CSJ - ATC3045-2026

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FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

ATC3045-2026 Radicación n.° 52001-22-13-000-2026-00176-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Se pronuncia la Corte sobre la solicitud de «aclaración y adición» presentada por el accionante I.F., frente al fallo de tutela STC17549-2026, del pasado 10 de septiembre, mediante el cual se confirmó la sentencia de primer grado.

ANOTACIÓN PRELIMINAR

En aras de garantizar la protección a la intimidad de las menores de edad involucradas en el presente asunto, se suprimirá de toda futura publicación de esta providencia la información de cualquier dato que permita su identificación, para lo cual se elaborará otro texto, de igual tenor, que será el publicable para todos los efectos, de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo n.° 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.Rad. n.° 52001-22-13-000-2026-00176-01 2

ANTECEDENTES

1. El actor reclamó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, la presunción de inocencia, el buen nombre, la igualdad y la unidad familiar, junto con el interés superior de sus hijas menores de edad , que consideró quebrantados por la Comisaría de Familia de Pasto y el Juzgado de Familia del Circuito de esa ciudad

inocencia, el buen nombre, la igualdad y la unidad familiar, junto con el interés superior de sus hijas menores de edad , que consideró quebrantados por la Comisaría de Familia de Pasto y el Juzgado de Familia del Circuito de esa ciudad dentro del trámite de medida de protección VIF n.° 202500000 (000-2025).

2. Cuestionó la Resolución 0194 del 15 de diciembre de 2025, que impuso medidas de protección definitivas, entre ellas un régimen de visitas virtuales, y la sentencia del 2 de febrero de 2026, que la confirmó. A su juicio, las autoridades valoraron indebidame nte los informes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de Medicina Legal, que no acreditaron actos de violencia atribuibles a él respecto de sus hijas.

3. Mediante la sentencia STC17549 -2026, esta Sala confirmó el fallo proferido por la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior de Pasto. Tras encontrar satisfecho el requisito de inmediatez, abordó el fondo del asunto y descartó los defectos alegados. Concluyó que las decisiones cuestionadas descansaron en una valoración razonada y conjunta del acervo, que incluyó los informes psicosociales, la valoración de riesgo de Medicina Legal y los informes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (num . 5.1).

También precisó que los conceptos que no hallaron violencia se referían a las niñas, mientras las medidas protegíanRad. n.° 52001-22-13-000-2026-00176-01 3 igualmente a la denunciante (num. 5.2). Por último, sostuvo

se referían a las niñas, mientras las medidas protegíanRad. n.° 52001-22-13-000-2026-00176-01 3 igualmente a la denunciante (num. 5.2). Por último, sostuvo que no había desproporción, pues «las medidas preservaron el vínculo paterno-filial mediante un régimen de visitas virtuales, subsisten mientras persista el riesgo y admiten revisión y ajuste ante el juez de familia» (num. 5.3).

4. Dentro del término de ejecutoria, el accionante pidió adicionar el fallo, por estimar que se omitió el estudio de las pruebas del ICBF y de Medicina Legal, y aclarar el numeral 5.3 frente al régimen de visitas virtuales. Invocó, además, como hecho sobrevin iente, la obstrucción de dicho régimen entre agosto y septiembre de 2026.

CONSIDERACIONES

1. De conformidad con el artículo 285 del Código General del Proceso se tiene que «[l]a sentencia (...) podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto (...)».

De acuerdo con la norma transcrita , la aclaración resulta procedente cuando lo resolutivo de una providencia, o su motivación fundamental, son ambiguas, confusas o insondables, de modo tal que obstaculicen la cabal comprensión de los alcances de la decisión judicial, o de los argumentos que soportan esa resolución, según el caso.

o su motivación fundamental, son ambiguas, confusas o insondables, de modo tal que obstaculicen la cabal comprensión de los alcances de la decisión judicial, o de los argumentos que soportan esa resolución, según el caso.

Sobre el particular, se ha insistido en que:

«(...) la aclaración (...) procede cuando se incluyan conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, bien porque seRad. n.° 52001-22-13-000-2026-00176-01 4 encuentren en la parte resolutiva, ora porque influyan en ella, aserción que pone en evidencia la necesidad de verificar la presencia de algunos requisitos (...): (i) petición o pronunciamiento de oficio en el término de ejecutoria; (ii) presencia de conceptos o frases equívocas; y (iii) ambigüedad en la resolución o que el equívoco se determine desde la motivación.

