CSJ - ATC3108-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

ATC3108-2026 Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00363-02 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la solicitud que elevó Jesús Evelio Garcés Franco, para que se aclare y adicione la sentencia STC19318-2026 (30 sep.) emitida dentro de la impugnación del fallo proferido el 27 de julio de 2026 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín, en la acción de tutela que instauró contra el Juzgado Tercero de Familia Bello, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de sucesión radicado bajo el número 05088-31-10-002-202000125-00.

ANTECEDENTES

1. Esta Corporación, a través de la sentencia STC19318-2026 (30 sep. 2026), confirmó la negativa del amparo al advertir la configuración de un hecho superado, pues el juzgado accionado, en auto del 15 de julio de 2026,Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00363-02

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resolvió la solicitud de nulidad presentada por el accionante el 26 de junio del año en curso, rechazándola de plano por considerar que carecía de capacidad para ser parte en ese trámite y de derecho de postulación, dado que había sido excluido del proceso mediante decisión que se encontraba en firme.

de plano por considerar que carecía de capacidad para ser parte en ese trámite y de derecho de postulación, dado que había sido excluido del proceso mediante decisión que se encontraba en firme.

Los recursos de reposición y apelación formulados contra esa determinación (15 jul.), así como la reposición y la queja presentadas frente a la negativa de conceder la alzada, fueron rechazados de plano en providencias del 3 y 13 de agosto de 2026, respectivamente, también por falta de legitimación.

En ese contexto, la Sala estimó que la pretensión de obtener una decisión sobre la nulidad ya había sido satisfecha, por lo que no había lugar a impartir una orden de protección constitucional. De otra parte, precisó que los reproches formulados en la impugnación contra el rechazo de plano de la nulidad no podían examinarse, porque constituían hechos nuevos que no fueron planteados en el trámite de primera instancia.

Finalmente, señaló que el juzgado accionado carecía de interés jurídico para impugnar el fallo de tutela, en tanto la decisión recurrida negó el auxilio y no impartió ninguna orden en su contra. Anotó, además, que la exclusión del accionante del proceso sucesoral no le impedía acudir a la tutela para cuestionar la presunta vulneración de susRadicación nº 05001-22-10-000-2026-00363-02

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derechos fundamentales derivada de la falta de resolución de la solicitud de nulidad que había promovido.

2. El accionante, a su vez impugnante, solicitó se aclarara dicha providencia al considerar, en síntesis, que existe incertidumbre sobre el fundamento determinante de

de la solicitud de nulidad que había promovido.

2. El accionante, a su vez impugnante, solicitó se aclarara dicha providencia al considerar, en síntesis, que existe incertidumbre sobre el fundamento determinante de la decisión confirmatoria, pues, aunque la Sala la sustentó en la configuración de un hecho superado, también abordó la falta de interés jurídico del juzgado para impugnar y se refirió a la exclusión del accionante del proceso sucesoral, su falta de capacidad para ser parte y la ausencia de derecho de postulación.

Afirmó que no resulta claro cómo se articulan esas consideraciones ni si la decisión comportó un pronunciamiento sustancial sobre tales aspectos, máxime cuando estima que la Corte resolvió por fuera de la causa petendi, de manera ultra y extra petita.

También pretendió la adición de la sentencia y pidió un pronunciamiento expreso sobre: (i) la legitimación en la causa, la capacidad para ser parte y el derecho de postulación del accionante y de sus representados, e indicar la determinación adoptada respecto de tales cuestiones; (ii) la existencia de facultades en el poder conferido a la apoderada de María Angélica Garcés Franco para solicitar la partición y adjudicación de los bienes sucesorales; y (iii) la presunta omisión de estudiar la solicitud de suspensión de la partición, que, segúnRadicación nº 05001-22-10-000-2026-00363-02

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mencionó, se encontraba pendiente cuando se dictó el fallo de adjudicación.

Finalmente, solicitó que se adicionara la providencia con un pronunciamiento frente a los reparos relacionados

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mencionó, se encontraba pendiente cuando se dictó el fallo de adjudicación.

Finalmente, solicitó que se adicionara la providencia con un pronunciamiento frente a los reparos relacionados con la validez del testamento contenido en la escritura pública 1657 del 24 de abril de 2008, en particular, la alegada ausencia de registro o inscripción y la falta de prueba documental de ese requisito.

Alegó que no se examinaron la aplicación de la Ley 45 de 1936, que modificó el artículo 1242 del Código Civil, frente a la Ley 1934 de 2018; la aplicación de la ley vigente al momento del otorgamiento del testamento y el principio de irretroactividad; ni la eventual nulidad absoluta derivada de los defectos que le atribuye a dicho instrumento.

