CSJ - ATC3040-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

ATC3040-2026 Radicación n.º 11001-22-03-000-2026-04116-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Correspondería decidir la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2026 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá , dentro de la tutela promovida por Edilma Constanza López Vásquez contra la Superintendencia Financiera de Colombia y el Banco Finandina S.A. B.I.C; trámite al cual fueron vinculados las autoridades, partes e intervinientes en la acción de protección al consumidor financiero rad. n.º 2026146670, si no fuera porque se advierte una irregularidad que invalida lo actuado.

ANTECEDENTES

1. La gestora , en su propio nombre , reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, «defensa», «contradicción», acceso «efectivo» a la administración deRad. n.º 11001-22-03-000-2026-04116-01

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justicia, petición, « intimidad» y « habeas data», presuntamente vulnerados por los enjuiciados.

2. En síntesis, adujo que promovió una acción de protección al consumidor financiero ante la Superintendencia Financiera de Colombia , en contra de l Banco Finandina S.A. B.I.C. (rad. n.º 2026146670), proceso

2. En síntesis, adujo que promovió una acción de protección al consumidor financiero ante la Superintendencia Financiera de Colombia , en contra de l Banco Finandina S.A. B.I.C. (rad. n.º 2026146670), proceso en el que , recientemente, se le corrió traslado de « las excepciones formuladas por la parte demandada».

Aludió que, al ingresar al expediente digital , «la plataforma no permite descargar de manera efectiva los archivos correspondientes a la contestación de la demanda, las excepciones formuladas [...] y sus respectivos anexos », además de que la referida entidad financiera no realizó el traslado de ello.

Indicó que esa situación fue puesta en conocimiento de la mencionada autoridad mediante memorial (sep. 2026), en el que solicitó que se le garantizara acceso a los mencionados documentos y se ordenara al mencionado banco abstenerse de comunicarse con ella para « insistir en acuerdos de pago o manifestar que harían efectiva la garantía y procederían a la recuperación del vehículo objeto de controversia».

Se quejó, entonces, de que, a la fecha de radicación de su amparo, no contaba con acceso a las referidas documentales, lo que le ha impedido «ejercer oportunamente» su defensa y le ha generado «preocupación, angustia y presión».Rad. n.º 11001-22-03-000-2026-04116-01 3

3. Con base en ello, en esencia, pidió que se ordene a la autoridad accionada garantizar su acceso « completo, efectivo, legible y descargable a la contestación de la demanda, excepciones propuestas [...] y todos sus respectivos anexos » en el

a la autoridad accionada garantizar su acceso « completo, efectivo, legible y descargable a la contestación de la demanda, excepciones propuestas [...] y todos sus respectivos anexos » en el trámite censurado y dar respuesta a su escrito de septiembre de 2026, sin que se produzca alguna consecuencia procesal adversa a sus intereses por el vencimiento del término de traslado; y al banco demandado, abstenerse de adelantar el cobro respectivo en contravía de los « límites constitucionales y legales».

4. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá concedió parcialmente el amparo invocado, en virtud de lo

cual ordenó:

(...) a Edith Carolina Jiménez Ortiz, Coordinadora del Grupo de Calificación de Cumplimiento, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia se pronuncie, en el sentido que legalmente corresponda, sobre las solicitudes presentadas por la accionante los días 1° y 16 de septiembre de este año en la acción de protección al consumidor No. 2026146670-003-000.

Y negó las demás pretensiones de amparo.

5. La decisión fue impugnada por la

Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSIDERACIONES

1. De la atribución de competencia en materia de amparo constitucionalRad. n.º 11001-22-03-000-2026-04116-01

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No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena —como ninguna acción judicial— a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado

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No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena —como ninguna acción judicial— a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su trámite se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos d el juicio, como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integración de la causa pasiva.

El factor de competencia de la acción de tutela se encuentra previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, norma que solo se ocupó de la « preventiva y territorial », mientras que artículo 1.º del Decreto 333 de 2021 regula el «factor funcional» en dicha materia, asignando el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado.

2. De la facultad para decretar nulidades

El incumplimiento de los criterios expuestos se erige como una causal de nulidad, según se prevé en el numeral 1.° del artículo 133 del Código General del Proceso, que en armonía con el 138 ibidem, implica que « lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero[,] si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará».

Al respecto, la Sala ha sostenido que:Rad. n.º 11001-22-03-000-2026-04116-01 5

En cuanto a esta particular cuestión, es conveniente precisar que,

Al respecto, la Sala ha sostenido que:Rad. n.º 11001-22-03-000-2026-04116-01 5

En cuanto a esta particular cuestión, es conveniente precisar que, la Sala hace suya la preocupación de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilación en el trámite de las acciones de tutela para garantiza r su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. Empero, no comparte su posición respecto a que los jueces “no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000” el cual “…en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto”.

