CSJ - ATC3107-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

ATC3107-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-04474-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Sala el incidente de desacato promovido por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. contra la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.

ANTECEDENTES

1. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. promovió acción de tutela contra la Sala Civil Especializada en

Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales por la falta de pronunciamiento sobre la acumulación del proceso de imposición de servidumbre radicado 05001 -40-03-018-Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-04474-01 2 2020-00274-00 al de restitución de tierras radicado 0504531-21-002-2022-00093-00 (01).

2. Mediante sentencia CSJ STC16149-2026 del 26 de agosto, esta Sala concedió el amparo al constatar que el Tribunal no había resuelto el memorial presentado por la accionante el 16 de octubre de 2025, sin que acreditara una circunstancia objetiva que justificara aquella omisión.

agosto, esta Sala concedió el amparo al constatar que el Tribunal no había resuelto el memorial presentado por la accionante el 16 de octubre de 2025, sin que acreditara una circunstancia objetiva que justificara aquella omisión.

En consecuencia, se ordenó « a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia que, en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta decisión, adopte la determinación que en derecho corresponda frente al memorial presentado por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. el 16 de octubre de 2025, relacionado con la acumulación del proceso de imposición de servidumbre radicado 05001-40-03-0182020-00274-00 al proceso de restitución de tierras radicado 05045-31-21-002-2022-00093-00 (01)».

3. El 7 de septiembre de 2026, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. formuló incidente de desacato al considerar que el auto proferido por el Tribunal el 2 de septiembre de 2026 no satisfizo la orden constitucional, porque rechazó por improcedente su solicitud y difirió a la sentencia de restitución la definición de la suerte del proceso de servidumbre.

Explicó que no pretendió obtener una decisión favorable a la acumulación, sino un pronunciamiento sobre suRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-04474-01 3 procedencia y la autoridad competente para conocer del proceso remitido desde diciembre de 2022, por lo que estimó que persistió la indefinición que motivó el amparo.

3 procedencia y la autoridad competente para conocer del proceso remitido desde diciembre de 2022, por lo que estimó que persistió la indefinición que motivó el amparo.

4. El 10 de septiembre de 2026 se requirió al magistrado Javier Enrique Castillo Cadena de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia para que, en el término de tres días, informara sobre el cumplimiento de la sentencia CSJ

STC16149-2026.

En respuesta, el funcionario remitió el auto del 2 de septiembre de 2026, mediante el cual rechazó por improcedente la solicitud de acumulación, al considerar que los procesos de servidumbre y restitución tenían objetos, etapas y reglas probatorias diferentes, y que la instrucción del segundo ya había concluido.

Señaló que EPM no pidió la acumulación durante esa etapa, sino que solicitó que el proceso de servidumbre continuara su curso, por lo que estimó improcedente su posterior petición de decisión conjunta y de práctica de una inspección judicial.

Por último, indicó que en la sentencia de restitución definiría la suerte de los trámites suspendidos, incluido el de imposición de servidumbre.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-04474-01 4

5. De esa respuesta y sus anexos se corrió traslado a la incidentante mediante auto del 22 de septiembre de 2026, por el término de un día.

En escrito del 24 de septiembre de 2026, la accionante reiteró que la orden permaneció incumplida, porque el

incidentante mediante auto del 22 de septiembre de 2026, por el término de un día.

En escrito del 24 de septiembre de 2026, la accionante reiteró que la orden permaneció incumplida, porque el Tribunal se limitó a remitir la misma providencia cuestionada, sin definir la autoridad competente para conocer del proceso de servidumbre ni dispo ner su devolución al juzgado de origen.

Agregó que el rechazo constituyó una respuesta meramente formal y cuestionó que se exigiera una solicitud de parte, pese a que el propio Tribunal reconoció que la acumulación no era una figura rogada.

6. Mediante auto del 1º de octubre de 2026 se abrió el incidente de desacato, se corrió traslado por tres días al magistrado Javier Enrique Castillo Cadena y se puso en conocimiento de la incidentante la respuesta y los anexos allegados frente al requerimiento previo.

En oficio n.º 044 del 6 de octubre de 2026, el funcionario reiteró que atendió la orden mediante el auto del 2 de septiembre de 2026, pues resolvió la solicitud de acumulación con fundamento en las reglas del proceso de restitución de tierras, sin que el fallo constitucional le hubiera impuesto acceder a lo pedido.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-04474-01 5 Precisó que la providencia abordó el asunto de fondo y que la definición posterior de la suerte de los trámites suspendidos no implicó que hubiera dejado sin resolver la solicitud examinada.

Informó que EPM presentó una petición de corrección y

Precisó que la providencia abordó el asunto de fondo y que la definición posterior de la suerte de los trámites suspendidos no implicó que hubiera dejado sin resolver la solicitud examinada.

Informó que EPM presentó una petición de corrección y adición el 8 de septiembre de 2026, la cual rechazó por improcedente mediante auto del 22 de septiembre de 2026.

Por lo anterior, solicitó el cierre y archivo del incidente, al considerar que no se configuraron los elementos objetivo y subjetivo del desacato.

7. Mediante auto del 14 de octubre de 2026 se abrió a pruebas el incidente y se tuvieron como tales los documentos aportados por la incidentante y los allegados por el magistrado incidentado en respuesta al requerimiento previo y al traslado de la apertura.