CONSIDERACIONES

1. Procedencia de los artículos 285 y 287 del Código

General del Proceso.

Acorde con el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, resultan aplicables a la tutela las disposiciones del Código General del Proceso, siempre que sea necesario acudir a ese Estatuto para interpretar las normas especiales que reglamentan este decurso y no le sean contrarias a su esencia residual, expedita e informal.Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00363-02

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En consecuencia, al sub judice le son aplicables los artículos 285 y 287 de dicho compendio. El primero de ellos establece que:

«[[l]a sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud

artículos 285 y 287 de dicho compendio. El primero de ellos establece que:

«[[l]a sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la misma providencia objeto de aclaración.»

De acuerdo con el segundo,

«[c]uando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad (…).» (Destaca la Sala).

2. Ausencia de los requisitos de prosperidad de la aclaración y adición.

Revisadas las solicitudes de aclaración y adición, se advierte que ninguna de ellas satisface los presupuestos previstos en los artículos 285 y 287 del Código General del Proceso, porque lo que en realidad existe es una verdadera inconformidad del accionante en relación con lo decidido en la sentencia de segunda instancia que confirmó la negativa

previstos en los artículos 285 y 287 del Código General del Proceso, porque lo que en realidad existe es una verdadera inconformidad del accionante en relación con lo decidido en la sentencia de segunda instancia que confirmó la negativa de la salvaguarda, pretendiendo imponer su visión y reabrir un debate que ya concluyó en primera instancia, como pasa a explicarse.Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00363-02

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2.1. En lo que concierne a la aclaración, el accionante sostiene que la sentencia ofrece motivos de duda acerca del fundamento determinante de la decisión confirmatoria, pues, a su juicio, no resulta claro cómo se articulan la declaratoria de hecho superado y las consideraciones relativas a la falta de interés jurídico, legitimación en la causa, capacidad para ser parte y derecho de postulación. Afirma, además, que la Corte resolvió por fuera de la causa petendi, de manera ultra y extra petita, y cuestiona la motivación de la providencia, así como la exigencia de controvertir los errores de la decisión de primera instancia para impugnar el fallo de tutela.

Sin embargo, tales planteamientos no evidencian la existencia de conceptos o expresiones contenidas en la providencia que ofrezcan verdadero motivo de duda respecto de lo decidido. En realidad, se dirigen a cuestionar los fundamentos y el alcance de la determinación adoptada, pese a que la Sala expuso de manera expresa las razones por las cuales confirmó la sentencia de primera instancia.

En efecto, en las consideraciones de la providencia se precisó que la impugnación formulada por el accionante debía desestimarse ante la configuración de un hecho

cuales confirmó la sentencia de primera instancia.

En efecto, en las consideraciones de la providencia se precisó que la impugnación formulada por el accionante debía desestimarse ante la configuración de un hecho superado, dado que el Juzgado Tercero de Familia de Bello resolvió la solicitud de nulidad cuya falta de trámite oportuno motivó la acción de tutela. También se explicó que los reparos planteados por el actor contra el rechazo de plano de esa solicitud no podían examinarse en sede de impugnación, por constituir hechos nuevos. A su vez, frente al recurso presentado por el juzgado accionado, la Sala señaló que noRadicación nº 05001-22-10-000-2026-00363-02

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existía interés jurídico para impugnar, pues el fallo constitucional no había impartido orden alguna en su contra.

De esta manera, la sentencia distinguió las razones que sustentaban la confirmación del fallo respecto de cada uno de los impugnantes y expuso las circunstancias que conducían a mantener la decisión recurrida. Por consiguiente, no se advierte la alegada incertidumbre sobre el fundamento de lo resuelto, sino una inconformidad del peticionario con la motivación dada por la Sala.

Tampoco se observa que la Corte hubiera decidido de manera ultra y extra petita, como lo asegura el convocante, pues en el fallo de segunda instancia el análisis se circunscribió a la pretensión formulada en la tutela, relacionada con la falta de resolución de la solicitud de nulidad, a lo decidido por el Tribunal en primera instancia, y

pues en el fallo de segunda instancia el análisis se circunscribió a la pretensión formulada en la tutela, relacionada con la falta de resolución de la solicitud de nulidad, a lo decidido por el Tribunal en primera instancia, y a los reparos formulados por el accionante y el juzgado convocado contra esa determinación.

