CSJ - ATC3106-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

ATC3106-2026 Radicación n.º 05000-22-21-000-2026-10067-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Sería del caso resolver la impugnación interpuesta frente al fallo proferido el 30 de septiembre de 2026 por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la acción de tutela instaurada por Juan Pedro Arias Tobón contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, con ocasión del proceso disciplinario radicado n.º 05001-25-02-000-2022-02585-00, de no ser porque se advierte que el Tribunal de primera instancia carecía de competencia para dirimir el asunto.

ANTECEDENTES

1. Juan Pedro Arias Tobón solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a laRadicación no 05000-22-21-000-2026-10067-01

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administración de justicia, buen nombre, honra y libre ejercicio de la profesión, presuntamente vulnerados por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia mediante la decisión del 2 de septiembre de 2026, que negó la nulidad de lo actuado desde la concesión de la apelación contra la terminación anticipada de la investigación disciplinaria y mantuvo esa negativa al resolver la reposición.

Como hechos jurídicamente relevantes, se tienen los siguientes:

la nulidad de lo actuado desde la concesión de la apelación contra la terminación anticipada de la investigación disciplinaria y mantuvo esa negativa al resolver la reposición.

Como hechos jurídicamente relevantes, se tienen los siguientes:

Francisco Iván Ochoa Osorio formuló queja disciplinaria contra el abogado Juan Pedro Arias Tobón por presuntas expresiones irrespetuosas durante la conciliación sobre reducción o exoneración de alimentos celebrada el 18 de noviembre de 2022, cuyo conocimiento correspondió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia.

El 22 de abril de 2025 la autoridad dispuso la terminación anticipada de la investigación por atipicidad de la conducta y falta de elementos para estructurar la falta investigada, en la misma audiencia Luisa María Vélez Herrera informó el fallecimiento del quejoso e interpuso apelación contra esa determinación, que fue concedida.

El 27 de mayo de 2026 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó la terminación porque consideró que no se habían valorado integralmente los elementos aportados con la queja, particularmente los mensajes deRadicación no 05000-22-21-000-2026-10067-01 3

WhatsApp relacionados con el conflicto alimentario, por lo que ordenó continuar la actuación.

El 22 de julio de 2026 la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia dispuso cumplir lo ordenado y fijó audiencia de pruebas y calificación provisional para el 2 de septiembre de 2026.

El 1° de septiembre de 2026 el investigado solicitó la nulidad desde la concesión de la apelación, porque estimó

y fijó audiencia de pruebas y calificación provisional para el 2 de septiembre de 2026.

El 1° de septiembre de 2026 el investigado solicitó la nulidad desde la concesión de la apelación, porque estimó que la abogada careció de legitimación para recurrir después del fallecimiento de su poderdante, subsidiariamente pidió terminar la actuación.

El 2 de septiembre de 2026 la autoridad convocada negó la nulidad y mantuvo esa decisión al resolver la reposición, al considerar aplicable, por integración normativa, el artículo 76 del Código General del Proceso sobre la subsistencia del mandato judicial después de la muerte del mandante.

El promotor acudió a la tutela porque consideró que la condición de quejoso no se transmitió a sus herederos y que la integración con el régimen procesal civil permitió continuar una investigación terminada mediante un recurso presentado sin legitimación.

También censuró que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocara la terminación sin examinar la legitimación de la recurrente ni responder los memorialesRadicación no 05000-22-21-000-2026-10067-01 4

que la cuestionaron, valorara una sustentación posterior sin darle traslado y extendiera el análisis a mensajes de WhatsApp que, según afirmó, eran ajenos a los hechos delimitados en el auto de apertura.

En consecuencia, pidió dejar sin efectos la negativa de la nulidad y ordenar que se invalidara lo actuado desde la concesión del recurso, se declarara en firme la terminación anticipada y se archivara la investigación, subsidiariamente solicitó una nueva decisión sobre la nulidad sin aplicar el

la nulidad y ordenar que se invalidara lo actuado desde la concesión del recurso, se declarara en firme la terminación anticipada y se archivara la investigación, subsidiariamente solicitó una nueva decisión sobre la nulidad sin aplicar el artículo 76 del Código General del Proceso.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

2. La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia admitió la tutela el 21 de septiembre de 2026 y vinculó, entre otros, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

El 30 de septiembre de 2026 el Tribunal declaró improcedente el amparo por falta de subsidiariedad, al considerar que la investigación continuaba en curso y el disciplinable conservaba mecanismos para ejercer su defensa, solicitar la terminación y controvertir una eventual sentencia, sin que se acreditara un perjuicio irremediable.

3. El accionante impugnó porque consideró agotados los recursos disponibles frente a la negativa de la nulidad y cuestionó la eficacia de los mecanismos señalados por elRadicación no 05000-22-21-000-2026-10067-01

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Tribunal, razón por la cual las diligencias fueron remitidas a esta Corte.