En esa providencia se prescindió del término probatorio, porque las pruebas documentales ya obraban en el expediente y no se requería practicar otras, y se dispuso que, una vez notificada, el asunto ingresara al despacho para resolver.

Así las cosas, una vez agotado el trámite de rigor, corresponde dirimir el incidente.

CONSIDERACIONESRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-04474-01 6

1. El desacato constituye un instrumento jurídico para garantizar el cumplimiento de las órdenes emitidas en las acciones de tutela, cuando el obligado no lo hizo en forma voluntaria dentro del plazo conferido para el efecto. Esa omisión conlleva a la aplicación de sanciones económicas y de arresto, de acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2591 de

1991 que es del siguiente tenor:

voluntaria dentro del plazo conferido para el efecto. Esa omisión conlleva a la aplicación de sanciones económicas y de arresto, de acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 que es del siguiente tenor:

«(…) la persona que incumpliere una orden de un juez, proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. (…) La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción».

En este sentido, resulta esencial recordar que la finalidad central de estos trámites es asegurar el cumplimiento efectivo del fallo constitucional, pues su propósito último es garantizar el restablecimiento de los derechos fundamentales amparados. Así lo ha precisado la jurisprudencia al señalar que la finalidad del incidente de desacato «no es la imposición de la sanción en sí misma, sino la sanción como una de las formas de búsqueda del cumplimiento de la sentencia» (STC880-2021, reiterado en ATC034-2025, entre otros).

2. En el caso concreto, la sentencia CSJ STC161492026 amparó los derechos de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. ante la falta de decisión sobre el memorial del 16 de octubre de 2025, relacionado con la procedencia oRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-04474-01

E.S.P. ante la falta de decisión sobre el memorial del 16 de octubre de 2025, relacionado con la procedencia oRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-04474-01 7 improcedencia de la acumulación del proceso de imposición de servidumbre al de restitución de tierras.

El fallo precisó que la orden no implicaba «imponer el sentido de la decisión ni definir anticipadamente cuál autoridad debe resolver sobre la admisibilidad y demás aspectos derivados de la acumulación del proceso de imposición de servidumbre 2020-00274».

Así, el mandato exigió adoptar una determinación frente al memorial, sin ordenar que se accediera a la acumulación, se devolviera el expediente al juzgado de origen o se reanudara el proceso de servidumbre.

Con ese alcance, se advierte que el Tribunal profirió una decisión expresa sobre la solicitud, pues en el auto del 2 de septiembre de 2026 examinó la posibilidad de resolver conjuntamente los asuntos y la descartó por las diferencias entre ambos procedimientos y el estado del trámite restitutorio.

En particular, explicó que el proceso de imposición de servidumbre «tiene fases y probáticas diferenciadas en atención a su específico objeto en litigio» y que «no podría ser resuelto bajo el cauce del proceso de restitución cuando este tiene un diseño especial en consideración a su objeto transicional».

También señaló que, «en virtud del principio de la preclusividad de las etapas procesales el juez se encuentraRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-04474-01 8

transicional».

También señaló que, «en virtud del principio de la preclusividad de las etapas procesales el juez se encuentraRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-04474-01 8 inhabilitado para volver sobre ellas una vez que se han surtido», por lo que consideró improcedente la petición de practicar una inspección judicial propia del proceso de servidumbre cuando la instrucción del trámite restitutorio ya había concluido.

Con fundamento en esas razones, dispuso «RECHAZAR por improcedente la solicitud elevada por Empresas Públicas de Medellín EPM E.S.P .», de modo que adoptó una determinación sobre el memorial cuya falta de respuesta motivó el amparo.

3. Ahora, la incidentante cuestionó que el Tribunal rechazara la solicitud porque EPM no pidió la acumulación durante la etapa instructiva, pese a que el expediente fue remitido de oficio y aquella figura no requería petición de parte, así como que no definiera la autoridad competente ni dispusiera la devolución del proceso de servidumbre y dejara para la sentencia la decisión sobre su suspensión.

Sin embargo, tales reproches recayeron sobre lo resuelto en el auto del 2 de septiembre de 2026, sin demostrar que se hubiera desatendido la orden constitucional, pues esta exigió resolver la solicitud pendiente y preservó la autonomía de la autoridad judicial para decidir.

Por tanto, esas censuras deben controvertirse dentro del respectivo proceso, a través de los mecanismos que resulten procedentes, pues este incidente permite verificar elRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-04474-01 9

Por tanto, esas censuras deben controvertirse dentro del respectivo proceso, a través de los mecanismos que resulten procedentes, pues este incidente permite verificar elRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-04474-01 9 cumplimiento del fallo de tutela, pero no revisar el acierto de la decisión adoptada para atenderlo.

4. En este orden de ideas, no hay lugar a sancionar por desacato al funcionario incidentado, pues resolvió el memorial del 16 de octubre de 2025 mediante el auto del 2 de septiembre de 2026 y, con ello, cumplió la orden constitucional, sin que la inconformida d de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. con lo decidido permita concluir lo contrario.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve ABSTENERSE de sancionar al magistrado Javier Enrique Castillo Cadena de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, por el presunto incumplimiento de la sentencia CSJ STC16149-2026 del 26 de agosto de 2026.

En consecuencia, se dispone la terminación y archivo de las presentes diligencias.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, al expediente sobre el cual versó la actuación constitucional, copia de la presente decisión.

de las presentes diligencias.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, al expediente sobre el cual versó la actuación constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a los participantes por el medio más expedito.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-04474-01 10

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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