2.2. En lo que atañe a la petición de adición, el accionante sostiene que la sentencia omitió pronunciarse sobre la legitimación en la causa, la capacidad para ser parte y el derecho de postulación, tanto respecto de él como de sus representados; las facultades conferidas a la apoderada de María Angélica Garcés Franco para solicitar la partición y adjudicación de los bienes sucesorales; y la solicitud de suspensión de la partición que, según indica, se encontraba pendiente cuando se dictó la sentencia de adjudicación.Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00363-02

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Asimismo, reclama un pronunciamiento sobre la presunta falta de registro o inscripción del testamento contenido en la escritura pública 1657 del 24 de abril de 2008, la aplicación de la Ley 45 de 1936 en lugar de la Ley 1934 de 2018, la irretroactividad de la ley, la eventual nulidad absoluta de dicho instrumento y la alegada vulneración del debido proceso y del principio de legalidad.

No obstante, del examen de la providencia no se advierte que la Sala hubiera omitido resolver alguno de los extremos de la controversia constitucional sometida a su consideración, ni otro asunto que debiera ser objeto de pronunciamiento, en los términos del artículo 287 del Código General del Proceso.

extremos de la controversia constitucional sometida a su consideración, ni otro asunto que debiera ser objeto de pronunciamiento, en los términos del artículo 287 del Código General del Proceso.

Lo anterior, pues la sentencia examinó la pretensión que dio origen al amparo, esto es, que se ordenara al juzgado accionado tramitar y decidir la solicitud de nulidad presentada el 26 de junio de 2026 dentro del proceso de sucesión, y, al respecto, constató que esa petición fue resuelta por auto del 15 de julio del año que avanza y que las actuaciones posteriores relacionadas con los recursos interpuestos por el accionante también fueron objeto de decisión. A partir de esas circunstancias, se concluyó que se había configurado un hecho superado, pues la actuación cuya falta de realización motivó la tutela ya se había realizado.

De igual forma, la Sala examinó los cuestionamientos formulados en la impugnación contra el rechazo de plano deRadicación nº 05001-22-10-000-2026-00363-02

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la nulidad y explicó por qué no podían ser objeto de análisis en esa etapa procesal, al constituir hechos nuevos.

Por ello, no puede sostenerse que la falta de un pronunciamiento de fondo sobre la validez de las actuaciones sucesorales o sobre las facultades conferidas a la apoderada constituya, por sí misma, una omisión susceptible de ser subsanada mediante la adición del fallo.

En particular, los reparos relativos a la validez del testamento, su registro o inscripción, las normas sustanciales que, en criterio del peticionario, debían regirlo y

subsanada mediante la adición del fallo.

En particular, los reparos relativos a la validez del testamento, su registro o inscripción, las normas sustanciales que, en criterio del peticionario, debían regirlo y la eventual nulidad absoluta del instrumento se refieren a controversias sobre el trámite sucesoral y los procesos declarativos relacionados con este.

Dichos asuntos no corresponden a la pretensión concreta de tutela que fue examinada en la sentencia, dirigida a obtener una decisión sobre la solicitud de nulidad presentada por el accionante, máxime cuando esta Corporación, en sede de tutela, no estaba resolviendo directamente la controversia sustancial sobre la validez del testamento ni la legalidad de la partición y adjudicación de los bienes.

En esas condiciones, los planteamientos del solicitante no ponen de presente la falta de resolución de un extremo de la litis, sino su desacuerdo con el alcance de la decisión y su interés en obtener pronunciamientos adicionales sobre asuntos relacionados con el proceso de sucesión.Radicación nº 05001-22-10-000-2026-00363-02

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La adición, por lo tanto, deviene improcedente habida cuenta que no constituye el mecanismo para reabrir el debate ni para incorporar al fallo el estudio de cuestiones que no integraron el objeto de la decisión constitucional.

3. En conclusión, se impone desestimar la petición de aclaración y adición de la sentencia de segunda instancia, comoquiera que esa decisión no contiene conceptos o frases que ofrezcan un verdadero motivo de duda, ni omitió resolver algún aspecto que debiera ser objeto de pronunciamiento.

DECISIÓN

aclaración y adición de la sentencia de segunda instancia, comoquiera que esa decisión no contiene conceptos o frases que ofrezcan un verdadero motivo de duda, ni omitió resolver algún aspecto que debiera ser objeto de pronunciamiento.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución, resuelve NEGAR la petición de aclaración y adición que antecede.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMARadicación nº 05001-22-10-000-2026-00363-02

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ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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