CSJ - ATC3084-2026

JOHN FREDY IBÁÑEZ DÍAZ

Conjuez Ponente

ATC3084-2026 Radicación No. 11001-02-03-000-2026-02665-00 (Aprobada en sesión virtual de catorce de octubre de dos mil veintiséis)

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Se procede a decidir, en Sala de Conjueces, los impedimentos manifestados por los Magistrados Francisco Ternera Barrios , Martha Patricia Guzmán Álvarez, Fernando Augusto Jiménez Valderrama , Adriana Consuelo López Martínez y Juan Carlos Sosa Londoño para conocer de la acción de tute la de la referencia, promovida por la Unidad Nacional de Protección contra el Juzgado Tercero de Familia de Pasto para enervar el auto proferido 28 de abril de 2026 en el trámite del incidente de desacato con radicado 52001311000320240028501 y contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto para enervar el auto proferido el 7 de mayo de 2026 dentro de la radicación 52001311000320240028502, al considerar el accionante que dichos pronunciamientos han vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a laRadicación No. 11001-02-03-000-2026-02665-00 2 administración de justicia, al derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva, entre otros derechos de rango constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Sobre el alcance de la tutela. La parte accionante

2 administración de justicia, al derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva, entre otros derechos de rango constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Sobre el alcance de la tutela. La parte accionante manifiesta en el escrito de tutela que procedió a “<…> interponer acción de tutela contra providencia judicial, en contra del Auto del 28 de abril de 2026, proferido por el Juzgado Tercero de Familia de Pasto, Nariño, en el radicado 52001311000320240028500, en virtud del cual, se declaró incumplimiento parcial de la Sentencia T -335 de 2025 por parte de la UNP y se sancionó a dos de los funcionarios de la Entidad correspondientes a AUGUSTO RODRIGUEZ BAL LESTEROS, en calidad de Director General de la Entidad y NELSON RUSSI BELTRAN, en calidad de Director de Evaluación de Riesgo (E) ”, pronunciamiento que sancionó a los referidos funcionarios con dos (2) días de arresto y al pago de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), entre otras disposiciones de la misma naturaleza derivadas del incumplimiento parcial a lo ordenado por la Sentencia T-335 de 2025 proferida por la Corte Constitucional.

La presente acción de tutela también se dirige en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto por proferir el A uto del 7 de mayo de 2026, que en grado de consulta modificó la sanción impuesta por desacato a los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección anteriormente referidos mediante y la

Distrito Judicial de Pasto por proferir el A uto del 7 de mayo de 2026, que en grado de consulta modificó la sanción impuesta por desacato a los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección anteriormente referidos mediante y la cual dicha autoridad procedió a reducir la sanción a un (1)Radicación No. 11001-02-03-000-2026-02665-00 3 día de arresto y al pago de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV).

El accionante aduce en su escrito de tutela que “<…>que las decisiones cuestionadas guardan una relación material, jurídica y procesal inescindible, al derivarse de un mismo contexto fáctico y producir conjuntamente la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados ”; “<…>especialmente respecto del debido proceso, la defensa y la legalidad de la sanción cuya ejecución actualmente se pretende. De conformidad con lo anterior no basta con que se conozca del Auto de sanción, sino también del Auto de Consulta en el sentido que c omo se evidencian ambos tienen incidencia en los derechos de los funcionarios sancionados <…>”

Aduce también el accionante que en el trámite del incidente de desacato se configuró la vulneración a su derecho fundamental al debido proceso, defensa y contradicción de los funcionarios de la UNP, por cuanto la autoridad judicial accionada no decretó las pruebas solicitadas por la UNP dentro del trámite incidental; que la decisión del 28 de abril de 2026 accionada procedió a “<…> sancionar a funcionarios de la Entidad sin una motivación fáctica y jurídica que acreditara, siquiera sumariamente, la

decisión del 28 de abril de 2026 accionada procedió a “<…> sancionar a funcionarios de la Entidad sin una motivación fáctica y jurídica que acreditara, siquiera sumariamente, la responsabilidad subjetiva de los mismos <…>”; que la accionante tampoco “<…> tuvo la oportunidad real de pronunciarse sobre las manifestaciones de presunto incumplimiento de la UNP <…>” aducidas por su contraparte, entre otros múltiples argumentos que se exponen en elRadicación No. 11001-02-03-000-2026-02665-00 4 extenso líbelo y cuyas pretensiones principales y subsidiarias se exponen en el correspondiente escrito de tutela.