(…)

Por otra parte, aunque el trámite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez está indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (artículo 29 de Carta), el acceso al juez na tural y la administración de justicia, de donde, “según la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el

nulidad insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso” (Auto 304 A de 2007), “el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional) (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01).

3.1. Al revisar el diligenciamiento de este asunto, se observa la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá para resolver en primera instancia la presente acción, toda vez que la queja recae sobre un proceso de mínima cuantía 1 , tramitado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

1 En el auto admisorio de la demanda presentada, que consta en el expediente digital consultado en la web de la Superintendencia Financiera de Colombia , se visualiza que es « de mínima cuantía », lo que coincide con el concepto de « [c]uantía total de la demanda » indicado por la actora, por «$33.894.882,55»Rad. n.º 11001-22-03-000-2026-04116-01 6

Ciertamente, cuando la tutela involucra como en este caso a una autoridad que, en ejercicio de facultades jurisdiccionales, ha desplazado al juez civil municipal, no es posible desconocer la atribución de competencia que se

Ciertamente, cuando la tutela involucra como en este caso a una autoridad que, en ejercicio de facultades jurisdiccionales, ha desplazado al juez civil municipal, no es posible desconocer la atribución de competencia que se determina con base en la cuantía y afecta el factor funcional, pues, en relación con ello , el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 consagra que « [l]a Superintendencia de Industria y Comercio tiene competencia en todo el territorio nacional y reemplaza al juez de primera o única instancia competente por razón de la cuantía y el territorio».

Así, es la interpretación armónica de las reglas de reparto contenidas en el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del 333 de 2021, las que determinan la competencia del amparo en primer grado; cuyo s numerales 5.º y 10. º del primer canon establecen, en su orden, que:

5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.

10. Las acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los

Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

3.2. De acuerdo con lo señalado, se impone declarar la falta de competencia de la autoridad que fungió como a quo constitucional para conocer en primera de este auxilio y, en

Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

3.2. De acuerdo con lo señalado, se impone declarar la falta de competencia de la autoridad que fungió como a quo constitucional para conocer en primera de este auxilio y, en consecuencia, debido a que la sentencia se dictó bajo unaRad. n.º 11001-22-03-000-2026-04116-01 7

irregularidad que vulnera el debido proceso, se decretará su nulidad.

En casos con contornos similares, esta Sala ha precisado que:

(...) si bien el numeral 10° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el precepto 1º del Decreto 333 de 2021), indica una regla de reparto frente a las acciones de tutela dirigidas contra las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, ello debe atender las asignaciones por competencia funcional (CSJ, ATC551-2026; CSJ, ATC1970-2026).

En tal sentido, se ordenará el envío del expediente a los juzgados civiles del circuito de Bogotá, para que se efectúe la respectiva asignación y se avoque su conocimiento.

Asimismo, en cumplimiento del inciso final del artículo 138 del Código General del Proceso que ordena que « [e]l auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse », se precisa que se invalidará el trámite a partir del auto admisorio de la acción constitucional, para que el funcionario competente determine su admisibilidad, sin perjuicio de que estime necesario complementar el trámite ( vr. g., requerir la demostración de la calidad en que actúa, practicar otras

admisorio de la acción constitucional, para que el funcionario competente determine su admisibilidad, sin perjuicio de que estime necesario complementar el trámite ( vr. g., requerir la demostración de la calidad en que actúa, practicar otras pruebas, realizar notificaciones omitidas, entre otros).

4. Conclusión

Por lo expuesto, esta Sala declarará la falta de competencia de dicho colegiado y, en consecuencia, se invalidará el trámite a partir del auto admisorio de la acciónRad. n.º 11001-22-03-000-2026-04116-01 8

supralegal. En tal virtud, se ordenará el envío del expediente a su reparto entre los juzgados civiles del circuito de Bogotá, para su correspondiente reparto y trámite.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá dentro de la tutela promovida por Edilma Constanza López Vásquez , desde el auto admisorio del amparo.

SEGUNDO. Ordenar la remisión del presente expediente a la oficina de reparto de los juzgados civiles del circuito de Bogotá, para que entre ellos se efectúe la asignación correspondiente.

TERCERO. Comunicar por Secretaría lo aquí resuelto a los interesados y expedir las comunicaciones que sean pertinentes.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

asignación correspondiente.

TERCERO. Comunicar por Secretaría lo aquí resuelto a los interesados y expedir las comunicaciones que sean pertinentes.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO Presidente de SalaRad. n.º 11001-22-03-000-2026-04116-01 9

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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