitaria, la Subdirección de TalentoRad. n° 11001-22-03-000-2026-04098-01 3 Humano reiteró la necesidad de adjuntar la referida carta, junto con un acta que precisara fechas y funciones de la práctica.

Cuestionó frente a esto último que, le están exigiendo documentación aplicable para aspirantes externos y no para servidores vinculados mediante nombramiento y posesión

junto con un acta que precisara fechas y funciones de la práctica.

Cuestionó frente a esto último que, le están exigiendo documentación aplicable para aspirantes externos y no para servidores vinculados mediante nombramiento y posesión como es su caso, sumado a que la carta universitaria no está enlistada entre los docume ntos señalados en el numeral 11 de la guía institucional.

La Unidad de Registro Nacional de Abogados le comunicó que no podría continuar la tramitación de su inscripción y expedición de tarjeta profesional hasta no recibir el documento expedido por la Subdirección Nacional de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación.

Finalmente, indicó que, la Universidad Externado de Colombia fijó el 22 de septiembre de 2026 como fecha límite para acreditar los requisitos de grado, por lo que, la falta de certificación por parte de la dependencia de la fiscalía le impide obtener el título de abogado.

1.2. Por lo anterior, pidió que, se ordene a la Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación que, proceda a expedir la certificación de la judicatura remunerada, «correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026, con fundamento en la documentación que ya aporté […] de conformidad con el artículo 20 de la Resolución nº 0 -1820 de 2019 sin exigir requisitos adicionales noRad. n° 11001-22-03-000-2026-04098-01 4 previstos de manera expresa en dicha resolución ni en la guía FGN-AP01G-58 para el supuesto de servidores ya vinculados a la entidad».

4 previstos de manera expresa en dicha resolución ni en la guía FGN-AP01G-58 para el supuesto de servidores ya vinculados a la entidad».

2. Mediante fallo de 23 de septiembre pasado el tribunal a-quo negó el amparo tras considerar que, aunque la carta de presentación universitaria no es un requisito exigible para servidores públicos vinculados a la entidad, el accionante no acreditó la previa formalización de la judicatura mediante un acuerdo interno suscrito en un acta con su jefe inmed iato, (conforme a la Resolución 0 -1820 de 2019 y a la Guía FGN -AP01-G-58). En consecuencia, concluyó que la entidad no incurrió en actuación arbitraria ni en mora en el trámite administrativo, descartando la vulneración de los derechos alegados.

3. El accionante impugnó el fallo anterior, insistiendo en su inconformidad con las exigencias impuestas por la Subdirección Nacional de Talento Humano de la Fiscalía que le han impedido acceder al certificado de cumplimiento de la judicatura en esa entidad, para poder acreditarla como requisito para optar por el título de abogado.

CONSIDERACIONES

1. De la atribución de competencia en materia de amparo constitucional

No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acción judiciala las reglas del debido proceso, por lo que su conocimientoRad. n° 11001-22-03-000-2026-04098-01 5 debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la

a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimientoRad. n° 11001-22-03-000-2026-04098-01 5 debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su trámite «se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integración de la causa pasiva » (CC A-257 de 1996).

El factor de competencia de la acción de tutela se encuentra previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposición solo se ocupó de la «preventiva y territorial », mientras que artículo 1º del Decreto 333 de 2021 regula el « factor funcional » en dicha materia, asignando el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado.

El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, según se prevé en el numeral 1° del artículo 133 del Código General del Proceso, que en armonía con el 138 ídem, implica que «lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará».

2. Definición de competencia

Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Corte la falta de competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, para resolver en

dictado sentencia, esta se invalidará».

2. Definición de competencia

Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Corte la falta de competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, para resolver en primera instancia la presente acción, al advertirse que laRad. n° 11001-22-03-000-2026-04098-01 6 pretensión cardinal se circunscribe a un asunto de carácter administrativo consistente en la negativa por parte de la Subdirección Nacional de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación de expedir a nombre del tutelante el certificado de cumplimiento del año de judicatura, el cual requiere para optar al título de abogado en la Universidad Externado de Colombia y adquirir la tarjeta profesional para ejercer la profesión, sin que el reclamo comprometa de manera directa una actuación u omisión específica de la Fiscal General de la Nación, que habilitaría para conocer del resguardo a esa colegiatura en las condiciones en que lo hizo.

Bajo esa perspectiva, el conocimiento de una tutela contra una entidad, autoridad u organismo del orden nacional se radica en los jueces del circuito, al tenor de lo previsto en el numeral 2º del artículo 1° del Decreto 333 de 2021, «[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría ». La Subdirección de Talento Humano de la fiscalía es una dependencia administrativa de una entidad del orden nacional, así que le es aplicable la regla referida.

3. La actuación que se invalida

Talento Humano de la fiscalía es una dependencia administrativa de una entidad del orden nacional, así que le es aplicable la regla referida.

3. La actuación que se invalida

En este orden, de conformidad con señalado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá para conocer en primera instancia la presente salvaguarda y, en consecuencia, como se ha dictadoRad. n° 11001-22-03-000-2026-04098-01 7 sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el envío del expediente a los Juzgados del Circuito (Reparto) de Bogotá para lo de su competencia.

Así, en cumplimiento del inciso final del artículo 138 del Código General del Proceso que ordena que «[e]l auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse », se precisa que se invalidará el trámite a partir del auto admisorio de la acción supralegal para que el funcionario competente determine la procedencia o no de la misma , sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas).

4. Sobre la facultad para decretar nulidades

Esta Sala en cuanto a esa potestad, en pretéritas oportunidades ha señalado que:

«(…) hace suya la preocupación de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilación en el trámite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia,

expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilación en el trámite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (…). (…) [E]mpero, no comparte su posición respecto a que los jueces no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000’ el cual ‘…en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto”. “En efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglasRad. n° 11001-22-03-000-2026-04098-01 8 de reparto entre los jueces competentes (…)» (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083 -01, citado entre otros en ATC78952016, 17 nov. 2016, rad. 02149 -01 y ATC8631 -2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01).

5. Por lo demás, frente a lo decidido por esta Corporación en relación con la atribución de competencia, se recuerda que no cabe la posibilidad de declarar conflicto alguno por la autoridad receptora, ya que, según el inciso 3º

5. Por lo demás, frente a lo decidido por esta Corporación en relación con la atribución de competencia, se recuerda que no cabe la posibilidad de declarar conflicto alguno por la autoridad receptora, ya que, según el inciso 3º del canon 139 del Código General del Proceso, « el juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales».

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro de la acción de tutela promovida por Óscar Javier Fajardo Mateus; inclusive, desde el auto admisorio de la demanda.

SEGUNDO: ORDENAR la remisión del expediente a los Juzgados con categoría de Circuito de Bogotá – reparto – paraRad. n° 11001-22-03-000-2026-04098-01 9 que asuman el conocimiento de la presente acción constitucional y se adelante el trámite de rigor.

TERCERO: Por secretaría COMUNICAR lo aquí resuelto al tribunal a quo y a los interesados y EXPEDIR las demás comunicaciones que sean pertinentes.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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