1.2. Decisiones judiciales anteriores. Cabe resaltar que la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, ha tenido conocimiento con antelación de la siguiente decisión , la STC8924-2026, del 27 de mayo de dos mil veintiséis (2026), pronunciamiento que resolvió la impugnación del fallo del 14 de abril 2026 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en la acción de tutela instaurada inicialmente por Sandra Lucía Rodríguez Charfuelan contra el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Pasto, extensiva a las partes, autoridades e intervinientes en el incidente de desacato Nº 2024-00285-00.

En el referido líbelo de tutela la accionante perseguía que se dejara sin efectos la decisión del 26 de febrero de 2026, mediante la cual el juzgado convocado clausuró el incidente de desacato que le promovió a la Unidad Nacional

En el referido líbelo de tutela la accionante perseguía que se dejara sin efectos la decisión del 26 de febrero de 2026, mediante la cual el juzgado convocado clausuró el incidente de desacato que le promovió a la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el objetivo que se cumpliera el fallo de tutela T -335 de 2025, expedido por la Corte Constitucional, y en cuya decisión la accionada había considerado que la Unidad Nacional de Protección había obedecido dicho mandato, y que a criterio de la accionante no se había obedecido.

En la sentencia de primera instancia, “el Tribunal amparó los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la solicitante, dejó sin efectos la providencia que clausuró el trámite incidental y le ordeno al juzgado (referido al Juzgado Tercero de FamiliaRadicación No. 11001-02-03-000-2026-02665-00 5 de Pasto) que emitiera una nueva decisión en la que analizara si la Unidad Nacional de Protección atendió los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en los párrafos 92 a 104 de la sentencia T -355 de 2025”; en el entendido que en su pronunciamiento “no motivó adecuadamente la providencia, al dejar verificar el cumplimiento de dichas directrices ” entre otras razones referidas en el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal accionado.

En la impugnación resuelta por sentencia STC89242026, la Unidad Nacional de Protección argumentó en primer lugar que la acción constitucional era improcedente, en el entendido que la accionante no cuestionaba una

En la impugnación resuelta por sentencia STC89242026, la Unidad Nacional de Protección argumentó en primer lugar que la acción constitucional era improcedente, en el entendido que la accionante no cuestionaba una irregularidad de la actuación incidental, sino las medidas de protección otorgadas en cumplimiento del fallo de tutela, las cuales habían “…sido objeto de impugnación a través de distintos mecanismos, como recurso de reposición, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho” ; y en segundo lugar al estimar la inexistencia de motivación defectuosa respecto de la decisión proferida por Juzgado Tercero de Familia de Pasto, argumentos que fueron desestimados en los considerandos de la STC8924-2026, al determinar la procedencia de la acción constitucional para controvertir la clausura del incidente de desacato al estimar que el fallo lesionaba gravemente el debido proceso, y cuya procedencia había sido señalad a en las directrices trazadas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional citadas en el referido pronunciamiento y por otra parte, al comprobar en concreto la insuficiencia de la motivación respecto pronunciamiento proferido por el Juzgado Tercero deRadicación No. 11001-02-03-000-2026-02665-00 6 Familia, el cual desconoció los derechos al acceso a la administración de justicia y debido proceso de la tutelante.

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante la STC89242026 se confirmó la providencia del 14 de abril 2026 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto.

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante la STC89242026 se confirmó la providencia del 14 de abril 2026 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto.

1.3. Declaración de impedimentos. - Repartida dicha acción, los siguientes Magistrados titulares de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, procedieron a manifestar sus impedimentos como se expresa a continuación:

El Magistrado Francisco Ternera Barrios , mediante auto del 23 de junio 2026, manifestó su impedimento para conocer del asunto, por cuanto participó en la Sala que aprobó la providencia, STC8924-2026 (Rad. 52001-22-13000-2026-00056-01, al considerar que la referida decisión involucra la decisión adoptada el 28 de abril de 2026 por el Juzgado Tercero de Familia de Pasto, modificada en sede de consulta, el 7 de mayo de 2026, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito de Pasto, providencias emitidas en cumplimiento de lo resuelto en fallo del 14 de abril de 2026 (dentro del incidente de desacato adelantado en la tutela con radicado nº 521311000320240028500 y donde se declaró incumplimiento parcial de la Sentencia T -335 de 2025 por parte de la UNP y se sancionó a dos de los funcionarios), confirmado por esta Sala al desatar la impugnación; justifica su impedimento con fundamento en los numerales 4º y 6º del artículo 56 de la ley 906 de 2004,Radicación No. 11001-02-03-000-2026-02665-00 7

impugnación; justifica su impedimento con fundamento en los numerales 4º y 6º del artículo 56 de la ley 906 de 2004,Radicación No. 11001-02-03-000-2026-02665-00 7 (aplicable en materia de tutelas en virtud de la remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991).