CONSIDERACIONES

De entrada, se debe precisar que, si bien la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario, no está exenta de las reglas del debido proceso. En consecuencia, su conocimiento debe recaer en el juez legalmente facultado para resolverla, pues como lo ha señalado desde tiempo atrás

tutela es un mecanismo preferente y sumario, no está exenta de las reglas del debido proceso. En consecuencia, su conocimiento debe recaer en el juez legalmente facultado para resolverla, pues como lo ha señalado desde tiempo atrás la Corte Constitucional, en su trámite «se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integración de la causa pasiva» (C.C. A-257 de 1996).

Al respecto, esta Sala ha puntualizado:

«(…) aunque el trámite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez está indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (artículo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administración de justicia (…) Análogamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constitución Política y la ley, cuya competencia asigna el legislador a los jueces, dentro de un marco estricto, de orden público y, por tanto, de estricta interpretación y aplicación» (CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01).

En el presente asunto, las pretensiones desbordaron el ámbito de conocimiento del Tribunal de primera instancia, pues el accionante pidió que se ordenara a la autoridad convocada declarar la «nulidad de lo actuado a partir del auto

En el presente asunto, las pretensiones desbordaron el ámbito de conocimiento del Tribunal de primera instancia, pues el accionante pidió que se ordenara a la autoridad convocada declarar la «nulidad de lo actuado a partir del auto proferido en la audiencia del 22 de abril de 2025 que concedióRadicación no 05000-22-21-000-2026-10067-01 6

el recurso de apelación interpuesto por la abogada Luisa María Vélez Herrera, inclusive, y, como consecuencia, declare en firme la decisión de terminación anticipada adoptada en esa misma audiencia a favor del abogado JUAN PEDRO ARIAS TOBÓN y disponga el archivo definitivo de las diligencias».

Esa petición comprendió necesariamente la providencia del 27 de mayo de 2026, mediante la cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió aquella apelación, revocó la terminación y ordenó continuar la investigación, porque restablecer la firmeza de la decisión inicial exigía privar de efectos el pronunciamiento del superior.

El reproche tampoco se limitó a la negativa de la nulidad por parte de la Comisión Seccional, pues el promotor atribuyó a la Comisión Nacional la falta de examen de la legitimación de la recurrente y la valoración de argumentos posteriores a la sustentación oral sin oportunidad de contradicción.

Así, aunque la demanda se dirigió formalmente contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, su contenido material y el alcance de la protección solicitada también comprendieron actuaciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, cuya intervención no podía reducirse

la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, su contenido material y el alcance de la protección solicitada también comprendieron actuaciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, cuya intervención no podía reducirse a la de una autoridad vinculada sin reproches propios.Radicación no 05000-22-21-000-2026-10067-01 7

De allí que resultaran aplicables los numerales 8 y 11 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, que dispusieron:

«8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto».

(…) 11. Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente artículo».

Por tanto, el asunto debió tramitarse en primera instancia ante una de las corporaciones señaladas en el numeral 8, en atención a que la protección pretendida exigía examinar y eventualmente dejar sin efectos una decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

En ese contexto, esta Corporación ha establecido la viabilidad de decretar la nulidad cuando se configura el vicio

examinar y eventualmente dejar sin efectos una decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

En ese contexto, esta Corporación ha establecido la viabilidad de decretar la nulidad cuando se configura el vicio de falta de competencia en el marco de las acciones de tutela, para cuyo análisis se ha aplicado el artículo 138 del Código General del Proceso, por remisión del artículo 4° del Decreto 306 de 1992. En este sentido, recientemente se recordó:

«La situación descrita permite la aplicación del canon 138 del Código General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acción de tutela en virtud de lo consagrado en el artículo 4° del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretación de los preceptos regulatorios de dicho trámite, enRadicación no 05000-22-21-000-2026-10067-01 8

cuanto no contraríe sus propias disposiciones» (CSJ ATC2982018, rad. 2017-00314-01, reiterado en CSJ ATC2082022, reiterado en CSJ ATC1724-2025).

En consecuencia, se declarará la nulidad de la sentencia impugnada y se remitirá el asunto a la Secretaría de la Sala Plena de esta Corporación para que, previo reparto, se tramite en primera instancia contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, conservando la validez de las pruebas recaudadas.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,

se tramite en primera instancia contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, conservando la validez de las pruebas recaudadas.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2026 por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia en el asunto de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los términos del artículo 138 del Código General del Proceso.

SEGUNDO: REMITIR el asunto a la Secretaría de la Sala Plena de esta Corporación para que, previo reparto, se tramite en primera instancia, teniendo como autoridades convocadas a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.Radicación no 05000-22-21-000-2026-10067-01

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TERCERO: COMUNICAR lo aquí resuelto a las partes, intervinientes y al a quo constitucional por el medio más expedito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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