La figura supone la intención del legislador de conjurar la imposibilidad de cumplimiento de una providencia por ininteligibilidad de lo que ella dispone, e implica que tan sólo sucede cuando la frase o el concepto, tomados en conjunto con el cuerpo del fa llo, puedan interpretarse en sentidos diversos o generen “verdadero motivo de duda”, según textualmente expresa la norma» (CSJ AC4594-2018, 22 oct.; reiterado en CSJ AC5534-2018, 19 dic.).

Examinada la solicitud, la Sala advierte que la parte resolutiva de STC17549 -2026 no ofrece motivo de duda alguno. Las razones por las cuales se confirmó la decisión de primer grado se expusieron de forma clara y concreta.

Examinada la solicitud, la Sala advierte que la parte resolutiva de STC17549 -2026 no ofrece motivo de duda alguno. Las razones por las cuales se confirmó la decisión de primer grado se expusieron de forma clara y concreta.

Lo mismo ocurre con el numeral 5.3, cuyo contenido no es equívoco ni admite lecturas diversas. En él la Sala analizó la proporcionalidad de las medidas y dejó consignado que estas preservaron el vínculo paterno -filial mediante el régimen de visitas virtuales, que subsisten mientras persista el riesgo y que su permanencia, «lejos de ser una sanción indefinida, responde a la finalidad protectora y al estándar reforzado» que rige la materia. Los reparos sobre la diferencia horaria y las actividades de las niñas no revelan una frase oscura, sino inconformidad con la ejecución del régimen, cuyo ajuste, según lo precisó el fallo, corresponde al juez de familia. Lo que el tutelante cuestiona, en suma, es lo decidido, cuestión ajena a la aclaración.Rad. n.° 52001-22-13-000-2026-00176-01 5

2. Frente a la adición, el artículo 287 del Código General del Proceso establece que aquella procede cuando una providencia «omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento », actuación que el juzgador puede acometer de oficio, o a solicitud de parte, si es elevada dentro del término de ejecutoria de la decisión respectiva.

Del contenido de la norma transcrita puede colegirse que la complementación de la sentencia sólo será viable

acometer de oficio, o a solicitud de parte, si es elevada dentro del término de ejecutoria de la decisión respectiva.

Del contenido de la norma transcrita puede colegirse que la complementación de la sentencia sólo será viable cuando se dejen de resolver aspectos planteados por las partes, o lo que es lo mismo, cuando el juez omita realizar un pronunciamiento integral sobre lo pedido.

En este caso no se evidencia extremo alguno pendiente de resolver. Aunque la impugnación se limitó a controvertir el cómputo de la inmediatez, la Sala, superado ese punto, examinó de fondo los defectos planteados en el escrito de tutela, y en ese estudio quedaron comprendidos los aspectos que ahora se señalan como omitidos. Los numerales 5.1 y 5.2 del fallo se ocuparon de la valoración conjunta de los informes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de Medicina Legal, y precisaron que la ausencia de hallazgos de violencia frente a las niñas no descartaba el riesgo que las autoridades tuvieron por acreditado bajo el estándar preventivo propio de estos trámites.

Los sucesos de agosto y septiembre de 2026 que invoca el promotor son circunstancias sobrevinientes que no integraban el plenario cuando el asunto fue estudiado y aprobado, y la adición no es el cauce para incorporar hechosRad. n.° 52001-22-13-000-2026-00176-01 6 nuevos ni para reexaminar las razones de la decisión. Tales sucesos, en todo caso, deben plantearse ante el juez de familia, ante quien las medidas «admiten revisión y ajuste» (num. 5.3).

6 nuevos ni para reexaminar las razones de la decisión. Tales sucesos, en todo caso, deben plantearse ante el juez de familia, ante quien las medidas «admiten revisión y ajuste» (num. 5.3).

3. Así las cosas, corresponde observar y acatar la sentencia de esta Sala, porque ni en su parte resolutiva ni en lo medular de la considerativa, contiene expresiones o manifestaciones «que ofrezcan verdadero motivo de duda », ni injustificadamente dejó de proveer acerca de las variables del asunto sometido a estudio, lo que deja en evidencia que lo realmente pretendido por el accionante con su solicitud es reabrir un debate clausurado, sin que sea ese el propósito de la adición y la aclaración de las decisiones judiciales.

4. En consecuencia, y sin más consideraciones sobre el particular por innecesarias, se negará la solicitud del actor.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil , Agraria y Rural , NIEGA la aclaración y adición reclamada respecto de la sentencia dictada el 10 de septiembre de 2026.

Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto y, oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.Rad. n.° 52001-22-13-000-2026-00176-01 7

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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