La Magistrada Martha Patricia Guzmán Álvarez , en auto del 2 de julio de 2026, manifestó su impedimento para conocer de la tutela referenciada por cuanto participó en la adopción de la sentencia CSJ, STC8924-2026 (rad. nº 202600056-01), aprobada en la sesión de 27 de mayo de 2026, que considera guarda relación con la solicitud de amparo de la referencia, en tanto se cuestionan actuaciones surtidas en cumplimiento de los resuelto en la decisión de primera instancia confirmada por dicha providencia; con lo anterior, manifestó estar incursa en las causales 4º y 6º del artículo 56 de l Código de Procedimiento Penal, aplicables por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.

El Magistrado Fernando Augusto Jiménez Valderrama, en auto del 9 de julio de 2026, manifestó su impedimento para conocer de la tutela por cuanto involucra lo resuelto en STC8924-2026, de 27 de mayo (rad. nº 20260056) providencia en la cual participó para su aprobación y en la que se confirmó la concesión del amparo, producto de lo cual se emitieron las determinaciones criticadas en la presente acción de tutela ; manifiesta su impedimento en concordancia con las causales 4º y 6º d el artículo 56 de l

en la que se confirmó la concesión del amparo, producto de lo cual se emitieron las determinaciones criticadas en la presente acción de tutela ; manifiesta su impedimento en concordancia con las causales 4º y 6º d el artículo 56 de l Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el 39 del Decreto 2591 de 1991.

La Magistrada Adriana Consuelo López Martínez , en auto del 23 de julio de 2026, manifestó su impedimento paraRadicación No. 11001-02-03-000-2026-02665-00 8 conocer de la tutela referenciada por cuanto en el asunto se cuestionan las decisiones adoptadas en cumplimiento de los resuelto en la sentencia de tutela STC8924-2026 de 27 de mayo (r ad. nº 2026-0054-01) decisión en la que participó como ponente.; con lo anterior , manifestó estar incursa en las causales 4º y 6º del artículo 56 de l Código de Procedimiento Penal, aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.

El Magistrado Juan Carlos Sosa Londoño, en auto del 11 de agosto de 202 6, manifestó su impedimento para conocer de la decisión que se a proferida dentro del trámite de acción de acción de tutela instaurada mediante apoderada judicial por la Unidad Nacional de Protección -UNPcontra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de la misma ciudad, como quiera que participó en la adopción de la sentencia CSJ, STC8924-2026 (27 de mayo, rad. nº2026de Pasto y el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de la misma ciudad, como quiera que participó en la adopción de la sentencia CSJ, STC8924-2026 (27 de mayo, rad. nº202600056-01) de la que da cuenta la presente queja; con lo anterior; justifica su impedimento al encontrarse incurso en las causales 4ª y 6ª del artículo 56 de la ley 906 de 2004.

En virtud de tales manifestaciones, se realizó el sorteo de conjueces , el 14 de agosto de 2026, aceptada con posterioridad la designación por parte de John Fredy Ibáñez Diaz y conformada la sala de conjueces ingresó el asunto a este despacho y por virtud de su competencia funcional, a continuación, esta sala procede a centrar su pronunciamiento sobre los impedimentos formulados por los Magistrados Francisco Ternera Barrios , Martha PatriciaRadicación No. 11001-02-03-000-2026-02665-00 9 Guzmán Álvarez, Fernando Augusto Jiménez Valderrama, Adriana Consuelo López Martínez y Juan Carlos Sosa Londoño, previa las siguientes,

II.- CONSIDERACIONES

El debido proceso como principio rector dentro de las actuaciones judiciales y administrativas es un mandato aplicable a todo tipo de procedimiento, incluyendo la acción de tutela. Este principio está conformado por un conjunto de garantías mínimas que proporcionan un equilibrio en la relación ciudadano – Estado, y que tiene una doble finalidad: por un lado, permite establecer de forma previa las pautas que culminan con decisiones que materializan el derecho sustancial. Por otro lado, su observancia es un presupuesto

relación ciudadano – Estado, y que tiene una doble finalidad: por un lado, permite establecer de forma previa las pautas que culminan con decisiones que materializan el derecho sustancial. Por otro lado, su observancia es un presupuesto de la legitimidad de las actuaciones del Estado.

La independencia y la imparcialidad de los funcionarios judiciales son algunas de esas garantías que componen e integran el debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones es una de las formas de resguardar ese imperativo constitucio nal (Corte Constitucional C-496 de 2016).

