CSJ - ATC3044-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

ATC3044-2026 Radicación n.° 11001-22-03-000-2026-03928-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Respecto de la impugnación a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 15 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Wael Mohamed Elsayed Balbaa contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores , se advierte causal de nulidad que invalida lo actuado, tal como pasa a explicarse.

ANTECEDENTES

1. El gestor, actuando en nombre propio, sostuvo en que el Ministerio de Relaciones Exteriores «ha demostrado una incapacidad ejecutiva total para salvaguardar mi vida e integridad ante una situación de persecución, cerco e imposibilidad material, archivando peticiones bajo trabas formales irrealizables ». Relievó que, agotadoRad. n.° 11001-22-03-000-2026-03928-01 2 el trámite ante aquella entidad, acudió ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -DAPREsolicitando que se ponga en conocimiento del presidente de la república su situación, indicó que pese a ello « las dependencias administrativas del DAPRE han incurrido en una evasión de sus deberes éticos, legales y procedimentales. Han aplicado traslados

solicitando que se ponga en conocimiento del presidente de la república su situación, indicó que pese a ello « las dependencias administrativas del DAPRE han incurrido en una evasión de sus deberes éticos, legales y procedimentales. Han aplicado traslados automáticos o respuestas burocráticas que ignoran el riesgo inminente e irracional al que estamos expuestos mi familia y yo».

2. Por lo expuesto, pretendió que se amparen sus derechos fundamentales y se ordene « al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y a su Secretaría Privada que, en un término perentorio e improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, remitan e informen de manera directa y efectiva el expediente completo, antecede ntes y peticiones formuladas por el suscrito al Despacho Privado del Señor Presidente de la

República».

3. Mediante fallo de 15 de septiembre de 202 6 el Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo tras advertir que el accionante no acreditó la existencia, ni la radicación ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de las peticiones asociadas al consecutivo OFI2600091914/GFPU, cuya falta de remisión al despacho presidencial alega en esta sede.

4. El fallo fue impugnado por el tutelante.

CONSIDERACIONESRad. n.° 11001-22-03-000-2026-03928-01

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1. De la atribución de competencia en materia de la acción de tutela

No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acción judicial3

1. De la atribución de competencia en materia de la acción de tutela

No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acción judiciala las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su trámite se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integración de la causa pasiva.

El factor de competencia en este tipo de acciones se encuentra previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991; sin embargo, esa disposición solo se ocupó de la «preventiva y territorial », mientras que artículo 1º del Decreto 333 de 2021 regula el « factor funcional » en dicha materia asignando el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado.

El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, según se prevé en el ordinal 1° del artículo 133 del Código General del Proceso, que en armonía con el 138 ídem, implica que «lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará».Rad. n.° 11001-22-03-000-2026-03928-01 4

2. Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Sala la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal

sentencia, esta se invalidará».Rad. n.° 11001-22-03-000-2026-03928-01 4

2. Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Sala la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para resolver en primera instancia la presente acción, comoquiera que la presunta lesión de derechos fundamentales solo se imputó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores , sin que se evidencie la atribución al Presidente de la República de una acción u omisión vulneradora de derechos fundamentales, autoridades que en todo caso, son del orden nacional.

De conformidad con lo expuesto, en aplicación de las reglas contenidas en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 (que modificó el numeral 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) se determina la competencia del amparo en primer grado, a los jueces de circuito, pues así lo establece el numeral 2 de dicho canon, al precisar que «[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría».

3. Definición de competencia

Bajo tal entendimiento, de conformidad con la regla 2ª del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021, la competencia para conocer en primera instancia el presente resguardo constitucional recae en los jueces del circuito.Rad. n.° 11001-22-03-000-2026-03928-01 5

competencia para conocer en primera instancia el presente resguardo constitucional recae en los jueces del circuito.Rad. n.° 11001-22-03-000-2026-03928-01 5 Así las cosas, en el presente asunto se encuentra configurada la nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 133 del Código General del Proceso, la cual, por ser funcional, en atención a lo normado en el canon 138 ejusdem, implica que «Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará (…)».

4. La actuación que se invalida

De acuerdo con lo señalado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para conocer en primera instancia este auxilio y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el envío del expediente a los jueces del mismo circuito judicial para que asuman el conocimiento del asunto, impulse su trámite y profiera la decisión que en derecho corresponda.

Así, en cumplimiento del inciso final del artículo 138 del Código General del Proceso que ordena que «[e]l auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse », se precisa que se invalidará el trámite a partir del auto admisorio de la acción supralegal para que el funcionario competente determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar ( vr. g. practicar otras

que se invalidará el trámite a partir del auto admisorio de la acción supralegal para que el funcionario competente determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar ( vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas).Rad. n.° 11001-22-03-000-2026-03928-01 6

5. Sobre la facultad para decretar nulidades

Finalmente, en cuanto a la facultad para decretar nulidades, en pretéritas oportunidades esta Sala ha señalado que:

(…) hace suya la preocupación de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilación en el trámite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (…). [E]mpero, no comparte su posición respecto a que los jueces no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000’ el cual ‘…en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto … En efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces

reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (…) (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 200900083-01, citado entre otros en CSJ, ATC075-2023).

Por lo demás, frente a lo decidido por esta Corporación en relación con la atribución de competencia, se recuerda que no cabe la posibilidad de declarar conflicto alguno por la autoridad receptora, ya que, según el tercer inciso del canon 139 del Código General del Proceso, « el juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales».Rad. n.° 11001-22-03-000-2026-03928-01 7

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de lo actuado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro de la presente acción de tutela, desde el auto admisorio de la demanda.

SEGUNDO: ORDENAR la remisión del expediente para reparto a los jueces civiles de circuito de Bogotá para que a quien corresponda, asuma el conocimiento del asunto, impulse su trámite y profiera la decisión que en derecho corresponda.

TERCERO: Por secretaría COMUNICAR lo aquí resuelto al a quo y a los interesados y EXPEDIR las demás comunicaciones que sean pertinentes.

corresponda.

TERCERO: Por secretaría COMUNICAR lo aquí resuelto al a quo y a los interesados y EXPEDIR las demás comunicaciones que sean pertinentes.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMARad. n.° 11001-22-03-000-2026-03928-01

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ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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