Con las causales de impedimentos se pretende salvaguardar la transparencia, la objetividad y la imparcialidad que supone el ejercicio de la función jurisdiccional, siendo éstas taxativas y de reserva legal. Por lo tanto, en caso de verificarse la precisa circunstancia queRadicación No. 11001-02-03-000-2026-02665-00 10 configura una o más de los eventos expresos de impedimento y recusación, el fallador deberá inexcusablemente apartarse del conocimiento de la controversia y declinar su competencia.

La Corte en auto de 18 de agosto de 2011 rad. 201101687 reiterada en ATC298-2020 de marzo 10 de 2020, rad. 2020-00083-00, señaló que:

«(…) [l]os impedimentos fueron establecidos en la ley procesal, para preservar la recta administración de justicia, uno de cuyos más acendrados pilares es la imparcialidad de los jueces, quienes deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el

acendrados pilares es la imparcialidad de los jueces, quienes deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el legislador consideró bastante para afectar su buen juicio, bien sea por interés, animadversión o amor propio del juzgador».

«(…) según las normas que actualmente gobiernan la materia, sólo pueden admitirse aquellos impedimentos que, amén de encontrarse motivados, estructuren una de las causales específicamente previstas en la ley - en el caso de la acción de tutela, del Código de Procedimiento Penal-, toda vez que, en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo del principio de la especificidad, de suyo más acompasado con la seguridad jurídica».

En el caso en concreto corresponde examinar si las causales de impedimento puestas de presente por los magistrados, Francisco Ternera Barrios , Martha Patricia Guzmán Álvarez, Fernando Augusto Jiménez Valderrama, Adriana Consuelo López Martínez y Juan Carlos Sosa Londoño, efectivamente corresponden a las consagradas en los numeral 4º y 6° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por disposición del artículo 39Radicación No. 11001-02-03-000-2026-02665-00 11 del Decreto 2591 de 1991, habida cuenta su participación en la sesi ón en la que se aprob ó la decisi ón contenida en la STC8924-2026 (27 de mayo, rad. nº2026-00056-01)

Ahora bien, a l contrastar la situación debatida en la STC8924-2026 frente al actual debate tutelar, se puede

STC8924-2026 (27 de mayo, rad. nº2026-00056-01)

Ahora bien, a l contrastar la situación debatida en la STC8924-2026 frente al actual debate tutelar, se puede identificar que a pesar de que el asunto actual coincide respecto de sujetos intervinientes en un mismo proceso de estirpe tutelar en el que se tuvo conocimiento con antelación por parte de los Magistrados que manifestaron su correspondiente impedimento, también puede evidenciarse de manera objetiva que el reproche constitucional que ahora acude a conocimiento, que corresponde a uno de diferente naturaleza, de ocurrencia posterior, respecto del cual no ha existido un pronunciamiento de fondo por parte de los Magistrados que expresaron su impedimento, ni que se haya podido sugerir de las consideraciones ni con ocasión de la decisión de fondo proferida en la STC8924-2026, pues como se ha podido exponer con antelación , la STC8924-2026 se centró principalmente en considerar la prosperidad de la impugnación de una decisión en la que objetivamente se centró en evaluar la procedencia de la tutela en el contexto de un incidente de desacato y en la que también se evaluó y evidenció la ausencia de una debida motivación del referido pronunciamiento judicial que conllevó a confirmar la decisión de tutela por la vulneración de los derechos fundamentales reclamados.

A pesar de tener una incidencia indirecta la decisión proferida STC8924-2026 con el asunto actual, éste que seRadicación No. 11001-02-03-000-2026-02665-00 12 somete ahora a consideración difiere sustancialmente en

proferida STC8924-2026 con el asunto actual, éste que seRadicación No. 11001-02-03-000-2026-02665-00 12 somete ahora a consideración difiere sustancialmente en cuanto a su alcance dado que se controvierte una actuación procesal posterior respecto de la cual los Magistrados no han comprometido su concepto; si bien ambas acciones guardan relación temática y tienen como antecedente el mismo proceso de estirpe constitucional , lo cierto es que recaen sobre actuaciones distintas, con contenido y alcance propios, lo que comporta problemas jurídicos autónomos.

En consecuencia, no puede afirmarse que los Magistrados hubieren emitido pronunciamiento sobre el asunto concreto que ahora se examina, ni que su intervención previa haya recaído sobre el núcleo sustancial de la controversia actual que trae al debate constitucional el reproche de nuevos hechos que no comprometen el criterio de los magistrados en el marco del estudio del pronunciamiento anterior, con lo cual acude a su conocimiento un nuevo asunto que no ha sido debatido expresamente en el anterior pronunciamiento.

Con lo anterior, puede concluirse, que no serán de recibo las razones expuestas en cada uno de los autos y a través de los cuales se manifestaron los impedimentos antes referidos, por cuanto “<…> No basta en consecuencia haber conocido de una acción de tutela dentro del mismo proceso donde se instaura otra de igual linaje para que se erija alguna de las causales de impedimento. Porque de conformidad con la causal cuarta del artículo 56 del CPP, la opinión que se requiere es la extraprocesal, toda vez que como lo ha

de igual linaje para que se erija alguna de las causales de impedimento. Porque de conformidad con la causal cuarta del artículo 56 del CPP, la opinión que se requiere es la extraprocesal, toda vez que como lo ha decantado la Sala de Casación Penal de esta Corporación.” (ATC11502026).Radicación No. 11001-02-03-000-2026-02665-00 13 “De lo anterior, se extrae que la opinión que emita el funcionario, dentro del mismo proceso , no da lugar a que sea separado del conocimiento del asunto, pues la expresa en el cumplimiento de su deber funcional”. (AP2819-2017, entre muchos otros).

En cuanto a la causal sexta del artículo 56 del CPP, la Corte Constitucional, en auto 585 de 2022, señaló:

“<…> Con el fin de determinar el alcance de la causal citada, esta Corporación se ha basado en la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema Justicia, en la que se ha expresado que: ‘frente a esta causal, la Sala Penal tiene establecido que la comprensión de este concepto no debe asumirse en sentido literal, sino que es preciso que esa intervención, para que adquiera un efecto trascendente acorde con los fines de la norma, tenga la ap titud suficiente para comprometer la ecuanimidad y la rectitud del funcionario. Su actividad dentro del proceso, debe haber sido esencial y no simplemente formal, de fondo, sustancial, trascedente, que lo vincule con la actuación puesta a su consideración de tal manera que le impida actuar con imparcialidad y la ponderación que de él esperan no solamente los sujetos procesales sino la comunidad en general”.

trascedente, que lo vincule con la actuación puesta a su consideración de tal manera que le impida actuar con imparcialidad y la ponderación que de él esperan no solamente los sujetos procesales sino la comunidad en general”.

“Con base en la cita anterior, la sentencia T -305 de 2017 precisó que ‘la afectación del principio de imparcialidad depende del grado de intervención y del contacto del funcionario judicial con los medios de juicio, siempre debe examinarse en cada asunto antes de separar al juez de su conocimiento , ‘porque el instituto de los impedimentos y las recusaciones se rige por los principios de taxatividad y excepcionalidad’. De manera que, con el fin de validar la configuración de esta causal, debe analizarse el grado de intervención y de contacto respecto del funcionario judicial queRadicación No. 11001-02-03-000-2026-02665-00 14 se declara impedido, con el fin de determinar si debido a ello se materializa una barrera que comprometa la libertad e imparcialidad del juicio del juzgador” (A585-2022).

En consecuencia, se declarará que no se rán aceptados los impedimentos que fueron propuestos por los magistrados titulares que componen la Sala citados en la primera parte de este escrito, de tal manera que ellos deberán continuar conociendo de la presente acción de tutela.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Conjueces de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,

resuelve:

1ª. NO ACEPTAR los impedimentos manifestados por los Honorables Magistrados Francisco Ternera Barrios , Martha Patricia Guzmán Álvarez, Fernando Augusto

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,

resuelve:

1ª. NO ACEPTAR los impedimentos manifestados por los Honorables Magistrados Francisco Ternera Barrios , Martha Patricia Guzmán Álvarez, Fernando Augusto Jiménez Valderrama, Adriana Consuelo López Martínez y Juan Carlos Sosa Londoño , para conocer de la presente acción de tutela.

En consecuencia, comuníquese por el medio más expedito a los interesados.

2ª. En firme esta providencia, remítase las diligencias al despacho del Honorable Magistrado Francisco Ternera Barrios para que continúe con el trámite correspondiente.Radicación No. 11001-02-03-000-2026-02665-00 15

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOHN FREDY IBÁÑEZ DÍAZ

Conjuez Ponente

MÓNICA FERNANDA RUGELES MARTÍNEZ

Conjuez

EDGAR ALBERTO CORTÉS MONCAYO

Conjuez

ALBA MARÍA RUEDA VÁSQUEZ

Conjuez

ESTEBAN AGUIRRE HENAO

Conjuez